«Quedaron en pie una barraca, dos casas y el chalé del doctor Bartual Moret». La presidenta de la Associació de Veïns La Unificadora de La Punta de Valencia, Carmen González, explica lo que todavía hoy, 22 años después de que se iniciaran los trámites, es un macroproyecto sin ejecutar. Se expropiaron y arrasaron 73,5 hectáreas […]
«Quedaron en pie una barraca, dos casas y el chalé del doctor Bartual Moret». La presidenta de la Associació de Veïns La Unificadora de La Punta de Valencia, Carmen González, explica lo que todavía hoy, 22 años después de que se iniciaran los trámites, es un macroproyecto sin ejecutar. Se expropiaron y arrasaron 73,5 hectáreas de tierra de huerta de gran valor, cultivada por labradores y labradoras en la pedanía de La Punta, con el fin de construir una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) -área de carga, descarga, almacenamiento y transporte de mercancías- para el puerto de Valencia. El punto álgido de la batalla se produjo en los años 2002 y 2003. Desaparecieron alquerías históricas, casas de huerta (algunas de 400-500 metros cuadrados), viviendas y barracas. Cerca de 150 familias perdieron su tierra y modo de vida. Sin embargo, en junio de 2015 una sentencia del Tribunal Supremo declaró nulo el Plan Especial aprobado por la Generalitat Valenciana para el desarrollo de la ZAL. La resolución judicial, que ratificaba una anterior (julio de 2013) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, establecía que la actuación debía tramitarse de nuevo.
El daño era ya irreparable. Las máquinas habían destrozado casas típicas de la huerta valenciana, con planta baja y «cambra», entrada de carro y corral o «porxat» (espacio cubierto sostenido por pilares). «Teníamos la mayor densidad de barracas por metro cuadrado», recuerda la secretaria de la Associació de Veïns La Unificadora de La Punta, Mamen Soler. Quedaron reducidas a escombros las barracas «de Eduardito», «del Tirri», «del Ricart o Rosegó», «de la Cuca», «de Pamblanco», «de la Tía Blanca», las dos «de Sura», «de la Tía Moixeta», «de Pepe el Sego», las dos «de les Serres», «del Chaban» o «del Blanco de Geroni». El proyecto para la ampliación del puerto también aniquiló hornos morunos, «ceberes» (edificaciones típicas para conservar y secar las cebollas), acequias (el riego procedente de Rovella y el Valladar) y la «terra flor». El valor histórico era todo uno, el de un entorno de huerta, subraya Mamen Soler: casa, gente, vecinos, tierra, acequias, árboles y animales.
Carmen González ubica los inicios del macroproyecto en 1994, con la constitución de la sociedad «Valencia Plataforma Intermodal Logística SA» y cita a tres de los principales responsables: el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma (PSPV-PSOE), la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Fernando Huet. Pero la pedanía de La Punta y su entorno ya habían sufrido el impacto de las grandes infraestructuras desde los años 60 del pasado siglo. A causa, por ejemplo, del Plan Sur (construcción del nuevo cauce del río Turia), la Autovía del Saler, las expropiaciones para instalar Mercavalencia, las vías del ferrocarril Valencia-Tarragona, la depuradora de Pinedo, la subestación eléctrica de Iberdrola o la destrucción de la playa de La Punta. También en la década de los 90, con las expropiaciones para edificar la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, destaca Mamen Soler.
El Puerto de Valencia no es una entidad menor. En 2015 declaró los mejores resultados de su historia, según la Autoridad Portuaria. Ése año se convirtió en el primero de Mediterráneo en tráfico de contenedores (4,6 millones), cifra que supuso un incremento del 3,9% respecto a 2014. Con estos guarismos el puerto valenciano se presentó el pasado mes de abril en la Feria Intermodal South América de Sao Paulo, una de las más relevantes del mundo. La Autoridad Portuaria no sólo exhibió su liderazgo en la gestión, estiba y manipulación de contenedores, sino que también resaltó su «capacidad» para convertirse en «puente» entre América y Europa, norte de África y Oriente Medio. ¿Qué plantea este gigante respecto a la ZAL, después de la sentencia del Tribunal Supremo? El actual presidente del puerto, Aurelio Martínez, ya firmó -como Conseller de Economia entre 1993 y 1995 en la Generalitat gobernada por el PSPV-PSOE- para que la Zona de Actividades Logísticas arrancara. Recogida por Europa Press, su comparecencia del pasado 14 de junio ante las Cortes Valencianas para informar sobre el uso de los terrenos expropiados, en su día con carácter de «urgencia», apunta a que la actuación resulta prioritaria.
Aurelio Martínez afirmó, según Europa Press, que no tendría inconveniente en «revertir» la ZAL a la situación anterior si se le retorna el dinero al puerto, aunque, advierte, ello supondría «pérdidas económicas importantes» y «un mal negocio» para la sociedad valenciana. El presidente de la Autoridad Portuaria recordó que las infraestructuras previas ya realizadas han costado 160 millones de euros, y que tanto la Universidad Politécnica de Valencia, como la factoría de Ford en el municipio de Almussafes se han construido sobre la huerta. También reconoció, según la agencia de noticias, que en Valencia el urbanismo se ha desarrollado sobre zona hortícola. Uno de los argumentos esgrimidos fue el de la demanda empresarial y el empleo. Según Martínez, con las cerca de 70 hectáreas habilitadas (30 de ellas destinadas a empresas), la ZAL podría quedarse pequeña cuando empezara a operar. Además, esta gran infraestructura podría generar entre 2.100 y 2.800 empleos directos, cifras que según el presidente del Puerto de Valencia podrían oscilar entre los 5.200 y 7.000 si se sumaran los puestos de trabajo directo e indirecto.
Otro de los actores con influencia decisiva en la ZAL es el Ayuntamiento de Valencia. El pasado 19 de mayo, después de una visita al CIE de Zapadores, el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), defendió un «amplio proceso participativo» en los inicios de la nueva tramitación tras la sentencia del Tribunal Supremo. «Se trata de que tenga voz toda la población afectada», afirmó. Más allá de la participación y de reconocer que los hechos del pasado fueron un «disparate», declaró: «Ahora mismo será difícil revertir al 100% lo ocurrido,». «Lo hablaremos entre todos, pero se ha de reconocer que la situación, después de haberse realizado una inversión, no es la misma que hace diez años; la situación que se ha de ver es la de este momento, no hacer un flashback». Estas palabras se pronunciaron casi en paralelo al anuncio, por parte del primer edil, de corredores de verdes hasta la pedanía de Pinedo, la ampliación de los carriles para ciclistas y la constitución, junto a promotores privados, de un museo marítimo. Aurelio Martínez agregó a estas promesas, tras la reunión de la Comisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, una gran superficie verde y zona deportiva para el barrio marinero de Natzaret.
¿Qué opina de lo que el Ayuntamiento llama «nueva situación» la población afectada? «La sentencia del Tribunal Supremo no llegó al fondo, sólo discutió la forma en que se tramitó la ZAL», asevera Carmen González. El fondo de la cuestión radicaría en restituir el territorio, tal como se hallaba en un origen, con las viviendas, acequias, campos y alquerías. «Y eso no lo dice la sentencia», recuerda González. La presidenta de la Associació de Veïns La Unificadora considera que si hay una resolución judicial que declara nulo el procedimiento, significa que los desalojos y derribos son «ilegales». En consecuencia, «¿por qué las Cortes Valencianas y la Fiscalía no han intervenido para pedir la responsabilidad penal de quienes los ordenaron?», se cuestiona. Señala al delegado del Gobierno (2002-2004) y Conseller de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino; y a la alcaldesa de Valencia (1991-2015), Rita Barberá, quien firmó junto a todo el equipo de gobierno la transformación en «urbanizable» del suelo agrícola de La Punta. Hoy, considera que el nuevo consistorio (Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú) pretende sacar de un cajón el expediente y reiniciar los trámites para implantar la ZAL. Los vecinos piden que se cree una comisión de investigación para exigir responsabilidades sobre lo que sucedió en el pasado. ¿Dónde están las vigas de madera de mobila (vieja), las puertas de las casas, las rejas de forja, las tejas, el «atobó» (pieza hecha con una masa de fango mezclada en paja)? Sobre todo, ¿dónde está la tierra que se llevaron en camiones?» «Ese material valía millones». El colectivo vecinal se reserva hacer público su posicionamiento hasta que se reúnan con «aquéllos que tienen poder de decisión». En los años 2000 se trataba de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, el Ministerio de Fomento (de quien dependen los puertos) y la Autoridad Portuaria. «¿Ahora quién?», se pregunta Carmen González.
Todavía recuerdan el sufrimiento del pasado. Según González, «fue una situación tan dura y anormal que cuando no veíamos a la Policía Nacional, imaginábamos que algo estaba ocurriendo». Normalizaron este estado de cosas porque asumieron que el Estado les consideró «enemigos», «terroristas» y criminales». «Asumes este hecho». Se sentían tan permanentemente vigilados en su perímetro vital, la huerta de La Punta, que cualquier paso que dieran se iba a conocer. Con el tiempo, incluso tenían identificados a los diferentes agentes policiales. También resaltan que las luchas no empezaron contra la ZAL, sino contra Iberdrola, «que irrumpió en los campos sin los permisos y coaccionando a los vecinos». Se enfrentaron al gigante eléctrico por la vía jurídica y asimismo resistiendo en la huerta. ¿Cómo se relacionaron la capital y la pedanía durante el conflicto de La Punta? Los vecinos califican de «nefasto» el papel de la ciudad y su gente. «Nos dieron la espalda». Salvan a personas concretas, como Manuel Moret y Feliciano Albadalejo, concejales de EUPV-IU, o la diputada Maruja Sornosa, quien les ayudó a que pudieran defenderse en el Parlamento Europeo, en 1999. En la prensa también se les criminalizó, con la excepción de algún que otro periodista.
Tras una década de batalla dentro de la huerta y otros doce fuera de este territorio, Carmen González subraya que nunca consintieron que otros «manejaran» y «manipularan» la lucha de La Punta. Ni siquiera el conjunto de vecinos entablaron el conflicto, sino únicamente el colectivo La Unificadora. «No hemos estado al lado de los partidos políticos, quien quisiera podía acercarse a nosotros». Se trataba de una lucha ciudadana. En la junta directiva de la asociación figuraban personas afiliadas al PP, Comisiones Obreras, el PSOE, EUPV-IU, católicos, ateos, miembros del Opus Dei… De ahí la denominación «La Unificadora», por las tres partidas que forman La Punta: del Silvestre, del Clero y del Perú. En los tres meses posteriores a los desalojos hubo gente que perdió la vida. Otros padecieron ictus y derrames cerebrales.
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