En estos días de campaña sobre el estatuto, escuchando hablar a los dirigentes de las diferentes organizaciones políticas y sindicales, puedes llegar a la conclusión de que Andalucía es la primera potencia económica, política y social del estado, y así lo expresan sus eslóganes: » La Segunda Modernización de Andalucía», «Andalucía imparable» o «Andalucía al […]
En estos días de campaña sobre el estatuto, escuchando hablar a los dirigentes de las diferentes organizaciones políticas y sindicales, puedes llegar a la conclusión de que Andalucía es la primera potencia económica, política y social del estado, y así lo expresan sus eslóganes: » La Segunda Modernización de Andalucía», «Andalucía imparable» o «Andalucía al máximo». Pero la realidad es bien distinta. Según la última encuesta de Condiciones de Vida, Andalucía se encuentra a la cabeza de las comunidades autónomas que registran mayor riesgo de pobreza en el Estado español con una tasa del 31,1% de población por debajo del umbral de la pobreza relativa, sólo menor que la de Extremadura con un 37,0%, y a una distancia de casi 22 puntos porcentuales de Madrid. Pero hay más datos de diferentes encuestas: la renta media es el 85% de la estatal, siete de las ocho provincias andaluzas figuran entre las diez más pobres.
Sobre la progresión de la situación andaluza, a la que hacen referencia los titulares de la Junta sobre esa «Andalucía imparable», cabría destacar alguno de los puntos puestos a relucir por el economista Manuel Delgado Cabeza en 2004 que señalan que «la diferencia entre la tasa de paro de Catalunya y la de Andalucía ha pasado de 4,3 puntos en 1981 a 10 puntos en 2002» y que «la tasa de paro juvenil es superior al 30%. Diez puntos por encima de la media española y el doble de la europea», en aquel año. En un reciente artículo el reconocido economista andaluz coincide en rechazar el discurso oficial sobre nuestra realidad afirmando que «con tal de que se mueva dinero, y haya negocio, el diagnóstico es siempre positivo», estas afirmaciones parecen hechas a la medida de las informaciones de la Consejería de Economía y Hacienda sobre el crecimiento record de la economía andaluza (Revista de Coyuntura Nº62) que reconoce el papel del ladrillo como motor principal de la economía. Según Delgado Cabeza, «en Andalucía se ha construido, entre 1991 y 2004, más que en Catalunya y Madrid juntas» y planteándose como novedad el hecho de que «edificándose viviendas con una intensidad triple que la del crecimiento de la población, la gente cada vez está más lejos de poder acceder a una».
Con esto, desde el FSG sólo pretendemos desmentir el discurso oficial sobre Andalucía y nuestra inmejorable situación, pero no es necesario hacer grandes análisis para darnos cuenta de los problemas que la sociedad andaluza tiene hoy día, la situación de precariedad que vive el mundo laboral o los problemas para el acceso a una vivienda, son dos ejemplos claros de esta situación.
Esta situación debería ser el punto de partida para cualquier reforma estatutaria que nos planteemos y poder así resolver nuestros problemas. Pero lo cierto es que una vez más este modelo llamado «democracia parlamentaria» impide la participación de los ciudadanos en política. Si, como dice la constitución la soberanía en el Estado español es popular, ¿por qué la mayoría de los andaluces no conocemos casi nada del nuevo estatuto y las últimas encuestas del CIS prevén un 50% de abstención? Pero aquí nadie se cuestiona el modelo democrático de participación que tenemos y continuamente sólo quedamos relegados a participar un día un rato en el momento de la votación, nuestro derecho a decidir a ejercer nuestra soberanía como ciudadanos queda relegado a tener derecho a ser mal informados en una campaña para el referéndum de un par de semanas y a decidirdespués en unas urnas. Y los datos hablan de nuevo: la última Encuesta Social de Andalucía revela que tres de cada cuatro andaluces afirman que les interesa poco o nada la política, que «seguro que no» participarían activamente en cuestiones políticas en un 71% y que no se afilian a ningún sindicato u organización similaren un 83,5%. Pensamos que la primera conclusión que tenemos que sacar de aquí no es que a la gente no le interesa nada, y mucho menos la política, sino que el modelo «democrático» que tenemos no sirve para responder a los intereses de los ciudadanos. No es cierto que no nos interesen los problemas en vivienda, trabajo, educación o destrucción del territorio. Con este solo argumento pensamos, desde el FSG, que es motivo suficiente para rechazar este estatuto y a como se ha diseñado: un pacto entre las élites dirigentes de diferentes organizaciones políticas sin ninguna información ni debate entre la sociedad andaluza.
Pero también es importante señalar, en cuanto a su articulado, porqué nosotr@s rechazamos este estatuto. Es un objetivo fundamental para este nuestro Foro la desmilitarización y la no ocupación militar por parte de los diferentes países imperialistas. No basta con que el estatuto proclame «Andalucía (…) espacio de encuentro y diálogo entre diversas civilizaciones» o «(…) Andalucía puede y debe aportar a la sociedad contemporánea, sobre la base de los principios irrenunciables de igualdad, democracia y convivencia pacífica y justa». Lo cierto es que hoy día España participa en dos ocupaciones militares, Líbano y Afganistán, además de contar en nuestro territorio con dos bases norteamericanas que están sirviendo para la guerra que EE.UU. está desarrollando en Iraq. Es inconcebible para nosotr@s que desde este estatuto no se luche contra estas bases militares y contra cualquier ocupación de España y pretender decir que Andalucía es tierra de paz, porque eso es sólo papel mojado.
Es por estos motivos que desde el FSG rechazamos el Estatuto y planteamos el voto negativo a este proyecto para los próximos veinticinco años de Andalucía.