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Los sindicatos denuncian la “guerra sucia” empresarial y un Decreto del Gobierno que supone un “ERE encubierto”

Vientos neoliberales amenazan la estiba

Fuentes: Rebelión

«La huelga encubierta de los estibadores ya ha hecho perder 32 millones al Puerto (de Valencia)», titulaba el 28 de febrero a cinco columnas en su portada Las Provincias. «El recinto valenciano es el único de España donde los trabajadores ralentizan la actividad, lo que ha provocado el desvío de 17 buques», añadía. La portada […]

«La huelga encubierta de los estibadores ya ha hecho perder 32 millones al Puerto (de Valencia)», titulaba el 28 de febrero a cinco columnas en su portada Las Provincias. «El recinto valenciano es el único de España donde los trabajadores ralentizan la actividad, lo que ha provocado el desvío de 17 buques», añadía. La portada del diario Levante el uno de marzo también destacaba la amenaza: «Ford, la cerámica y la distribución buscan otros puertos por el paro». El ABC se hizo eco del desvío de los 17 barcos el 27 de febrero, y calculaba las pérdidas diarias en 2,5 millones de euros. Además, ante el anuncio de paros en el sector de la estiba, el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mencionó el «riesgo cierto» de que los puertos españoles perdieran definitivamente una parte de su actividad, por la desviación de cargas producida. Arrojó más cizaña a la hoguera alarmista el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, quien apeló en Levante TV a la necesidad de un Plan B, que podría consistir en la intervención del ejército, como en la huelga de controladores aéreos de 2010. La primera batalla de una guerra es la propagandística…

Los trabajadores de la estiba han hecho circular por las redes sociales un audiovisual de cinco minutos, titulado «Cóctel de medidas para acabar con las luchas laborales en un sector». La mezcla se compone de los siguiente ingredientes: un colectivo de un sector estratégico que no haya sucumbido en los últimos años a las embestidas y «contrarreformas» laborales, y al que se le señalará como «privilegiado» (elevados salarios, corporativismo, vacaciones desmesuradas…); utilización de mensajes unidireccionales y difusión de cifras interesadas, como las que apunta un informe de la consultora PwC -una de las cuatro principales del mundo, encargada de auditar al Banco Santander o Telefónica- contratado por la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (la patronal de las principales concesionarias de terminales). El documento ensalza los efectos de la «liberalización» del sector de la estiba: más de 18.000 nuevos empleos y un aumento medio del PIB en 2.400 millones de euros anuales. El guión oficial sigue las pautas de otros conflictos y grandes «eventos». Contra esta versión, el vídeo difundido por los trabajadores critica que se esté confundiendo los costes globales de la estiba con el salario de los obreros, pues para realizar el cálculo tendrían que añadirse capítulos como beneficios empresariales, gastos de mantenimiento o amortización de concesiones. «Lo llaman democratizar la estiba, cuando se la quieren cargar».

Los antecedentes inmediatos del conflicto remiten a diciembre de 2014, cuando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establecía que el Estado español estaba incumpliendo el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El alto tribunal se refería a las condiciones que debían observar las empresas de otros países que quisieran dedicarse a la manipulación de mercancías en los puertos españoles. En concreto, la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), participar en el capital de ésta y tener que contratar -con carácter prioritario- a trabajadores de la SAGEP. En la resolución judicial y la sanción acumulada de 21,5 millones de euros que podría incrementarse, se basó el Gobierno de Rajoy para aprobar un Real Decreto-Ley el 24 de febrero que desregula y privatiza el sector. El ejecutivo promete, tras un periodo de adaptación de tres años, «libertad de empresa» (no será necesario que las empresas estibadoras participen en el capital de la SAGEP) y «libertad de contratación» de trabajadores. El principal escollo para el Gobierno es la convalidación parlamentaria del Decreto, para lo que dispone del plazo de un mes. El PSOE y Podemos ya han anunciado el voto negativo.

Ante la llamada «liberalización», la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar -mayoritario en el sector-, UGT, Comisiones Obreras, CIG y CGT han convocado a la huelga a los 6.200 estibadores de la SAGEP. Los sindicatos han anunciado nueve días de huelga (durante la mitad de la jornada laboral) entre el 6 y el 25 de marzo contra un decreto que califican de «ERE encubierto». Aseguran que no sólo convertirá contratos indefinidos en temporales, sino que ensanchará el camino a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), las subcontrataciones, la precariedad y la falta de formación profesional. También por ello el 21 de febrero delegaciones de estibadores de todo el mundo se reunieron en Algeciras para apoyar a los compañeros del estado español. Una semana después el coordinador del Consejo Internacional de Trabajadores (IDC), Jordi Aragunde, informó de que continuarían las acciones de solidaridad el 10 de marzo, con un paro de tres horas en todos los puertos europeos y de una hora en los del resto del mundo. Además, la IDC señaló que durante las jornadas de huelga en España los puertos de los países más próximos no se convertirán en una «alternativa». Se trata, en concreto, de los puertos de Marsella-Fos, Lisboa y Tánger. Otra medida de presión comunicada es el abandono por parte de la IDC de la Mesa de Diálogo Social con la Comisión Europea.

El aluvión de propaganda interesada no repara en la especialización y complejidad del trabajo de estibador (la Real Academia Española lo define como la carga y descarga de un buque así como la distribución adecuada de los pesos en el barco). «Sólo te das cuenta cuando llevas una década en el puerto y asciendes de categoría, después de tres meses de formación específica y toda la experiencia laboral previa», afirma Rafael Beses, estibador de 53 años y delegado de CGT en la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Valencia (SEVASA). Trabaja de controlador de mercancías-clasificador, una de las categorías profesionales además de estiba, manipulador de medios mecánicos; capataces y sobordistas. «La mercancía ha de estar perfectamente ordenada y tiene que dejarse constancia documental e informática de cada contenedor», explica. Da la orden a manipuladores, maquinaria y conductores para que sepan la mercadería que han de coger, dónde llevarla y el orden que ha de seguir en el buque. ¿Qué opina de titulares como «Los estibadores dejan el puerto de Valencia al borde del colapso»? «Hay una guerra sucia empresarial que se mantiene durante años para desprestigiar al colectivo y destruir el sector», sostiene Beses, con 15 años de antigüedad en la estiba. «La noticia es totalmente falsa, los periódicos copian directamente sus comunicados».

El sindicalista destaca que, pese a las «distorsiones de la realidad», el sector rinde a las empresas pingües beneficios. A grandes rasgos, resume el conflicto actual como la alianza entre grandes fondos de inversión y el Gobierno del PP para desregular la carga y descarga de mercaderías. Señala a compañías como JP Morgan -«y sus diferentes tentáculos»-, pero sobre todo a la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), constituida en 2013 por empresas dedicadas a la explotación de concesiones portuarias para la estiba y desestiba. Integran la plataforma Boluda, Ership, Algeposa, Bergé, Grup TCB, Noatum, Grupo Toro y Betolaza, Grupo Nogar, Sitasa, OHL Concesiones, Erhardt, APM Terminals y Marítima Davila.

El 10 de noviembre de 2004 se jubiló Paco Mora, después de trabajar 36 años en la estiba y descarga de carbón en el Puerto de Barcelona. Vivió las huelgas de la década de los 80. «Fueron muy duras, pero en el fondo los gobiernos de UCD y del PSOE pretendían lo mismo que el del PP, la desregulación del sector». El exestibador observa, sin embargo, una diferencia: «Antes se trataba de empresarios, hoy son fondos de inversión, y estos resultan mucho más peligrosos». Resume la estrategia del Ministerio de Fomento en sólo cuatro palabras: dejar pasar el tiempo; con la idea de obtener respaldo parlamentario al Decreto-Ley. «Un solo día de huelga puede causar pérdidas millonarias, pero la paciencia de los estibadores tiene un límite: son ellos los que fuerzan la huelga», explica. Sobre el valor estratégico de los puertos se ha insistido en las últimas fechas. Según fuentes oficiales, por los puertos del estado español pasan el 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones españolas. En agosto de 2013 Puertos del Estado informaba de que cinco puertos -Valencia, Bahía de Algeciras, Barcelona, Las Palmas y Bilbao- se hallaban entre los 125 principales del mundo.

«Se habla de liberalizar el sector por las exigencias de la UE, pero mientras a las empresas se les otorgan concesiones larguísimas -hasta 75 años-, a nosotros nos quieren ‘desregular’ en tres», critica J. B., de 56 años y once de experiencia como clasificador en el Puerto de Valencia. La estiba ya resulta empresarialmente muy rentable, por lo que tal vez la iniciativa del Gobierno apunte todavía más lejos: «Allanar el camino para hacer los puertos ‘vendibles’, siguiendo el modelo de El Pireo y Tesalónica, por los que ha apostado la naviera estatal china Cosco». Son muchos los frentes abiertos, y muy duras las acometidas del sector empresarial. Paco Mora tiene un hijo de 40 años que trabaja desde hace 15 en la estiba de Barcelona. Casos como el suyo son vistos como «carnaza» por algunos periodistas. «Pero de los 1.800 que somos en Valencia, al menos la mitad no tenemos vínculos familiares», matiza Rafael Beses; se critica que padres e hijos trabajen en la estiba «pero en cambio no se habla de la mortalidad ni de los accidentes laborales en el tajo».

Agrega otros argumentos Pascual Benaja, capataz de operaciones durante 15 años en el Puerto de Valencia: «Los salarios son fruto de la negociación de un convenio y del libre acuerdo entre las partes». También han de tenerse en cuenta los beneficios que la mano de obra cualificada genera a las empresas y «el tener que estar totalmente disponibles las 24 horas del día durante los 365 días del año». «Los ingresos están relacionados con la disponibilidad», añade. Asimismo se mencionan de manera aviesa -para referirse a supuestos «privilegios»- los salarios más elevados y en bruto. En cuanto al trabajo en la estiba, depende de la demanda que exista en cada momento y además se trabaja «a destajo» (una parte del jornal es fijo y la parte restante se vincula a la productividad). Este estibador de 52 años afirma que en el Puerto de Valencia «han empezado a tomarse represalias; de hecho, más de 50 capataces hemos recibido en las últimas fechas notificaciones de sanción». ¿A qué motivos responde el acoso de los empresarios? «Es un arma de provocación, quieren dar la sensación de que en la estiba están sucediendo cosas ‘anómalas'».

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.