Dice J. L. Martín, editor de El Jueves, que está seguro de que el secuestro judicial del último número de su revista ha venido provocado por la insistencia con la que el programa de Tele 5 Aquí hay tomate volvió una y otra vez sobre la ya célebre portada, en la que el príncipe Felipe […]
Dice J. L. Martín, editor de El Jueves, que está seguro de que el secuestro judicial del último número de su revista ha venido provocado por la insistencia con la que el programa de Tele 5 Aquí hay tomate volvió una y otra vez sobre la ya célebre portada, en la que el príncipe Felipe y Leticia Ortiz aparecen caricaturizados en una actitud laboral un tanto equívoca. Es muy posible que tenga razón. La televisión, en general, y en particular ese programa, del que sólo puedo opinar de oídas porque nunca lo he visto -aunque ya sé que muchos no me creerán (*)-, no sólo tienen una difusión muy superior a la de cualquier revista, sino que la tienen, además, de una manera muchísimo más indiscriminada y aleatoria. Una imagen expuesta repetidamente en una gran televisión generalista en una franja horaria de primera importancia tiene un efecto social infinitamente mayor que un dibujo que es visto por un público previamente simpatizante de la sátira y propicio a tomársela con espíritu burlesco, que va a buscar la publicación en un quiosco o librería y, además, paga para hacerse con ella.
Aunque lo más probable es que nunca llegue a saberse a ciencia cierta, lo más probable es que, de no haber sido así amplificado y magnificado el hecho, la caricatura de Guillermo habría pasado con la misma pena o la misma gloria que tantas otras, suyas o de otros compañeros de profesión dados también a la sal gruesa. Porque las ha habido igual de brutas o más, e incluso con asuntos más traídos por los pelos. Porque en este caso, al menos, lo que parece innegable es que, con el pretexto de los euros por hijo prometidos por Rodríguez Zapatero, el dibujo de Guillermo plantea un asunto que muchos ciudadanos consideran altamente problemático: el de la vida regalada que proporcionamos entre todos a a unos señores y señoras cuyo única peculiaridad es o bien haber nacido en una cama de alta alcurnia o bien haber conseguido meterse en ella con el paso de los años. Ese debate se puede plantear de manera más bruta o más sutil -recuerdo, por ejemplo, la propuesta que alguien hizo de que le fuera impuesta la Medalla del Trabajo a Don Juan de Borbón-, pero no es ni mucho menos superfluo.
Si el derecho al honor, de fronteras ya de por sí un tanto difusas, fuera defendido por los jueces españoles igual de a rajatabla con relación a toda persona, conocida o no, española o no, la cuestión del secuestro de El Jueves podría plantearse en otros términos. Pero si hay programas de televisión que se dedican al mercadeo diario de impudicias, algunas prefabricadas al efecto, otras tal vez reales (dicho sea aquí lo de real aludiendo a la realidad, no a la realeza); si pueden hablar con total naturalidad y desenvoltura hasta de la vocación de tampax de otros personajes reales (dicho sea aquí lo de real aludiendo tanto a la realeza como a la realidad), ¿a qué viene ahora este intento de estado de excepción honorario? Ningún juez movió ni siquiera una pestaña cuando Álvarez Cascos fue caricaturizado entregado a prácticas carnales con su por entonces esposa (sobre el capó de un automóvil, me parece que era).
Es evidente que aquí algo falla. Y lo que falla es la aplicación del art. 14 de la Constitución Española, que dice: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Supongo que no será necesario que subraye eso de «por razón de nacimiento».
¿Que hay otros artículos de la Constitución que dicen otras cosas hablando del Rey, la familia real, etc.? Bien. Establezcan claramente qué principio tiene más rango: si el de la igualdad de los ciudadanos o el de los privilegios regios. Pero háganlo tratando de no olvidar que estamos ya en el siglo XXI.