La prepotencia de la empresa minera Yanacocha produjo una vez más violencia y muerte. Los paladines de la «libertad» y la «democracia», que animan los espacios periodísticos de Perú y aún el Congreso de la República, de reciente instalación, no han dicho nada. Como si hubiera un pacto implícito para que no perturben la tranquilidad […]
La prepotencia de la empresa minera Yanacocha produjo una vez más violencia y muerte. Los paladines de la «libertad» y la «democracia», que animan los espacios periodísticos de Perú y aún el Congreso de la República, de reciente instalación, no han dicho nada. Como si hubiera un pacto implícito para que no perturben la tranquilidad de los señores de la mina.
Esta vez el escenario fue la jurisdicción del distrito de Baños del Inca, donde la empresa desarrolla un plan de exploración – expansión denominado Carahugo II, allí, el 2 de agosto, se produjo una represión sin nombre de parte de las fuerzas de seguridad de la empresa contra la población que rechaza la actividad minera.
El saldo: la muerte del campesino Isidro Llanos Cavaria y heridos: Teófilo Chávez Castañeda, Gilberto Chávez Tocas, Martín Llanos Cavaría, Mario Chávez Tacilla, Celestino Calderón Huaripata; en el colmo del abuso fueron «detenidos», lo que es arbitrario e ilegal. Los aparatos de seguridad particular no están facultados para ello. La minera Yanacocha cree que lo puede todo o casi todo.
En su afán de expansión y de posesionamiento de la zona, Yanacocha, trata de ablandar la protesta de las comunidades comprometiéndose a asumir algunas obras colaterales, en este caso, la construcción de un dique que, según han argumentado los técnicos de la empresa, mitigaría el impacto negativo de esta actividad.
Desde su instalación, las autoridades locales, la población y sus organizaciones sociales, se resisten a las actividades de Yanacocha, puesto que la zona es de alta sensibilidad y más de una vez han demostrado, con estudios técnicos, la inviabilidad de la actividad minera, amen del rechazo que se ha ganado la empresa por sus acciones criminales (caso de derrame de mercurio en Choropampa) y de sus actos delictivos (coimas y acuerdos ilegales con Vladimiro Montesinos, el Rasputín del Perú de la era Fujimori).
El camino de los pueblos y comunidades campesinas de Cajamara en defensa del medio ambiente y de su propia vida no ha sido fácil. Oponerse y defender su espacio vital les está costando lágrimas, sangre y muerte.
A finales de junio del 2005, conscientes que sólo con la presión son escuchados, tomaron las oficinas de la Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR) de Cajamarca y solicitaron a la Dirección Regional de Agricultura que se suspenda toda autorización que tenga que ver con la construcción del dique.
Yanacocha no renuncio a su propósito y tratando de lograr un apoyo con un sector de campesinos, negoció por separado y trató de dividirlos. Esto explica el por qué un grupo demandó a las autoridades que se le diera a la empresa la autorización respectiva. La maniobra no prosperó gracias a la firmeza de las autoridades locales y de los comuneros, que mayoritariamente cerraron filas contra el intento de la empresa.
Su decisión de hacerse respetar obligó a los funcionarios de Yanacocha a sentarse a dialogar. Algo que la empresa no suele hacer por prejuicio y por sentirse, además de «superiores», protegidos por las autoridades del gobierno central y los dueños de los monopolios de la información.
Fruto de esa negociación fue el acta suscrita por las autoridades, pobladores y dirigentes del Comité de Defensa de Combayo (nombre del pueblo donde se ha generado el conflicto), funcionarios de Yanacocha y autoridades del Ministerio de Energía y Minas. En el Acta, las partes refrendan y se comprometen a un » trabajo conjunto por el desarrollo y el cuidado de la calidad y cantidad de agua de Combayo».
Yanacocha invertiría 1.500.000 de dólares para mejorar la calidad de vida de dicha comunidad y, además, instalaría un sistema de monitoreo de calidad y cantidad de agua. Inclusive, fue la propia Yanacocha la que se encargó de difundir el acuerdo y declarar que se había resuelto un problema entre ellos y la comunidad.
Sin embargo, todo indica que Yanacocha se ha burlado de la autoridad y del pueblo. No otra cosa significa que su contingente de seguridad, cruelmente adiestrado y sofisticado haya reprimido a los campesinos cuado esto se disponían a encararle a los funcionarios de la empresa su irrespeto y burla, pues, la obra se empezó a hacer sin tener la aprobación de la población.
Las fuerzas de seguridad de Yanacocha han utilizando bombas de «gas pimienta», que producen asfixia inmediata a quienes la reciben. En el colmo de la provocación y la irresponsabilidad, no correspondiéndoles, puesto que son aparatos particulares, han «detenido» a los campesinos y posteriormente puestos a disposición de la autoridad como si los heridos fueran los delincuentes.
El Ministerio Público en la persona del Fiscal Edgar Rebaza Vargas dispuso la libertad inmediata de los campesinos, con quienes se han enseñado y pisoteado sus derechos elementales. Como entre la comunidad y la sede de regional hay una distancia considerable, se requiere de recursos económicos para movilizarse. Los campesinos carecen de economía y han estado sin alimentos y sin medicinas.
Felizmente han tenido el apoyo solidario de la población cajamarquina. Al momento de elaborar la presente nota, jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca han salido a las calles a expresar su protesta contra la minera y las autoridades y su apoyo a la lucha de un pueblo que resiste y lucha contra una de las empresas mineras más poderosas del mundo: la Newmont Metals (a) Yanacocha, que esta vez ha agregado a su haber un muerto más.