La multinacional de la aeronáutica Airbus ha anunciado el cierre de su factoría en el municipio de Puerto Real (41.700 habitantes, Cádiz), con más de 300 trabajadores, y la concentración de la actividad en otra planta del mismo grupo en El Puerto de Santa María (Cádiz).
Durante el mes de julio sindicatos con representación en el Comité de Empresa (Comisiones Obreras, UGT y CGT) han organizado -por diferentes vías y con distintas propuestas- concentraciones en la puerta de la fábrica y ante el Parlamento andaluz; paros de dos horas y asambleas; y marchas y encierros a favor del mantenimiento de la planta.
En el volumen titulado Sobrevivir a la derrota. Historia del sindicalismo en España (1975-2004), de 538 páginas, publicado por Akal en mayo, el historiador Gonzalo Wilhelmi se retrotrae más de cuatro décadas en la investigación sobre las luchas sindicales. Por ejemplo en Laforsa, empresa siderúrgica de 240 trabajadores ubicada en el municipio de Cornellà (Baix Llobregat, Barcelona), que en noviembre de 1975 –final de la dictadura franquista- fue objeto de paros y huelgas contra el despido de 157 obreros.
Llegaron a adherirse a la huelga más de 90.000 trabajadores del Baix Llobregat (la comarca llegó a paralizarse por una huelga general indefinida de 10 días). Considerada “ilegal” por las autoridades, la huelga en Laforsa promovida por las asambleas y coordinada desde Comisiones Obreras se prolongó durante tres meses. Finalmente los obreros lograron la readmisión de los despedidos. Asimismo se reivindicó la libertad y la amnistía de los presos políticos.
“Esta es la historia de los trabajadores de la minería, el metal y la construcción, y de las trabajadoras del textil que, tras la muerte de Franco, tumbaron el proyecto continuista del rey Juan Carlos, Arias Navarro y Manuel Fraga para mantener la dictadura con cambios menores y forzaron al monarca y a Adolfo Suárez a liderar la transición a la democracia”, concluye Gonzalo Wilhelmi, también autor de Romper el consenso. La izquierda radical en la transición española (2014).
Otro episodio detallado por el historiador es “la batalla de Reinosa”, en la primavera de 1987, durante el segundo gobierno socialista de Felipe González y en el contexto de las políticas de reconversión industrial. El conflicto tras el anuncio de 463 despidos “dio la vuelta al mundo”, apunta Wilhelmi.
En este municipio de Cantabria, de 13.000 habitantes, estaba emplazada la siderúrgica pública Forjas y Aceros de Reinosa (“La Naval”). Los trabajadores retuvieron en la fábrica al director de la empresa, para negociar sobre los despidos. En la represión de las movilizaciones, la Guardia Civil hizo uso de fuego real y torturó a detenidos; además de las decenas de heridos, el 6 de mayo murió un electricista de “La Naval”, Gonzalo Ruiz, afiliado a Comisiones Obreras, por los botes de humo lanzados por los agentes. Tras el cese de las huelgas y movilizaciones, comenzaron a ejecutarse los despidos.
“Una derrota agridulce con mucho pragmatismo y poca utopía”. Es una de las conclusiones del autor sobre el periodo analizado, que comienza en los estertores del franquismo y termina con el segundo Gobierno del derechista José María Aznar. Uno de los hechos constatables es el aumento de la afiliación sindical, que pasó de 1,1 millones de afiliados en 1980 (13,7% de la población asalariada) a 2,7 millones (17,5%) en 2005, lo que permitía atribuir a los sindicatos la condición de organizaciones de masas.
El porcentaje de mujeres entre los delegados sindicales se elevó del 18% en 1986 al 21,4% en 2003. Pero su acceso a los órganos de dirección no fue inmediato, comenzó de hecho en los años 90; un caso excepcional fue el de Lidia Senra, designada secretaria general del Sindicato Labrego Galego en 1989. El texto de Wilhelmi resalta a luchadoras como Ana García Carpintero, de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), que participó en las movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo en la fábrica textil IKE de Gijón (la lucha se prolongó durante una década, entre 1984 y 1994). O el de Paqui Cuesta, delegada sindical de la CGT en Ford-España, despedida por la multinacional en 2010.
El autor distingue, a grandes rasgos, dos formas de desarrollar la acción sindical, que no se daban de forma pura y dependían en gran medida de cada empresa: el sindicalismo de “gestión” y por otra parte el de “participación”. Así, quienes apostaban por la primera vía “solían organizarse en UGT, USO y sectores de Comisiones Obreras, mientras que los partidarios del sindicalismo de participación y movilización se inclinaban por Comisiones Obreras, ELA, CIG, CGT, LAB, CSI, Intersindical Canaria, CNT, algunas secciones de USO y un archipiélago de sindicatos locales, de sector y de empresa”.
Coeditor, junto a Francisco Salamanca, de Tomar y hacer en vez de pedir y esperar. Autonomía y movimientos sociales. Madrid, 1985-2011, Wilhelmi dedica un apartado del libro de Akal al “diálogo social” entre los sindicatos, la patronal y los gobiernos, que no excluía las movilizaciones; en este contexto, remarca el “fracaso” de la estrategia centrada en la creación de empleo utilizada –durante más de dos décadas- por los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. “Los gobiernos del PSOE y del PP nunca aceptaron las políticas económicas creadoras de puestos de trabajo defendidas por los sindicatos”, resalta el investigador e ingeniero técnico en informática.
Además, el trabajo de cuidados (gratuito) que realizan principalmente las mujeres en el ámbito familiar supera en horas al trabajo desarrollado en las empresas, subraya el autor de Sobrevivir a la derrota. Centrarse en el empleo asalariado -como hacían los sindicatos- contribuía a invisibilizar esta realidad. Gonzalo Wilhelmi llega a esta conclusión a partir de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 del INE: el 48,4% de las horas trabajadas en España se realizaba en las empresas, mientras que el 51,6% correspondía a los cuidados (no remunerados) en el seno de las familias; a ello debería añadirse el ejercicio de profesiones dedicadas a los cuidados, como la enfermería o la educación infantil.
Otro aspecto destacado son las jornadas de huelga. El autor contabiliza 47 huelgas generales de 24 horas -en un territorio provincial o ámbito superior- en el periodo que recorre el libro (19 de las 47 huelgas generales fueron convocadas en el País Vasco y Navarra).
Se iniciaron el 11 de diciembre de 1974, con una huelga promovida por Comisiones Obreras en Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra a favor de la democracia, la libertad y la disolución de los cuerpos represivos; y termina el periodo con la que convocaron, el 10 de abril de 2003, UGT y los sectores críticos de Comisiones Obreras (dos horas) y la CGT y la CNT (24 horas), contra la invasión de Irak por una coalición de países liderada por Estados Unidos. Constituye un ejemplo de victoria la huelga general del 14 de diciembre de 1988 contra el ejecutivo de Felipe González, forzado a retirar el Plan de Empleo Juvenil que precarizaba el mercado laboral en beneficio de los empresarios.
¿Son las clases sociales, y en particular la clase trabajadora, una reminiscencia del pasado? A partir de los datos de la EPA y del libro Estructura social y desigualdad en España (Catarata, 2013), del sociólogo Saturnino Martínez García, la respuesta es negativa. “Considerando las clases sociales desde un punto de vista socio-profesional, desde 1975 hasta 2004, España no fue en ningún momento un país de clases medias. La mayoría social estuvo siempre formada por hombres y mujeres de clase trabajadora, con un porcentaje aproximado del 78% en la etapa final de la dictadura, y del 65% en 2004”, explica Gonzalo Wilhelmi.
Los puntos tratados en el libro podrían prolongarse, en no pocos aspectos, como la percepción subjetiva de clase, hasta el presente. En el Barómetro del CIS de enero de 2021, el 0,4% de los entrevistados afirmó pertenecer a la clase alta; el 6% a la clase media-alta; el 49,9% a la clase media-media; el 16,9% a la clase media-baja; el 10,3% a la clase trabajadora-obrera; el 6,6% a la clase baja; el 1,9% a la clase pobre; el 0,1% al proletariado; y el 0,1% a los/as de abajo. Y sobre los recortes en la Seguridad Social y el sistema público de pensiones, ya en 1985, recuerda Wilhelmi, “los empresarios, junto a medios de comunicación y economistas de derechas, vaticinaban la quiebra de la Seguridad Social, debido a la diferencia creciente entre los gastos y los ingresos”.