Establecer los precios universitarios en función de la declaración de la renta significa hacer recaer el coste de la universidad sobre las rentas del trabajo por partida doble
Profesora de Matemática Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya, Vera Sacristán ha sido vicerrectora de Personal de dicha Universidad y miembro del grupo de trabajo sobre Personal Docente e Investigador de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas. Recientemente ha coordinado el informe Quant paga l’estudiant? en el que analizan los precios y tasas académicas de las universidades de Cataluña y España. La preocupación viene de lejos: en 2010 Vera coeditó el libro colectivo Construir el futuro de la universidad pública , basado en unas jornadas con el mismo nombre. En este informe analizan un panorama desalentador, corrigen al Gobierno en varios datos y proclaman que los recortes universitarios no son consecuencia de una necesidad económica, sino de una opción política determinada.
Hace dos años coordinaste, junto a Albert Corominas, el libro Construir el futuro de la universidad pública . En este libro ya tratabais diversos problemas que acechaban a la Universidad Pública, como la financiación y la gobernanza. ¿Este informe confirma el diagnóstico que realizabais en aquel libro?
El libro que mencionas hace un análisis de la situación de la universidad y su contexto como base para lo que realmente es el objetivo del libro, y que intentamos reflejar en el título, esto es: aportar elementos para definir una política universitaria que conciba y mejore la universidad como servicio público.
El informe que el Observatorio del Sistema Universitario acaba de presentar se centra en la cuestión de los precios públicos universitarios. Efectivamente, en el libro ya se indicaba una tendencia de lo que en 2010 todavía eran sólo declaraciones y tomas de posición (de presidentes de consejos sociales, organismos privados, medios de comunicación, en incluso algunas autoridades educativas) a favor de un aumento de la que entonces se denominaba «aportación privada» a la financiación de las universidades. Agustín García Laso, el profesor responsable del capítulo del libro dedicado a este tema, ya alertaba de lo que había que entender por «aportación privada»: aportación por parte de las y los estudiantes y sus familias.
Lo que hoy nos indica el estudio es que, en la última década, el aumento de los precios públicos universitarios ha sido superior al del IPC prácticamente cada año, que ello ha situado España entre los países europeos en los que la universidad es comparativamente más cara, y que el decreto-ley recientemente aprobado (popularmente conocido como decreto Wert) va a comportar un salto cualitativo de los precios para el curso que viene, lo cual todavía nos va a alejar más del modelo de la mayoría de países europeos de nuestro entorno. No me refiero a los países nórdicos, donde los estudios universitarios son gratuitos y la mayoría de estudiantes gozan de becas-salario, sino incluso a países como Alemania, Austria, Bélgica, Francia o Suiza, donde los precios universitarios son ya inferiores a los de España.
Según vuestro informe, el estudiante paga de media entre el 19% y el 20% de sus estudios, lo que contradice los datos del gobierno que lo sitúan en un porcentaje más bajo. ¿A qué se debe esta diferencia de estimación?
Las autoridades ministeriales, como las de la consejería en Catalunya, calculan la proporción entre la aportación económica de los estudiantes y el total del presupuesto corriente de las universidades. Eso les permite decir que los estudiantes pagan de media alrededor del 14%-15% de los estudios. Pero, en realidad, lo que están diciendo es que los estudiantes pagan un 14%-15% del coste total del funcionamiento corriente de las universidades, que no es lo mismo.
Y no es lo mismo porque las universidades llevan a cabo el grueso de la investigación en España. Para que el lector se haga una idea: un profesor universitario a tiempo completo, en España, está obligado por ley a dedicar al menos un tercio tercio de su jornada laboral a la investigación, y como mucho dos tercios a la docencia. Tanto es así que el número de horas de clase que un profesor universitario tiene obligación de impartir es, en general, de 8 a la semana (las excepciones se refieren a profesores que hacen mucha investigación, que pueden impartir un tercio menos, y a aquellos que hacen poca, que pueden llegar a impartir un tercio más). Si se consideran las tareas docentes de preparar las clases, atender las consultas de los estudiantes, evaluarlos, y algunas más de planificación, nuestra estimación es que, en promedio, puede considerarse que la universidad es un 60% de docencia y un 40% de investigación. Así, pues, las matrículas universitarias cubren (o, mejor dicho, cubrían en 2008) del orden del 20% del coste de la docencia. Probablemente a día de hoy estén cubriendo una proporción superior, pero no lo sabremos hasta que se liquiden y auditen los ejercicios económicos y se difundan los datos.
En el informe señaláis que estamos en el grupo de países con un número pequeño de becas. ¿Es insuficiente la política de becas española?
Manifiestamente. Aunque nuestro informe se centra en los precios, no hemos querido dejar de hacer una referencia a la cuestión de las becas, que tendrá que ser objeto de un estudio más detallado en el futuro. El presupuesto que el estado español dedica a becas equivale al 0,08% del Producto Interior Bruto. Esa cantidad equivale a una tercera parte de lo que dedican, en promedio, los países de la OCDE (0,24%) .
Por otro lado, l os datos que ofrece la OCDE sobre la tipología de las becas son muy limitados, puesto que sólo indican el porcentaje de estudiantes que recibe algún tipo de beca, pero no el importe de éstas. Aún y así, España queda en mal lugar. Si se compararan los importes, nuestra situación sería todavía más extrema, puesto que en España la mayor parte de becas se limitan a cubrir el importe de los precios de matrícula y, como mucho, añaden unos mínimos importes para reducir el impacto del coste del transporte y los libros, mientras que muchos de los países de la OCDE con los que nos comparamos distribuyen becas-salario, esto es, becas que permiten a los estudiantes vivir mientras estudian, compensando así el coste de oportunidad (es decir, los ingresos que dejan de obtener al estudiar en vez de trabajar), que es uno de los elementos socialmente más discriminatorios en el acceso a la universidad.
Por último, hay que tener en cuenta que la OCDE no publica datos sobre subsidios indirectos como la existencia de residencias universitarias, de comedores universitarios, o de bonos de transporte público a precios especiales o incluso gratuitos. Todos estos elementos son otra forma de subvención indirecta a los estudiantes, que permite que los hijos de las clases más desfavorecidas accedan a la universidad en condiciones menos desfavorables.
Vuestro informe señala que la implantación del Plan Bolonia ha representado un incremento de precios superior al 10% en el caso de los Grados, un 43% por encima del IPC en el de los estudios oficiales de Máster y se han multiplicado por cuatro en el caso de la tutela académica del doctorado. ¿Cómo pensáis que podría afectar el Real decreto-Ley 14/2012 en la evolución de los precios para el próximo curso?
La evolución de precios a la que nos referimos es la que se ha producido en Cataluña, que es la única comunidad autónoma para la cual hemos hecho un análisis histórico. Para el conjunto de las comunidades autónomas hemos hecho un análisis comparativo de los precios del curso que ahora acaba. De este análisis se deduce que:
– Dentro de una misma comunidad autónoma existen diferencias de precios de hasta un 88% entre distintos estudios de grado, y de hasta un 250% entre distintos estudios de máster universitario (o sea, oficial).
– Cursar un mismo estudio de grado puede llegar a costar el doble en una comunidad que en otra. En el caso de un máster universitario, puede llegar hasta el tripe.
– Un curso de máster universitario puede llegar a ser hasta 5 veces más caro que uno de grado de la misma temática.
– No existen, ni en los decretos de precios ni en la práctica, criterios objetivos que justifiquen las diferencias entre los precios de unos estudios y otros.
En este contexto aparece el nuevo decreto-ley, que tiene dos características muy relevantes. Por un lado, es la primera vez que se fija, y nada menos que por ley, que los precios universitarios deben ser una proporción del coste de los estudios. Hasta ahora los precios no se planteaban en estos términos. Pero es que, además, esto ocurre cuando las universidades todavía no disponen de una contabilidad analítica, esto es, de una asignación de costes que permita conocer de forma objetiva, consensuada y transparente cuánto cuestan realmente los distintos estudios. Esto no lo decimos sólo nosotros: lo dice el mismo decreto-ley, que permite que suban los precios pero blinda el importe que la administración central transferirá a las comunidades autónomas en concepto de becas, estableciendo que mientras no haya contabilidad analítica no transferirá más de lo que ahora transfiere. Y lo confirmó la presidenta de los rectores españoles a los pocos días de conocerse el decreto-ley en declaraciones a la prensa. En esto sí que hay unanimidad.
En resumen, pues, no se sabe cuánto cuestan los diversos estudios universitarios. Por consiguiente, no se sabe qué proporción está pagando cada estudiante, ni tampoco existe justificación que avale por qué unos estudios cuestan más que otros. La cifra que nosotros hemos ofrecido no es, ni pretende ser, más que una aproximación global del promedio de lo que el conjunto de los estudiantes están pagando por el conjunto de los estudios.
Así las cosas, las consecuencias del decreto-ley son imprevisibles. Prueba de ello es que algunas comunidades autónomas con independencia del color político de sus gobiernos, y también con independencia de si sus precios actuales son comparativamente más altos o más bajos que los del resto de comunidades ya han anunciado que no subirán los precios por encima del IPC (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, el País Vasco y la Rioja), mientras que otras han anunciado aumentos substanciales (Canarias 40%, Castilla y León 28% de media, Castilla-La Mancha 19%, Catalunya hasta el 66%, Valencia 33%).
Otra conclusión de vuestro estudio es que la fijación de los precios de matrícula no responde a criterios objetivos, sino a «una opción política y social que los gobiernos adoptan en función de los intereses que representan». ¿Es posible una alternativa a la subida de precios de matrícula en la universidad pública?
Efectivamente. Esta conclusión se basa en un análisis de la (inexistente) relación entre el Producto Interior Bruto (total y per cápita) y la financiación (precios, becas y fondos públicos) de las universidades en los países de la OCDE a lo largo de una década. Claro que es posible otra política de precios. La hacen países muy cercanos al nuestro, como ya he mencionado. Países con 1) un sistema impositivo socialmente más justo que el nuestro y 2) una concepción social de la enseñanza en general y de la enseñanza universitaria en particular.
Todo consiste en decidir si se quiere considerar la enseñanza universitaria como un servicio de carácter privado y de rendimientos estrictamente individuales o si, por el contrario, predomina la idea de que los estudios universitarios generan externalidades positivas tan importantes (en términos de cualificación profesional, de mejora del nivel cultural, de promoción de la igualdad social, etc.) que es el sector público quien los debe financiar. Hoy por hoy, España está caminando de forma decidida en la dirección del primero de estos dos modelos.
Nosotros creemos que esto es un error para el país, ya que la universidad no actúa sólo en beneficio de la persona que accede a ella, sino también en beneficio de toda la ciudadanía, incluida la que no estudia en ella. Es clave para la innovación y el progreso económico de una sociedad formar a sus mejores jóvenes en las universidades. Por consiguiente, un sistema que seleccione económicamente a los estudiantes no sólo es injusto sino también perjudicial para la sociedad, porque desaprovecha su potencial.
Otro elemento que criticáis es la cuestión de los créditos para estudiantes. Ésta ya fue una de las «medidas estrella» del Gobierno Zapatero, duramente criticada por el movimiento estudiantil de izquierdas. ¿Podrías sintetizar las críticas que realizáis a esta medida?
Las propuestas de créditos estudiantiles se basan, una vez más, en el principio del beneficio individual: sería el mismo estudiante quien, al acceder al mercado laboral en mejores condiciones que los jóvenes sin estudios universitarios, debería devolver a la sociedad lo que ésta ha invertido en su formación. A pesar de facilidades tales como tipos de interés bajos (es un decir: Cataluña aplicará un 6% de interés el curso que viene a quienes quieran pagar su matrícula en plazos mensuales), períodos de carencia o incluso la posibilidad de condonación de la deuda en algunos casos, el endeudamiento estudiantil afecta principalmente a los jóvenes que provienen de las clases más desfavorecidas, que son quieres necesitan acceder a estas fórmulas de financiación. El endeudamiento sitúa a los recién graduados en una situación de precariedad y falta de perspectivas que condiciona tanto sus decisiones laborales (qué trabajo aceptar y cuándo) como personales (posibilidades de emancipación y de proyectos familiares).
Existen experiencias previas en este sentido. En Estados Unidos la deuda estudiantil se situaba a finales del curso pasado alrededor del billón de dólares, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, y cada estudiante debía hacer frente, en promedio, a 1.414 dólares al mes durante 10 años para hacer frente a su deuda. La situación es tan grave que ha obligado a la intervención del presidente Obama para reducir y condonar parcialmente la deuda.
Relacionada con la apuesta por los créditos universitarios suele aparecer también la propuesta de progresividad en los precios, esto es, el pago en función de la capacidad económica de las familias. De hecho, esta va a ser otra de las novedades para el curso que viene, al menos en Catalunya.
Resulta curioso que los bienes y servicios (desde el arroz hasta la electricidad, pasando por un coche o una bicicleta) tengan el mismo precio para todo el mundo y, en cambio, se abogue por que los servicios públicos (especialmente los sanitarios y los educativos) tengan precios diferenciados en función de la renta, con el argumento de una mayor «equidad».
La equidad se consigue por la vía de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y las sucesiones, y no por la vía de la progresividad del precio de un servicio. No es equitativo que quien está más enfermo pague más que quien está más sano, como si los servicios sanitarios fueran un bien de consumo comparable con la ropa de última moda o los coches de lujo. Análogamente ocurre con los servicios educativos. Equitativo es evitar el fraude fiscal y garantizar que quien más tiene contribuya más. Equitativo es usar los impuestos para redistribuir la riqueza y pasa asegurar un bienestar mínimo a toda la población. Y además de equitativo resulta productivo: una sociedad más sana y más educada es una sociedad más productiva.
Hay que tener en cuenta, además, que en nuestro país utilizar la declaración de la renta como criterio para el establecimiento de precios progresivos es una fuente de inequidad garantizada. De acuerdo con los últimos datos publicados por la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, correspondientes al año 2008, los ingresos promedio declarados por trabajo eran de 19.288€ por declarante. Los equivalentes por actividades económicas eran de 9.000€. Si de éstos se sustraen las declaraciones por actividades económicas agrarias, los ingresos anuales declarados por actividades económicas eran, en promedio, de 11.623€ por declarante en régimen de estimación objetiva y de 12.089€ en régimen de estimación directa. Así las cosas, establecer los precios universitarios en función de la declaración de la renta, como va a hacer Catalunya a partir del curso que viene, significa hacer recaer el coste de la universidad sobre las rentas del trabajo por partida doble: a través de los impuestos y a través de los precios. El coste añadido derivado de las complicaciones administrativas e ineficiencias de este sistema de precios bien podría destinarse a combatir el fraude fiscal.
José Sarrión Andaluz es profesor de Antropología y Ciencia, cultura y sociedad. Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
Publicado originalmente en Mundo Obrero, nº 250-251 (julio y agosto 2012)