Cada año, el seis de diciembre provoca en mí contradicciones y pone mis sentimientos a flor de piel. Un tal día como éste murió mi madre hace ya veinte años y como si fuera hoy; y en 1978, participé ilusionado en el referéndum por la Constitución. Fui uno de aquel 87,78% de votantes, que representaba […]
Cada año, el seis de diciembre provoca en mí contradicciones y pone mis sentimientos a flor de piel. Un tal día como éste murió mi madre hace ya veinte años y como si fuera hoy; y en 1978, participé ilusionado en el referéndum por la Constitución. Fui uno de aquel 87,78% de votantes, que representaba el 58,97% del censo electoral. Acudí entonces a las urnas emocionado. Salíamos de la negra dictadura y el futuro prometía democracia, salud y bienestar. Luego las cosas no han sido exactamente como hubiéramos deseado que fueran, aunque estamos a tiempo de que sean.
El Estado quedaba configurado como una monarquía parlamentaria. El 88,54% dijimos sí a la Constitución, frente al 7,89% que la negó. No reniego del sentido de mi voto, lo que no quiere decir que acepte, ni lo sucedido desde entonces ni la realidad injusta que hoy estamos viviendo, por lo que abogo decididamente por una nueva Constitución, que supere la del 78, en cuanto que es hora de actualizar el modelo social, económico e institucional, de aquel que salió del Estado totalitario.
A la Constitución surgida después de la dictadura, le cuesta trabajo sobrevivir al tiempo. La necesidad de cambio social, político y económico es una realidad que comparte la mayoría de los líderes y de los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales, aunque no todos hacen propuestas. Hay quien prefiere defender a toda costa el proceso de la Transición y al régimen del 78 que surgió. También quienes proponen reformas, para que todo siga igual. Por el contrario, están los que apuestan por una nueva constitución, que supere las carencias provocadas por el tiempo, adaptada a la realidad de hoy y ofrezca respuestas a las demandas actuales.
No es reformar la Constitución, como algunos proponen. No es reformar todo para que nada cambie. Hay que entrar a fondo en la estructura del Estado; hay que cambiar la esencia misma del Sistema, la forma política del Estado, convertir el modelo territorial en un Estado federal, modernizar la administración de Justicia y blindar los derechos sociales, configurando un auténtico Estado social y democrático, reconociendo nuevos derechos y libertades. Hay que abrir un Proceso Constituyente, que ponga fin a los postulados de la Transición. No debe ser una reforma de adaptación, sino una ruptura con el modelo; que si en un principio pudo haber dado resultado, ahora está agotado.
El nacimiento de la Constitución en 1978 estuvo cargado de dificultades y obstáculos. Las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio de 1977, sin saberlo fueron Constituyentes. Tras la muerte del dictador, se abrió en España una nueva era, cuyo proceso constitucional iniciado con Transición, hoy sabemos no fue modélico. Nada fue sencillo: la crisis económica y el terrorismo lo dificultaron, el régimen estaba intacto y todo «atado y bien atado». Gobierno y oposición coincidieron en la necesidad de redactar una constitución consensuada y aceptada por la mayoría de las fuerzas políticas. El rey heredero de Franco, el ejército y el gobierno, que representaba a la derecha, tenían el poder, la oposición la legitimidad democrática y se avinieron. Hoy ya no es el mejor modelo para una mejor convivencia.
La Constitución ha sido sometida a dos reformas. En 1992 el artículo 13.2, para introducir la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, por imperativo legal del Tratado de Maastricht. La del 2011, sin acuerdo mayoritario, ni político, ni social, para reformar el artículo 135, que introdujo el concepto de «estabilidad presupuestaria» y la prioridad absoluta del pago de la deuda y sus intereses. Si se reformó por intereses económicos y presión exterior, ahora hay que reformarla por intereses sociales y calidad democrática. Hace unos años, el Consejo de Estado, planteaba la reforma del Título VIII, de la Organización Territorial, la reforma del Senado y la sucesión a la Corona. Nadie ya tenido en cuenta la opinión del órgano consultor. No quieren abrir el melón sin cata.
El Programa electoral de los socialistas, plantea modificar la Constitución, con el objetivo de mejorar el modelo de sociedad y de Estado: Una sociedad con más justicia social, incorporando a la Constitución mecanismos que garanticen el Estado del Bienestar, fortaleciendo los derechos sociales. Un Estado de Derecho revitalizado, fortaleciendo y ampliando los derechos y libertades. Una Sociedad y un Estado más democráticos, mejorando la calidad democrática y de las instituciones. Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural, reformando la estructura territorial con principios federales. Al no cuestionar la forma política del Estado, se queda corto e insuficiente.
Desde Podemos consideran que la Constitución de 1978 fue un enorme avance democrático, pero la corrupción y los recortes la han convertido en papel mojado. En su documento 5 Acuerdos par un nuevo país manifiestan que «Es la hora de construir un proyecto para la próxima década, un nuevo acuerdo de país» basado en democracia real, representativa, igualitaria y participativa; justicia independiente; erradicación de la corrupción; blindar los derechos sociales; y promover la unidad desde la diversidad.
Podemos entiende que para conseguir una Justicia independiente, representativa, igualitaria y participativa, hay que despolitizar el Tribunal Constitucional y constituir un Poder Judicial abierto a la elección directa de la ciudadanía. Consideran la transparencia como fundamental para erradicar la corrupción en la representación política, la contratación pública y la financiación de partidos. Para blindar los derechos sociales, igualitarios y garantizados constitucionalmente, proponen una base justa de inversión en servicios públicos de bienestar en sanidad, educación y vivienda. Consideran el derecho al trabajo como pilar de la política económica. Por último proponen constituir una auténtica Cámara Territorial y reconocer la plurinacionalidad del Estado. Tampoco se definen sobre la forma política del Estado, aunque si por una reforma en profundidad.
La Constitución del 78 no responde a las necesidades de la gente y no garantiza los servicios básicos, en opinión de Unidad Popular. Es la única candidatura, que no se conforma con una reforma y propone abrir un Proceso Constituyente, para adaptar la Constitución a las nuevas demandas sociales, que contemple un modelo de Estado federal, el autogobierno y la igualdad de todos los ciudadanos. No pretenden hacer una reforma cosmética, sino un cambio real y profundo. Proponen una Constitución «para la gente y por la gente». Su ideal de país, es una España republicana y federal, sin jefes de Estado heredados por la genética. Con la nueva Constitución buscan la «recuperación de los derechos perdidos», como la vivienda, la asistencia universal o la sanidad.
El sistema político diseñado en la Constitución de 1978 hace aguas. Ha sido incapaz de garantizar, de forma efectiva y eficaz, un estado social y democrático de derecho. Soy partidario de una nueva Constitución que se apruebe tras el Proceso Constituyente, que debe cuestionar la forma política de Estado (actual artículo 1.3), así como la forma de elección del jefe del Estado. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano público de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática concurrencia ciudadana. No cabe que la persona del jefe del Estado (ahora el rey) sea inviolable y no sujeta a responsabilidad. Cuando finalice el Proceso Constituyente que se propone, tendrá que abandonar el trono.
El sistema electoral actual, impide que una parte de las formaciones políticas y ciudadanas accedan a las instituciones representativas. Hay que establecer un sistema general electoral que permita listas abiertas y eliminar la barrera electoral del 3%. La Ley d’Hont, que prima a los partidos más votados, como se previó, debe cambiarse para garantizar la proporcionalidad, la equidad del voto y la igualdad de oportunidades para todas las formaciones políticas y ciudadanas.
Un Estado Republicano, plurinacional, solidario, participativo y laico, debe contar con una nueva estructura territorial federal, con un modelo de financiación y de política fiscal viable; que incorpore mecanismos que garanticen el Estado social, en el que la universalidad de los servicios públicos esté sustentado por principios y valores de libertad, igualdad, justicia social y solidaridad, que fortalezca y amplíe los derechos fundamentales de los ciudadanos, equiparando derechos civiles y políticos blindados, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del Estado de Derecho.
Es hora del establecimiento de un verdadero «Estado social y democrático de Derecho», que propugne «como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (del artículo 1.1 CE). Un nuevo modelo más democrático y participativo, en el que la igualdad y la justicia social sean sus principales baluartes. Defiendo el derecho a decidir, por lo que hay que introducir los mecanismos que permitan realizar consultas sobre asuntos de especial trascendencia.
La República es el mejor sistema político. Una República inspirada en los principios republicanos de igualdad ante la ley, laico, que va más allá de la separación entre la iglesia y el Estado, y la elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el jefe del Estado, con ciudadanos críticos y responsables, que no se conformen con ir a votar cada cuatro años, que no vayan a remolque de lo que se les ofrece, si no que reclamen su papel soberano en una verdadera democracia participativa.
@caval100
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