La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comenzará este miércoles el debate de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
La creación de este fondo de compensación fue pactada a finales de 2021 en el marco de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, cuando el Gobierno llegó a un acuerdo con Bildu para financiar este fono con una partida de 25 millones.
Dicho acuerdo también incluyó la tramitación de una proposición de ley en la correspondiente comisión parlamentaria en el plazo de dos meses tras la aprobación de las cuentas públicas, siendo cumplido fuera de dicho plazo.
Así, la ponencia parlamentaria que trabaja en esta ley se reunió por primera vez esta semana, estableciendo un calendario que contempla que este miércoles comience el debate de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
Precisamente, con motivo de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, los sindicatos UGT y CCOO y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica) vienen denunciando dichas enmiendas no respetan el espíritu de la proposición de ley presentada por el Parlamento Vasco y “ponen en peligro” el acceso de las personas enfermas por este agente cancerígeno a unas “indemnizaciones dignas”.
En concreto, consideran que el Grupo Parlamentario Socialista intenta que el fondo se convierta en un organismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que su financiación se limite exclusivamente a partidas previstas en los Presupuestos y a fondos obtenidos a través de la subrogación del derecho a litigar por parte de las personas afectadas.
A su juicio, estas condiciones “impuestas” por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, “no respetan el espíritu” de la proposición de ley remitida por el Parlamento vasco a las Cortes Generales, ya que dicha iniciativa plantea que este fondo dependa de la Seguridad Social y se complemente con fondos de la misma.
A este respecto, a finales de marzo el ministro Escrivá señaló durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja que el fondo de compensación para las víctimas del amianto está “perfectamente dotado” y “se va a gestionar con los mejores criterios” por parte del Instituto de Mayores y Seguridad Social (Imserso), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.
En dicha sesión respondió a una pregunta formulada por el parlamentario de Bildu Oskar Matute, quien instó al ministro a ser “claro” sobre si se va a respetar el “espíritu” y “el texto” de la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento Vasco.