El pasado 29 de marzo el presidente de México, Felipe Calderón, inauguraba en acto solemne la segunda parte del proyecto eólico La Venta, situado en la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec. Mientras declaraba que se debían desterrar «problemas como la corrupción, la impunidad, el abuso; problemas como el odio y la violencia entre hermanos», […]
El pasado 29 de marzo el presidente de México, Felipe Calderón, inauguraba en acto solemne la segunda parte del proyecto eólico La Venta, situado en la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec. Mientras declaraba que se debían desterrar «problemas como la corrupción, la impunidad, el abuso; problemas como el odio y la violencia entre hermanos», un operativo militar y policial de 2000 efectivos resguardaban las inversiones de las trasnacionales realizadas sobre el despojo de las tierras de los indígenas y campesinos de la región.
Ya días antes, el 3 de marzo, había mostrado el gobierno federal cuales son los métodos que utilizarán para esa «pacificación» cuando 360 efectivos de la Policía Federal Preventiva desalojaron a los ejidatarios de la Colonia 3 de abril, afectada por La Venta II, que mostraban su descontento y su rechazo ante un plan que les ha llevado a perder sus tierras a cambio de sumas de dinero irrisorias y que permitirán a trasnacionales extranjeras como Iberdrola, Gamesa o Endesa embolsarse cantidades multimillonarias.
El proyecto de La Venta forma parte del Plan Puebla Panamá (PPP), el cual busca, a través de préstamos con entidades internacionales como el BID y el BM, crear las infraestructuras necesarias para atraer la inversión extranjera en el contexto de la liberalización de la economía propia de los Tratados de Libre Comercio. En el caso del ámbito energético, La Venta alimentará en territorio mexicano al Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central (SIEPAC), que une Panamá con Guatemala y que a través de México llevará energía al mercado estadounidense. Paralelamente, a pesar de que los diferentes proyectos son vendidos como promesas que permitirán al pueblo tener un acceso mejor y más barato a la energía, ésta, sin embargo, irá a parar además de al mercado internacional, a abastecer a los proyectos empresariales extranjeros como por ejemplo la industria maquiladora.
La militarización es una constante asociada a los grandes proyectos empresariales en América Latina, y una de las bases sobre las que Calderón está basando su mandato. La necesidad de dar garantías de estabilidad a las inversiones y a un mismo tiempo, de acallar los estallidos sociales producto del despojo al que se están viendo sometidos los pueblos afectados, van unidos, junto a un discurso que apela a la paz y al progreso, a una represión e intimidación al que los gobiernos federal de México y estatal de Oaxaca, bien acostumbrados a esta forma de actuar, no son ajenos. Para Alejo Girón, representante del Grupo Solidario La Venta, «ellos mandan el ejército como intimidación y para que la gente se vaya acostumbrando a que vamos a tener el ejército aquí, y van a resguardar todo esto».
La presencia policial y militar en el Istmo ha crecido a la par que se generalizaba la repulsa frente a los manejos de las diferentes instituciones en contra de los ejidatarios, producto de la cual recientemente se ha creado el Frente Regional de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Comisariado Ejidal de La Venta, promovieron asambleas fantasma en las que se aprobó la participación en el proyecto de La Venta II sin la presencia de la mayoría de los afectados, que no conocían de la celebración de tales asambleas, y en cuyas actas incluso aparecieron firmas falsificadas. Una decisión que pasaba por la firma de contratos de los que los ejidatarios ni tienen derecho a lectura previa a la firma, ni copia del mismo, y cuyas cláusulas han ido modificándose unilateralmente, sin el conocimiento por parte de los afectados de cuáles son las nuevas condiciones contractuales.
Tanto estas prácticas como la falta de información acerca de los impactos ambientales, sociales y culturales, violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, según el cual se debe respetar la libre determinación de los pueblos «en lo que atañe el proceso de desarrollo en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural» (Art. 7)
Según los datos que proporciona el Frente, cada ejidatario recibió $ 1.400 anuales si en sus terrenos se construyó un aerogenerador. Sin embargo los ejidatarios, a la hora de arrendar sus tierras, no fueron informados de si se les pagaría por uso de suelo (para la construcción del aerogenerador) o tan sólo por derecho de viento, en cuyo caso reciben $ 300. Las cantidades a percibir antes de la puesta en marcha del proyecto son todavía más miserables: entre $ 10 y 20 anuales por Ha cuando el intermediario entre los ejidatarios y la empresa recibiría 7 millones de pesos por un total de 200 Ha. Por resumir: de los más de 20 millones de dólares que generará La Venta II, menos de 300.000 dólares serán destinados al arrendamiento de las tierras ejidales. Cifras que, según informaba Juan Betanzos en la Asamblea del Frente celebrada el pasado día 31 de marzo en Sto. Domingo Ingenio, contrastan con las que se dan en el extranjero en donde entre el 4 y el 5% del valor de la energía generada va a parar a los dueños de las tierras en donde se ubican los proyectos eólicos, llegando a pagar hasta $ 35.0000 anuales por cada aerogenerador.
Un despojo que tratará de continuar con La Venta III y que tiene en perspectiva llegar a instalar un total de entre 3.000 y 5.000 aerogeneradores en una de las regiones de paso de aves migratorias más importante del mundo. Las repercusiones que la radioactividad que generan los aerogeneradores podrían tener en la población, las inundaciones producto del cambio en el curso de los riachuelos, pero también los cambios forzados en los modos de vida e incluso la desaparición de poblaciones, parecen dibujar un contexto bien diferente al que Felipe Calderón, en su llamado a la hermandad y al respeto mutuo, proclamaba en la inauguración de La Venta II.