Amnistía Internacional, CEAQUA y el Intergrupo de Memoria del Parlamento reclaman urgencia en el trámite del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y recuerdan que tiene que cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos
Rosa García Alcón es una de las víctimas de la represión franquista personada en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Este miércoles, frente al Congreso de los Diputados, acompañada de otras víctimas y familiares, de abogados, de integrantes de Amnistía Internacional y de CEAQUA –la campaña estatal de apoyo a la querella argentina, que integra varias asociaciones– ha recordado cuán importante es para ella que se agilice el trámite de la Ley de Memoria:
«Fui detenida en agosto de 1975 por estar en una asociación de estudiantes universitarios y luchar contra el franquismo. Me llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde me recibió Billy el Niño y otros policías. Allí estuve seis días muy duros, porque la tortura era sistemática», recuerda en conversación con elDiario.es.
En 2018 Rosa fue una de las víctimas que interpuso una denuncia contra el torturador Billy el Niño en España:
«Pero no fue admitida, ni en primera instancia, ni en segunda instancia, ni siquiera el Tribunal Constitucional ha considerado nuestro recurso. Necesitamos una ley que nos permita tener derecho a la justicia como víctimas del franquismo, que garantice el acceso a la verdad y a la reparación, porque sin verdad, justicia y reparación esta será una democracia débil basada en el silencio, en la amnesia y en mentiras».
«Algunos aspectos de la ley deben mejorar»
Por el camino se han quedado muchas víctimas del franquismo, ya fallecidas sin haber recibido el más mínimo reconocimiento. «La sociedad en su conjunto, las personas y su familiares que sufrieron graves violaciones de derechos humanos, llevan más de 40 años esperando el reconocimiento de su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No se deben consentir más demoras», señalan desde CEAQUA y Amnistía Internacional en un comunicado conjunto.
«El Gobierno manifestó en reiteradas ocasiones la importancia y urgencia de la tramitación de esta ley. Sin embargo, a día de hoy, no se ha cumplido el compromiso», añaden.
Ambas organizaciones cuentan con el respaldo de los partidos políticos que integran el Intergrupo de Memoria, y que este miércoles estuvieron presentes en el acto frente al Congreso para exigir la tramitación inmediata y para recordar que el Anteproyecto de ley necesita mejoras para cumplir con los estándares internacionales.
El texto está actualmente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la espera de la emisión de un informe que no termina de llegar. Han transcurrido ocho meses desde que la vicepresidenta Carmen Calvo anunciara en comparecencia pública el Anteproyecto.
«El CGPJ es un órgano consultivo que tiene que elaborar un informe preceptivo pero no vinculante y por tanto el Gobierno en ningún caso debe aceptar que se obstaculice la acción parlamentaria, puede exigir un plazo para su entrega. Los diferentes grupos están a la espera del registro de ese proyecto de ley en el Parlamento para mejorar sustancialmente ese texto, a través de enmiendas en las que se pedirá que la futura ley cumpla con los estándares internacionales en la materia», ha señalado el abogado Jacinto Lara, de CEAQUA.
Garantizar verdad, justicia y reparación
Desde Amnistía Internacional se ha insistido en la urgencia y se ha recordado que de este texto depende también, de alguna forma, la reforma de otras leyes, como la Ley de Secretos Oficiales. La organización de derechos humanos señala además que valora positivamente algunos aspectos del Anteproyecto de la Ley de Memoria pero considera que hay otros que deberán mejorarse durante el debate parlamentario.
«En materia de verdad debería crearse una Comisión independiente como existe en otros países. En materia de justicia hemos visto cómo lamentablemente no se ha avanzado en las investigaciones judiciales y es muy importante que se reconozca que se cometieron crímenes de derecho internacional que son imprescriptibles, para garantizar la tutela judicial efectiva a las víctimas y familiares», ha indicado Verónica Barroso, de Amnistía Internacional, en conversación con elDiario.es.
En la misma línea se pronuncia CEAQUA, que junto a Amnistía recuerda que Naciones Unidas ha instado en distintas ocasiones a España a considerar la creación de un mecanismo independiente, como podría ser una Comisión de la Verdad, «que permita esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, sin sustituir el derecho de las víctimas a obtener justicia».
También reclaman que el Estado elimine los obstáculos actuales a la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y recuerdan que el Anteproyecto «no aborda ni uno solo de esos obstáculos». Además denuncian que el Anteproyecto «establece un derecho a la reparación parcial, al excluir expresamente la indemnización y toda forma de responsabilidad patrimonial respecto de aquellas personas a las que se les incautó su patrimonio, realizaron trabajos forzados o sufrieron condenas injustas».
«No es posible avanzar como sociedad mientras los crímenes contra la humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y el franquismo permanezcan impunes. Esta ley es el primer paso para conseguirlo», terminan señalando en un comunicado conjunto.
A la concentración de estas organizaciones de derechos humanos frente al Congreso se han unido representantes del Intergrupo de Memoria del Parlamento: Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Más País, Compromís, Junts per Catalunya, BNG, Galicia en Común y EH Bildu.
«Habrá disputa sobre la ley en el Congreso»
«Cada minuto que pasa sin las leyes es un minuto de injusticia más para las víctimas», ha señalado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. «Es evidente que cuando esta ley llegue al Congreso habrá una disputa política importante. Los victimarios franquistas y sus herederos políticos querrían que las víctimas permanecieran calladas en las cunetas del olvido, pero las víctimas son actuales hasta que no se haga justicia, su eco nos va a perseguir hasta entonces para recordarnos el compromiso con la verdad, la justicia y la memoria. El tiempo transcurrido no deslegitima su reivindicación, al revés, la refuerza cada vez más. Son crímenes que no solo ofenden a las víctimas, sino a la humanidad entera», ha añadido.
En la misma línea se han expresado los demás representantes políticos presentes. «La falta de memoria política y social necesita una ley que recoja una oportunidad para la justicia verdadera», ha indicado Isabel Pozueta, de EH Bildu. «Este sistema del 78 se fundamenta en un silencio de cuarenta y dos años que no puede seguir más, hay que impulsar esta tramitación. Defendemos que impere la verdad, la justicia y la reparación», han señalado desde JxCat.
Desde ERC lamentan que «parece que la ley va a ser totalmente insuficiente. Suenan las campanas de que no habrá una modificación de la Ley de Amnistía y se continuarán blindando los crímenes del franquismo». También señalan que «hacer memoria histórica no puede ser cambiar a Franco de sitio, tiene que ser expulsar el franquismo de todos los resquicios del Estado español, solo así vamos a conseguir un futuro democrático para las catalanas y las españolas».
«Se presentarán enmiendas para su mejora»
Desde el BNG subrayan que «no es comprensible este retraso para ver realizada la demanda de verdad, justicia y reparación. Son 42 años esperando, demasiados años de paciencia para tanta ignominia, es preciso avanzar para que sea posible la dignidad para las víctimas y acabar con la impunidad de los victimarios».
Carles Mulet, portavoz de Compromís en el Senado, ha recordado que su organización fue muy crítica con la Ley de Memoria de 2007, «insuficiente y llena de lagunas. Vemos también cómo el Anteproyecto es también insuficiente, y esperamos que se tramite para enmendarlo, porque consideramos que perpetúa la legitimidad y legalidad del régimen franquista, que no aborda el tema de la amnistía, que quedan impunes la mayoría de crímenes del franquismo. Esperamos que el PSOE no use una vez más los temas de memoria como arma electoral. Entendemos que esta paralización es de nuevo una instrumentalización para hacerlo coincidir con periodos electorales».
Desde Galicia en Común Antón Gómez-Reino considera que «es importante que esta ley llegue y creemos que se puede mejorar durante el trámite parlamentario. Se han esperado 40 años de dictadura y 40 de democracia. Por eso tiene que ver la luz la nueva ley, para acabar con el pasado que todavía nos persigue, más aún en un momento como este en el que el discurso de odio y la extrema derecha están tratando de ocupar espacios».