Cada vez que dos tipos con traje coinciden en los lavabos de una institución se produce un delito grave. Esa es la percepción que tienen muchos ciudadanos ante la corrupción a raudales que se está viviendo en España. Según la última encuesta del CIS, la preocupación por la corrupción se situaba en segundo lugar detrás […]
Cada vez que dos tipos con traje coinciden en los lavabos de una institución se produce un delito grave. Esa es la percepción que tienen muchos ciudadanos ante la corrupción a raudales que se está viviendo en España. Según la última encuesta del CIS, la preocupación por la corrupción se situaba en segundo lugar detrás del paro, con un 44.8%, y en tendencia fuertemente ascendente. Metroscopia refleja que el 96% de los ciudadanos están seguros de que quedan mucha corrupción por destapar. Lo de alarma social es poco, hay hastío, nausea, encabronamiento. Y lo más indignante es la conciencia ciudadana de que su latrocinio son nuestros recortes.
Y no es para menos. Solo la semana pasada hemos visto cómo el Tribunal Supremo citaba al Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, por la delictiva financiación de su partido; como comparecía la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por el caso Gürtel; y como encarcelaban a otro expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acusado de media docena de delitos. Y seguro que las cosas no acabarán ahí. Los jueces andan sobre la pista de otros expresidentes y exministros. Aguirre, que se creía inmortal en política y que no es nada de dimitir, se ha visto obligada a hacerlo. Van cayendo uno a uno con un suspense que cada vez recuerda más a la novela los Diez negritos, de Agatha Christie. Miren también el balance de poner la lupa sobre el gobierno de José María Aznar, en el que 11 de 14 ministros están imputados, cobraron sobresueldos o duermen en prisión.
Se repite la misma secuencia de la trama mafiosa: empresarios que donan importantes comisiones a cambio de concesiones públicas, financiación ilegal del partido y enriquecimiento personal de dirigentes políticos, negación de los hechos por el partido y no asunción de responsabilidades, filibusterismo jurídico y presiones desde el poder sobre fiscales y jueces dóciles para asegurarse la impunidad.
Tan grave como la corrupción es la obstaculización a la acción de la justicia. Hay imputados que alternan con algún juez; el ministro de Justicia realiza nombramientos con el afán de instrumentalizar a la fiscalía; hay decisiones de la fiscalía que hacen sospechar sobre para quién actúa. Jueces que intentan hacer bien su trabajo se quejan de las dificultades y falta de medios para ello; el propio juez Velasco, que ha impulsado la ‘Operación Lezo’ y que también dirige la investigación de la Púnica, anuncia su intención de cambiar de destino.
Esto ya no hay quien lo soporte. Corrupción, irresponsabilidad e impunidad política. Hace años escribí un artículo titulado Muchos relojes de oro y poca decencia política en el que establecía un paralelismo entre la situación actual y la que se vivió en la Segunda República cuando el escándalo del estraperlo y los relojes regalados a políticos y al hijastro de Alejandro Lerroux, junto a otras causas, llevó a Alcalá Zamora a convocar elecciones. Hoy las tragaderas parecen ser mayores.
La radiografía de la corrupción es impresionante. El número de imputados según el Consejo General del Poder Judicial es de 1.378 procesados/acusados en el periodo de julio de 2015 a septiembre de 2016. La corrupción cuesta a los españoles 90.000 millones de euros al año, según la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC). Es insostenible reducirlo a «casos particulares», cuando se han visto afectados máximos dirigentes políticos e institucionales de comunidades como la valenciana, Madrid, Baleares, Murcia, de importantes ayuntamientos, empresas y organismos públicos, y casi todos los tesoreros del PP. Mas parece un funcionamiento propio de una organización criminal que de un partido político.
El Gobierno no quiere ni puede afrontar el tema, se limita a capear el temporal esperando a que pase. La degradación de las instituciones es cada vez mayor, así como la desafección de la ciudadanía y su desmoralización por el estado de podredumbre que nos rodea y enfanga. La vergüenza internacional es inmensa con un presidente citado ante La Audiencia Nacional y que se limitará a negarlo todo. Así las cosas, Rajoy no está capacitado para dirigir el país ni nos merecemos un presidente de gobierno escudado en el «yo no sabía nada» cuando las evidencias son abrumadoras.
El otro día puse un tuit preguntándome «¿A qué esperan las fuerzas políticas y sociales para convocar una gigantesca manifestación de toda España en Madrid?». Lo debió ver Julio Anguita y me llamó para decirme que justamente eso había propuesto el Frente Cívico-«Somos Mayoría» el 31 de marzo en un manifiesto donde llaman, además, a organizarse desde la ciudadanía por la Justicia y contra la corrupción. Urge una movilización popular para la construcción de un «proyecto, de impulso ético, legal y orgánico capaz de erradicar la gangrena que pudre los fundamentos del llamado Estado de Derecho».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.