Las declaraciones de la presidenta de Cáritas vienen a reconocer oficialmente por una institución caritativa, la muy conocida difícil situación personal en la que se encuentran las personas inmigrantes irregulares, que vienen a nuestro país en la búsqueda de un horizonte para su futuro como seres humanos.
Hay que preguntarse por qué viene sucediendo este fenómeno migratorio desde hace tantos años; por qué miles de personas se atreven a asumir los posibles riesgos y peligros con los que se pueden encontrar en sus temerarios desplazamientos, y en los países en a los que llegan.
Las aventuras hacia mundos desconocidos que ofrecen esperanzas de un mayor bienestar tienen su respuesta en el colonialismo, las invasiones, las guerras, él expolio y saqueo de las riquezas que durante tantos años se vienen practicando en sus territorios de origen por un pequeño grupo de países imperialistas. Las consecuencias de esta rapiña secular, iniciada allá en el siglo XV y continuada en la actualidad por diferentes mecanismos militares y financieros, ha generado en amplios sectores de la población de esos países periféricos del planeta unas condiciones de vida caracterizadas por la pobreza y la explotación más brutal.
El Derecho internacional y europeo en materia de derechos humanos impone a los Estados miembros de la UE la obligación de garantizar derechos a todas las personas en su jurisdicción. Esto incluye a los y las inmigrantes irregulares. En los artículos 1, 14, 31, 35 y 47, incluidos en los capítulos de «Dignidad», «Libertades», «Solidaridad» y «Justicia» de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se garantiza el derecho a la dignidad humana, la educación, unas condiciones de trabajo equitativas y justas, la asistencia sanitaria, a una tutela judicial efectiva y a un juicio justo.
Esta normativa tan teórica no se practica en la realidad. Las dificultades de integración son enormes, y así en nuestro país deben de estar tres años hasta tener la posibilidad de regularizar su situación, mientras tanto no pueden acceder a ninguna de las ayudas sociales que pudieran garantizar condiciones de vida digna, empleo, vivienda que les permitan una mínima estabilidad y tranquilidad económica y laboral.
En los lugares en donde se encuentran como es el caso de Extremadura, para sobrevivir, realizan labores en la economía sumergida, especialmente en el sector de cuidados de personas mayores y dependientes, siendo muy vulnerables a la explotación y a los abusos laborales.
Corresponde a los políticos al frente de las instituciones regionales y nacionales tomar las correspondientes medidas para que estas personas puedan incorporarse con total normalidad a la vida social del territorio en dónde se encuentren.
Hace unos días el presidente de la comunidad extremeña el Sr Vara hacía mención a las necesidades laborales que vamos a tener en un futuro inmediato en Extremadura, y señalaba que sólo será posible responder a esta demanda con mano de obra de otros países.
El presidente de la Comunidad Autónoma antes de recurrir a contingentes de trabajadores/as procedentes de otros países debiera contemplar entre otras soluciones a las escaseces de mano de obra, la de facilitar la regularización de las personas irregulares que se encuentran en el interior del país. En este sentido, debiera exigir al gobierno del Estado Español los oportunos cambios en las leyes de extranjería para que los inmigrantes irregulares pudieran disfrutar de los derechos y deberes de las personas del país tal y como establecen los organismos internaciones defensores de los derechos humanos.
Los mayores obstáculos para que se realicen políticas de estas características es el doblegamiento de la socialdemocracia, y del PSOE a las presiones que nacen de los sectores más conservadores que encuentran en la cobardía política de aquellos un alimento adecuado para sus intereses políticos y electorales. Estos grupos reaccionarios no tienen inconvenientes ni perjuicios de ningún tipo en esgrimir la mentira para extender el odio, la fobia y el rechazo, con tal de arrastrar a sus posiciones políticas a las capas de la población más alienadas y despolitizadas.
La influencia y el poder de que disponen en los medios de información y el fácil recurso a todo tipo de mecanismos mediáticos les permiten difundir los aspectos ideológicos con los que culpabilizan y criminalizan a los inmigrantes, sean o no irregulares, tomando como base las carencias materiales propias del Estado Capitalista. Los partidos políticos que nos gobiernan favorecen con sus políticas las condiciones para que estos grupos reaccionarios introduzcan sus ideologías totalitarias y fascistas.
Cuando los gobiernos aprueban presupuestos muy escasos destinados a los servicios sanitarios, educativos de la dependencia, y en general, a todo tipo de cuestiones públicas y sociales, y cuando recortan el gasto social y realizan las privatizaciones de los servicios públicos están alentando a los sectores más influidos por las ideas del capital al sendero de la xenofobia y el racismo, y en general, al rechazo y polarización contra las personas inmigrantes.
Resulta frecuente escuchar en las colas de los centros de salud o de cualquier establecimiento público a personas pertenecientes a los sectores sociales más pobres, alienados e imbuidos de las ideas de la clase dominante, culpabilizar a los inmigrantes de las escaseces y las dificultades que se presentan a la hora de la eficacia y rapidez de la atención en los servicios públicos o en otros organismos públicos.
En resumen,
1.-Es de la máxima urgencia la reforma de la Ley de Extranjería para regularizar a todos los inmigrantes irregulares
2.-El medio más potente para combatir el racismo, la xenofobia y todas las problemáticas que diferencian y enfrentan a los seres humanos es con el incremento de todos los recursos públicos destinados a la sanidad, educación, pensiones, dependencia.
3.- La cuestión principal en este combate contra las ideas del racismo y la xenofobia y la injusticia es la lucha contra el sistema capitalista que lo alimenta, y trabajar por un poder popular al servicio de las clases trabajadoras.
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