El anuncio de que el Estado venezolano expandirá su presencia en el aprovechamiento de la riqueza minera del país no incomodó a firmas extranjeras que confían en que sus contratos serán honrados, pero ecologistas advirtieron sobre el impacto ambiental de la medida. El gobierno «tiene que recuperar las minas y no va a permitir que […]
El anuncio de que el Estado venezolano expandirá su presencia en el aprovechamiento de la riqueza minera del país no incomodó a firmas extranjeras que confían en que sus contratos serán honrados, pero ecologistas advirtieron sobre el impacto ambiental de la medida.
El gobierno «tiene que recuperar las minas y no va a permitir que permanezcan ociosas», dijo en enero el ministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, quien también anunció que «no se darán más concesiones a consorcios nacionales o extranjeros» y que tanto las reservas como la producción estatal se confiarán a una Empresa Nacional de Minería (ENM).
Según la Cámara Minera, Venezuela produce anualmente 24 toneladas de oro –cantidades no registradas son contrabandeadas desde la minería ilegal–, 370.000 kilates (unos 74 kilos) de diamantes, 20 millones de toneladas de hierro y 5,9 millones de toneladas de bauxita, todas en la sudoriental Guayana.
La región guayanesa es una importante productora de oro y diamantes desde el siglo XIX. Sólo la mina Las Cristinas, por la que pugnaron las firmas canadienses Crystallex, Placer Dome y Vannessa, tiene reservas de 13 a 16 millones de onzas en unos 460 millones de toneladas de arenas.
El país también produce piedra caliza, arenas, gravas y otros minerales no metálicos y, fuera de Guayana, ocho millones de toneladas de carbón y 20.000 de níquel.
Álvarez anunció que la ENM absorberá a la estatal Minerven, que produce ocho toneladas de oro al año y tiene proyectos por 300 millones de dólares, que se darán a conocer después que se discutan con el presidente Hugo Chávez, dijo una fuente del despacho de Álvarez.
Consultados por Tierramérica, representantes de firmas mineras canadienses, las más activas en el sector, dijeron confiar en que los recientes anuncios no afectarán sus contratos.
«No creo que eso (la nacionalización) sea bueno para el negocio minero», dijo el canadiense Stanley Sandner, quien vivió 25 años en Venezuela y preside la compañía Cadre Resources.
Sandner considera que la ocupación de minas ociosas «no tendrá mucho efecto sobre proyectos ya existentes o los que están iniciándose».
Cadre Resources invirtió tres millones de dólares en un proyecto para remover 160 millones de toneladas de roca y tierra en el bajo río Caroní, en parte con fines de recuperación ecológica y para extraer oro y titanio de arenas residuales.
El Caroní, que desemboca en el Orinoco y tiene una cuenca de 95.000 kilómetros cuadrados, es un portento hidroeléctrico, con un potencial de generar 25.000 megavatios, la mitad de los cuales ya aprovechan tres represas en su tramo bajo.
«En ninguna parte se dijo que Venezuela no honrará contratos con compañías internacionales de reputación y experiencia», señaló Todd Bruce, director ejecutivo de Crystallex en Canadá. «La compañía confía en que su contrato para desarrollar el proyecto Las Cristinas no será impactado por los recientes anuncios del presidente Chávez».
Fuentes de la también canadiense Mena Resources y su socia rusa Minería MS sostuvieron que confían tanto en el respeto de sus títulos como en las bondades de que el Estado venezolano se sumerja con ímpetu productivo en el negocio minero.
«Este país está cansado de que las señales de tranquilidad haya que enviárselas siempre al mercado», dijo Álvarez. «La minería apenas aporta 0,72 por ciento del producto bruto. Ahora queremos enviarle señales de tranquilidad a nuestro pueblo».
Pero en el frente ambiental hay aprensión, según María Eugenia Bustamante, de la organización no gubernamental Asociación de Amigos de la Gran Sabana (Amigransa), donde está el gigantesco parque nacional Canaima, que abarca gran parte de la cuenca del río Caroní y que contiene flora y fauna únicas y algunas de las formaciones orográficas más antiguas del planeta.
«Vimos con gran preocupación el incremento de la actividad minera en el sudeste, tanto de mineros artesanales que deforestan y contaminan como de compañías de mayor envergadura», dijo Bustamante a Tierramérica.
En la zona del Alto Caroní está prohibida la minería, y la viceministra de Ambiente, Nora Delgado, una de las directoras de la naciente ENM, dijo que un objetivo de su despacho es despejar progresivamente toda la cuenca de minería, pues allí actúan unos 70.000 mineros artesanales.
Amigransa demanda que se revoque medio centenar de concesiones en la cuenca del Caroní y que se concreten las ofertas de reconversión de los mineros hacia otras actividades productivas.
El gobierno lanzó un programa destinado a organizar a quienes dejen la minería en cooperativas agrícolas, turísticas y de construcción, entre otras, integradas como «empresas de producción social», concepto todavía difuso de integración entre empresa y comunidad.
Los que resten en la actividad minera «sostendrán con la ENM una relación que velará para que el minero tenga condiciones adecuadas de trabajo, use técnicas avanzadas, destinadas a aprovechar los recursos sin impactar negativamente el ambiente y sin arruinar la salud de los trabajadores», postuló Álvarez.
Pero aún si se despejase la cuenca del río Caroní, como propone Amigransa, al noreste de ésta, en Guayana, se encuentra la Sierra de Imataca, un territorio de 38.000 kilómetros cuadrados con 80 por ciento de bosques húmedos pero con un cinturón de rocas verdes que puede tener más de 8.000 toneladas de oro.
Desde 2003 el gobierno ha previsto autorizar la explotación minera en hasta 11 por ciento de ese territorio, y la colocación de las reservas bajo el mando de la ENM presagia una nueva confrontación con los ambientalistas, que ven amenazas sobre Imataca desde la actividad minera y la forestal, pues tiene una docena de especies madereras de gran demanda.
Varias veces en el último año indígenas del extremo noroeste del país protestaron contra concesiones para explotar carbón, entregadas a firmas europeas, estadounidenses y a la brasileña Compañía Vale do Rio Doce.
Durante el Foro Social Mundial realizado en enero en Caracas, dirigentes ambientalistas de varios países pidieron al gobierno de Chávez «reexaminar los megaplanes» para minas e hidrocarburos en «solidaridad con una Venezuela más sustentable».
* El autor es Corresponsal de IPS. Con aporte de Stephen Leahy, Canadá. Este artículo fue publicado originalmente el 11 de febrero por la red latinoamericana de Tierramérica.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=36592