Alejandro Andreassi [AA], Àngel Duarte Montserrat [ADM] y José Luis Martín Ramos [JLMR] son tres grandes e imprescindibles historiadores de Sefarad que, entre sus numerosas virtudes, acostumbran a ubicar con mino y acierto el internacionalismo, la solidaridad y la racionalidad en lugar destacado de sus análisis y aproximaciones políticas. *** ¿Qué sentido tienen las últimas […]
Alejandro Andreassi [AA], Àngel Duarte Montserrat [ADM] y José Luis Martín Ramos [JLMR] son tres grandes e imprescindibles historiadores de Sefarad que, entre sus numerosas virtudes, acostumbran a ubicar con mino y acierto el internacionalismo, la solidaridad y la racionalidad en lugar destacado de sus análisis y aproximaciones políticas.
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¿Qué sentido tienen las últimas medidas del gobierno PP sobre la Administración del Estado? ¿Se trata de «racionalizar» el Estado? ¿De aligerar su peso? ¿De ahorrar un dinero que sería preferible destinarlo a otras finalidades más esenciales? ¿De no duplicar servicios públicos? O por el contrario: ¿Se puede hablar en propiedad de medidas centralizadoras? ¿Se intenta golpear o dañar el Estado autonómico actual? ¿Con qué finalidad?
ADM. No creo que estemos hablando de racionalización de la estructura administrativa del Estado. Este objetivo, asociado al sintagma «economías», que, con toda probabilidad, sería deseable, en realidad está encubriendo un ataque en toda regla a la autonomía del municipio y un ejercicio de recentralización que aspira a liquidar las cuotas existentes de autonomía de regiones y nacionalidades y pretende dar cuenta de sujetos políticos colectivos que habían adquirido, al margen de los vicios administrativos implícitamente antes aducidos, un protagonismo en la arena pública.
De llevarse a cabo la susodicha potenciará el efecto «capitalidad» lo que no significa más que la concentración de rentas e inversiones en una geografía central. Pongamos que hablo de Madrid.
Dicho de otra manera, potenciará desigualdades entre territorios. Y, al fin y al cabo, como seres humanos, mujeres y hombres, viejos y niños, homo y heteros… integramos clases y -¡ay!- pueblos o naciones. Es decir, territorios.
JLMR. Como en otros frentes, se aprovecha la crisis para introducir una contrarreforma del estado, en este caso del estado de las autonomías; parece claro que el gobierno Rajoy ha cedido, en este caso, a la presión del sector FAES y su propuesta de revisar, en dirección negativa, el «estado de las autonomías». Se muestra eso en los modos de la reforma -una propuesta desde arriba, para un tema que afecta a las administraciones autonómicas y locales- y en buena parte de sus concreciones; poner al mismo nivel el servicio de metereología y la institución del defensor del pueblo es una barbaridad política, provocadora o reveladora de su concepción centralista del estado. Que se liquide el Ministerio de Cultura; que se unifiquen las fuerzas de orden público -supresión de la Guardia Civil- por ejemplo, también son medidas de «racionalización» económica que el proyecto no contempla.
AA. Creo que se trata de aprovechar la crisis para recentralizar el estado del mismo modo que se la aprovecha para liquidar la legalización del aborto, el matrimonio homosexual, la sanidad y la educación pública. O sea, una clara reacción en el sentido de la recuperación de un statu quo muy ante. Es evidente que esto es producto de una ideología que repudia cualquier viso de autonomía a cualquier nivel posible -por ello no debemos perder de vista, aunque no se presente formalmente en el mismo paquete, que también se expresa ante el intento, Wert mediante, de liquidar la autonomía universitaria, o la liquidación del papel de los consejos escolares. Corresponde a una visión tecnocrática, y por lo tanto verticalista, de las relaciones del poder político con la sociedad civil.
¿Uno de los corolarios de estas medidas no podría ser aumentar la desafección, por decirlo con palabra algo gastada, de los ciudadanos de algunas comunidades históricas respecto al gobierno central? ¿No sería, si fuera el caso, una política de alto riesgo y de alta tensión disgregadora?
ADM. El problema que tengo, Salvador, con el uso de la fórmula «comunidades históricas» es que, en mi caso, me parece la fuente primera de todo tipo de aguas turbias, insalubres. Si el centralismo es fuente de desigualdad no lo es menos el privilegio. Y ello es así en términos muy concretos: de renta o de disponibilidad de recursos para hacer frente a las situaciones de emergencia social. Lo que un común amigo denominaría como asistencialismo.
La desafección se dará en cualquier circunstancia en la medida que las nociones de agravio se han impuesto a las de solidaridad. Ese no era, necesariamente, el corolario del Estado de las Autonomías ni el de un mucho más potente y definido Estado federal… Pero ha sido así. Y no veo como podría desandarse lo andado. Las pulsiones liquidadoras de la complejidad están muy cómodas con las miradas por encima del hombro… y, por supuesto, la correspondencia es exacta.
JLMR Aumentará la desafección en Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía. Han optado por una política de «energía» ante la mediocridad de la dirección del PSOE y los titubeos y divisiones en CiU. Pero desde luego no parece una propuesta de avance en la solución de los problemas territoriales. Es más que alto riesgo y no hará otra cosa que alentar a los separadores.
AA. Efectivamente, creo que el resultado será aumentar las tendencias centrífugas, pero supongo que calculan que esas tendencias se equilibrarán en el seno de cada una de esas comunidades con las que se oponen a la ruptura, y a su vez el PP especula con que el resto de la población del Estado haga piña alrededor de su política recentralizadota en la medida en que esas tensiones se intensifican.
Perdonad que insista. ¿Se puede hablar en propiedad de medidas centralizadoras? ¿Se intenta golpear o dañar el Estado autonómico actual? ¿Con qué finalidad?
JLMR: Es obvio que se trata de un proyecto de recuperación de atribuciones políticas y administrativas en beneficio del gobierno central, so capa -tramposa- de reducir gastos (unos sí, otros no). Se trata de responder a la crisis del estado de las autonomías con el horizonte de su reducción al mínimo: café para todos, pero descremado.
¿Quedan afectadas sólo las administraciones autonómicas o también se incide en la administración municipal?
JLMR. Hay que decir sí. Pero este sería todo otro tema. Podríamos tratarlo en otro momento.
¿Los barones del PP apoyan la medida? ¿No es contradictorio si es el caso con sus ansias (no digo que sean únicas), en ocasiones desmedidas, de poder autonómico?
ADM. No es menos cierto que, como apuntas en el cuestionario, y más allá de la ciudadanía de a pie, el estado autonómico ha generado unas élites específicas que tienen interés en preservar su estatus. Por lo demás, no han tenido demasiados reparos, dappertutto, de sostener su influencia en una creciente manipulación de las bajas pasiones de las clases medias, en alimentar revueltas de contribuyentes que, por lo demás, tienen las espaldas cubiertas: en las encuestas se siguen considerando gentes de izquierda, progresistas, o partidarios de la intervención de los poderes públicos en la defensa del común (siempre que el común no sea el de los otros, claro).
JLMR. ¿Todos lo apoyan? ¿Con qué contrapartidas? En cualquier caso no sé si esos barones (Monago, por ejemplo) tienen ansia de «poder autonómico» o de «poder económico»; si esa reforma les garantiza el actual reparto desequilibrado del pastel fiscal y el inmovilismo de sus políticas, ya les irá bien. Aquí habría que introducir un tema: la redistribución fiscal, necesaria, no tendría que ser sin condiciones de inversión, por parte de las autonomías receptoras, en programas de desarrollo pactadas mediante «contrato-programa» con el conjunto del estado. Eso pondría límites cuantitativos, temporales y espaciales a la redistribución fiscal.
¿Os recuerda en alguna medida lo ocurrido con la LOAPA en los años ochenta?
JLMR. La LOAPA fue, entre otras cosas, un obstáculo al desarrollo federalizante del modelo autonómico. Ahora el proyecto que se presenta no es de freno, es de marcha atrás.
AA: Coincido con Lito [JLMR] en la diferencia que observa entre la LOAPA y las actuales intenciones del PP.
ADM. Introduciría un matiz, que no necesariamente una contradicción, a lo señalado por José Luis y Alejandro. La implicación directa del PSOE en la LOAPA facilitó, en ese momento, la neutralización de uno de los vectores reales de federalización del sistema: el andalucismo político de izquierda. Subsumido -y abandonado- en el partido de Felipe González y Alfonso Guerra, pasó a ser una suerte de topo de reducidas dimensiones que siguió erosionando las raíces del centralismo unitario. Lo digo porque suele aducirse, al pensar históricamente ese momento terminal de la Transición, la enemiga de los nacionalismos conservadores catalán y vasco. Y no me parece a mí que lata en su seno, ni que haya latido jamás, una genuina pulsión federalizante. Colapsar el contradictorio y complicado gobierno de izquierdas en Andalucía reproduciría dichas circunstancias. La continuidad de este ejecutivo acaso -y digo sólo acaso- permita que se mantenga una voz que contemple la soberanía de los territorios y, al tiempo, la igualdad de los ciudadanos.
¿Cómo vislumbráis una solución razonable, justa y fraternal al denominado «problema territorial» español?
ADM. El horizonte es muy nítido, tanto como no factible. Un federalismo solidario que no se sostenga sobre fueros sino sobre criterios de racionalidad y equidad. Pero insisto, no me parece factible.
JLMR. Conoces mi opción Salvador. Un sistema federal aplicado a la multinacionalidad, a partir del principio del derecho de autodeterminación, que incluye el de separación. Multinacionalidad, no «multirregionalidad» Con un esquema de reparto de competencias claro, en el que no quepan interpretaciones políticas de parte. Y con un sistema fiscal que considere, al menos, tres cuestiones: la igualdad de los ciudadanos de todas las nacionalidades del estado en la presión y el beneficio fiscal, un flujo solidario entre partes de mayor y menor desarrollo, respetando el criterio de la ordinalidad el ajuste de ese flujo a contratos.programa de desarrollo.
AA. Me sumo a lo expresado por Àngel y Lito: República confederal solidaria, fundada en el derecho de autodeterminación incluyendo el de secesión de las nacionalidades que la integran, apoyada en criterios de igualdad y racionalidad. Aunque creo que por el momento lo tenemos difícil.
Sólo por el momento, querido Alejandro, no hay que desesperar. ¿No escribió Galeano aquello de «Dejemos el pesimismo para tiempos mejores»? Gracias a todos, queridos y admirados compañeros.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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