Francisco Báez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inició en los años 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato CCOO. Ha dedicado más de 45 años a la investigación sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseñado y […]
Francisco Báez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inició en los años 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato CCOO. Ha dedicado más de 45 años a la investigación sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseñado y destacado su obra.
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Me había quedado aquí. Sigo citando nuestro artículo: «Existe un fuerte grupo parlamentario del poder legislativo, representado por diputados y senadores del estado de Goiás, cuyas campañas electorales han sido financiadas, desde hace mucho tiempo, por la industria del amianto, como ya fue ampliamente informado por la prensa nacional y denunciado por el control social. Este grupo, llamado «la bancada del crisotilo», impide sistemáticamente que el debate sobre la prohibición de la fibra cancerígena avance en el Congreso Nacional». Y no sólo eso: «Por desgracia, el poder ejecutivo también prefiere hacer la vista gorda, no castigando a las empresas infractoras, ya que hay fuertes intereses políticos y económicos que intervienen en la producción y uso de este mineral, habida cuenta de que «Braskem», del grupo «Odebrecht», es el mayor productor de cloro-sosa del país, utilizando diafragmas de amianto en la electrólisis de la salmuera (sal mineral + agua). En el poder judicial, el Tribunal Supremo Federal lleva sopesando, durante al menos 12 años, la constitucionalidad de las leyes estatales de prohibición». ¿Ocurrió así durante los gobiernos de Lula y Dilma?
Ese Tribunal Supremo remeda al «coro de doctores» de la zarzuela «El Rey que rabió», y en cuanto a los políticos mencionados, a la vista de la situación, o no han podido, o no han querido cambiarla.
Vuelvo a citar el artículo: «Los participantes italianos reforzaron su convicción de que las acciones penales son fundamentales para obtener una verdadera justicia para las víctimas y sus familiares,». ¿Es también su posición?
Sí, esa es también mi posición, pero, no obstante, cuando se emprende un camino, creo que se debe de ser plenamente consciente de sus consecuencias, tanto a nivel individual, como en la condición de integrante de una clase social concreta, la de los asalariados. Si ya en el pasado, por parte de la patronal, han habido episodios de «guerra sucia», ahora, cuando lo que esté en juego no sean indemnizaciones más o menos cuantiosas, sino, eventualmente, años de cárcel efectiva, personales e intransferibles, no hay que ser muy adivino para poder vaticinar por dónde pueden «ir los tiros», si la lucha social llega a derivar por esos derroteros.
Finaliza el artículo, lo recuerda seguramente, con una «Carta de Campinas». ¿Nos las puede resumir? ¿Qué cabe destacar de ella?
Para mí lo más destacable, por novedoso, es el acuerdo: «Participar en las redes sociales para actualizarse periódicamente, así como participar activamente en los grupos de WhatsApp y otros, que permitan el intercambio rápido de informaciones y la organización de movilizaciones y actividades en favor de la prohibición del amianto y por la justicia para las víctimas». Lo demás resulta más previsible, convencional y por lo tanto similar a otros tantos pronunciamientos anteriores, de clausura de otros eventos similares.
Por cierto, ¿dónde estudió usted portugués? ¿No es una lengua muy hermosa?
La traducción se realizó, al igual que en otras ocasiones, valiéndome de la similitud entre ambas lenguas, español y portugués, haciendo profuso uso del diccionario, y como último recurso, cuando la necesidad obliga a ello, recurriendo a la benévola colaboración puntual de mi bilingüe y apreciado amigo Antonio Bernardo Reyes, con quien comparto «amiantíferas» inquietudes.
¿Quiere añadir algo más?
Pedir disculpas por mi retraso, en esta ocasión, en la cumplimentación del presente cuestionario-entrevista. En mi caso, a causa de varias circunstancias personales y familiares, concurrentes.
No tiene de qué disculparse. Voy a abusar de su generosidad en todo caso con algunas preguntas más. Le pido un comentario de esta noticia: «La Sección nº5 de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acaba de dictar sentencia estimando el recurso de suplicación interpuesto por la viuda e hijos de D. Juan J. V. B contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid en 2015 revocando la misma y condenando a la demandada Uralita SA a abonar en concepto de daños y perjuicios, 300.000€ a la viuda y 200.000€ a cada uno de sus dos hijos. D. Juan J. V. B. prestó sus servicios profesionales para la mercantil ROCALLA SA desde 1973 hasta 1982 como especialista de primera en moldeados, donde estuvo directa e indirectamente expuesto al amianto de manera continua, ya que su cometido principal, era hacer los moldes que se fabricaban en la factoría de Córdoba para los distintos productos que para la construcción allí se realizaban como tuberías, techos, canalones, macetas, planchas, etc. Para la fabricación de dichos moldes industriales, D. Juan J. V. B., utilizó como elemento principal el amianto que por venir en polvo se mezclaba con agua y otros productos para fabricar los moldes. La continua y constante exposición al amianto, provocó que D. Juan J. V. B. sufriera un mesotelioma pleural diagnosticado en 2.011 falleciendo tras un deterioro progresivo el 6 de agosto de 2.012. En Mayo de 2.013, la viuda e hijos de la víctima, presentaron demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid. Dicha demanda fue inicialmente desestimada por entender que Uralita y Rocalla no eran la misma empresa. Ello motivó que se interpusiera el recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ahora se ha estimado. Supone esta sentencia, en la que se condena a la empresa Uralita a pagar 700.000€…» ¡No está mal! ¿No le parece? La sombra de Rocalla es muy alargada también
No es sentencia firme. Será recurrida al Tribunal Supremo, como Uralita suele hacer siempre. Ya veremos en qué queda todo, en definitiva.
Vale, esperemos. Tampoco esta, en primera instancia, es una mala noticia: «El Juzgado de lo Social Nº 10 de Bilbao ha condenado a Cofivacasa, como sucesora de AHV, al pago de un recargo del 30% de las prestaciones de Seguridad Social a un afectado de asbestosis con incapacidad total».
El recargo de prestaciones, según el grado de incumplimiento apreciado por el tribunal, puede llegar a alcanzar hasta al 50%. Por lo tanto, en esta ocasión dicho tope no ha llegado a alcanzarse. Si esa cortedad responde a una real levedad en la infracción habida, hay que alegrase de que haya sido así, porque eso significa que el trabajador estuvo expuesto en unas condiciones higiénicas que podrían haber sido claramente peores. Si, por el contrario, esa suavidad punitiva responde a una actitud timorata por parte del tribunal, evidentemente eso habría que deplorarlo.
Una información que, como siempre, también me llega de usted: «Adjunto fichero con el texto de la traducción al idioma español, del artículo cuyo texto original puede ser accedido mediante el link: https://newmatilda.com/2017/03/05/lethal-lies-how-a-corporate-spy-for-a-kazakhstan-company-infiltrated-the-global-anti-asbestos-network/ Dicho enlace me ha sido facilitado por Antonio Bernardo Reyes, y la traducción la he preparado yo. Recomiendo vivamente su atenta lectura, y su más amplia difusión posible». ¿Por qué recomienda con tanto énfasis su lectura?
Se trata de un escandaloso caso se espionaje, mantenido durante años, con destacados activistas anti-amianto como objetivo, y perpetrado por quien, fingiéndose simpatizante y amigo, espiaba en beneficio de su contratante, en última instancia una poderosa compañía productora de amianto. Laurie Kazan-Allen, Barry Castleman, y Linda Reinstein, han sido algunos de los espiados. Sinceramente, me esforcé en efectuar la traducción, porque pensaba, y sigo haciéndolo, que se trataba de una información que debería de ser difundida, en todos sus detalles, entre aquellos hispanohablantes que evidencian interés por estos temas, usted incluido.
¿Me permite algunas preguntas sobre ese artículo? La primera, cito el escrito: «Una obscura agencia de detectives privados, contratada por una compañía multinacional de Kazajstán vinculada a la industria del amianto ha estado espiando a una agencia de salud de Naciones Unidas y al movimiento internacional contra el amianto durante los últimos cuatro años, reveló una investigación de Matilda». ¿Espiando a una agencia de salud de Naciones Unidas? ¿Y no pasa nada? ¿Hasta ahí llegan las tropelías?
Por lo que respecta a los activistas perjudicados, su reacción ante los tribunales todavía no ha culminado en una sentencia; habrá que esperar a la conclusión del litigio, para poder saber en qué se queda esa resolución. De momento, el tribunal ha prohibido que el nombre de la compañía demandada sea difundido en el ámbito de su jurisdicción, que es el Reino Unido. Tal resolución ha sido adoptada, atendiendo a un amparo demandado por la propia empresa objeto del pleito, y a mi modo de ver, ello constituye todo un mal presagio de como pueda quedar zanjado este escandaloso asunto, en el terreno judicial.
En cuanto al espionaje, también, a una agencia de las Naciones Unidas, de momento no conozco si ya ha llegado a haber algún tipo de reacción ante los tribunales que sean competentes.
La segunda: «Los abogados de «K2» también dijeron a la corte, que si identificaban a su cliente, temían represalias «agresivas» del movimiento anti-amianto y daños reputacionales irreparables, a otros intereses comerciales.». ¿De qué va ese K2?
«K2» es la «agencia de detectives» que, valiéndose del engaño durante años, ha estado contratando los servicios de quien, en la práctica, realizó el espionaje, en favor de quien, a su vez, contrataba los servicios de «K2», esto es, en favor de la compañía minera y exportadora de amianto que realizó el encargo y consiguiente contratación de esos servicios que burlaban o bordeaban los límites de la legalidad.
La tercera, aunque surgen mil dudas más: «OTRA área de interés: estaba recopilando información para neutralizar el impulso de los activistas, para añadir el amianto blanco a la lista de la ONU, de materiales perjudiciales para la salud humana, lo que obligaba a los productores a obtener el consentimiento fundamentado previo, antes de poder exportar. Moore se dirigió específicamente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a una agencia de la ONU y a la Organización Internacional del Trabajo, para ver si estaban financiando firmas de abogados, conectadas con el «IBAN». En su declaración como testigo, dijo que «K2″ le instruyó en 2013, para descubrir qué acción estaba planeando tomar la OMS, sobre el asbesto blanco, en las Filipinas y Tailandia». ONU, OMS, OIT,… ¿De qué va todo esto? ¿En qué mundo nos movemos?
Es evidente que lo que estaban buscando era tratar de descubrir (o, en su defecto, poder pretextarlo), localizando alguna supuesta irregularidad que viniera a corroborar que la actuación de las susodichas agencias internacionales hubiera estado manchada de parcialidad en su actuación contra el amianto, a causa de inconfesables intereses concordantes con los del movimiento anti-amianto. Aquí vendría a cuento el refrán, de que «piensa el ladrón, que todos son de su condición».
Le pregunto por una buena noticia a continuación.
Cuando quiera.
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