María Jauregui o Gorka Landáburu recuerdan a Feijóo y otros dirigentes de la derecha que todos los gobiernos han aproximado a terroristas a cárceles próximas a sus casas para facilitar el derecho de las familias a visitarlos, mientras otras víctimas sí arremeten contra la decisión del Gobierno.
“Qué hipocresía”. Así ha reaccionado María Jáuregui, hija del exgobernador civil de Gipuzkoa Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA en el año 2000, a las críticas lanzadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la decisión de Instituciones Penitenciarias de acercar a varios presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi. La de Jáuregui no ha sido la única crítica de víctimas de la banda terrorista, desaparecida hace ya una década.
Otras personas que sufrieron la violencia de ETA también se han molestado por la reacción del líder del PP, quien ha acusado al Gobierno de acercar a presos que cumplen condena por actos terroristas a cambio del apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. “Bildu tenía toda la razón cuando dijo que Sánchez era su oportunidad. De mí no lo dirán”, tuiteó este miércoles Feijóo. A ese mensaje es al que replicó María Jáuregui también en la misma red social.
Los mensajes no se han dirigido solo contra Feijóo. También su número dos, Cuca Gamarra, los ha recibido. En este caso ha sido el periodista Gorka Landaburu. “Cuando acercaron a cárceles del País Vasco a los que intentaron asesinarme, les dije que no me alegraba por ellos pero sí por su familias. Ahora, mantengo lo dicho para Txapote y Parot. No hable en nombre de las víctimas de ETA, ha dejado escrito.
Landaburu se refiere así a su reacción cuando, en noviembre de 2020, el Gobierno aprobó el traslado a la prisión de Martutene de uno de los terroristas que participó en el envío del paquete bomba que le mutiló.
Otras víctimas sí han secundado las críticas al Gobierno de los de Feijóo. Es el caso de la exdiputada nacional del PP, hoy diputada en la Asamblea de Madrid del PP de Ayuso, Mari Mar Blanco. Entre los presos de ETA que serán trasladados en próximas fechas a Euskadi está el asesino de su hermano, Miguel Ángel Blanco.
No es la primera vez que declaraciones del PP provocan un cisma entre las víctimas de ETA. El pasado mes de julio, Feijóo invitó a las principales asociaciones de víctimas del terrorismo a una reunión en el Congreso coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática. El líder de la derecha recibió como respuesta el plantón de algunas de estas organizaciones, entre ellas las más representativas, y las críticas públicas de víctimas directas de la banda.
Entre otras, de la hermana del que fuera teniente de alcalde de Donosti, Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, quien lamentó el uso de la memoria antiterrorista para hacer política, especialmente contra una ley que tiene como objetivo, entre otras cosas, resarcir a los herederos de las víctimas de la dictadura franquista.
Esa misma semana de julio, durante el debate sobre el estado de la nación, Cuca Gamarra dedicó un tercio de su intervención precisamente a recordar a Miguel Ángel Blanco, a patrimonializar el llamado Espíritu de Ermua y a arremeter contra el Ejecutivo por su acuerdo parlamentario con Bildu.
Entonces, Feijóo dijo que desde el asesinato del concejal del PP en Ermua todos los partidos se comprometieron “a no dar beneficios penitenciarios a los presos de ETA”. Pero no es verdad. Los sucesivos gobiernos de José María Aznar acercaron presos terroristas con delitos de sangre a cárceles vascas después del secuestro y ejecución de Blanco, en 1997. También cuando Mariano Rajoy, el referente declarado del hoy líder del PP, estaba al frente del Ministerio del Interior, de quien depende Instituciones Penitenciarias.