El número de excluidos por la crisis siguió creciendo el año pasado
«El mejor momento de la historia económica de España», como lo definió recientemente el ministro Cristobal Montoro, con un crecimiento del PIB anual de más del 3% en los últimos dos años, sigue dejando atrás a millones de españoles. La mejora en los datos macroeconómicos contrasta con las condiciones de vida de ciudadanos que, por ejemplo, no alcanzan a tener una alimentación digna. El avance del informe anual sobre pobreza en la UE de Eurostat, la oficina estadística oficial de la Comisión Europea, muestra que más de 683.000 hogares españoles, el 3,7% del total, no pudo acceder a una comida proteínica cada dos días en 2017; se trata del porcentaje más alto desde que empezó la Gran Recesión: 1,7 puntos más que en 2008 (2,2%) y 0,2 puntos más que en los años más duros de la crisis (3,5% en 2013). Las familias monoparentales son las que más sufren, pasando del 4,9% en 2015 y 2016 a un 8,1% en 2017, lo que se traduce en casi 150.000 hogares con este problema. Estas familias están gestionadas en un 83% por mujeres, según el INE.
Fuente: Eurostat. Elaboración propia
Fuente: Eurostat. Elaboración propia
Fuente: Eurostat. Elaboración propia
La incapacidad de los ciudadanos para afrontar gastos económicos inesperados también está lejos de los niveles anteriores a la crisis. En el año 2008, el 29,6% de la población no era capaz de lidiar con este tipo de pagos no previstos, y, pese a las mejoras con respecto a años anteriores, en 2017 ese porcentaje se sitúa 7 puntos por encima de entonces (36,6%). En este caso son las personas menores de 65 años, quienes más han sufrido las restricciones económicas en esta década: en 2008, un tercio del total (33,2%), no podía afrontar gastos extra; hoy, le sucede a 4 de cada 10 menores de 65 (42,8%).
Fuente: Eurostat. Elaboración propia
El índice de privación material severa, un cálculo que estima la carencia de necesidades básicas (lavadora, calefacción, vacaciones, verdura en la nevera…) se situó el año pasado en el 5,1%. Supone una mejora de 0,7 puntos respecto a 2016 (5,8%), pero afecta todavía a más de 2,3 millones de ciudadanos, frente a los 1,5 millones de personas que vivían situaciones de extrema privación en 2007 (el 3,5% de 45,2 millones).
En el caso de los jóvenes entre 16 y 24 años, el porcentaje se eleva casi dos puntos (un 7% del total) sobre la media del país. En los principios de la crisis, 2008, los jóvenes afectados por la privación extrema eran el 4,4% del total, según los datos de Eurostat.
Estos datos de Eurostat se complementan con los que revela, en su último informe, la Asociación de Ciencias Medioambientales (ACA) sobre pobreza energética. El trabajo, en el que se tienen en cuenta por primera vez indicadores europeos, revela que el 15% de los españoles sufrió temperaturas inadecuadas, retraso del pago en los recibos, o ambas cosas, durante 2016. Este dato es 5 puntos superior al que el ACA registraba en 2008 (10%) sumando temperaturas inadecuadas y retraso en el pago de las facturas. Además, el 2% de la población, alrededor de 900.000 personas, sufrió algún cese de actividad por impago o corte de suministro eléctrico en España en ese año.
Mientras tanto, el Gobierno de España anuncia a bombo y platillo «los presupuestos más sociales de la historia». La realidad, como contó en CTXT Emilio de la Peña, es que, desde la llegada de Rajoy al poder, las partidas sociales, excluidas las pensiones, han disminuido un 27%. Este año, son las más bajas desde 2009.
Recortes sociales y trucos contables
Desde la llegada del Partido Popular al gobierno en 2011 -y su renovado mandato en 2016-, han sido mucho las técnicas que ha usado el Ejecutivo, de la mano de su ministro de Hacienda, para hacer creer que el gasto social seguía aumentando. El problema ha residido siempre en la lectura o parcialidad de los datos. Los trucos son variados: porcentajes frente al gasto bruto (o viceversa), o ejecuciones finales muy alejadas de lo presupuestado.
La batalla de narrativas presupuestarias se ha desarrollado en paralelo a la situación en la Cámara: durante cuatro años, el rodillo popular permitió que todo quedara en un mero acto informativo. Desde las últimas elecciones, los 134 diputados del Partido Popular tienen la obligación de buscar socios con los que sacar adelante el plan económico. En este sentido, y con el objetivo de convencer a futuros -o presentes- compañeros de viaje, otras de las grandes asas del actual ejecutivo ha sido la sombra de una crisis que inevitablemente, y básicamente por la gestión propia, es cada vez más cosa del pasado. La semana pasada, el nuevo intento de Montoro en el Congreso apeló precisamente a esto. Aprobar los presupuestos es, según el ministro, «la forma de abrir la puerta al final de la crisis». Según Montoro, la crisis no ha terminado, pero está «derrotada», y depende de la voluntad de sus señorías enterrarla definitivamente.
Parecería que, con un país que crece a más del 2,8% anual -dato recientemente revisado al alza por el FMI para 2018-, la oportunidad para lograr «estabilidad económica» no se puede dejar pasar. El desglose de algunos de los datos provisionales de Eurostat anteriormente citados, sin embargo, indica que el día a día de muchos ciudadanos aún queda lejos de ser digno.
Indicador AROPE
El indicador AROPE es una de las principales referencias para evaluar la situación socioeconómica de la población. El indicador, incluidos en la estrategia de crecimiento de la UE ‘Europa 2020’, mide el riesgo de pobreza y exclusión social de la población en base a distintas variables: renta, privación material. Desde el estallido de la crisis, este indicador ha alcanzado picos sobresalientes en nuestro país, hasta el punto de que 13,4 millones de personas -casi el 28% de la población- estaban en riesgo de pobreza y exclusión social en 2014. En 2016 sólo se redujo a un 27,8%, consolidándose en más de 12,9 millones las personas en esta grave situación.