Es sabido -y por supuesto sufrido- que una de las características del actual régimen monárquico español -eso que algunos, en días y momentos de ensoñación onírica y triunfo del pensamiento desiderativo, llaman o llamaron «democracia española» fruto de una «modélica e inmaculada transición»-, una de sus características, decía, es la trabajada y planificada desmemoria con […]
Es sabido -y por supuesto sufrido- que una de las características del actual régimen monárquico español -eso que algunos, en días y momentos de ensoñación onírica y triunfo del pensamiento desiderativo, llaman o llamaron «democracia española» fruto de una «modélica e inmaculada transición»-, una de sus características, decía, es la trabajada y planificada desmemoria con la que cuida los nudos y aristas más represivos el régimen fascista español, «el régimen anterior» siguen diciendo y escribiendo en ocasiones. ¡Nuestro revisionismo histórico en pie de guerra! Un ejemplo reciente de su ofensiva ininterrumpida.
Alberto Pradilla ha dado en Gara [1] la siguiente información sobre nuestros nuevos tiempos de silencio. El diputado Sabino Cuadra realizó hace unas semanas una petición en la que solicitaba «los nombres de los jueces y funcionarios que tomaron parte en el tribunal franquista (TOP), así como de su posterior carrera dentro de la administración». ¡No está mal, nada mal! ¡Un poco de luz en espacios de tinieblas! De hecho, ¡cómo es posible, si fuera el caso, que nadie hubiera formulado una pregunta similar antes que la formulara el diputado Cuadra!
La Mesa del Congreso de diputados -¡nada menos que la mesa del congreso!- ha respondido. Son muy suyos: ni luz ni taquígrafos. Niega a Amaiur la información solicitada sobre los miembros del TOP (la documentación está depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca). En su respuesta, señala Pradilla, la Mesa del congreso, el supuesto máximo órgano de representación ciudadana, «se escuda en la legislación sobre Patrimonio Histórico español y la normativa de archivos para denegar los datos solicitados». El (pseudo)argumento esgrimido: el mandato legal impide la consulta pública de la documentación sin que medie consentimiento expreso de los afectados [¿cómo podía haberlo?] o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si la fecha es conocida, o cualquier otro caso, de 50 años a partir de la fecha de los documentos [cuando el asunto sea, básicamente, un tema de historiadores, no político directamente]. ¡Para llorar y no parar de indignarse!
Estos son nudos esenciales. Por supuesto, no comparables a otros. Pero hay otros complementarios, no desdeñables, que afectan a los alrededores de la primera autoridad del Estado y a los tejemanejes del yernísimo de España. Tomo pie en la información del pasado 31 de mayo de Manresa y García en el monárquico diario global-imperial [2].
La secretaria del Duque palmesano se llama Julita -la llaman así, lo siento- Cuquerella. Desconozco sus titulaciones y curriculum pero no es imposible que sea una secretaria de dirección o afín con algún curso en ESADE, el centro de formación técnica e ideológica de muchos miembros del entramado UBT [Urdangarin-Borbón-Torres]. Pues bien, Cuquerella, de nombre Julita, admitió el pasado abril ante José Castro, el juez que investiga el ‘caso Noos’, que era responsable de una nota manuscrita «en la que se indicaba cómo cobrar un dinero a través de una cuenta suiza».
¿De qué estoy hablando? De lo siguiente:
La investigación judicial en curso ha acreditado que el duque palmesano cobró, a través de una empresa vinculada a Agval, una comisión de 370.000 euros por su asesoramiento. Nada, una minucia, una mera propina. El dinero – supuestamente, siempre supuestamente por supuesto- se ingresó en una cuenta suiza. El número de cuenta se halló en la nota manuscrita durante el registro de la empresa del yernísimo, de una de ellas, en Barcelona [3].
Nada nuevo bajo el sol, una hazaña más de la trama UBT. ¿Y van cuántas?
De acuerdo, otra más. Pero hay un nudo que tiene que ver con el desparpajo de ciertos grupos sociales, con el hago lo que me da la gana y qué pasa, que queda patente en este paso del interrogatorio como testigo a «la asistente personal» del marido de doña Cristina de Borbón. Se celebró en Barcelona el pasado 20 de abril de 2012. El fiscal pregunta, es su obligación, sobre la nota manuscrita [4]. El paso:
Fiscal. ¿Era un contrato firmado por un tal Robert Cooks, con Aguas de Valencia [Agval]?
Asistente de Urdangarin [Julita C]. Es que me lo dieron [el contrato] en un sobre cerrado. No lo sé [quién lo firmaba], señor fiscal; de verdad, me lo dieron en un sobre cerrado.
Fiscal. ¿Quién se lo dio?
El señor Urdangarin y me dictó la nota, sí (…) No me parece nada mal, no veo nada malo en esa nota [que escribió ella].
Fiscal. Nadie le dijo que haya nada malo en esa nota, [pero en ella] hay una cuenta en Suiza ¿Se la dio el señor Urdangarin?
¿Qué hay de malo tener una cuenta en Suiza? ¿No es lo mismo Suiza que Zaragoza?
[…] Fiscal. ¿El señor Urdangarin tiene una y a través de un testaferro, un hombre de paja que se llama Robert Cooks? ¿Esto tampoco es tan normal?
Yo no sé si el señor Urdangarin tiene una cuenta en Suiza […] Vale. Estábamos el señor Urdangarin y yo despachando y me dice: «Julita, este sobre junto con una nota que te voy a redactar, por favor, haz que llegue a Miguel Zorio [un intermediario de la trama]». «De acuerdo», digo. «Muy bien». Inmediatamente coge el teléfono y llama, creo que fue, no estoy completamente segura, a José María Treviño. Le da este número de cuenta, porque yo veo que el señor Urdangarin apunta el número de cuenta, y entonces me da la nota. «Ponle esto a Miguel Zorio y queda con él», [ya] que [esta] era la manera de hacérselo llegar. Y entonces me dijo: «Creo que va a estar en Barcelona estos días».
Julita C, que trata de forma muy pero que muy distinta al juez que al fiscal (deben ser instrucciones de su abogado defensor) finaliza esta parte de su testimonio señalando que llamó a Miguel Zorio al que ella misma llevó el sobre con la nota a un hotel de Barcelona. Así es como pasó, remata Julita C.
Lo esencial: ¿se imaginan ustedes la seguridad a prueba de todo, la caradura de hormigón, el pensar que a mi no me tose nadie, que hay que tener incorporado en el ADN de todas las células para que una secretara de dirección o afín pregunte airada, como si no fuera la cosa con ella o con el Duque, qué diferencia hay entre tener una cuenta en Zaragoza o en Suiza? ¿Qué pasa, tío, no es lo mismo?
¿Qué diferencia hay? Bien mirado, ninguna. Los impuestos no es cosa suya, ni aquí ni en ninguna parte. España es su cortijo y los demás estamos aquí para serviles y para llevarles el café hablando en inglés si nos es posible que es más moderno, como diría la gran figura de la política catalana, el conseller Mena.
¿Se entienden bien las características sociales del régimen monárquico español en bancarrota? ¿Silbamos de nuevo?
Notas:
[1] Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20120530/344027/es/El-Congreso-niega-Amaiur-informacion-sobre-TOP-franquista
[2] El País, 1 de junio de 2012, p. 15.
[3] Por muy poco, por apenas unos miles de euros, señalan Manresa y García, esta operación de fraude al fisco no tiene consideración de delito fiscal. El delito está tipificado para aquellos supuestos «en que lo no pagado a la Hacienda Pública supera los 120.000 euros». Un nuevo cambio legislativo se impone en nuestro código.
[4] Manresa y García señalan: «Esta es la trascripción literal que figura en el sumario sobre dicho interrogatorio, que en ocupa 30 folios del sumario, del que ya EL PAÍS ha publicado una entrega anterior».
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