La sentencia está actualmente recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón porque, según admite la propia resolución de la Audiencia Provincial, en las imágenes aportadas no se puede identificar a los jóvenes condenados como los que arrojaron objetos a la policía.
Desproporcionadas y sin ninguna base. Así es como describen sus abogados, padres y madres, y más de 140 nombres de la cultura y política la condena de cuatro jóvenes a seis años de prisión por delitos de desórdenes públicos, y de otros dos jóvenes más, menores de edad, al pago de un total de 11.000 euros de responsabilidad civil.
Los hechos tuvieron lugar el 17 de diciembre de 2019. Ese día Vox celebraba un mitin en Zaragoza con el que daba comienzo su campaña de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de ese año. Como estrellas, Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara. Como espacio, la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, con capacidad de cerca de 2.000 asistentes. La convocatoria de Vox fue respondida en la capital aragonesa por una manifestación en la que participaron más de 200 personas.
La concentración, convocada bajo el lema “Contra el fascismo de Vox”, partió del parque José Antonio Labordeta y después se trasladó hacia la zona universitaria, donde hubo cargas policiales y algunos contenedores quemados. Durante las cargas, en las que la policía atacó a los manifestantes con pelotas de goma, algunos manifestantes respondieron lanzando piedras y cascotes al dispositivo policial. El enfrentamiento entre policía y ciudadanos se saldó con seis personas detenidas, dos de ellas menores de edad.
Francisco Javier A.V., Antonio Daniel L.D., Adrián L.R. e Imad M.B., todos con edades de entre 21 y 28 años fueron detenidos después de los hechos, varios de ellos en un bar cercano a la universidad.
Arrestos aleatorios
“Ese día salí de trabajar y fui directo a la manifestación”, explica a El Salto Francisco Javier A.V., que entonces contaba 21 años. Francisco recuerda que incluso antes de que comenzara la convocatoria, la policía ya había requisado la pancarta que encabezaba la manifestación y, poco después, comenzó a mostrar un comportamiento hostil hacia los manifestantes. “Antes siquiera de que hubiera ningún cántico contra la policía ya llevaban los cascos puestos y las porras en la mano”, señala.
Cuando la manifestación iba a mitad de Gran Vía, la policía hizo la primera carga contra los manifestantes y, según explica Francisco Javier, la manifestación se dividió. Algunos abandonaron la convocatoria y un grupo de gente se dirigió hacia la Plaza de San Francisco, cerca de la Universidad de Zaragoza. “Teníamos una línea policial enfrente que nos impedía seguir hacia delante, y otra detrás, la única opción que encontramos fue meternos en la universidad”, explica. Fue allí cuando Francisco Javier decidió irse, y así se lo comunicó al amigo con el que había asistido a la convocatoria. “Vi que la cosa se estaba poniendo fea, con disparos de pelotas de goma, y le dije a mi amigo que nos fuéramos”, relata. Y lo consiguieron, según explica, a pesar de que los agentes policiales habían bloqueado la mayoría de salidas del recinto universitario.
Francisco Javier se despidió de su amigo frente a un bar y entró a tomarse un café con leche. Explica que al rato vio entrar a tres jóvenes corriendo, que se metieron al baño, y tras ellos, varios agentes de policía, que cogieron a tres personas, dos de ellas menores de edad. “A dos de ellas las reconocí y no eran las que habían entrado al baño, parecía una detención aleatoria”.
La cara de sorpresa que puso ante la detención de estas tres personas es lo que, según explica, pudo provocar que él mismo fuera también detenido. “Uno de los policías, al tener con él contacto visual, dijo ‘y este también’, refiriéndose a mi”.
“Fue una detención aleatoria, al menos la mía, pero, por lo que sé, la de los demás, también”, señala Francisco Javier. A la salida del bar, los agentes pusieron a los cuatro jóvenes contra la pared y les obligaron a separar las piernas. “Yo ya con eso de separar las piernas me llevé tres porrazos”, detalla. También afirma que a uno de los que eran mayores de edad le obligaron a desnudarse y lo mantuvieron en ropa interior en la calle, en pleno diciembre, durante diez minutos.
Los dos menores de edad detenidos esa noche estuvieron tres horas en el calabozo. Los otros cuatro detenidos, 25 horas. “No sé si fue maltrato, pero buen trato no hubo”, explica Francisco Javier sobre su estancia en el calabozo, más de un día en el cual explica que los agentes les ponían impedimentos para ir al bañó, jugaban a encender y apagar las luces para no dejarles dormir y a uno de ellos, que era vegetariano, le negaron comida vegetariana y, como los demás, tuvo que comerse una fabada.
Casi un año después, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza celebró el juicio contra los jóvenes detenidos, a los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado acusaban de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones. La sala estaba presidida por el magistrado Carlos Lasala Albasini, cuyo nombre salió en los medios de comunicación en 2004 cuando ordenó investigar a una treintena de personas que se habían manifestado ante la sede del Partido Popular en Zaragoza el 13 de marzo de 2011, cuando finalmente se supo que los atentados de Atocha del 11M no habían sido obra de ETA, como insistía el Gobierno de José María Aznar.
Durante el juicio, los acusados admitieron que estuvieron en la manifestación, pero negaron haber participado en los altercados. “Ni tiré piedras a los policías ni quemé contenedores, pero acabé detenido y me lo pasé superbién en el calabozo”, declaró uno de ellos, Imad M. B., durante la primera jornada del juicio, en el que declararon una veintena de testigos. Y también durante el juicio se supo de la existencia de una prueba fundamental, la grabación de los hechos realizada por las cámaras de seguridad de la Universidad de Zaragoza, de cuya existencia se supo a raíz de la declaración como testigo del responsable de seguridad de esta universidad durante el juicio. Las imágenes fueron reproducidas en la segunda jornada del juicio y, según señalaban las defensas, mostraban que hubo gente que lanzó objetos a los agentes de policía, pero había muchas personas y serias diferencias con respecto a lo relatado por la policía.
“Son imágenes de muy mala calidad, pero se puede ver que hay muchas personas y que es difícil distinguirlas, había mucha distancia entre policías y manifestantes como para que los agentes pudieran identificarlos”, explica Miriam Pascual, abogada de Adrián L. “En los vídeos se ve que son cuatro o cinco personas, y los policías hablaban de diez o 20”, añade, por su parte, Silvia Benedicto, abogada de otros dos de los acusados.
Ambas abogadas destacan también las incongruencias del relato policial. “Ha habido declaraciones en el juicio de dos o tres agentes de policía que han sido muy firmes en las identificaciones, pero lo que han dicho no se corresponde con el atestado ni con los vídeos”, continúa Benedicto. La abogada explica que en una primera testifical ante el juez, los agentes identificaron a los jóvenes que participaron en los altercados por su vestimenta, pero esta no se correspondía con la que llevaban los jóvenes ese día, y que además se puede comprobar porque seguían vestidos igual en la primera declaración de estos ante el juez tras ser detenidos.
Pero el tribunal dictaminó que era imposible tanto confirmar como descartar que los que aparecían en las imágenes eran ellos, a pesar de que en las grabaciones de sus primeras declaraciones ante el juzgado instructor tras ser detenidos llevaban la misma ropa que en el momento de los hechos.
Pocos días después del juicio, el tribunal daba a conocer la sentencia: cada uno de los cuatro detenidos mayores de edad fueron condenados a un total de seis años de prisión, tres por desórdenes públicos y otros tres por atentado a la autoridad, el máximo de pena de estos dos tipos penales, aunque el tribunal decidió no condenar a tres de ellos por los delitos de lesiones de los que también estaban acusados. Solo uno de ellos, Imad M.B., ha sido también condenado por lesiones al pago de una multa de algo menos de 480 euros. Los otros dos acusados enfrentan multas que suman los 11.000 euros y un año en libertad vigilada.
El testimonio de los agentes como única prueba
Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza señala que la manifestación reunió a más de 200 personas y no existe prueba que acredite que fueron los acusados los que lanzaron objetos contra los agentes antidisturbios. Como única prueba para sostener las condenas, el tribunal presenta el testimonio de los agentes de policía que acudieron al juicio como víctimas.
“Han cogido a cuatro por la calle, que ni siquiera se conocían, y los han condenado sin que haya quedado probado que participaran en los altercados, y menos aún en los más graves”, concluye Benedicto.
“No hay pruebas de que fueran ellos, la propia policía entró en contradicciones sobre si era uno u otro quien lanzó objetos refiriéndose a los cortes de pelo, y es la única versión que tiene el juez para dictar sentencia”, afirma, por su parte, Francho Aijón, padre de Francisco Javier A.V., uno de los jóvenes condenados. “No parece que el juez esté dictando una sentencia acorde y equilibrada”, añade.
Condena recurrida
Actualmente, la condena está recurrida por todos los jóvenes condenados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, que está pendiente de dictar resolución. Rafael Ariza, abogado de uno de los defendidos, ha pedido en su recurso de la sentencia ante el TSJ de Aragón que ordene un informe pericial de las grabaciones que confirme si los acusados atacaron o no a la policía.
Mientras, los padres de los jóvenes condenados por la manifestación en contra de Vox en Zaragoza han emprendido una campaña de recogida de firmas en contra de la sentencia que ya ha sido firmada por 140 personalidades de la cultura y política aragonesa y estatal, entre los que se encuentran el actor Alberto San Juan, el cantante Nacho Vegas, el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán. La Coordinadora Antifascista de Zaragoza, por su parte, ha convocado una manifestación para el próximo 26 de marzo en este municipio en repulsa por la condena.
“En sede judicial ha quedado claro que son inocentes, no hay pruebas incriminatorias, así que son inocentes”, señala el manifiesto publicado por la plataforma de padres de los jóvenes condenados. “Hemos educado a nuestros hijos en el respeto y el civismo, y durante el juicio no se han aportado pruebas que nos dejen en entredicho como madres y padres, más bien se pone en entredicho la presunción de inocencia”, añade el comunicado, en el que se denuncia que lo que se ha condenado con esta sentencia es “el derecho mismo de manifestación en el que se fundamenta cualquier democracia plena”.