I 10 años han transcurrido desde que Raúl Castro, a fines de 2007, convocara un amplio debate nacional. Fue una suerte de «catarsis social» sobre los problemas en todos los órdenes del país. Hecho que puede ser marcado como el inicio de un proceso de transformación que ha impactado todos los espacios de la vida […]
10 años han transcurrido desde que Raúl Castro, a fines de 2007, convocara un amplio debate nacional. Fue una suerte de «catarsis social» sobre los problemas en todos los órdenes del país. Hecho que puede ser marcado como el inicio de un proceso de transformación que ha impactado todos los espacios de la vida económica, política, social y subjetiva de Cuba.
En esta década quedaron despejadas dos variables importantes: 1) qué cambios se acometerían en el orden económico y social, y 2) desde qué concepción del socialismo se asumirían. Estos datos permiten colocar el análisis sobre las reformas no en el éter de los supuestos, sino en el concreto de los resultados, con énfasis tanto en las modificaciones estructurales y conceptuales, en las contradicciones y complejidades que entrañan, como en sus perspectivas.
Si bien todo movimiento en una parte del sistema afecta a su totalidad, queda pendiente despejar otra importante variable: el marco político y jurídico para el relacionamiento de viejos y nuevos actores socioeconómicos. Ajustes que han de ser ventilados en un proceso de reforma constitucional, como cierre de lo que debería ser un nuevo contrato social en Cuba.
En febrero de 2008, al ocupar el cargo de Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro destacó lo que puede considerarse como las «líneas maestras» de las «actualizaciones» que se acometerían en la Isla, grosso modo:
– Ratificar al PCC como el garante de la unidad de la nación, y heredero del liderazgo histórico de la Revolución. A esta afirmación adosó la condición de que «si el pueblo está firmemente cohesionado en torno a un único partido, éste tiene que ser más democrático que ningún otro, y con él la sociedad en su conjunto».
– Ampliar los procesos de debates al interior de la sociedad, pues «el apoyo masivo a la Revolución exige cuestionarnos cuánto hacemos para mejorarlo (…) No hay por qué temer a las discrepancias en una sociedad como la nuestra (…) Del intercambio profundo de opiniones divergentes salen las mejores soluciones, si es encauzado por propósitos sanos y el criterio se ejerce con responsabilidad».
– Hacer más eficiente la gestión del gobierno. «Una estructura más compacta y funcional, con menor número de organismos de la administración central del Estado y una mejor distribución de las funciones que cumplen».
– Fortalecer la economía como «premisa imprescindible» para avanzar en cualquier otro ámbito de la sociedad. «La única fuente de riquezas de la sociedad está en el trabajo productivo». Se debe «planificar bien» sin «gastar más de lo que tenemos (…) para encontrar los mecanismos y vías que permitan eliminar cualquier traba al desarrollo de las fuerzas productivas y explotar las importantes potencialidades que representan el ahorro y la correcta organización del trabajo».
– Satisfacer, de manera prioritaria, «las necesidades básicas de la población, tanto materiales como espirituales, partiendo del fortalecimiento sostenido de la economía nacional y de su base productiva».
Estas líneas se han concretado, dos quinquenios después, de la siguiente manera:
– Reorganizado los procesos de producción, distribución, cambio y consumo. Esto incluye la ampliación del sistema de gestión de la propiedad y la diversificación de los sujetos económicos: la propiedad socialista de todo el pueblo, la cooperativa, la mixta, la privada, la propiedad de organizaciones políticas, de masas, sociales y otras de la sociedad civil. El tránsito de una política de pleno empleo a la expansión del mercado laboral. La disminución de la presencia distributiva del Estado. Como norma, se pasó a subsidiar a las personas y no a los productos. Abandono de la política de pleno empleo. Ensanchamiento del mercado en el rol de distribución de bienes y servicios, en el empleo y en el acceso al bienestar, con fuerte sustento en los ingresos personales y familiares.
– Definidos los sectores estratégicos para el desarrollo: 1) gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integración social; 2) transformación productiva e inserción internacional; 3) infraestructura; 4) potencial humano, ciencia, tecnología e innovación; 5) recursos naturales y medio ambiente; 6) desarrollo humano, equidad y justicia social (Documentos, 2017).
– Modificados los mecanismos de política social focalizados hacia la vulnerabilidad, con fuerte basamento en las políticas impositivas. Hacer un uso eficiente de los recursos, orientado hacia la estabilidad macroeconómica y financiera.
– Ajustado el funcionamiento de la Administración Central del Estado: mayor descentralización, claridad y estabilidad en las funciones de gobierno; incremento del protagonismo municipal, mayor información pública sobre la gestión gubernamental. La limitación de la elección a dos periodos para cualquier cargo público.
– Definidos los ejes estratégicos para el plan nacional de desarrollo: 1) gobierno, defensa y seguridad interior; 2) medio ambiente y recursos naturales; 3) socio-cultural; 4) territorial; 5) demográfico; 6. infraestructura; 7) sector externo; 8) monetario, financiero y fiscal; 9) potencial productivo, tecnológico y humano (Documentos, 2017).
– Perfilada la función del Estado socialista como «garante de la igualdad y la libertad, la independencia, la soberanía, de la participación y control populares, del desarrollo del país»; al tiempo que garante en el «ejercicio y la protección de los derechos y deberes económicos, sociales, culturales, cívicos-políticos, individuales y colectivos» (Documentos, 2017).
– Ratificado el Partido Comunista de Cuba (PCC) como única instancia político-partidista dentro del modelo. Los órganos permanentes de este se reúnen periódicamente. Se han realizado dos Congresos en el período, los correspondientes plenos de su Comité Central y se convocó, por primera vez, la instancia de la Conferencia Nacional. Como política se definió la progresiva separación de las funciones administrativas asumidas por esta organización y concentrar su trabajo en el ámbito político/ideológico.
– Queda modificada la estructura productiva: prevalece la gestión estatal, con un 70 por ciento. Se incrementa el «trabajo por cuenta propia» (empleados, empleadores y auto-empleados) a 982 personas (12 por ciento de la fuerza laboral). Las cooperativas no agropecuarias alcanzan 112 mil asociados y asociadas, con 420 aprobadas. Se añade que 1 millón 917 mil hectáreas de tierras han sido otorgadas a 222 mil personas naturales. Este cuadro incluye a más de 250 empresas vinculadas al capital extranjero en sus modalidades (capital foráneo cien por ciento, empresas mixtas, y contrato de asociación económica internacional).
II
El nuevo mapa estructural/productivo se ha visto afectado por ajustes periódicos en las políticas y regulaciones de las nuevas formas de propiedad y gestión, lo que dificulta su estabilidad, desarrollo y genera incertidumbre en los actores económicos emergentes. Además, las medidas, para su consolidación, expansión y fomento han sido lentas y sin plazos determinados.
El «Modelo…», además de reiterar la lógica de un ordenamiento estatal fuertemente centralizado y burocrático, pareciera sustentarse en la convivencia de clases; reducida conceptualmente a coexistir en la condición de propiedad social de los medios de producción prevaleciente. Esta comprensión desatiende las complejidades y contradicciones clasistas manifiestas dentro de la diversidad de actores económicos. Visión economicista que obvia, tanto en el análisis conceptual como en la práctica política, conflictos tales como capital/trabajo, empleador/empleado (privado o estatal), ciudadano/productor.
En este contexto, a pesar de la descentralización en la gestión de la empresa estatal, subyacen dos fenómenos:
1) en su interior, la lógica verticalista y salarial, donde los directivos concentran un mayor poder de decisión en los procesos productivos. La iniciativa y la creatividad requerida a los trabajadores/as, como dueños de los medios de producción, se reduce a lo técnico, no a cuestiones organizativas ni estratégicas dentro de las unidades productivas (Martín, 2015);
2) en su relación hacia afuera, el manejo discrecional y centralizador de las empresas por parte del Estado se concreta en la poca calidad de las regulaciones para su función y el cumplimiento de estas (Torres, 2015).
Como tendencia, el «Modelo…» no proyecta la democratización de las relaciones productivas. En sus planteos básicos, y en la práctica político normativa, no se coloca el trabajo (seres humanos que producen directamente bienes y servicios) en la centralidad que demanda el imperativo socialista de socializar la producción y el poder. En consecuencia, no se potencia una subjetividad cooperativa, complementaria y solidaria, afín a esos procesos políticos/productivos.
Esa tendencia se remarca en que las cooperativas tienen mayores límites para su aprobación, lo que incluye su exclusivo carácter experimental. El «Modelo…» no menciona la cogestión y la autogestión como pilares de la socialización, ni la diversidad de formas de la economía popular y solidaria; potenciales concreciones de la propiedad social en espacios comunitarios de producción de bienes y servicios.
La «actualización» no lo es solo del modelo económico, sino de las relaciones sociales y su redimensionamiento subjetivo, individual y grupal. En este sentido, algunas investigaciones psicosociales develan la percepción de relaciones de subordinación empleador-empelados, caracterizadas como explotación en muchos casos, donde el componente de autocracia, inteligencia y liderazgo le es asignado al empleador y el de obediencia y sumisión, al empleado. Dentro de estas pautas subjetivas se declaran pocos deseos de alianza con instituciones estatales, desarrollo de procesos cooperativos o acciones encaminadas a la responsabilidad social; contrario a lo cual la participación en las transformaciones se signa más en lo individual y familiar. (Daybel, 2015)
Otra arista de las reformas alerta que, si bien es un imperativo dotar al proyecto social cubano de sustentabilidad económica, por lo cual la política social apunta a suprimir su baja armonización con la economía, en la práctica se tiende a conceder a la política social un papel subordinado a lo económico.
Como manifestación de esta lógica, no se aborda en rigor la problemática de las desventajas y exclusiones sociales. La desigualdad y la pobreza se diluyen en términos como: población en riesgo o vulnerable, grupo en desventaja, pobreza asistida o con amparo, desventaja social (Valdés, 2013 y Zabala, 2013). El no reconocimiento de esta situación impide desplegar políticas sociales a la par de las transformaciones económicas que enfrenten las zonas de pobreza y miseria existentes.
Como dato, por ejemplo, el índice Gini, que mide desigualdad en un rango entre 0 a 1, se ensancha desde su nivel más bajo; 0,24 en 1980; a 0,38 en el 2000. Para el 2015 se estimaba en el 0,40. De igual manera se ha acrecentado la feminización, racialización y territorialización de la desigualdad y la pobreza (Espina, 2015).
Investigaciones recienten develan que han progresado (movilidad social) hombres, personas blancas, jóvenes, sujetos con calificación media superior y superior, y de origen social intelectual. En la otra cara de la moneda se ubican las mujeres, personas no blancas, de origen social obrero y campesino, y de bajo nivel educacional, combinado con la trasmisión generacional de las desventajas (Espina, 2015). Un destaque merece el hecho de que las mujeres, dentro del sector «cuentapropista», son el 33 por ciento (Pérez, 2017), y la mayoría de ellas no son propietarias, sino asalariadas, con ingresos promedios menores al de los hombres.
Como base de esa movilidad social se apunta, en el espacio micro social, la carencia o insuficiencia de activos y su reproducción generacional. En el ámbito macro, la incapacidad de los mecanismos económicos para generar fuentes de trabajo con retribución adecuada, así como el debilitamiento tanto de mecanismos estructurales de inclusión social dependientes del trabajo, como de asistencia y seguridad social.
Lo anterior se refleja en la ampliación del «cuentapropismo» y de la microempresa sin apoyo e incentivos públicos suficientes y adecuados para grupos en desventaja (microcréditos preferenciales, mercados, capacitaciones, asesoría jurídica y técnica), lo que pudiera generar en estos una informalización precaria, que no rebase el marco de sobrevivencia e incremente los niveles de pobreza (Espina, 2015). Tal insuficiencia contrasta con el hecho de que se mantienen inmovilizados recursos que podrían destinarse al fomento de emprendimientos, como los ahorros de la población situados en los bancos (Díaz, 2015), así como fuertes limitaciones para el despliegue de proyectos de la cooperación internacional.
En la práctica, el déficit de fuentes de financiamientos privadas, estatales, por subvenciones o subsidios gubernamentales, se suplen mínimamente por la familia, los amigos, y cubanos residentes en el exterior. El envío de dinero a Cuba se calculan en torno a 3 mil millones de dólares anuales, de los cuales aproximadamente un 50 por ciento se emplean como capital del trabajo del sector no estatal (Rodríguez, 2017).
Otro matiz del mismo asunto destaca que las políticas crediticias no apuntan a empoderar a sujetos, grupos y comunidades afectadas, lo que implicaría aprovechar las potencialidades de la comunidad y de la sociedad civil para enfrentar esa realidad. Valga decir el despliegue de formas de economía social y solidaria, gestión participativa de los presupuestos y acceso directo a recursos de la cooperación internacional.
En este escenario, si bien el salario medio nominal en el sector estatal ha crecido, no satisface aun las necesidades básicas. Mientras su promedio es de 740 CUP, (824 sector empresarial) (Rodríguez, 2017), se calcula en más de 2.000 CUP el monto salarial requerido para satisfacer esas necesidades (Monreal, 23/06/2017). La distribución de esa media aún no es igual para todos, ya que un 60 por ciento de los trabajadores cobraban una suma por debajo del promedio nacional, alrededor de un 38 por ciento cobraba entre 824 y 2.000 pesos y solo un 1,7 por ciento superaba esta última cifra (Rodríguez, 2017). En este mismo sentido, la pensión media nominal ha crecido, pero, ajustada al incremento de precios, no cubre las necesidades básicas alimenticias.
En el caso de los cuentapropistas, los ingresos son seis veces el salario medio estatal, y la brecha es mucho mayor entre algunas ocupaciones dentro del sector (Mesa-Lago, 2017). En este escenario, tanto el trabajo por cuenta propia como el cooperativismo, logran mayor vínculo entre ingreso y trabajo, lo que estimula el crecimiento de la productividad.
Valga añadir que los precios elevados se intentan compensar en el 2017 mediante un subsidio presupuestario de 3.740 millones de pesos para los productos que se entregan por la libreta de abastecimientos, al tiempo que se cubren gastos sociales por 36.554 millones. Estos abarcan los costos de los servicios de salud, educación, seguridad y asistencia social, así como las tarifas subsidiadas de la electricidad, gas, agua, teléfonos y transporte público (Rodríguez, 2017).
Respecto al sistema de salud, este se mantiene bajo el principio de universalidad y gratuidad. Continúan avances en ciertos indicadores (la mortalidad infantil es de 4,3 por cada 1.000 nacidos vivos; se reduce en 35 por ciento el número de habitantes por estomatólogo, se incrementó la vacunación en siete de 11 tipos). En paralelo ha disminuido el acceso, el número de instalaciones, el personal y la calidad de los servicios. El número de hospitales descendió 32 por ciento y el de policlínicos 8 por ciento, todos los hospitales rurales y los puestos rurales y urbanos fueron cerrados en 2011 (Mesa-Lago, 2017). Al mismo tiempo, el tenso tema del envejecimiento poblacional demanda el incremento de servicios, de por sí costosos.
El sistema de educación, que mantiene igualmente su carácter universal y gratuito, ha tenido una reducción de la matrícula total en 39 por ciento, mientras que el personal lo ha hecho en 13 por ciento, afectando especialmente a la educación rural y obrero-campesina (Mesa-Lago, 2017). También se observan zonas de deterioro en la calidad del proceso docente educativo.
Para paliar la situación se han incrementado los salarios en el sector, se posibilitó la recontratación a docentes en jubilación y se revisaron las condiciones de contratación y cargas docentes. La revisión en curso incluye un «tercer perfeccionamiento» del sistema educacional, que apunta, en lo esencial, a actualizar programas, textos y orientaciones metodológicas; así como organizar el proyecto educativo en cada escuela acorde a su contexto, mayor autonomía en la dirección de centros educacionales y su relación con los ámbitos familiares y comunitarios.
Si bien se reitera que el Estado garantiza la gratuidad de los servicios de salud y educación, se abre la posibilidad de que se determine puntual y centralmente «servicios que se pueden ofrecer mediante cobro, a quienes los demanden por razones que no responden a necesidades básicas o fundamentales» (Documentos, 2017). Esta ambivalencia, de facto, abre las puertas a la mercantilización de estos servicios, al potencial ensanchamiento de las desigualdades ya crecientes, y agita una de las bases esenciales de la legitimidad del socialismo cubano.
La ampliación del mercado y de la actividad privada tiene un impacto en la desigualdad. También la situación de los salarios estatales y las pensiones que se han quedado «retrasados» en relación con los niveles alcanzados por otros ámbitos con mayor dinamismo, como los salarios de la actividad privada, el ingreso de los trabajadores por cuenta propia y de las cooperativas, las remesas familiares, y otras «entradas» (legales e ilegales).
Algunos análisis apuntan que para poder avanzar en una discusión acerca de la desigualdad es conveniente analizar la distribución primaria del valor, aquella que se produce en el proceso de producción y que adopta diversas formas de ingresos, especialmente los salarios (Monreal, 13/06/2017). El valor del salario mínimo depende fundamentalmente de su equivalencia con el costo de la canasta básica. Expresa lo que cuesta «sostener al obrero». Por tanto, no debe depender directamente del nivel de productividad que pudiera existir a nivel social, o en las ramas determinadas donde trabajan obreros y obreras. No debe ser violentada por antojo burocrático (Monreal, 23/06/2017).
Los análisis prevalecientes sobre el salario siguen enfocados en el efecto y no en la causa. La controversia «aumento de salario para aumentar la productividad», versus, «aumento de la productividad para aumentar salario», son migas del mismo pan. En ambos casos parten de fuerzas sociales externas a los trabajadores, que administran los medios de producción (burócratas) o son sus dueños (capitalistas). Ambas se reproducen, con marcadas diferencias, al reducir al trabajador a vender su fuerza de trabajo y alienar así su participación en el conjunto de las relaciones sociales de producción.
Con frecuencia se obvia, en la crítica a la política salarial del Estado, que el sector privado, con independencia de los ingresos más favorables que hoy representa, reproduce la añeja lógica de que el capitalista incrementa su poder a través de la apropiarse de determinada cantidad de trabajo no retribuido a los trabajadores. El capitalista pugna por reducir los salarios y prolongar la jornada de trabajo, mientras que el trabajador presiona constantemente en el sentido contrario. Si bien esta tensión se regula por la ingerencia de la ley, la que aparece por la acción política general de los trabajadores, la distribución de la riqueza social entre capitalistas y trabajadores es cada vez más desigual (la observación empírica apunta a validarlo en la incipiente relación de este tipo en Cuba).
En los debates, propuestas y búsqueda de salidas al problema salarial en Cuba, no se prevé que, venga de donde venga, el sistema salarial es una relación que constriñe creatividad, libertad y derechos en los productores y productoras directos de bienes y servicios. De igual manera engendra las condiciones materiales y las formas sociales para su reproduccion. De ahí que la permanente lucha por el aumento salarial es solo un paliativo. Por eso, exortaba Marx, al lema conservador de «un salario justo para una jornada de trabajo justa», deberá ser cambiada por la consigna revolucionaria, «abolición del sistema de trabajo asalariado» (Marx, 2003).
Otra razón para explorar más en profundidad las formas cooperativas, solidarias, mutualistas de producir, donde el trabajo no se somete a los designios salariales de la burocracia ni del capital. Donde establezca sus propios mecanismos para una distribución justa de las riquezas, dígase beneficio, ganancia… siempre a condición de una nueva relación social de producción donde el trabajo toma la centralidad.
La generalidad de los rasgos, tendencias y tensiones descritas con anterioridad, se suceden sobre resultados económicos insuficientes para alcanzar el despegue, desarrollo y sustentabilidad del «Modelo…», lo que añade mayor tensión al proceso.
Para el 2016, según cifras oficiales, la principal fuente de ingreso económico es el turismo, el cual aporta 3 mil millones de dólares anuales. Este sector puede hacer una mayor contribución indirecta a la economía producto de sus «derrames» en términos de encadenamientos (aún muy por debajo del potencial) e ingresos directos hacia las familias cubanas. En la otra cara de la moneda, el turismo acarrea graves consecuencias sociales y ambientales, al tiempo que, en la práctica, obliga a importar alimentos, bebidas, combustibles y productos de lujo para satisfacer a los más de 4 millones de visitantes.
Todos los demás rubros económicos fundamentales tienden a ser deficitarios. La producción de níquel se redujo y la azucarera disminuyó a un millón y medio de toneladas (400 mil menos de lo programado). La venta de derivados del petróleo cayó 68.9 por ciento y la importación de petróleo venezolano bajó 4.4 por ciento. La producción de energía eléctrica, por su parte, cayó 6 por ciento. Las exportaciones totales cayeron 16.3 por ciento. Las exportaciones de servicios (médicos y maestros) disminuyeron en 11 por ciento. En cambio, la importación de alimentos ascendió a 1.688 millones de dólares, mientras la de bienes cayó en 3.3 por ciento. En ese escenario, el país pagó 5.299 millones de dólares de su deuda externa para seguir teniendo crédito (Almeyra, 2017).
El contexto crediticio internacional es complejo y no parece haber modos posibles de avanzar sin enfrentar esa complejidad. Aunque las condiciones han mejorado relativamente en los últimos cinco años, a partir de la restructuración de la deuda exterior, algunos autores destacan como elementos de esta situación: que el país no es miembro de ningún organismo financiero internacional relevante, ni concesional ni compensatorio; la profundización de las sanciones de Estados Unidos, y el pobre historial crediticio cubano, con varias moratorias de deuda. Todo esto implica que los costos de emisión de deuda son muy altos, a lo que se une que no existe una amplia cartera de socios con los que trabajar en este sentido. Inclúyase en esta complejidad, la percepción de que la deuda pone al país en manos de sus acreedores, sin alternativas viables, los que pueden intentar empujar a Cuba hacia la adopción de medidas que se han tratado de esquivar hasta el momento (Torres, 2017).
No puede obviarse que en el concierto financiero internacional, las grandes instituciones no tienen por prioridad real la ayuda al desarrollo, solo la expansión y protección del capital financiero. Perspectiva nada amigable con los proyectos de soberanía que intentan proteger su economía al servicio de las necesidades nacionales de desarrollo de su población.
En este tenso escenario, la inversión extranjera sumó en 2016 unos 1.300 millones de dólares, distante del necesario incremento anual cifrado entre 2 mil y 2.500 millones. En el Plan Nacional de la Economía de 2017, las compañías extranjeras solo asumen el 6,5 por ciento de la inversión prevista.
El ritmo lento de aprobación de nuevos proyectos ha impedido acceder a recursos en el corto plazo y expandir la capacidad productiva que asegure un mayor dinamismo de la economía en los años venideros. Esto es debido a la ineficiencia burocrática, entrelazada con deformaciones en el sistema bancario y financiero nacional, así como la dualidad monetaria (Terrero, 2017).
Algunos analistas sugieren no tomar en cuenta solo grandes proyectos que impliquen el desembolso de fuertes sumas, sino considerar emprendimientos de mediano e incluso pequeño porte, así como reforzar la capacidad de ejecución de las inversiones del país como apoyo a la entrada de capital foráneo (Rodríguez, 2017). Como alternativa pudiera acercase la aprobación de inversiones con un monto limitado en los niveles provinciales y municipales.
Lo cierto es que la inversión extranjera tiene carácter paradójico. De un lado, en tanto elemento constitutivo del modelo de desarrollo, es quizá sobre el que se puede actuar con mayor efectividad a corto plazo. Del otro, su inclusión potencia los riesgos que el capital internacional representa para cualquier proyecto nacional sustentado en la dignidad popular en general, y de los trabajadores y trabajadoras en particular. Sin dudas una de las mayores exigencias a la creatividad política en defensa de la soberanía. Recuérdese que, detrás de la sinuosa consigna de «mayor estímulo a la inversión», se solapa la desregulación del capital que condicionan, en los casos más extremos, las políticas económicas de las naciones en desarrollo.
III
Al intentar una mirada integral al proceso de reforma, es el ámbito político/normativo donde se sitúan las mayores incertidumbres. Si bien es cierto que los documentos de la «actualización» han tenido niveles de consulta más o menos amplios con sectores e instituciones sociales diversas, estos eventos democráticos no parecen anunciar la configuración de estructuras de diálogo político estables con los (cada vez más diversos) sujetos sociales y económicos dentro del país.
Las pautas enunciadas respecto al ordenamiento político no sobrepasan la pretensión de estudiar cómo reducir la cantidad de miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular sin sacrificar la representatividad del pueblo; analizar la presencia de un órgano permanente y profesional que dirija los procesos electorales, y encaminar el programa de Perfeccionamiento de los Órganos del Poder Popular, aprobado por la dirección del Partido (Penín, 2017).
La idea de un Partido «más democrático» en su rol de guía de la Nación no ha tenido concreciones significativas. Las propuestas de aumentar, diversificar y especificar el diálogo del Estado con la sociedad no muestran resultados tangibles. Tampoco se aprecian pasos de reacomodo en la relación del PCC con las organizaciones de masas legalmente constituidas, ni con la diversificada sociedad civil cubana.
Sin embargo, y como dato significativo del contexto, las instancias estatal y partidista han perdido el monopolio de las preguntas y las respuestas. En su lugar se incrementa la «densidad» de la sociedad civil, constatada en la emergencia de redes asociativas que defienden temas diversos, con autonomía y capacidad de incidencia en la sociedad y las agendas públicas: comunidades religiosas, movimiento LGBT, movimiento por los derechos de las personas negras, diversos colectivos feministas, plataformas de comunicación alternativas, trabajo comunitario socioculturales y productivo, entre otros.
Estos grupos de actores que develan un abanico ideológico amplio y ejercen un quehacer crítico que no implica ruptura con «lo revolucionario», más bien lo resignifican. Muchos de estos colectivos vencen en buena medida el recelo de los sectores oficiales tradicionales, y ganan legitimidad y acceso a la esfera pública (González, 2015).
IV
Frente a este dato de la realidad se debería potenciar la redefinición de un nuevo pacto social, dígase encuadrar las maneras futuras de organizar el diálogo permanente, y el incremento de la inclusión social en los procesos de definición, decisión y control de las políticas públicas.
Si bien este camino no está en cero, y su continuidad se infiere de los documentos de la «actualización», es un imperativo acelerar su construcción; es decir, ampliar los procesos normativos que le den cuerpo y contenido. Para este fin sería necesaria una revisión de las comprensiones sobre «control popular» y «sociedad civil socialista» referidas en los documentos de la reforma.
Mientras más avanza la «actualización del modelo» más ajustes se hacen necesarios. A todos ellos debe servir el Derecho. Las reformas abren espacios a nuevos actores que no lo son plenamente sin derechos y deberes regulados que permitan su creación, reconocimiento, claridad en sus funciones y organización, tanto en su condición de actores económicos, actores sociales y actores políticos.
En el sector productivo sería deseable ajustar un marco legal transparente, predecible y no discrecional que facilite el desarrollo del mundo empresarial (Torres, 2015), estatal y no estatal. Sería necesario temporizar los actores económicos no estatales en el Derecho. Estos carecen de modelos específicos a los cuales ajustarse para desarrollar su actividad y contribuir de esa manera a su reconocimiento y regulación. Pongamos por caso la especificación de la pequeña y mediana empresa, ya sea como persona natural o colectiva. Este particular no es exclusivo de las empresas privadas, pues las estatales también ameritarían adoptar formas organizativas y asociativas diversas (Cobo, 2016).
El término «trabajo por cuenta propia» necesita ser re-conceptualizado para su ajuste normativo. En su interior conviven personas que realizan su labor de manera individual; otras que ponen capital propio o en común y emplean fuerza de trabajo, así como aquellas cuyos ingresos, más que de su trabajo, resultan de la renta.
Algunos empleadores funcionan como pequeñas y medianas empresas, por lo que habría de reconocerse la figura de empresario y legislar sobre ella. De igual manera ha de considerarse la distinción entre empleadores y empleados, la que debe trascender al ámbito sindical, pues unos y otros no ocupan el mismo lugar, en particular en el sector privado. Al tener en cuentas estas peculiaridades, sería recomendable revisar el Código de Trabajo y Seguridad Social.
En el camino del necesario pacto social con nuevos y viejos actores de la sociedad civil, debería considerarse el reajuste de la Ley de Asociaciones, la reforma a la Ley Electoral; la creación de una Ley de Culto, una Ley de Ciudadanía, una Ley de Municipio, y una Ley de Comunicación. Añádase la actualización de los derechos y deberes económicos, sociales, culturales, cívicos-políticos, individuales y colectivos; así como las regulaciones jurídicas que organicen y aseguren su realización.
Casi como colofón de estos 10 años, concluyó la elaboración, debate y presentación final de los documentos de la «actualización»: Conceptualización, Plan de Desarrollo y Lineamientos. Estos resultan, en su conjunto, un cuerpo doctrinal, político y propositivo de amplio espectro. Constituyen un todo integrador que permitirá, en el mediano y corto plazo, contar con un marco referencial para debates, sugerencias y ajustes. Un instrumento programático al cual recurrir en el largo y complejo proceso de intentar un país mejor para todas y todos.
Entre los contenidos fundamentales se apunta al desarrollo económico y elevación del nivel de vida, sustentado en una prosperidad con justicia y equidad sociales y en armonía con el medio ambiente. Se contempla el reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes de la ciudadanía, y en particular de los trabajadores en todas las formas de gestión y de propiedad. Derechos y deberes que se proyectan hacer efectivos con inclusión, participación democrática en los procesos de toma de decisión en la vida económica, política y social, y afrontando toda forma de discriminación lesiva a la dignidad humana (Documentos, 2017). Todos estos contenidos son bases potenciales para la creación social de la política.
10 años han transcurrido desde que Raúl Castro convocara un amplio debate sobre los problemas en todos los órdenes del país y sus posibles soluciones. Como resultado tenemos un país transformado y mucho más concreto, sin obviar las complejidades, contradicciones y tensiones que lo matizan. Lo cierto es que se hace insostenible el criterio de que en Cuba nada ha cambiado esencialmente. Pero igual de cierto es que no son poco los nudos que estos años nos dejan por delante.
Frente a ellos se abre un amplio abanico de opciones que, aun cuando se plantean con términos similares, no apuntan al mismo horizonte. Es notorio al menos tres tendencias de prioridades en el sector productivo: 1) mayor prevalencia del empresa estatal con el incremento de la eficiencia productiva y distributiva; 2) expansión de la propiedad privada, en los diferentes formas empresariales, con apertura al mercado laboral para incrementar la producción y los ingresos; 3) priorización de formas sociales, comunitarias, colectivas de producción, con destaque en la cooperativa, que vincule a productoras y productores directamente a los ingresos devenidos de la productividad.
De cara a un proyecto de justicia social, económica y política, como rostros de la soberanía, independencia y dignidad nacional, tres claves mínimas serían requerimientos para potenciar lo más alentador y contener los peligros que dejan estos años:
a) Re-politizar la sociedad. Elíjase ser sujeto consciente y activo. Todas y todos somos el contexto, por lo que debemos cambiar la pregunta súbdita «¿a dónde va Cuba?», por la certeza ciudadana de «a donde quiero contribuir que vaya».
b) Control popular. Increméntese la participación popular como medio político para eliminar el poder paralizante de la burocracia y frenar la voracidad depredadora del capital.
c) Autonomía y creatividad colectiva. Acumúlese experiencias en la gestión socializadora de la propiedad en mano de quienes producen, en vínculo impostergable con la democratización permanente de todos los ámbitos de la vida cotidiana, pública y privada.
Materiales consultados:
Almeyra, Guillermo. Cuba, problemas y desafíos (I). www.jornada.unam.mx/2017/04/02/opinion/016a2pol
Documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobado por el III Pleno del Comité Central del PCC y respaldado por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de 2017. «Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista». «Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores estratégicos». «Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021». Tabloides I y II. Impreso en la UEB gráfica Villa Clara, Empresa de periódicos.
Castro, Raúl. Discurso pronunciado en las conclusiones de la sesión constitutiva de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Palacio de las Convenciones, La Habana, 24 de febrero de 2008, «Año 50 de la Revolución».
Castro, Yudi. «El desafío de poner a producir las tierras ociosas». Periódico Granma, jueves 17 de agosto de 2017.
Cobo, Narciso. Cuentapropismo y pequeña empresa: una mirada desde el Derecho. https://cubaposible.com/author/narciso-alberto-cobo-roura
Díaz, Ileana y Dayma Echevarría. «Mujeres emprendedoras en Cuba: análisis imprescindible». En Miradas a la economía cubana. Análisis del sector no estatal. Editorial Caminos, La Habana, 2015.
Espina, Mayra Paula. «Reforma económica y política social de equidad en Cuba». Cuba: los correlatos socioculturales del cambio económico. Editorial Ciencias Sociales. Ruth Casa Editorial, 2015.
González, Lenier. Desmitificando la sociedad civil cubana. https://ysinpermiso.wordpress.com/page/10/
Martín, José Luis. «El toro por los cuernos. La necesaria transformación de las relaciones de trabajo en el país, como asignatura pendiente de la actualización del socialismo cubano». Cuba: los correlatos socioculturales del cambio económico. Editorial Ciencias Sociales. Ruth Casa Editorial, 2015.
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Ariel Dacal Díaz. Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. Miembro del Equipo de Educación Popular del Centro Memorial Luther Martin King Jr. de Marianao, La Habana.