Solo se han abierto 740 fosas comunes y rescatado 9.000 cuerpos, según un informe del Ministerio de Justicia, de más de 2.500 fosas y decenas de miles de asesinados
Están ahí, en la tierra. Miles de asesinados por el franquismo siguen yaciendo en las fosas del olvido. Son víctimas civiles, arrojadas a cunetas o descampados. España, el país de la desmemoria, aún mantiene enterrada una parte sensible de su historia reciente. Y el origen de la anomalía está en el estallido golpista, el 18 de julio de 1936.
Los desaparecidos son la más importante cuestión de derechos humanos aún por resolver en España como recomiendan organismos internacionales, caso de Naciones Unidas. Los golpistas eliminaron a unas 100.000 personas en la guerra civil. La matanza fundacional del régimen continuó con otras 50.000 ejecuciones en los primeros diez años de la dictadura de Francisco Franco. Muchos de estos cuerpos están todavía por rescatar e identificar.
Una realidad que pone en evidencia el informe encargado por el Ministerio de Justicia a un grupo de expertos. España solo ha abierto unas 740 fosas comunes y ha exhumado más de 9.000 personas entre los años 2000 y 2018.
Y «la arqueología tiene una enorme capacidad como método de investigación para la Memoria Histórica», explica Inmaculada Carrasco, profesora en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla e historiadora que forma parte de un equipo arqueológico «sólo de mujeres». Porque aplicar estos conocimientos sirve para entender mejor la «historia reciente», señala.
El Mapa de Fosas estatal -la última actualización es de 2011- cifra 2.591 fosas y decenas de miles de desaparecidos. Solo se ha recuperado una décima parte de los cadáveres. El resto sigue ahí, bajo tierra. La radiografía de las fosas y cunetas elaborada por los especialistas dice que solo se podrían recuperar otras 25.000 víctimas más.
El plan sistemático de los golpistas
La pedagogía del terror puesta en marcha desde el mismo 18 de julio del 36 es una evidencia histórica. Un plan marcado en rojo en la agenda golpista y que hunde su raíz en las tácticas de violencia extrema de las guerras coloniales del Rif en el norte de África. Así lo sostienen historiadores como Paul Preston, Julián Casanova o Francisco Espinosa Maestre, en conversación con eldiario.es.
Todos citan las órdenes de los líderes rebeldes. Comenzando por Emilio Mola, el director de la sublevación armada. «Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado», decía el general africanista. «Hay que sembrar el terror», animaba.
«La premeditación se encuentra en las instrucciones secretas que Mola preparó para los conspiradores», arranca el hispanista. El golpe de Estado, «en términos generales», fue el origen de El holocausto español, como tituló Preston una de sus obras.
«Nadie conocía mejor que ellos lo útil que podía ser el terror para paralizar las posibles resistencias y eliminar a sus oponentes», apunta Julián Casanova. Las guerras coloniales eran «escenarios idóneos para el desprecio por los valores humanitarios y las virtudes cívicas, para educarse en el culto a la violencia».
«Los militares sublevados hicieron probar el hierro de su espada a decenas de miles de ciudadanos», continúa. «Comenzaron sembrando el terror desde el primer día, intimidando, matando, aplastando las resistencias» y, en muchos lugares, «con el entusiasmo de centenares de derechistas y falangistas, que se consagraron desde entonces a tareas de limpieza», subraya el historiador.
La matanza fundacional del franquismo
«Fue la matanza fundacional por cómo se planteó: tras cinco años de República y del triunfo del Frente Popular se trataba de hacer tabula rasa con dicha experiencia», arranca Francisco Espinosa Maestre, uno de los mayores especialistas en el estudio de la represión franquista.
«Lo primero fue paralizar por el terror a una población mayoritariamente contraria al golpe», certifica. Los golpistas «siempre fueron conscientes de la resistencia que encontrarían», prosigue. «De ahí el plan de exterminio que pusieron en marcha desde el primer momento, máxime cuando el golpe fracasó en zonas clave del país», explica.
Espinosa Maestre marca además una línea para la intentona golpista que llega «hasta el 7 de noviembre del 36 con el fracaso ante Madrid». Solo a partir de ahí, dice, «puede hablarse de guerra con ejércitos, frentes y batallas».
Luego, «la sublevación militar de julio de 1936 y la guerra civil que provocó se convirtieron en acontecimientos fundamentales de la dictadura de Franco, de su cultura excluyente, ultranacionalista y represiva y así lo recordaron hasta el último día de la dictadura», puntualiza Casanova.
El tajante informe de los expertos
España ha abierto unas 740 fosas comunes para exhumar más de 9.000 cuerpos. Y podría rescatar otras 25.000 personas como máximo. Son las cifras redondas del informe elaborado por un grupo de expertos que aporta la radiografía actual de las cunetas del olvido. De la tierra donde, todavía, yacen muchas víctimas del franquismo.
La memoria de situación de las fosas y cunetas españolas está realizada por un equipo de once expertos coordinados por el médico forense Francisco Etxeberria. El estudio fue encargado por la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Justicia y está centrado en el trabajo científico realizado entre los años 2000 y 2018. Antes, la apertura de tumbas ilegales no se hizo bajo criterio arqueológico.
Y el documento es tajante. España está en disposición de recuperar un máximo de 25.000 asesinados por los golpistas. El reto precisa un plan de choque de exhumaciones que sería ejecutado «en un plazo temporal de una legislatura y media trabajando de forma sistemática», según las conclusiones del informe.
Los expertos emplazan así al Estado a asumir la tarea inacabada. «Urge la asunción de un claro liderazgo y compromiso activo por parte de las autoridades en la investigación de la suerte y el paradero de personas desaparecidas», dice el texto.
La mayoría de los desaparecidos son víctimas civiles enterradas en cunetas. O tiradas en tumbas ilegales en descampados, montes, cementerios (intramuros y extramuros), abandonadas en el terreno de los frentes de guerra o muertas en custodia de las autoridades.
«Hemos excavado en todos los contextos posibles y esto demuestra la capacidad que tiene la arqueología como método investigación para aportar a la Memoria Histórica», cuenta la arqueóloga Inma Carrasco. Aunque «no todas las fosas son iguales, todas tienen sus particularidades», sostiene.
«Pero la Memoria no ha entrado todavía dentro del sistema académico», señala. No de lleno, al menos. «Ahora quizás sea más fácil investigar que hace años porque se han abierto archivos, por ejemplo, pero todos estos procesos llegan porque son las familias y las asociaciones quienes tiran del carro», argumenta.
«El paradero de personas desaparecidas» y «la recuperación de los cuerpos» son una clave de derechos humanos por resolver en el país de la desmemoria. El informe forense -Justicia difundió los resultados el 25 de febrero de 2019- subraya además que el camino avanzado hasta ahora es «gracias fundamentalmente al impulso de las asociaciones de memoria histórica».
La Ley de Memoria como marco de la ignominia
La realidad de las fosas comunes del franquismo está recogida en la ley 52/2007, de la Memoria Histórica. La normativa asume el deber del Estado pero no estableces planes de actuación concretos ni cuantifica la tarea a realizar. La legislación estatal funciona como marco de una ignominia que no ha conseguido resolver. Una realidad que sitúa a España como una anomalía europea en el cumplimiento de los derechos humanos con respecto a las víctimas de su propia dictadura.
El artículo 11 de la ley cita la «colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las víctimas». Dice que las entidades públicas «facilitarán» la búsqueda de los desaparecidos y que «establecerá subvenciones» -al contrario de lo que exige Naciones Unidas, no privatizar las exhumaciones-. A día de hoy no existe un plan a nivel del Estado.
El artículo 12 ahonda en la colaboración institucional. Entre las «medidas para la identificación y localización de víctimas» cita también el «protocolo de actuación científica» que debe regir las intervenciones arqueológicas en fosas y cunetas. Y asume la elaboración de un Mapa de Fosas estatal, sin actualizar desde 2011.
Las exhumaciones estarán sometidas a la «autorización administrativa», según el artículo 13. Como la recuperación, identificación y traslado de los restos humanos. Los «hallazgos» serán siempre notificados «inmediatamente» al Estado y las «autoridades judiciales competentes». En todas estas tareas «deberá ponderarse la existencia de oposición» de cualquier familiar de las víctimas.
El «acceso a los terrenos afectados por trabajos de localización e identificación» está reglado en el artículo 14 como «fin de utilidad pública e interés social». La entrada debe estar abierta en tierras públicas. Y en parcelas privadas el texto apunta, si no hay consentimiento del propietario, la «ocupación temporal» aplicando la Ley de Expropiación Forzosa.
Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/julio-origen-desaparecidos-oculta-Espana_0_921458100.html