Más de 1.300 personas recorrieron el sábado varias calles del centro de Madrid para exigir al Gobierno que los archivos públicos y, sobre todo, los de la Iglesia entreguen la documentación a los afectados por el robo de niños. Las asociaciones denunciaron también que las denuncias siguen archivadas y el Gobierno «no hace nada por […]
Más de 1.300 personas recorrieron el sábado varias calles del centro de Madrid para exigir al Gobierno que los archivos públicos y, sobre todo, los de la Iglesia entreguen la documentación a los afectados por el robo de niños. Las asociaciones denunciaron también que las denuncias siguen archivadas y el Gobierno «no hace nada por las víctimas».
La manifestación fue convocada por la Coordinadora X-24 que agrupa a gran parte de las asociaciones de afectados por el robo de niños, (Sos Bebés Robados de Euskadi, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Galicia, Andalucía y de otras comunidades, Alumbra, Bebés robados región de Murcia, Colectivo sin identidad de Canarias, Origens y Todos los niños robados son también mis niños) discurrió por varias calles del centro de Madrid con paradas en varios puntos de la ciudad con «un particular vía crucis» como el que sufren las víctimas con la justicia en el Estado español según señalaron los organizadores de la marcha.
En el comunicado esta federación de asociaciones de niños robados exige al Gobierno que «cumpla con su obligación de buscar a los niños desaparecidos de los hospitales y clínicas entre los años 1940 y 1990», ya que, según manifiestan estas organizaciones, hasta la fecha han sido «todo promesas» y la mayoría de las denuncias por robo de bebés están archivadas. Los afectados piden también «el acceso inmediato a todos los archivos públicos y privados que contengan información sobre los casos de los niños robados y que el tratamiento de los datos de las víctimas por el robo de niños se lleve a cabo con rigurosas medidas de seguridad«.
La protesta más numerosa de afectados por el robo de bebés
La manifestación que fue la más numerosa de las que se han realizado hasta la fecha, contó con la presencia de afectados del País Vasco, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Canarias, etc., partió frente de la Clínica La Milagrosa, en la calle Modesto Lafuente, donde también existen casos de niños robados. Tuvo parada después frente a la residencia de monjas de las Hermanas de la Caridad, en la calle Martínez Campos, donde vivía la monja María Gómez Valbuena, imputada por el robo de bebés en el caso de María Luisa Torres (1982), y que falleció en febrero pasado. Allí se recordó que la Coordinadora de afectados por el robo de bebés solicitó a la Fiscalía General del Estado la exhumación y autopsia de sor María y, de momento, sólo se les ha comunicado que se «pasaba la petición a la Fiscalía Provincial de Madrid». Algunas asociaciones piden pruebas sobre la muerte de María Gómez Valbuena, una de las cabecillas de la trama del robo de niños en todo el Estado.
Después, la marcha llegó a la calle San Bernardo y tuvo parada frente al Ministerio de Justicia donde se leyó un manifiesto. Soledad Luque, portavoz de la asociación Todos los Niños Robados son también mis Niños, en representación de la Coordinadora X-24, leyó un comunicado en el que exigió al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón que se abran los archivos públicos y de la Iglesia para conocer que pasó con los niños robados.
«Ahora el ministro de Justicia nos ofrece una oficina de información de donde saldrán todos esos papeles que siempre se nos han negado. Señor ministro, sinceramente nunca nos creímos el cuento de Aladino (…) debería explicar cómo es posible que ahora pueda aparecer una documentación que hasta hace poco nos hicieron creer que no existía», denunció Luque frente al ministerio, arropada por decenas de madres que buscan a sus hijos robados en las maternidades y que fueron engañadas por médicos, monjas y notarios que firmaron la defunción de sus hijos.
Sin datos sobre las denuncias de bebés robados
Luque exigió también que Gallardón «aclare cómo se gestiona esa oficina y por qué no se nos permite la supervisión y el control de esos documentos», señaló en referencia a una oficina de información dirigida a las víctimas y puesta en marcha en febrero aunque sin contar con la Coordinadora de asociaciones de bebés robados, tal y como prometió el ministro. La representante de la Coordinadora X-24 pidió además que el ministro responda a la petición de las asociaciones sobre el número de denuncias y su archivo: «Llevamos siete meses esperando saber el número de denuncias que se han presentado, cuántas han sido archivadas, cuántas diligencias hay abiertas, cuántos imputados por robo de niños hay en todo el país, cuántos ladrones de niños hay en la cárcel…», señaló Luque. La propia integrante de la coordinadora aclaró que no hay ningún persona en la cárcel por los más de 300.000 niños desaparecidos».
Muchos afectados se han visto obligados a acudir a la Justicia internacional, y se han sumado a la causa abierta en Argentina por la jueza María Servini que está investigando los crímenes del Franquismo, entre ellos el robo bebés. «La justicia se presenta como una necesidad imperiosa contra la impunidad. Deseamos una larga, larga vida a los que nos separaron mientras esperamos reparación», señaló Luque frente a la sede de Justicia.
De camino al Arzobispado
A continuación los manifestantes avanzaron por la calle San Bernardo hacia Santo Domingo y la calle Bailén. Muchas mujeres, madres de bebés robados, portaban carteles con el nombre de sus hijos e hijas desaparecidas, fotos, fecha de nacimiento y hospital y médicos presuntamente implicados en la desaparición de los bebés. También estaban presentes hermanos que buscan e hijos e hijas que esperan algún día conocer su identidad. Durante el recorrido los afectados gritaron frases como: «No están muertos, nos los han robado», «Dónde están nuestros hijos», «Dónde está la justicia», «Ni olvido, ni perdón. Justicia y reparación».
La marcha de los afectados por el robo de bebés concluyó frente a la sede del Arzobispado de Madrid, en la puerta de entrada a los archivos arzobispales, en la Catedral de la Almudena, donde se custodian «los datos de muchos niños robados que la Iglesia se niega a darnos», denunciaron los participantes.
Allí, el presidente de la Coordinadora de asociaciones de niños robados X-24, Francisco González de Tena leyó un comunicado en el que se insta al Gobierno a que «se abran los archivos eclesiásticos». El documento señala que la Iglesia no colabora en la reparación de estos hechos y que, además, se arrogó durante muchos años el derecho a decidir sobre los hijos de muchas familias en todo el Estado español. «Por caridad, por ayudar a que inocentes niños, hijos de familias identificadas como vulnerables, tuviesen el futuro que a la religiosa o al médico de turno les pareciera económica y moralmente más adecuado», señaló González de Tena en referencia a los cientos de bebés robados en el Estado español entre los años ’60 y ’90 en maternidades públicas y privadas. Además señaló que «es inadmisible la insensibilidad moral y la obstrucción a la justicia de la Iglesia».
En la manifestación estuvieron presentes también muchos afectados de otras asociaciones que no están integrados en esta federación de asociaciones, pero que quisieron apoyar la protesta. También estuvieron presentes representantes de La Comuna, Abuelas de Plaza de Mayo, Plataforma por la Impunidad del Franquismo, 15M, todos ellos integradas en la Red Aqua que lleva a cabo las denuncia por los crímenes del Franquismo en Argentina. Además otras organizaciones, como la Unión de Asociaciones Familiares y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas respaldaron también la convocatoria.
Uno de los abogados de las víctimas, Guillermo Peña, declaró a DIAGONAL que es muy probable que la Audiencia Provincial de Madrid se manifieste, en breve, a favor de la apertura del caso de María Luisa Torres, archivado tras la muerte de la monja María Gómez Valbuena, que fue imputada por el juez Adolfo Carretero. También estuvieron con las víctimas los abogados Carlos Slepoy y Ana Mesutti que están representando a decenas de familias de bebés robados en la causa abierta en Argentina contra los crímenes del Franquismo.
Una de las madres afectadas, Purificación Betegón, declaró a este periódico que a finales de este mes el juez del Juzgado 50 que instruye su caso podría llamar a declarar a más personas en relación con el robo de sus hijas gemelas, nacidas el 23 de febrero de 1981 en la maternidad de Santa Cristina de Madrid. Por este caso han sido imputados ya, a finales de abril, tres médicos, dos de ellos, José Zamarriego Crespo, ginecólogo que ha sido presidente del Colegio de médicos de Madrid hasta 1996, e Ignacio Villa Elizaga, se repiten en multitud de casos de bebés robados cuyas denuncias han sido, de momento, archivadas.