Fue el día 24 de enero de 1977, en Madrid, cuando en el despacho de abogados laboristas de Comisiones Obreras, un grupo de terroristas fascistas asaltaron la sede en la calle de Atocha número 55.
Asesinaron a cinco personas y dejaron gravemente heridas a otras cuatro. La dictadura franquista seguía viva y no iba a consentir que la democracia se estableciera en España.
Lo ocurrido fue una operación diseñada desde los despachos del régimen franquista, representantes de lo más granado de la ultraderecha, para sembrar el terror entre los luchadores contra el franquismo y por las libertades. La provocación y el odio de los asesinos contra la democracia que empezaba a florecer, cercenaron la vida de unos abogados laboralistas comprometidos con la justicia social. Franco había muerto en 1975 y las nuevas autoridades, parecía que querían poner fin a la dictadura de forma controlada. Se incrementaron las movilizaciones y la voz del pueblo empezó a escucharse por las calles.
En la matanza de Atocha, los abogados asesinados fueron: Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira y Javier Sauquillo. También mataron al estudiante de Derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.
Tras la dimisión de Arias Navarro, es nombrado presidente del Gobierno Adolfo Suárez, quien entiende que la solución a la situación que vive el país −aislada de Europa y de los países democráticos− pasa por la apertura. Se convoca un referéndum para el 15 de diciembre de 1976 con la pregunta: ¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?, el 77,8% del pueblo censado acudió a votar y el 94,17% de los votantes dijo Sí. Con este resultado, se promulgó la Ley para la reforma política de 4 de enero de 1977. La democracia, en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo, enunciaba su artículo 1. También se establecía que la potestad de elaborar y aprobar las leyes residía en las Cortes.
Mostrada la voluntad a favor de la democracia, dio comienzo la campaña organizada de terror, de desestabilización, de caos y desorden por parte de la ultraderecha, para provocar una intervención militar y un golpe de Estado, como así ocurrió el 23F de 1981 y algún que otro intento más. Cuarenta días después de la celebración del referéndum, los fascistas perpetraron la matanza de Atocha.
Los terroristas llamaron al timbre del despacho entre las 22:30 y 22:45; buscaban al dirigente comunista Joaquín Navarro, secretario general del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid, convocante de unas huelgas, que de alguna forma desarticularon a la cúpula franquista del transporte. Al no encontrarlo en el despacho, decidieron matar a los presentes. Eran dos jóvenes con armas de fuego con quienes iba una tercera persona, encargada de cortar los cables del teléfono y registrar los despachos. Una de las abogadas del bufete, Manuela Carmena (quién después fuera alcaldesa de Madrid), logró evitar el atentado porque Benavides le había pedido su despacho para una reunión.
Unos días antes, habían asesinado al estudiante Arturo Ruiz, en el transcurso de una manifestación, convocada a favor de amnistía para los presos políticos. También fue asesinada por la policía Mariluz Nájera, por un bote de humo lanzado a corta distancia que le impactó en la frente. Por la mañana del día 24, conocíamos el secuestro del Teniente general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, por los GRAPO. En aquella fecha, también llevaba secuestrado desde hacía dos meses, José María de Oriol, Presidente del Consejo de Estado. Toda una escalada de tensión provocada, hasta llegar a la noche sangrienta del lunes 24 de enero.
El Tribunal dictó sentencia el 5 de marzo de 1980, considerando que los procesados Francisco Albadalejo (secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FE de las JONS), José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez constituían un grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconformes con el cambio institucional que se estaba operando en España. Se condenó a Fernández Cerrá y García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de 73 años. Fue un juicio que se hizo al franquismo y el primero en el que se condenó a franquistas, por delito de asesinato y no terrorismo.
Al entierro de las víctimas de la matanza de Atocha asistimos más de cien mil personas. Fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del dictador Franco, y transcurrió en silencio y sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en todo el país, además de un paro nacional el día después del atentado. En estas muestras de fuerza se dio la paradoja de que las fuerzas de seguridad protegieron a los miembros de un partido todavía ilegal, contribuyendo en buena medida para la legalización del PCE.
La matanza de Atocha es el momento más grave de los distintos sucesos violentos que se fueron sucediendo, poniendo en peligro un cambio político y social en el país, con atentados de ETA, el GRAPO y de otras organizaciones, como el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). En junio se convocan las primeras elecciones generales democráticas posteriores a la dictadura franquista, en un ambiente de gran efervescencia o inquietud social.
Quedan dudas de si no habría alguien con una mayor responsabilidad en los atentados, si era un crimen de Estado en plena Transición. El juez de la Audiencia Nacional, Rafael Gómez-Chaparro, se negó a investigar más allá de los encausados. La fuga antes del juicio de Lerdo de Tejada, que continúa en paradero desconocido a pesar de que su delito prescribió en 1997, durante un extraño permiso penitenciario por Semana Santa que el juez Gómez-Chaparro le concedió en abril de 1979, contribuyó a profundizar estas dudas que han perdurado hasta la actualidad. El juicio de los asesinos de Atocha, la mayoría de los criminales próximos a Falange Española, fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada.
El periódico italiano Il Messaggero publicó en marzo de 1984 que neofascistas italianos habían participado en la matanza, tesis que fue respaldada en 1990, cuando un informe oficial italiano relató que Carlo Cicuttini, un neofascista italiano próximo a la organización Gladio, una red clandestina anticomunista dirigida por la CIA, había participado en la matanza.
Los abogados, el estudiante y el administrativo fueron asesinados, en una matanza que dejó a cuatro personas más heridas, supuso uno de los puntos de inflexión de la transición política, que estuvo marcada por la violencia descontrolada de militantes de partidos de extrema derecha y distintos elementos de lo que hoy se llaman cloacas policiales y entonces se llamaban simplemente cuerpos policiales. Durante el proceso, llamó la atención la presencia de agentes de paisano dando apoyo a los acusados.
Cuarenta y siete años después de la matanza, en la plaza de Antón Martín, muy cerca de Atocha 55, El Abrazo, una escultura en bronce del pintor valenciano Juan Genovés recuerda a los jóvenes abogados laboralistas asesinados.
En recuerdo y homenaje a aquellos abogados que dieron su vida por sus ideales en una España que estaba creando su futuro, para que no se repitan nunca más hechos terroristas como éste.
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