El PSC llevaba años jugando en el filo del abismo. En las elecciones del domingo dieron un paso más hacia el despeñadero, cosechando los peores resultados de su historia y perdiendo por primera vez la segunda plaza. Ayer, la Fiscalía Anticorrupción les dio el último empujón hacia el abismo de la irrelevancia al imputar al […]
El PSC llevaba años jugando en el filo del abismo. En las elecciones del domingo dieron un paso más hacia el despeñadero, cosechando los peores resultados de su historia y perdiendo por primera vez la segunda plaza. Ayer, la Fiscalía Anticorrupción les dio el último empujón hacia el abismo de la irrelevancia al imputar al alcalde de Sabadell y secretario de Política Municipal, Manuel Bustos, y al secretario de Organización del partido, Daniel Fernández.
En el marco de una operación bautizada como «Mercuri», dos altos cargos del PSC fueron imputados en una presunta trama de corrupción urbanística, en la cual varios cargos públicos habrían exigido durante años una comisión del 3% del precio final de la obra a cambio de adjudicaciones a varias empresas. Se trata del secretario de Organización del PSC y mano derecha de Pere Navarro, Daniel Fernández, y del alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, miembro de la Ejecutiva del partido y presidente de la Federació de Municipis de Catalunya. También está imputada la alcaldesa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez (PSC), así como el jefe de la Policía Municipal de Sabadell, ciudad epicentro de la trama.
Según señalaron algunos medios de comunicación, la operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y los Mossos d’Esquadra estaría preparada para el pasado 19 de noviembre, pero alguien decidió posponerla para no interferir en las elecciones del pasado domingo. En el aire queda la pregunta de cuáles hubiesen sido los resultados si el caso hubiese irrumpido en plena campaña. La respuesta es obvia.
Con la operación todavía abierta, los Mossos registraron ayer más de 41 edificios, entre los que destacaron el Ayuntamiento de Sabadell -incluido el despacho del alcalde- y la sede de la Federació de Municipis de Catalunya. También detuvieron a 12 personas, entre las que destacan el presidente del gremio de constructores de Sabadell, Melquíades Garrido -familiar de Bustos-, y un exconcejal del PP en la ciudad Jordi Soriano, expulsado del partido en 2009, después de ser acusado de hacer desaparecer 4.200 euros del grupo municipal. En total son 26 las personas imputadas hasta el momento.
Según la Fiscalía, la trama exigía un depósito de, como mínimo, 120.000 euros para conseguir ventaja en adjudicaciones de contratación pública. Este depósito se destinaba a «los políticos y funcionarios involucrados», así como «a un pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final».
La investigación se inició tras una denuncia interpuesta en 2010 por el grupo municipal de ICV-EUiA, cuya portavoz en Sabadell, Carme García, aseguró ayer que recibieron «fuertes presiones» por haber sacado a la luz presuntas «irregularidades». García también recordó que hace dos años sufrieron un extraño robo en la sede de su formación, en la que desapareció toda la información relativa al caso que ahora sale a la luz. Por suerte, la propia García había guardado una copia.
Cargos suspendidos
Durante la mañana, Bustos compareció ante los medios para defenderse, asegurando que está «muy tranquilo» y que toda está operación no será más que una «pesadilla», ya que la gestión del Consistorio ha sido «honesta, rigurosa, transparente y cumpliendo estrictamente con la ley». «Nunca, ni yo ni nadie, hemos cobrado comisiones, ni hemos hecho nada que esté fuera de la ley», insistió Bustos, quien añadió que está «personalmente muy confiado en la justicia», a la que pide «la aclaración de los hechos». «No hay nada a esconder», subrayó, tras lo cual anunció que no dimitiría del cargo de alcalde pero que había dejado a disposición de la dirección sus responsabilidades en el partido.
Por la tarde, el PSC había convocado una rueda de prensa a las 17.00 en la que el secretario de Organización del partido, es decir, Daniel Fernández -todavía sin imputar-, iba a explicar la postura del PSC sobre lo sucedido en Sabadell. Más a menos a la misma hora, agentes de los Mossos d’Esquadra se plantaron en la sede central del partido en Barcelona, para entregar una nueva notificación. Al principio se difundió que entraban a registrar la sede socialista, aunque al final resultó que lo que notificaban era la imputación, precisamente, de Fernández.
Con cara de susto, el hombre fuerte de Navarro en el aparato del partido anunció que «desde la confianza de la honorabilidad», Bustos fue suspendido como secretario de Política Municipal del PSC. Sobre su caso, prefirió hacerse el despistado y señalar que, si finalmente se confirmaba su imputación pondría su cargo «a disposición del partido hasta que no se aclare la cuestión».
Confirmada, poco después, su imputación, el partido anunció también la suspensión de Fernández, después de haberse reunido con un Navarro llegado a la sede in extremis, con cara de pensar «lo que nos faltaba».
Rechazo a negociar con CiU
No se sabe si Navarro estaba al corriente de lo que el partido se traía entre manos, pero por si acaso, antes de que se conociese el registro del Ayuntamiento de Sabadell y la imputación de los altos cargos, el líder del PSC -tan ausente ayer como durante la campaña electoral-, había rechazado cualquier tipo de pacto de gobierno con CiU, al considerar que «no se dan las condiciones», porque «Artur Mas es el único responsable de todo lo que está pasando, por cómo ha dejado el país».
En una entrevista matutina en la Ser, Navarro se limitó a señalar que «más allá de los pactos para la gobernabilidad, hace falta un acuerdo económico global con los agentes sociales para salir de la crisis». No se pondrán de acuerdo en la gobernabilidad, pero ayer más de uno sugirió, vía twitter, que la sociovergencia sobre la que tantas veces se ha especulado quizás sea eso: la sede nacional de CiU embargada por el «caso Palau» y uno de los grandes ayuntamientos socialistas registrados por corrupción urbanística.