Casi siete años después del cierre de «Euskaldunon Egunkaria» que primero conmocionó y luego soliviantó a la sociedad vasca, en la Audiencia Nacional española da comienzo este martes el juicio a cinco responsables del primer diario exclusivamente en euskara. Todos ellos están acusados -aunque no por el fiscal- de «pertenencia a organización terrorista». Martxelo Otamendi, […]
Casi siete años después del cierre de «Euskaldunon Egunkaria» que primero conmocionó y luego soliviantó a la sociedad vasca, en la Audiencia Nacional española da comienzo este martes el juicio a cinco responsables del primer diario exclusivamente en euskara. Todos ellos están acusados -aunque no por el fiscal- de «pertenencia a organización terrorista».
Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi se enfrentan a una petición de 14 años de cárcel por su trabajo al frente del diario radicado en Andoain, mientras que para Xabier Oleaga la AVT pide también 14 años de prisión y Dignidad y Justicia 12 años.
Los cinco son personas referenciales y muy conocidos en Euskal Herria, y el proceso no ha podido detener sus trayectorias al frente de la cultura y la comunicación en euskara. Torrealdai es miembro de Euskaltzaindia y director de la revista «Jakin», Uria dirige Hamaika Telebista, Otamendi es el actual director de «Berria», Oleaga trabaja en el área de comunicación de la Federación de Ikastolas y Auzmendi -jesuita- ha estado durante muchos años en la emiso- ra Herri Irratia.
El juicio llega después de que los magistrados de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, Ramón Sáez Valcárcel y Manuela Fernández resolvieran el pasado 30 de julio no archivar la causa, como habían reclamado las defensas y hasta la Fiscalía y como, por tanto, parecía la más opción más probable.
La Audiencia Nacional optó por estirar la causa hasta el final, es decir, hasta la sala de vistas. Los jueces del tribunal especial prefirieron desoír al Mi- nisterio Público, que admite que no hay pruebas en su contra. La Sección Primera de la Sala de lo Penal decidió seguir adelante con las únicas acusaciones de la AVT y la asociación ultra Dignidad y Justicia, desestimando de paso la aplicación de la llamada «doctrina Botín» según la cual no es posible llegar a juicio oral en un procedimiento abreviado si no hay ni acusación pública ni acusación particular, como ocurre.
Xabier Alegría y Pello Zubiria, que en un principio habían sido también imputados en la causa, fueron excluidos del proceso.
«Tapadera cultural» de ETA
El origen del caso se remonta a junio de 2001, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo recibió un informe sobre más de una veintena de empresas dedicadas a fomentar la cultura y la lengua vasca. Se encomendó a los servicios de infor- mación de la Guardia Civil que investigaran si existía alguna vinculación económica entre ETA y estas empresas.
Las cuentas y datos de cientos de personas fueron inspeccionadas, además de realizarse múltiples escuchas, sin que se encontrara vínculo alguno. A partir de entonces, la investigación se centró en «Egunkaria». Y la Guardia Civil recurrió a unos documentos incautados entre 1990 y 1993 a supuestos militantes de ETA y también a otros atribuidos a KAS.
Todos ellos eran de dominio público ya que fueron difundidos en los medios de comunicación en la década de los 90 suscitando un importante revuelo mediático. Incluso llegó a presentarse una querella en los juzgados que fue archivada. Al parecer, el propio juez Baltasar Garzón, que en 1998 ordenó el cierre del diario «Egin» y Egin Irratia con similares imputaciones, tenía conocimiento de estos documentos, pero los consideró insuficientes para acome- ter una operación policial.
Sin embargo, el 20 de febrero de 2003 el juez Del Olmo ejecutó el cierre del diario y la detención de diez personas, por parte de la Guardia Civil, en base a estos documentos. Todavía gobernaba el PP, con José María Aznar al frente y Angel Acebes cmo ministro del Interior.
Entre los arrestados se encontraba Martxelo Otamendi, director de «Egunkaria» en aquel entonces; Xabier Oleaga, redactor jefe; y miembros del Consejo de Administración del diario como el presidente, Joan Mari Torrealdai; el consejero delegado, Iñaki Uria; el secretario, Txema Auzmendi; y los directivos Pello Zubiria, que en aquella época se encontraba enfermo, además de Fermín Lazkano, Inma Gomila, Luis Goia -fallecido en 2006- y Xabier Alegría.
A pesar de ser personas muy conocidas por su labor pública a favor del euskara, todos fueron incomunicados. Al ser puestos en libertad, varios de ellos denunciaron además haber sufrido graves torturas y malos tratos. Las sedes que el diario tenía en Andoain, Bilbao, Gasteiz e Iruñea quedaron precintadas y se llevaron a cabo registros en las sedes de «Jakin», «Argia» y la Federación de Ikastolas.
Torrealdai, Uria, Auzmendi, Alegria y Oleaga acabaron en prisión. El último en quedar libre fue Uria, casi año y medio después y tras abonar 450.000 euros de fianza.
Un proyecto inédito
«Egunkaria» nació el 6 de diciembre de 1990, que pasó a ser una fecha histórica para el euskara. La idea de crear el diario había surgido de una iniciativa popular impulsada desde el ámbito de la cultura vasca.
En el auto en el que ordenaba el cierre, el juez Del Olmo argumentó, por contra, que el periódico ayudaba a la «estrategia terrorista de ETA», tanto en el aspecto económico «como en el fortalecimiento de uno de los objetivos terroristas de la organización, la creación de una estructura informativa en Euskara bajo el control de ETA con el objeto de facilitar la protección y difusión del ideario terrorista al amparo de la defensa del euskara, tapadera cultural de los fines mencionados».
La acusación fundamental contra «Egunkaria» es que ETA participó en la financiación y toma de decisiones del diario. Del Olmo citó como ejemplo que considerar a Euskal Herria como nación es un indicio de vinculación con ETA, al igual que apoyar estructuras que fomenten el euskara.
El juez también aludía al modo en el que se recaudaron 300.000 euros para financiar el proyecto. En un auto publicado en julio de 2003, aseguraba que «los accionistas que pusieron dinero en Egunkaria Sortzen no invierten su dinero en una empresa, lo hacen por ser partidarios de ETA, porque así se lo han pedido ETA y sus organizaciones satélite para sus proyectos». Afirmaciones, como se ve, que puede desmentir cualquiera de las personas que aportaron su granito de arena al proyecto.
El juicio arrancará el martes con las declaraciones de los cinco encausados. El mismo se escuchará también como testigos a varios presos vascos como José Luis Álvarez Santacristina Txelis, Carmen Gisasola, Jose Mari Dorronsoro o Jose Domingo Aizpurua. liberado anteayer. Por la tarde, llegará el turno de los guardias civiles que participaron en las investigaciones, que seguirían durante la sesión de mañana del miércoles. Después, el juicio quedará suspendido hasta enero.
Además de la causa por «pertenencia a organización terrorista», en el caso «Egunkaria» se sigue también un proceso por presuntos delitos económicos como alteración de las cuentas e impago de impuestos «en relación con organización terrorista». Hay ocho procesados. Entre ellos se encuentran también Torrealdai, Uria y Auzmendi junto con Joxe Mari Sors, Ainhoa Albisu, Mikel Sorozabal, Begoña Zubelzu y Fernando Furundarena.
Las peticiones son aquí aún más graves ya que se proponen condenas de hasta 26 años, además de más de 30 millones de euros de multa.
Toda una pesadilla que empezará el martes su capítulo final.