Desde que PSOE, PP, PNV Y CIU aprobaron la ley 15.97 que abría las puertas a la privatización, todo lo relacionado con la sanidad universal, la sanidad como derecho para todos, empezando por los más desfavorecidos, ha empeorado. Los Derechos Humanos en materia de cuidados médicos han pasado a segundo plano y ocupan el primer […]
Desde que PSOE, PP, PNV Y CIU aprobaron la ley 15.97 que abría las puertas a la privatización, todo lo relacionado con la sanidad universal, la sanidad como derecho para todos, empezando por los más desfavorecidos, ha empeorado. Los Derechos Humanos en materia de cuidados médicos han pasado a segundo plano y ocupan el primer puesto los beneficios de los empresarios dedicados a enriquecerse con la salud de la mayoría. Ahora va a hacer un año que se aprobó el Real Decreto Ley que deja fuera de la atención sanitaria a grandes colectivos sociales y los condena sólo por ser pobres o estar en condiciones de difícil encaje social debido a la crisis económica provocada por los más interesados en quedarse con el dinero de la mayoría.
Frente a la situación planteada desde los gobernantes y sus correligionarios que antes han gobernado o han colaborado en el atropello de la privatización sanitaria y todo lo que han aprobado después, se ha levantado una plataforma de gentes solidarias empezando por personal médico que demuestra una solidaridad que en su reconocimiento deberíamos llamar «universal». Su nombre, el nombre de la plataforma es Yo Sí. Hablamos con uno de sus representantes, Nacho Revuelta Lucas, Médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria de Centro de Salud Rafael Alberti, de Madrid.
¿Qué ocurrió en septiembre de 2012?
En septiembre de 2012 entró en vigor la exclusión sanitaria que el gobierno aprobó a través del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL 16/2012) A partir de ese momento cientos de miles de personas pierden su tarjeta sanitaria y se reducen las situaciones en las que pueden ser atendidos en algunos supuestos como embarazo, ser menor de edad, precisar atención urgente o necesitar tratamiento para enfermedades mentales graves y algunas enfermedades infecciosas.
En este marco, ¿Qué representa la plataforma Yo Sí?
Yo Sí es una iniciativa ciudadana que comenzó a gestarse tras la publicación en Abril de este RDL, y en la que participamos personas de distintas profesiones, sanitarias y no sanitarias, unidas por la convicción de que se trata de un RDL inaceptable e inmoral. Nuestro objetivo es que las personas a las que se pretende excluir sigan atendidas dentro del sistema y que se derogue esta normativa inhumana. Yo Sí es una iniciativa independiente, que no está vinculada a ningún partido político o sindicato
En 1997 PSOE, PP, PNV Y CIU aprueban una ley por la que van a empezar a privatizar la Sanidad Pública. Ese camino ¿no va a dar con la negación de auxilio que hoy quieren aplicar?
De algún modo sí, porque con esa ley empieza a socavarse la visión de la Sanidad como un servicio público que atiende un derecho básico, y se introduce la posibilidad de que empresas privadas conviertan en un negocio la prestación de un servicio que es responsabilidad de la Administración. Obviamente, las empresas no hablan de beneficios sociales sino de beneficios económicos, no hablan de inversión sino de gasto, y no buscan la mejora de la salud de la sociedad sino la rentabilidad económica. De ahí a la exclusión de una parte de la sociedad sólo hay un paso. Sin embargo, hay que señalar que el RDL 16/2012 es un paso cualitativo de enorme gravedad ya que destruye un modelo de sanidad universal e instaura otro basado en el aseguramiento, lo que es una enorme pérdida en términos de protección para cualquier ciudadano que resida en nuestro país, español o extranjero.
En este sentido, ¿El gobierno incumple los Derechos Humanos?
Creemos que se trata de un incumplimiento flagrante no sólo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también de la Constitución Española, que en su artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud. Y lo que es peor, lo hace con una enorme dosis de cinismo, cuando la Ministra de Sanidad Ana Mato, declara en el Congreso de los Diputados que «no vamos a consentir que ninguna persona tenga peor atención que otra en función de su origen y condición». Justamente, el RDL establece una discriminación en el derecho a la atención en función del origen y condición de las personas. Lo coherente sería que la ministra dijese «la enfermedad y el sufrimiento que esta ley provoque no es asunto nuestro», pero en su lugar el gobierno intenta hacer creer que restringir la atención no tiene consecuencias para la salud de las personas, lo que es rotundamente falso.
¿A quiénes niegan el Derecho de Asistencia?
El grupo más numeroso es el de las personas sin permiso de residencia, mayores de edad, a quienes sólo se les reconoce el derecho a la asistencia en caso de embarazo, y en algunos supuestos de salud pública. Para todo el resto de enfermedades, incluido el cáncer, solo se les podrá atender de urgencia por enfermedad grave, pero no se podrá hacer un estudio, un seguimiento o recetar un tratamiento
Además, hay otros grupos de personas a los que se les niega el derecho: personas con permiso de residencia por reagrupamiento familiar, inmigrantes que han obtenido su permiso de residencia después del 24 de Abril de 2012, españoles mayores de 26 años no asegurados con ingresos superiores a 100.000 euros.
¿Quiénes tienen Derecho a la Tarjeta Sanitaria? ¿Puede ser asistida alguna persona aun sin tener Tarjeta Sanitaria, hasta que edad y por cuánto tiempo?
Básicamente, sólo tienen derecho a la tarjeta las personas aseguradas y sus beneficiarios. Eso, a pesar que la sanidad se costea con los impuestos de todas las personas que residen en territorio español, y , por lo tanto, su sostenimiento no tiene nada que ver con el hecho de pagar o no una cotización a la Seguridad Social
Las personas sin tarjeta pueden ser atendidas en los supuestos que antes hemos comentado, y en el caso de menores de edad, hasta los 18 años.
¿Qué deben hacer o hacen las personas de Yo Sí cuando contactan con personas que necesitan asistencia médica?
En Yo Sí se han formado 19 grupos de acompañamiento en Madrid, 7 en Barcelona, 6 en Valencia y también en Cantabria, Fuerteventura, Murcia, Sevilla, Toledo y Zaragoza. Los grupos son colectivos de personas que están en contra del RDL y han decidido no aceptar la exclusión sanitaria de las personas. Cuando una de estas personas sin tarjeta precisa atención y se encuentra con las barreras que la Administración ha puesto para ser atendidas, alguno de los miembros del grupo de acompañamiento acuden con ella a los servicios sanitarios para intentar hacer valer sus derechos, y para reclamar y denunciar la denegación de la atención en el caso de que se produzca
¿Cómo responden los empleados y empleadas de los hospitales y centros de salud? ¿Tienen información suficiente y se solidarizan o no se solidarizan?
Las respuesta es variable y depende en gran medida del dispositivo asistencial y del grado de información. Aunque gran parte del personal desearía poder prestar atención sin trabas, la organización administrativa impide que esto sea posible en muchos casos.
En general, hay una gran desinformación y se ha denegado la asistencia a personas en situaciones en las que tenían derecho a ella. Es muy frecuente que el personal administrativo tenga que llamar a un responsable para saber qué puede o no hacer, recibiendo en ocasiones órdenes aún más restrictivas que la propia normativa del gobierno, y colocando al ciudadano en una situación de indefensión.
¿Qué es facturable por la asistencia médica y qué no lo es?
Como la aplicación del RDL depende de cada comunidad autónoma, la situación actual es caótica, y con una enorme variabilidad entre territorios. En la Comunidad de Madrid sólo podría facturarse la atención no urgente de enfermedades diagnosticadas después del 31 de Agosto del 2012 mientras no se tratase de un menor, una embarazada, una enfermedad de declaración obligatoria o un trastorno mental grave. Sin embargo, se están emitiendo facturas de forma generalizada en las urgencias de la mayoría de hospitales, lo que está generando un efecto disuasorio de peligrosas consecuencias para la salud, al evitar o demorar la solicitud de atención de problemas potencialmente graves.
Pensemos que estamos hablando de personas en situación muy vulnerable, y con una economía precaria, para quienes es imposible pagar una atención prueba a prueba y consulta a consulta, o suscribir un seguro privado.
Por otra parte, aunque la ministra mantiene que no se deniega la atención, pero que se factura, eso no es cierto. Se están denegando pruebas y consultas, e impidiendo dar de alta en el sistema informático con la imposibilidad de mantener una historia clínica y un seguimiento
¿Esto no rompe el Derecho Universal a la Sanidad?
Por supuesto que sí. Una correcta atención requiere una buena accesibilidad a los recursos sanitarios y una continuidad asistencial. La salud funciona como un todo, y no tiene sentido decir, por ejemplo, que se atenderá la urgencia de una crisis epiléptica pero a esa persona no se le realizarán estudios, no podrá ser valorada y tratada por un neurólogo. Además al eliminar el derecho a atención también se elimina la posibilidad de la prevención. Esta ley es tan absurda que impide vacunar a un adulto al que luego se podrá atender una infección urgente, o prestar atención posterior ni rehabilitación a un paciente operado de forma urgente por una fractura grave a causa de un accidente.
¿El problema no está en quienes para privatizar quieren acabar con los derechos de la mayoría?
Es evidente que las cuentas de resultados nunca se han llevado bien con los derechos de las personas, ya sea en el ámbito sanitario como en el laboral, etc. De hecho, la mayoría de los derechos que disfrutamos han sido conquistas de la sociedad a lo largo de muchos años. Por eso es ilegítimo que un gobierno utilice la vía del Real Decreto Ley para acabar con un derecho fundamental recogido en la Constitución
Sin embargo, en este RDL no todo parte de una mirada empresarial. El Gobierno Vasco calculó en menos de un 0.2 % de su presupuesto sanitario el ahorro que la exclusión sanitaria generaría. Por lo tanto, no nos engañemos, aquí hay algo más. Y ese algo más, si uno repasa las declaraciones de algunos dirigentes del partido en el gobierno, se parece bastante a la xenofobia.
¿Vuestra acción solidaria entra en la Desobediencia Civil? Desde vuestra perspectiva, ¿qué es la Desobediencia Civil?
Las Desobediencia Civil parte de la premisa de que la aplicación de una ley injusta necesita de la colaboración de ciudadanas y ciudadanos que la apliquen o que miren para otro lado mientras son otros los que la sufren. Desobedecer una ley injusta, como ésta, es una obligación, e implica no colaborar en ninguna de las acciones u omisiones que permiten su aplicación. La Desobediencia Civil es una estrategia de lucha no violenta, que se ancla en los principios éticos más profundos de cada persona, y en la incapacidad para permanecer impasible ante una injusticia, venga de donde venga.
En Yo Sí trabajamos cada día para que las personas excluidas por este RDL sigan siendo atendidas dentro del sistema y denunciamos los casos de obstrucción y denegación de la atención, con el fin de que se retire esta ley infame. En Yo Sí animamos a la objeción de conciencia y a la desobediencia a todos los profesionales a los que les repugna moralmente esta ley, y como ciudadanas y ciudadanos nos negamos a abandonar a su suerte a otros seres humanos, y por eso nos organizamos para apoyarles y acompañarles en demanda de atención sanitaria. Desde esa perspectiva, sí podemos considerar nuestra actuación como un acto de Desobediencia Civil.
Un caso que he conocido: Una mujer emigrante con 40 de fiebre acude al hospital y no la quieren atender ni por urgencias. Tiene que ir a la sanidad privada y el resultado de la atención es una factura de más de 700 euros. ¿Qué hace «Yo sí» en tal caso?, ¿puede denunciarse en algún sitio, hospital, ministerio, comisaría, ayuntamiento?
En un caso similar, intentaríamos siempre, como primera opción que fuese atendida en un centro sanitario público. No atenderla es una ilegalidad flagrante, y además podría incurrirse en un delito de denegación de auxilio recogido en el art. 196 del Código Penal . Por lo tanto, la denegación de atención sería denunciable y posiblemente el coste al acudir a un centro privado podría ser reclamado, pero los responsables saben perfectamente que no es fácil que esto suceda. Un inmigrante no regularizado, debido a su realidad administrativa y a su precariedad económica en la mayoría de los casos evitará iniciar un contencioso contra la administración. De ese modo se cierra el terrible círculo de la indefensión. Se le impide regularizar su situación, se conculca su derecho a la atención sanitaria pero no puede denunciar a una Administración que es quien tiene en su mano concederle un permiso de residencia.
¿Nos puedes decir si los ayuntamientos deben proveer una cuenta para los casos de desatención cuando es obligatorio que se atienda?
La atención sanitaria es responsabilidad de las comunidades autónomas y en la ley no se contempla que los ayuntamientos asuman el coste de la atención de personas excluidas por el RDL. No se trata de establecer mecanismos de beneficencia para atender a los excluidos, sino de no aprobar un RDL como éste que provoca la exclusión de cientos de miles de personas.
¿Yo Sí se dispondría, o debe disponerse a denunciar estos casos, a salir a la calle y defender a las personas afectadas?
Yo Sí ha denunciado públicamente casos graves de desatención cuando ha tenido conocimiento de los mismos. Además, hemos intervenido en solventar denegaciones de atención en hospitales y centros de salud, reclamar facturas ilegales por atención de urgencia, aclarar situaciones de desinformación…Sabemos que hay muchos casos más que se producen a diario sin que a nadie en la Administración parezca importarle.
¿Se debe pedir a Sanidad (órgano correspondiente, dirección de hospital o centro) que entregue el coste de la atención a la persona enferma?
No, se debe pedir que atienda a la persona enferma. Los sistemas basados en la solidaridad y en atención universal son sistemas más coste-efectivos. Tenemos una gran sanidad pública, que ha venido siendo la envidia de muchos países, y está demostrado que la exclusión de ciertos colectivos, como el de los inmigrantes sin permiso de residencia lejos de producir un ahorro significativo, a medio plazo producirá empeoramiento de los indicadores sanitarios y del coste de la atención. Recientemente, los medios de comunicación se han hecho eco del alarmante aumento de casos de VIH y de otras enfermedades infecciosas en Grecia vinculado al aumento de personas sin protección sanitaria
Con la eliminación de derechos sociales que son principio fundamental de convivencia, los partidos promotores de la privatización ¿no incurren en un acto de consecuencias graves que la mayoría de la población debe tener en cuenta?
Es muy importante tomar conciencia de lo que estamos hablando. No es lo mismo hablar de un recorte presupuestario o de un ahorro en determinadas partidas, que aceptar un recorte de un derecho básico, como sucede en este caso. Si el día de las Fuerzas Armadas no hay desfile y se eliminan los fastos estaremos hablando de un ahorro; si se deja de atender a un ser humano, que puede enfermar y morir, eso es otra cosa. La población debe tener en cuenta que si aceptamos un recorte de derechos como éste nos hacemos cómplices de las consecuencias que se deriven de él. Y, por otra parte, no debemos olvidar que todos y todas hemos perdido la protección de la sanidad universal y que en función de nuestra situación podemos perder también el derecho a la atención en el futuro.
Sin duda, el compromiso ciudadano en solidaridad con quienes se ven despojados de sus derechos y contra la privatización es fundamental, ¿cómo podemos colaborar con Yo Sí?
En la página web de Yo Sí, www.yosisanidaduniversal.net, hay abundante información sobre las distintas formas de participar. Se puede ver un resumen de los distintos espacios de participación pinchando aquí. También se puede colaborar con los grupos de acompañamiento que ya se han constituido en numerosos barrios de Madrid y en otras comunidades autónomas, y cuyas direcciones pueden encontrase en el directorio de grupos de la web.
Ramón Pedregal Casanova es miembro del Frente Cívico. Somos Mayoría, y autor del libro «Dietario de crisis», puedes bajártelo en Libros Libres, de rebelion.org, y es autor de «Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios», editado por la Fundación Domingo Malagón.