Cuando hablamos de inmigración habría que hacer un ejercicio previo que no siempre estamos dispuestos a realizar. Tendríamos que ser consciente de que el término neutro de inmigrante encubre, en realidad, a quien cuida de nuestras casas, a quienes vigilan durante gran parte del día a nuestros mayores y a quienes dan de comer la […]
Cuando hablamos de inmigración habría que hacer un ejercicio previo que no siempre estamos dispuestos a realizar. Tendríamos que ser consciente de que el término neutro de inmigrante encubre, en realidad, a quien cuida de nuestras casas, a quienes vigilan durante gran parte del día a nuestros mayores y a quienes dan de comer la mayoría de las veces a nuestros hijos. Los inmigrantes son los que recogen los cultivos de nuestros campos en las condiciones más adversas, los que limpian nuestras calles en las horas intempestivas, quienes atienden nuestro ocio en los bares. Inmigrantes son los que hacen el trabajo barato que no queremos nosotros, pero que es realmente imprescindible para que podamos vivir como vivimos. Dicho de otra manera, los inmigrantes son ahora lo que hace unos años eran nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros familiares y amigos en Francia, en Alemania o en Suecia. Los inmigrantes, son también nosotros.
En España hay hoy día un hecho incuestionable. A pesar de los tratamientos de choque que se han dado en años anteriores lo cierto es que se ha creado una bolsa de inmigrantes irregulares insostenible, moral y económicamente. Las estimaciones más fiables dan una cifra de entre 800.000 y 1.000.000 de extranjeros en esta situación. Al finalizar la anterior legislatura había alrededor de 2,5 millones de inmigrantes empadronados (un número que lógicamente no refleja el total existente en nuestro país) y de ellos menos de medio millón están dados de alta en la Seguridad Social. Además, hay cientos de miles de expedientes administrativos paralizados que agudizan el problema y crean zozobra humana y social de manera innecesaria.
Cuando se drogó a docenas de inmigrantes para expulsarlos del país, José María Aznar afirmó con su deje habitual que «teníamos un problema y lo hemos resuelto» (24-07-1996). Una frase y una actitud definitoria de un carácter pero que denota para qué poca cosa ha sido ágil y lo poco que en realidad ha resuelto la política inmigratoria de los últimos años.
En mi opinión, actualmente es necesario una combinación de principios y de buenas prácticas en la gestión que permitan ir abordando el asunto de otra manera, mucho más eficiente, más justa socialmente y humanamente menos dañina.
La primera cuestión de principios se refiere a que es imprescindible asumir que quien trabaja y vive en España tiene derecho a ser como todos nosotros. La inmigración es el flujo que ha dado lugar prácticamente a todas las naciones del globo. No hay una que no sea un crisol, una mezcla, un mosaico de culturas, una avenida plural de gentes de todo tipo. La inmigración enriquece y nos ennoblece, nos hace cosmopolitas y responde a la inevitable dimensión global que han de tener los fenómenos en un planeta como el nuestro. Eso quiere decir que los inmigrantes tienen tanto derecho a la ciudadanía como cualquiera de los que no lo somos. Por ahí hay que empezar, guste o no guste.
Los dirigentes del Partido Popular dicen que la propuesta del PSOE tendrá un «efecto letal» porque «aquí nos cabemos todos» (Ignacio González, vicepresidente primero de la comunidad de Madrid) o que «nos estamos jugando el futuro», porque los inmigrantes querrán tener «los mismos derechos que cualquier español, con lo cual demandarán no sólo vivienda, sino protección social y agrupar a sus familiares» (Ángeles Muñoz, diputada y portavoz del PP en materia de inmigración).
Con declaraciones como estas el Partido Popular muestra que en nuestro país no ha calado aún uno de los principios esenciales del republicanismo moderno. Algo que no tiene que ver con que haya o no testas coronadas sino con la premisa democrática básica que obliga a que la ciudadanía se extienda a todas las personas por igual.
¡Claro que los inmigrantes querrán derechos sociales! Y todos nosotros tenemos la obligación de proporcionárselos, como hemos de proporcionarlos igualmente a los nacionales. Ya sabemos que eso cuesta dinero pero sabemos también cómo se puede financiar: con la contribución democrática y solidaria de todos los ciudadanos.
Lo que está ocurriendo es que el Partido Popular y los sectores liberales del PSOE están instalados en la idea de que es mejor ir erradicando esa práctica de reparto para sustituirla por la idea liberal de que cada cuál se las componga como pueda y así aliviar el ya de por sí leve peso que soportan los más ricos. Precisamente se acaba de conocer esta semana un estudio del Instituto de Estudios Fiscales que concluye que «la reforma fiscal que el anterior Gobierno introdujo en 2003 favoreció especialmente a los perceptores de rentas del capital, entre ellos, los arrendadores de pisos».
Si los gobiernos actúan de esa forma, en lugar de procurar que haya cada vez más justicia social, es evidente que tendrán razón quienes dicen que no se podrá financiar la educación, las pensiones o la sanidad para todos. Actuando así será imposible que los inmigrantes tengan los mismos derechos que los demás ciudadanos. Pero que nadie se engañe. Así, irán desapareciendo los derechos para todos, y no sólo para los inmigrantes.
La segunda cuestión de principios es que hay que entender que la inmigración es el resultado dramático del empobrecimiento que los ricos generan en los países de la periferia. Nadie deja su país y sus orígenes por gusto. Y es un completo absurdo creer que podremos dar respuestas adecuadas a los flujos migratorios cuando se adoptan políticas que llevan consigo cada vez más pobreza y exclusión social. También esta semana se acaba de publicar que, un año consecutivo más, en Estados Unidos aumenta el número de pobres. Si eso ocurre en el país más rico del mundo, si esas son las consecuencias de la política de Bush para sus propios compatriotas, ¿cuáles no serán sus efectos en otros lugares del mundo?
Por eso es imprescindible que España contribuya más decisivamente a que se reduzcan la pobreza y la desigualdad en el mundo. Desde que la ayuda internacional al desarrollo española empezara a bajar con los últimos gobiernos del Felipe González no se ha recuperado aún el nivel de 1992. Y sólo el 15% de la que prestamos tiene carácter humanitario. La destinada al África Subsahariana, donde están los más pobres y muchos de los que vendrán aquí, disminuye constantemente. Aumenta, por el contrario, la vinculada a ayudas militares y comerciales.
Finalmente, no se puede olvidar que regular la inmigración requiere un tratamiento aquí y en los países de origen. Se trata de un asunto que hay que co-gestionar, estableciendo cooperación eficaz a la hora de establecer contingentes, intercambios temporales, etc.
Claro que para ello son imprescindibles acuerdos internacionales que precisan que la atención de las grandes potencias esté más orientada a la justicia y a la solidaridad que al comercio y a la guerra.