La avalancha de expedientes de regulación de empleo (EREs) representan tan sólo la «punta del iceberg» de una sangría de puestos de trabajo que están siendo sistemáticamente destruidos. En tan sólo un año un millón de empleos se han perdido en el Estado español, y si apenas nos hemos enterado es porque en su inmensa […]
La avalancha de expedientes de regulación de empleo (EREs) representan tan sólo la «punta del iceberg» de una sangría de puestos de trabajo que están siendo sistemáticamente destruidos. En tan sólo un año un millón de empleos se han perdido en el Estado español, y si apenas nos hemos enterado es porque en su inmensa mayoría los ocupaban emigrantes, eventuales en fraude de ley, trabajadores de ETTs o de subcontratas, y sobre todo personas a las que se ha echado sin contemplaciones aplicándoles una legislación que ampara el despido libre.
Año tras año los pactos sociales, suscritos por los dirigentes sindicales, nos han dejado en la práctica una de las legislaciones mas regresivas de Europa. De cada diez empleos europeos solo uno es español, pero de cada diez eventuales europeos cuatro están entre nosotros. Y mas de la mitad de los que aun trabajan ganan menos de mil euros al mes.
Añadamos la nueva Ley Concursal que permite a los empresarios declararse en quiebra para seguir mangoneando, como ocurre en Esmaltaciones San Ignacio, donde no hay dinero para pagar las nóminas pero si para indemnizar a aquellos que aceptan el despido pactado, y que permite a la Inspección de Trabajo lavarse las manos remitiendo al Juez Concursal.
Sumemos la normativa sobre EREs que legitima una farsa porque los trabajadores no tenemos ningún instrumento legal para conocer o condicionar las decisiones de la empresa que prepara durante meses todas sus cuentas para justificar después sus despidos, expedientes o deslocalizaciones.
Y agreguemos el trato de favor a empresas con fuertes beneficios como Telefónica o la Banca privada que han recibido ayudas millonarias a cuenta de los impuestos que sólo pagamos los trabajadores, y autorizaciones de expedientes de prejubilación a costa del dinero público.
Ahora, mas de 10.000 trabajadores vascos están pendientes de expedientes o reajustes de plantillas, especialmente en Álava y Guipúzcoa, con empresas significativas afectadas como Mercedes Benz, Cegasa, Sidenor, Esmaltaciones San Ignacio, Transportes Catalán, constructora Eguzkialde, o grupo Egoki o Ureche. Al parón de la construcción se ha unido el sector del automóvil, con sus efectos en empresas suministradoras y auxiliares, y detrás de ellos otros sectores como el siderúrgico, metal, transporte, energía alimentación o química. Y detrás de cada trabajador expedientado hay un drama, una familia sin ingresos, una hipoteca, y en un contexto económico en el que encontrar empleo es prácticamente imposible.
Tras años de pactos sindicales de moderación salarial, y beneficios escandalosos de empresarios y banqueros, aún pretenden estos aprovechar la crisis para aumentar sus márgenes de beneficios a costa de los derechos adquiridos de los trabajadores y de los puestos de trabajo. Y lo peor es que muchos de los expedientes no serían aceptados por ninguna administración si no llevaran la firma de los sindicatos. Los EREs han dejado de ser un instrumento excepcional y se están convirtiendo en un mecanismo mas de organización por las empresas.
Sísifo engaño a la muerte encadenándola pero fue condenado por toda la eternidad a empujar cuesta arriba una piedra enorme que rodaba hacia abajo antes de alcanzar la cima. De la misma manera, la clase obrera bajo el capitalismo estamos condenados a vender nuestra fuerza de trabajo a una minoría dueña de los medios de producción, y lo que les arrancamos de una mano nos lo arrebatan con la otra por diferentes medios. La patronal, igual que Icaro, siempre insatisfecha, y embriagados por su poder, se acercan cada vez mas al sol, ahora pidiendo una nueva reforma laboral y despido gratuito, hasta que sus alas de cera se fundan.
Hay que exigir al Gobierno Vasco que pare esta sangría de despidos y no autorice ni uno más, y hay que defender un «plan de rescate» de los trabajadores, y no de la banca, ¡Que el dinero público no sirva para salvar las fortunas de los banqueros, sino para utilizarlo en interés de la mayoría social mediante la nacionalización de la banca sin indemnización, y de los sectores estratégicos para poner la economía al servicio de las personas y garantizar el empleo. Además, hay que redistribuir solidariamente la riqueza y también el empleo reduciendo la jornada laboraly eliminando la precariedad.
Por eso necesitamos un sindicalismo combativo: que oriente, de cobertura, extienda y unifique las luchas; se oponga a colaborar con la patronal; y luche para cambiar de raíz la actual normativa antiobrera. Sólo uniendo y coordinando fuerzas, y organizando una respuesta general y sostenida, podemos parar la ofensiva que sufrimos.