El último informe del IGME constata el crecimiento sostenido de la minería metálica, que en 2021 ya concentraba el 35% del valor de toda la producción nacional con solo ocho explotaciones.
Cerca de 150 permisos de investigación para la búsqueda de materias primas solo en Extremadura y un crecimiento sostenido de la minería metálica (zinc, cobre, níquel-cobre, tántalo, estaño…), pujante en Andalucía y que en 2021 ya supuso más de un tercio del valor de toda la producción española pese a concentrar menos del 20% del empleo.
Son algunas de las últimas cifras del sector de la minería en España, en un momento de fiebre por las denominadas materias primas críticas. La Comisión Europea las considera prioritarias, lo que va a obligar al Ministerio para la Transición Ecológica a lanzar el primer programa nacional de exploración del subsuelo en España en más de medio siglo.
El ‘Panorama Minero’ del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), cuya última edición (con datos de 2022, cuando ya había estallado la guerra en Ucrania) se acaba de publicar, incluye un apartado dedicado a “Exploración y proyectos de investigación” que dedica especial atención a Extremadura, “uno de los centros más importantes de exploración minera en este momento”: “En toda la comunidad hay 147 permisos de investigación vigentes o en trámite con una amplia variedad de minerales explorados” que comprende litio, estaño, wolframio, niobio, tántalo, cobre, oro o vanadio.
Allí el grupo inversor Phi4Tech, que lleva años anunciado una fábrica de baterías en Badajoz, “ha adquirido de Valoriza Minería [filial de Sacyr] la empresa Lithium Iberia, y estudia la posible reapertura de la mina de interior de níquel – cobre de Aguablanca en Monesterio, así como la puesta en marcha del yacimiento de litio de Las Navas”. “Ambas minas estarían ligadas” a ese proyecto de baterías en Badajoz, señala el IGME, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación.
También en Extremadura, la británica W Resources “culminó los trámites necesarios para la reapertura de la Mina de Wolframio de La Parrilla en Almoharín (Cáceres), que se encuentra ya en operación”. Y “la investigación del yacimiento de litio de Valdeflores, en las proximidades de Cáceres, se encuentra en punto muerto por no haber conseguido la concesión del Permiso de Investigación a consecuencia de una incompatibilidad con el Plan Urbanístico”. La australiana Infinity Lithium renunció hace unas semanas a los 19 millones del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado para el proyecto, promovido a dos kilómetros del casco urbano de la capital cacereña.
Otro polo de interés es Andalucía, que en los últimos años ha experimentado un auge de la producción de minería metálica. En 2021 (último dato disponible) esta supuso más del 35% del valor total de la producción minera española, “con tan solo 8 explotaciones y menos del 19% de los empleos mineros”. En 2007 solo suponía el 3% del valor de la producción y 311 empleos, frente a los 6.702 de 2021. El empleo en este segmento crece de forma ininterrumpida en España desde 2008. El número de explotaciones aumentó en 2021 otro 233,3%, como en 2020.
En Aznalcóllar
En Andalucía “existen varios proyectos en distintas etapas de la exploración, después de la puesta en marcha de la mina de hierro de Alquife”, la mayor de cielo abierto en Europa. Cerrada en 1996, reanudó su producción en septiembre de 2020 tras adquirirla la familia hispano-alemana Fauteck-Puche.
De esos proyectos en Andalucía, “el más avanzado” es el de explotación de zinc en Aznalcóllar (Sevilla), escenario de una catástrofe ecológica en 1998 en el Parque Nacional de Doñana con la rotura de una balsa de lodos tóxicos de la sueca Boliden. Allí ahora la canadiense Emérita Resources es el “único postor calificado alternativo”, señala en su web, a la espera del macrojuicio que acaba de arrancar en la Audiencia de Sevilla por la supuesta adjudicación irregular de la concesión a la agrupación empresarial Minorbis-Grupo México.
Emérita Resources también “ha presentado sus primeros, y prometedores, resultados en la zona de Paymogo” (Huelva), destaca el IGME, que señala que en Andalucía MATSA ha solicitado dos nuevas concesiones de explotación de cobre y zinc en Huelva. Atalaya Mining, operadora del yacimiento de Riotinto cuyo mayor accionista (21,9%) es el gigante de las materias primas Trafigura, “está desarrollando una intensa exploración del yacimiento de Masa Valverde”. Y la empresa Nueva Tharsis “ha iniciado campañas exploratorias en las concesiones de las antiguas minas de San Telmo, La Zarza y Tharsis, que además de los contenidos conocidos en sulfuros polimetálicos, pueden presentar contenidos interesantes de cobalto”.
Otro punto de interés son los proyectos de tierras raras, claves para renovables o tecnología. Este martes, en un encuentro con la prensa para presentar el Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029, “centrado en el reciclaje, la sostenibilidad y la autonomía estratégica”, los responsables de Transición Ecológica negaron que en España haya proyectos de este tipo.
El IGME indica que, en Castilla-La Mancha, “el Proyecto Matamulas para la explotación de tierras raras (monacita)” del polémico empresario Javier Merino en Villamanrique (Ciudad Real) “está paralizado una vez se ha pronunciado sobre el asunto el TSJ de Castilla La Mancha, si bien la empresa ha anunciado que reformulará el proyecto para cumplir con las exigencias” para intentar reactivarlo.
También en Castilla-La Mancha, “el proyecto de la mina El Moto, en Ciudad Real, está muy avanzado una vez se llegó al acuerdo de ocupación de los terrenos” para ese yacimiento de wolframio y oro en Abenójar de la empresa PMC, que ha pedido ser calificado como prioritaria por la UE. Prevé generar entre 250 y 300 puestos de trabajo, empezar a producir wolframio en 2027 y abastecer más del 20% de las necesidades en la UE de este mineral crítico.
En Castilla y León, destaca el IGME, “a la reapertura de la mina de wolframio de Barruecopardo” (Salamanca) por la empresa Saloro, “debería seguir la nueva explotación del mismo mineral en Valtreixal”, en Zamora, “después del cierre por agotamiento de reservas de la mina de Los Santos”. “Otro proyecto relevante en este momento es la ampliación de la mina de magnesita de La Borobia” que promueve en esa localidad soriana Magnesitas Navarras junto a una explotación a cielo abierto que puso en marcha en 2017.
En Galicia, Valoriza “quiere poner de nuevo en marcha la Mina de San Finx, en La Coruña, de estaño y wolframio”; “está ya en funcionamiento la antigua mina de tántalo de Penouta (Orense)”, de la empresa Strategic Minerals; y Atalaya Mining “ha solicitado el permiso para la reapertura de la mina de cobre de Touro en A Coruña tras replantear el proyecto de acuerdo a las deficiencias observadas por la Xunta”.
En Asturias, “Explotaciones Mineras del Cantábrico ha retomado el proyecto de minería de oro de Salave, con objeto de producir un concentrado que será tratado fuera del emplazamiento”. Y Orovalle (filial de la canadiense Orvana Minerals) “está desarrollando intensa actividad exploratoria en cuanto a metales preciosos y metales básicos en el entorno de la mina de oro y cobre que continúa operando en El Valle – Boinás”.
En Cantabria, “tras los sucesivos desistimientos a permisos relacionados con el fracking”, prohibido por la Ley de Cambio Climático de 2021, destaca “la posible reapertura de Reocín”, la mina donde se extrajeron 100 millones de toneladas de zinc en siglo y medio y se prometieron 600 millones de inversión y 2.000 empleos. “Parece el tema más relevante para la minería cántabra, habiéndose incluso tratado en el Parlamento regional, si bien los incumplimientos de Emérita Resources han llevado a una caducidad del permiso de investigación a la espera de nuevos inversores”, destaca el IGME.
En Navarra y Aragón, la mina de potasas de Muga, de Geoalcali, filial de la australiana Highfield Resources, “ya ha recibido todos los permisos necesarios para su puesta en operación y ha iniciado los trabajos preparatorios para iniciar la operación minera en 2022”, destaca el anuario minero.
Las más de 2.600 explotaciones existentes en España mantienen más de 30.000 empleos con una producción de más de 3.500 millones anuales. El valor económico de las materias primas fundamentales producidas en España (cobre, fluorita, feldespato, estroncio, wolframio y tántalo) supera los 850 millones. Transición Ecológica negó este martes un “boom” de esta actividad en España. Recuerda que en 1985 había más de 80.000 empleos en el sector y 4.000 explotaciones.
El programa nacional de exploración del subsuelo buscará mejorar “el conocimiento de los recursos minerales del país, atendiendo especialmente a las materias primas fundamentales definidas por la UE”. Lo exige el nuevo Reglamento Europeo de Materias Primas Fundamentales en un contexto de enorme inestabilidad global, con la autonomía estratégica en primer plano por la dependencia europea de los minerales chinos.
Transición Ecológica recuerda que “hace décadas que en España no se desarrolla una prospección similar”. La última fue el Plan Nacional de Minería, entre 1969 y 1970, “y no se hizo buscando los recursos que ahora son fundamentales”. Se hará en colaboración con el IGME, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las comunidades autónomas (las competentes en la explotación de los recursos mineros) y el sector privado, entre otros actores, y “aprovechará la tecnología actual para buscar recursos no identificados, gracias a la revisión de los estudios geocientíficos existentes, nuevos estudios geofísicos y de detección remota, campañas geoquímicas o nuevos sondeos”.
El plan “pone el acento en la identificación de los recursos que pueden encontrarse en las más de 1.000 balsas y escombreras” (instalaciones de residuos de una mina) de proyectos mineros ya existentes en España, tanto en explotaciones activas como en las ya cerradas y abandonadas, “cuyo aprovechamiento se hizo con técnicas anticuadas o que no necesariamente atendía a las materias que son prioritarias actualmente”.
Ese programa se va a desarrollar mediante “colaboración público-privada” y con dos líneas de ayudas, una para buscar recursos no identificados y otra para las instalaciones de residuos, que se adjudicarán en función de la calidad del proyecto, tipo de materia prima y calidad ambiental.
Transición Ecológica es consciente del rechazo que generan los proyectos mineros en muchas regiones. Recuerda que las competencias en minería están transferidas a las comunidades “y no podemos interferir en los procedimientos”. Sin embargo, la ley de materias primas fundamentales europea prevé que los identifica proyectos “estratégicos” tengan una tramitación acelerada y el gobierno autonómico en cuestión debe tramitarlos en 27 meses, como máximo. El Estado solo es competente en proyectos que afecten a varias comunidades o en emplazamientos que estén reservados al Gobierno central.
Desde el ministerio destacan la “importante capacidad multiplicadora” que genera la investigación de los recursos minerales. Citando estudios en otros países, señala que “cada euro invertido” se traduce en unos 900 euros en producción minera, y cada empleo en investigación científica deriva en 56 en investigación minera en campo (sondeos) y 128 en la producción de materias primas minerales.
Recuerdan que la extracción de recursos a nivel global se duplicará hasta 2060 por el incremento previsto de la población (del 28%) y de los recursos que consume cada habitante. Se estima que el uso de metales crecerá un 96% en ese periodo y el de los no metales (rocas y minerales), un 170%, en un contexto de gran consumo de recursos para desarrollar las renovables, el vehículo eléctrico o las telecomunicaciones. La energía eólica, solar y geotérmica y el almacenamiento de energía necesarios para cumplir los objetivos climáticos requerirá 3.000 millones de toneladas de minerales y metales como el litio, el grafito, el cobalto, el níquel o las tierras raras.