La ONG reclama medidas efectivas y un mayor control en su cumplimiento, además de la prohibición de los proyectos gasísticos, los pozos ilegales o controlar a los agricultores que, furtivamente, utilizan las aguas del complejo natural para regar sus plantaciones. WWF ha denunciado ante la UNESCO el doble discurso de España respecto a la protección […]
La ONG reclama medidas efectivas y un mayor control en su cumplimiento, además de la prohibición de los proyectos gasísticos, los pozos ilegales o controlar a los agricultores que, furtivamente, utilizan las aguas del complejo natural para regar sus plantaciones.
WWF ha denunciado ante la UNESCO el doble discurso de España respecto a la protección de Doñana e insta al organismo multilateral que responsabilice a España por maltratar este enclave con actuaciones como la sobrexplotación del acuífero, los proyectos gasísticos y mineros o el dragado del río Guadalquivir que «amenazan» el espacio natural.
La ONG acusa al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Junta de Andalucía de no cumplir las recomendaciones de la UNESCO a quienes transmiten «declaraciones de intenciones que luego son desmentidas por las acciones de ambas administraciones».
El 1 de diciembre España entregó a la UNESCO un informe con los pasos adoptados a favor de la conservación de Doñana mientras WWF asegura que las exigencias del organismo «no solo se han incumplido, sino que España ha transmitido únicamente declaraciones de intenciones que podrían cambiar en vista de los nuevos escenarios políticos posibles».
Respecto al dragado del Guadalquivir, la ONG advierte de que aunque España haya dicho a la UNESCO que no lo realizará y que lo excluirá del próximo plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir, al mismo tiempo se opone a retirarlo del plan vigente.
La ONG denunció el plan al Tribunal Supremo y recuerda que los escritos de oposición del Ministerio de Transición Ecológica y de la Autoridad Portuaria, coetáneos a los informes enviados a la UNESCO en 2017 por España, defendía el dragado y su inclusión en el plan hidrológico actual.
Para WWF, si España quiere demostrar que no va realizar el dragado del Guadalquivir, debe llevar a cabo acciones verificables desde el punto de vista legal, como anular el proyecto de dragado mediante la correspondiente resolución administrativa.
Sobre la gestión del agua y la situación del acuífero, afirma que el Parque Nacional de Doñana, que es patrimonio de la humanidad y humedal de importancia internacional, lleva décadas soportando la proliferación de cientos de pozos ilegales y hectáreas regadas sin permiso que le están llevando al colapso. Esto se refleja en la falta de agua en ríos y arroyos que nutren al espacio natural.
WWF añade que el acuífero tiene una situación peor que en 1995 y la superficie de regadío sigue creciendo sin control del volumen de agua usado por los agricultores. La ONG denuncia también que el Congreso de los Diputados está promoviendo una nueva ley que permite aumentar el regadío con la ampliación de un trasvase de 4,99 a 19,99 hectómetros cúbicos.
Si bien, la ONG calcula que si los agricultores se limitasen a regar con los volúmenes autorizados en sus concesiones y se cerrasen las fincas ilegales que no dejan de proliferar en la zona, no haría falta ampliar el trasvase y se ahorraría en infraestructuras al tiempo que se recuperaría el acuífero en un plazo mucho menor.
El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, cree que ya es hora de actuar, de cerrar fincas y pozos ilegales y no crear «falsas expectativas» a los regantes ilegales que provocan un daño a Doñana y al resto del sector agrícola».
«No podemos caer en errores de la vieja política de aguas con más presas y trasvases, hay que apostar por el cumplimiento de la legalidad en un estado de derecho», añade Del Olmo que opina que la UNESCO debe hacer «responsable» a España por maltratar el patrimonio común y devolver la gestión de Doñana al camino correcto.
De este modo, pide a la UNESCO que exija hechos «concretos y verificables y no meras declaraciones de intenciones» que no comprometen a España y que pueden ser modificadas en función del escenario político.
«Estamos a tiempo de preservar la asombrosa biodiversidad de Doñana y todos los beneficios que supone para la zona y para toda la humanidad, pero sólo si actuamos de una vez por todas ante su degradación», ha concluido.