La justicia de Argentina enjuicia desde este martes a un policía que regenteaba un prostíbulo y a tres mujeres supuestamente cómplices. Pero organizaciones no gubernamentales señalan que dos de ellas son víctimas del proxeneta abandonadas por el Estado. En este país son frecuentes las denuncias de mujeres desaparecidas, que se sospecha caen en redes […]
La justicia de Argentina enjuicia desde este martes a un policía que regenteaba un prostíbulo y a tres mujeres supuestamente cómplices. Pero organizaciones no gubernamentales señalan que dos de ellas son víctimas del proxeneta abandonadas por el Estado.
En este país son frecuentes las denuncias de mujeres desaparecidas, que se sospecha caen en redes de traficantes dedicados a la explotación sexual. Según un informe del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos difundido el lunes, Argentina «no cumple con lo mínimo» para combatir este delito.
Washington aconseja a Buenos Aires sancionar una ley federal contra el tráfico de personas, que afecta sobre todo a mujeres y niños, incrementar esfuerzos para perseguir a los traficantes, capacitar a funcionarios judiciales y agentes policiales y trabajar con organizaciones no gubernamentales para crear conciencia sobre este crimen oculto.
La historia que se ventila desde este martes en los tribunales comenzó a fines de noviembre de 2004, cuando una adolescente de 15 años logró escapar de su cautiverio en un escondrijo cavado en los fondos de un local que funcionaba como cabaret cerca de la ciudad de Inriville, en la provincia de Córdoba, 800 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
La joven denunció haber sido privada de alimentos, drogada, golpeada, obligada a comer excrementos y a beber orina y sometida a violación anal con un palo. La pericia psicológica indicó que «padece un daño psicológico intenso» resultado de haber soportado «conductas perversas, abusivas y violentas reiteradas».
Por este caso y el de otras tres menores sometidas a similar explotación, la justicia acusó al ex policía Jorge González, propietario del cabaret, y a su concubina, Valeria Calderón, con los cargos de promoción a la prostitución, privación ilegítima de libertad, reducción a servidumbre, rufianería, tenencia de arma de guerra y encubrimiento.
Pero también fueron imputadas por los tres primeros delitos dos mujeres que habían sido privadas de su libertad cuando eran menores de edad y sometidas a toda clase de malos tratos por parte del proxeneta. Bajo amenazas, las acusadas eran compelidas a abusar de las nuevas víctimas.
La Red No a la Trata de mujeres, una articulación de entidades gubernamentales y no gubernamentales que trabaja para combatir este delito, pidió la suspensión del proceso contra estas dos mujeres, Vanesa Payero y Betiana Zapata, hoy de 21 años, que están detenidas desde que tenían 19 y 20, respectivamente.
Las imputadas no niegan su participación en los abusos contra menores, pero alegan que si se resistían a practicarlos, la violencia se volvía contra ellas. Sus historias personales revelan una trayectoria de víctimas del negocio de la explotación sexual forzada.
Según la psicóloga social Adriana Domínguez, integrante de la Red, Payero fue vendida cuando tenía 13 años, y Zapata cuando tenía sólo nueve. Ambas fueron violadas y torturadas (quemadas con agua hirviendo y cigarrillos, castigadas con latigazos) para obligarlas a prostituirse. Se las redujo a la esclavitud, sin alimentos ni contacto con el exterior.
Domínguez denunció que Payero fue violada por González, quedó embarazada y luego fue obligada a abortar. Zapata quedó encinta de otro proxeneta cuando tenía 13 años y, tras sortear abusos de todo tipo, parió una niña que fue asesinada por sus captores poco después de nacer.
«Me pegaron, pero me dejaron enterrarla. Yo los denuncié, pero nunca me llamaron para declarar», relató Zapata al diario de Córdoba La Voz del Interior, en una entrevista realizada en 2005 desde la prisión de la ciudad cordobesa de Villa María. «No conocí la infancia. Jamás tuve un juguete», dijo la joven.
La Red No a la Trata responsabilizó al Estado «por ausente (ante) de estos abusos, y por no juzgar a los verdaderos responsables de los delitos». «El Estado no estuvo cuando estas menores fueron secuestradas, abusadas y trasladadas como ganado», y sin embargo «aparece para juzgarlas», afirmó la entidad.
Domínguez dijo a IPS que Payero y Zapata ni siquiera tuvieron derecho a la defensa. Una abogada honoraria debía responder por ellas por falta de defensor de oficio. Pero la letrada sólo las entrevistó una vez en casi dos años.
Llegado el momento del proceso, las imputadas conocieron a un nuevo abogado, el recién nombrado Carlos Figueroa.
Este explicó a IPS que sus defendidas no habían contado con defensor oficial porque el único en la localidad debía representar «a las víctimas», las mujeres por cuyo testimonio se logró la detención de González y de sus supuestas cómplices.
Por eso, la justicia nombró a la representante voluntaria que casi no tomó contacto con las acusadas. Desde hace un mes, Figueroa es el defensor, pero sólo vio a Payero y Zapata una vez. «Vamos a ver cómo voy a armar la defensa», declaró con el proceso ya comenzado, y se negó a adelantar cuál sería su estrategia.