Sobre la gestión de la responsabilidad en el ámbito público
La gestión de las situaciones de crisis, riesgo y emergencia podría conceptualizarse como una gestión de la responsabilidad. Esta cuestión ha estado presente en los estudios y análisis sobre los procesos que llevan a que determinadas circunstancias conflictivas atribuidas a la responsabilidad individual pasan a ser problematizadas (conceptualizadas) como realidades de trascendencia pública, justificando y legitimando así la intervención de las Administraciones Públicas en su resolución. Identificar al agente responsable se ha expresado, del mismo modo, en cómo se logra clarificar la atribución de responsabilidades cuando nos ubicamos en el área difusa que se da entre los niveles políticos y técnicos o administrativos de cualquier organización pública. Es común observar con cierta asiduidad de qué forma los cargos públicos se parapetan tras la atribución de responsabilidad a los técnicos, especialmente cuando se trata de adoptar medidas que pueden afectar a su popularidad y, en consecuencia, a los resultados electorales, tan presentes siempre en el horizonte temporal que condiciona los calendarios y las decisiones de los cargos electos.
De esta forma, se produce un permanente shift-blame o cambio de culpa y responsabilidad entre los niveles técnicos y políticos, facilitado por la dificultad para determinar dónde termina y dónde da comienzo cada espectro de atribuciones. Esta brecha en la confusión sobre el alcance de la responsabilidad deviene en un recurso y una oportunidad para trasladar la responsabilidad cuando se está en una delicada situación. Es todo un clásico de las circunstancias complejas que ponen en riesgo la estabilidad gubernamental buscar un estafermo al que reconducir las críticas. Esta circunstancia se ha observado, además, en la llamada fricción institucional que se ha dado entre el Gobierno del Estado y los de las Comunidades Autónomas y que ha servido para realizar un descargo de la responsabilidad en relación con la crisis de los geriátricos o, más recientemente, con la propia gestión sanitaria y el control de la movilidad para afrontar los rebrotes en curso. En muchos casos, no quedó claro dónde empezaban y dónde terminaban los espectros competenciales de cada nivel de gobierno, generándose un entorno propicio para que unos y otros se lancen entre sí las responsabilidades. Quede claro, en cualquier caso, que el concepto de mando único no suponía una centralización de la capacidad de decisión en las autoridades del Estado, sino el reconocimiento para sí de la autoridad para establecer los criterios comunes que las CCAA debían observar en la adopción de decisiones y en la intervención, dentro de su rango competencial.
Observamos, por tanto, que la actual crisis sanitaria ha servido para evidenciar de qué forma la relación entre el ámbito político y el técnico o la confusión en la atribución competencial multinivel, han constituido entornos institucionales propicios y favorecedores en uno de los criterios y lógicas de actuación centrales en el análisis de las decisiones políticas: la gestión de la responsabilidad.
La atribución de responsabilidades entre las Administraciones Públicas y la Sociedad Civil
En este escenario, no sólo cabe identificar cómo se van centrifugando las responsabilidades en términos estrictamente institucionales. Centrémonos en la campaña iniciada para gestionar la responsabilidad de los rebrotes atribuyéndola al comportamiento supuestamente incívico e insensato de la juventud.
Los gobiernos de todo signo y nivel administrativo son conscientes de los límites estructurales que afectan a su capacidad de actuación y la crisis sanitaria actual está poniendo de manifiesto las vulnerabilidades estructurales causadas por décadas de privatizaciones y recortes presupuestarios. Cabe tener en cuenta que las Administraciones Públicas y lo público, lo común en general, está sometido a una elevadísima presión corrosiva procedente del sistema económico que se va trasladando desde los medios de comunicación (controlados por los grandes agentes de la economía) hasta la opinión pública (sobre la que se sustenta la democracia). La gestión de los bienes públicos, como la salud, ha sido, en una grave situación de crisis la que ha salvado, a la hora de la verdad, la vida de las personas. No lo han hecho los hospitales privados, cuya prioridad no es curar ni salvar vidas, sino obtener los máximos beneficios para sus accionistas derivando a la sanidad pública los casos más graves y sobre cuya gestión y propiedad se debería intervenir desde lo público de forma inmediata. Tampoco lo han hecho las aseguradoras de todo tipo, especialmente las que sostienen la sanidad privada, así como las permitiéndose el lujo de adoctrinarnos por los medios de comunicación de los que son propietarios (casi todos) señalándonos como héroes y, en última instancia, como responsables a nivel individual de lo que sucediese. No han salvado las vidas de la gente ni los clubes de fútbol (a través de cuyas celebraciones se fue expandiendo el virus en marzo y también en estas fechas, pero eso se obvia y se deja pasar dada su relación con los medios de comunicación y ciertas élites económicas y políticas), ni tampoco la iglesia católica, a la que la actual Casa Real (la misma que la del anterior monarca por continuidad consustancial bajo el principio de herencia y, por tanto, responsable como el emérito de la corrupción en ella instalada, por acción o in vigilando) se ha sumado haciendo el juego al acudir a un simulacro de funeral de Estado y legitimando, una vez más, a quienes llevaron 40 años bajo palio al régimen que hipoteca, todavía a día de hoy, la economía, la cultura y la convivencia de esta sociedad.
Y para mí, a quien el ejercicio de la política institucional le ha costado dinero (algo literal y demostrable), debo señalar que quien me ha salvado la vida a mí, a los míos y a todos, ha sido lo público, las Administraciones Públicas, así como los políticos y técnicos del más alto nivel y preparación (aunque del más bajo nivel retributivo de toda Europa) que las dirigen, unos por haber sido elegidos democráticamente, otros por criterios de profesionalidad y preparación técnica y académica. Pero la propia población, reproduciendo mensajes encapsulados y perfectamente diseñados por los medios y la extrema derecha, se despista y, sin tener ni idea sobre cuáles son los sueldos de los cargos públicos, su peso relativo en el PIB y su comparativa con respecto a otros países homologables al nuestro, se pasan el día compartiendo mensajes de raíz fascista y con una aparente motivación democrática, denunciando los millones de políticos que hay en nuestro país (sin plantearse, a cambio, una mayor participación política e implicación en los asuntos públicos para compensar ese aparente desaguisado) o que hay que eliminarles el sueldo, a ver si así los ricos, finalmente, son quienes puedan dedicarse a la política y dar el asalto final al poder político, no controlándolo como ahora, sino ejerciéndolo directamente. Todo ello, reitero, sin tener la más mínima referencia a un dato, estadística o lectura mínima sobre los análisis y las propuestas destinadas a desmantelar lo público, provocando un daño en ocasiones difícilmente recuperable contra lo común que, para la clase trabajadora, es lo propio. A pesar de la maquinaria mediática de engaño diario y sistemático, especialmente grave cuando procede de los medios aparentemente de izquierdas, más engañosos y peligrosos por ello para la transformación social, no cabe olvidar que lo común ha demostrado ser, para la inmensa mayoría de la clase trabajadora, aquello que ha acudido en su ayuda, en un momento de crisis y emergencia en el que el capital ha huido, a pesar de la campaña reputacional que han movilizado en su favor aseguradoras privadas de atención sanitaria u hospitales privados.
La construcción deliberada y sistemática de un responsable: la juventud
Y en todo esto, ¿qué está pasando con la juventud? Por diferentes causas, son el colectivo o franja de población sobre los cuales resulta más cómodo y barato (electoral y económicamente) responsabilizar. No conviene confundirse desde el principio: responsabilizar a la juventud y generar un relato sobre su irresponsabilidad, holgazanería e insensatez no es el fin, sino un medio. Un medio útil para neutralizar de forma preventiva eventuales procesos de protesta que puedan estallar como consecuencia natural de la situación de precariedad que les afecta y por ser un estrato de población que reta de forma permanente al sistema cultural y político y que lo enfrenta a sus propios límites, en la medida en que incorporan nuevas prácticas, creencias, talentos y creatividad, así como reivindicaciones y formas de participación, en ocasiones, claramente vanguardistas, que el sistema no está dispuesto a reconocer.
Esto ya se vio durante la crisis financiera del 2008. La juventud, que fue víctima de una crisis provocada por generaciones gobernantes de lo privado y lo público ajenas a la suya, acabó viendo cómo esa élite y estrato de edad generador de la crisis acababa articulando todo un lenguaje dirigido a trasladarles la responsabilidad del paro o el exilio. La juventud siempre está gobernada por otra generación que se socializó entre 15 y 25 años antes. Toda sociedad, así, es gobernada bajo principios, creencias y prácticas hegemónicas procedentes del período en que la élite gobernante se socializó o formó académicamente y en que se inició en la carrera profesional y académica: por ejemplo, en la actualidad, se aplicarían gran parte de las creencias generadas a finales de los 80 y en la década de los noventa. Es cierto que las élites institucionales actúan a partir de los estudios de opinión actuales para sus decisiones electorales o de otro tipo a nivel sectorial. Pero una cosa son los estudios de opinión, coyunturales, actuales, y otra los estudios sobre cultura política, que dan cuenta de actitudes, opiniones, creencias y formas de participar más estables, estructurales y que, por tanto, perviven durante más tiempo, pudiendo trasladarse en su actuación más allá del período en que se adquirieron. Estas circunstancias provocan una brecha, por tanto, entre diferentes niveles de población y que el traslado de la culpa no dependa de la verdad o la razón de los argumentos, sino de la capacidad que cada grupo tiene para colocar el mensaje y ganar la pugna en la descripción de la realidad y la atribución de responsabilidades.
Y en el Estado español y sus pueblos y naciones, estos cruces intergeneracionales han ido siempre en favor de las generaciones de mayor edad, que electoramente resultan precisamente las más útiles y provechosas para quienes precisan de las mismas en las sucesivas revalidaciones electorales. La juventud se caracteriza por los altos niveles de abstención electoral, lo cual no indica, sin embargo, que sea un grupo social al margen de los problemas actuales. Sucede que las élites constituidas disponen del proceso electoral como una fuente de legitimidad, pero también como la forma de participación política más institucionalizada y controlada de cuantas existen, en todas sus fases gestionada por ellas mismas. Por ello, tratan de fomentar que sea la más relevante o, mejor aún, la única.
Cualquier otra manifestación pública y colectiva de participación política resulta desmandada y con resultados o tendencias de futuro no controladas. En el proceso electoral el gobernante actual se arriesga, como mucho, a perder el poder a nivel institucional y a mantener cierto peso desde la oposición como sucede en los sistemas parlamentarios. Pero el riesgo de perder el poder es, frente a la participación alternativa a nivel social, una expectativa que compensa la elevadísima institucionalización del proceso.
El sistema político, de esta forma, sanciona a los jóvenes por no participar en el cauce institucional, y la sanción se recrudece no porque no voten, sino porque puedan continuar conservando la expectativa de un 15M o de ejercitar formas alternativas de participación política como las huelgas, las manifestaciones o las protestas de diferente signo. Y, además, porque sancionar a los jóvenes, trasladándoles la responsabilidad, con el coste que eso podría suponer por la respuesta que ello generaría desde la juventud resulta muy barato: son pocos quienes devolverán electoralmente la réplica. A nivel económico, la gran crisis que agravará los ya estructurales niveles de paro entre la juventud prepara ya el terreno de la opinión pública mediante mecanismos de contención, preventivos, que eviten cualquier respuesta por parte de la juventud y de crítica al sistema político.
La anécdota, el relato y la campaña mediática
Los medios de comunicación capturan la imagen de la puerta trasera de un local de ocio nocturno y con esa misma imagen y varios tertulianos bien pagados y acomodados, generan el relato sobre la irresponsabilidad de la juventud. Por supuesto, no van a reconocer que esos establecimientos de ocio no están regentados por jóvenes entre los 14 y los 25 años, sino, precisamente, por aquellos que pertenecen a la misma generación de los tertulianos, de los propietarios de los medios de comunicación y de sus agentes en las instituciones, cuando algún político se presta a ser su representante en el seno de la administración, colonizándola y pervirtiéndola.
Una élite económica que en el mes de abril clamaba y presionaba para que se reactivase la economía, ¡pase lo que pase!, porque por encima de la salud está el turismo (cuyos operadores financian la prensa española y con puertas giratorias entre sus consejos de dirección y excargos públicos). Y porque, ante todo, y frente a la salud, priman los estándares macroeconómicos: eufemismos destinados a hacer más amable su obscena necesidad de continuar acumulando riqueza, ganar dinero y conservar los resortes de su control sobre los medios de comunicación y el sistema político. Una élite mediática que reproduce los mensajes de quienes sí tienen a su disposición la capacidad de utilizarlos como altavoces en tanto que propietarios de estos.
La juventud: mano de obra precaria y clandestina del modelo turístico y de la hostelería
La juventud, por el contrario, no dispone de tales medios, ni tan siquiera para poner de manifiesto que las y los jóvenes son quienes están manteniendo el sector de la hostelería trabajando en negro. Una juventud que se contagia en los bares y restaurantes mientras sirven a señores (en principio o, al menos, en público, aparentemente heterosexuales) que, sin atender sus responsabilidades domésticas, se dedican a beber alcohol en las terrazas, haciendo botellón blanqueado por el sistema, de 10 h a 22 h tranquilos porque públicamente dominan la escena y pertenecen a la generación de las clases gobernantes. Unas clases dominantes que les explotan, pero que a cambio les reconocen un papel predominante al ser agentes de bar generadores de opinión en favor de los intereses de la clase dominante.
La juventud no es la que está instalada en los comités ejecutivos empresariales y de accionariado de este país y de la economía globalizada o en los órganos de dirección de los principales partidos políticos, esos que apelan a la patronal, al empresariado y al crecimiento económico como los intereses a los que parecen atender en exclusividad para guiar sus decisiones. Unos partidos políticos que, precisamente, no dedican en las campañas electorales especial interés en destinar un tiempo a quienes mayor porcentaje de abstención manifiestan: la juventud. Así, los alcaldes, consejeros y ministros, que no han movido ni piensan mover un dedo en favor de la juventud, dedican grandes esfuerzos en elevar un círculo de fuego que, preventivamente, neutralice las críticas por su evidente inacción en políticas públicas dirigidas a la juventud serias, rigurosas y profesionales. La descapitalización que ha vivido la sociedad española durante la última década, exiliando a la generación más preparada y decente de nuestra historia desde la II República, ha preparado el terreno y las bases del subdesarrollo sobre el que mediocres, oportunistas e inútiles acaben medrando en Administraciones Públicas, empresas y entidades privadas de todo signo.
Cabe tener en cuenta que si este país se enfrenta a un escenario de rebrotes es porque, a partir de mayo, la balanza se inclinó a favor del interés que confrontaba con la salud pública: el interés económico. Y este interés económico y las corrientes de opinión en su favor no eran algo espontáneo como este país cree. Una sociedad la nuestra tan autodefinido de lista y perspicaz y que se traga, sin embargo, cualquier engaño masivo con una ingenuidad pasmosa y con una ignorancia que es, en realidad, una ingenuidad racional, simulada con el propósito de eludir su responsabilidad. Una corriente de opinión capitaneada y protagonizada por el sector hostelero y turístico que desde el desarrollismo de los 60 y los 70 se ha encargado de destrozar este país patrimonial, natural y económicamente, con la connivencia de aquellos partidos políticos que, a partir de los 80, desde el bipartidismo, se encargaron de ampararles mediante reformas laborales, permisos urbanísticos, dominio de los medios de comunicación y amparo en la destrucción de la costa y la segunda línea de costa, en el interior y montaña de muchas provincias costeras hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. A cambio, quizás, de la inmensa financiación ilegal recibida en conexión con el desarrollo urbanístico o las puertas giratorias.
La juventud y la economía sumergida en el sector hostelero
Y este sector, precisamente, se erige sobre la economía sumergida de toda esa juventud que trabaja, por decirlo claramente, en la clandestinidad. Y el sector hostelero ha generado todo un discurso sobre su relevancia vital en el sistema con el único propósito de permitirse el lujo de tener a miles de trabajadores en situación irregular, no en almacenes ocultos (como el sector agrícola) ni en sus casas (como el sector textil o del zapato), sino en la vía pública, en establecimientos públicos, ¡a plena luz del día!
Y ahí es donde hemos visto, desde el día primero del desconfinamiento, a catervas de pater familias, señores con edades pertenecientes a las élites gobernantes actuales, con las mascarillas colgando de la nuca, enrojecidos por el calor del alcohol que les invade, haciéndose la pastilla subvencionada de la tensión con un whisky mientras critican la sanidad pública, a los inmigrantes, a las mujeres y… ¡a la juventud, que ya no es como la de antes y que es tan vaga e irresponsable! Y todo ello, mientras juegan al dominó o a las cartas, echando sus verdes babas sobre la mesa y sus negros gargajos sobre el asfalto, sin mantener la distancia de seguridad y mirando el culo a la camarera o al camarero, que está pagando sus estudios con el escaso dinero negro que le aporta el trabajo temporal que ejerce con la mascarilla que, obviamente, ella o él se ha pagado.
Pero, por supuesto, no pasa nada por incumplir las medidas de seguridad sanitaria mientras se ocupa el espacio público de una terraza y se hace botellón de forma decente, consumiendo en un establecimiento perteneciente a la red de hostelería sobre la que, se supone, se sostiene el magnífico capital económico y cultural de esta sociedad sumida en la mediocridad. Ese botellón que diariamente observamos en todos los pueblos y ciudades de este país a toda hora, y a plena luz del día, se mantiene, sin embargo, dentro de los límites de lo aceptable, mientras no se tolera cuando se trata de concentraciones que se consideran inadmisibles por el simple hecho de que no dejan dinero en el sector de la hostelería.
La lucha contra el engaño: una batalla cotidiana de salud pública e individual
Desentrañar el funcionamiento de los mecanismos perfectamente diseñados que, en la actualidad, pretenden culpabilizar a la juventud, constituye un proceso de reflexión clave para reivindicar un papel central de la juventud en el devenir de los acontecimientos colectivos. Hoy, como siempre, tenemos la obligación de actuar en aquellos límites que el sistema económico y político teme, porque testando los horizontes de las actuales estructuras generamos oportunidades para nuevas formas de participación. Y porque el derecho de participar se acompaña del deber de participar, asumiendo un elevado nivel de eficacia política, esto es, que la opinión de la juventud tiene un valor incalculable, máxime en estos momentos. Ahora bien, la juventud no es, por sí sola, una razón ni una garantía de una pulcra opinión y una valiosa contribución: existe el deber de formarse y dedicar grandes cantidades de tiempo y de paciencia a generar reflexiones que vayan más allá de lo coyuntural o de la actualidad (eso lo dejamos para los tertulianos mercenarios del asedio contra la opinión pública sana y robusta).
Y es un ejercicio relativamente sencillo, porque las vulnerabilidades del sistema económico actual son tan evidentes que tan sólo hace falta describir de forma sencilla cómo opera. Cierto es que, conscientes de tales vulnerabilidades, los poderes económicos invierten ingentes cantidades de capital en el dominio de los grandes medios de comunicación. Por eso, observar críticamente cada mensaje, cada tertulia y cada discurso debe permitirnos obtener las claves de la esencia del actual problema que, como comentábamos al inicio, se basa en la gestión de la culpa y de la responsabilidad.
Y, por supuesto, la juventud no tiene la culpa o, al menos no más culpa que otros colectivos, en los rebrotes. Quizás sí la precariedad de los sistemas y controles públicos de salud, así como la precipitada vuelta a la normalidad propiciada por los poderes económicos, y ante la que el gobierno del Estado respondió trasladando la responsabilidad de lo inevitable y de lo que vendría a otros: a las CCAA.
Pero a la juventud, desde luego, que no le cargan responsabilidades que no le corresponden, pues bastante tienen con no colapsar individual y colectivamente como cualquier cerebro o red de personas lo haría cuando hay tantas dificultades perfectamente diseñadas para impedir que se proyecten en el espacio público sus inmensos y valiosísimos caudales de ideas, creatividad y vitalidad.
Bernabé Aldeguer Cerdá. Doctor en Estudios Políticos y Constitucionales y profesor universitario de Ciencia Política y de la Administración