El tercer casero privado de España incluye cláusulas abusivas en contratos de 8.000 hogares. Casi mil de ellos se niegan a pagar aumentos que superan el 20%, burlando las leyes de alquileres y vivienda.
Más de 8.000 familias en España tienen algo en común. Su casero, el fondo de inversión Nestar-Azora, les hizo firmar un contrato de alquiler que incluía una serie de cláusulas abusivas que se activan al tercer año de alquiler. Y ahí empieza la magia: un alquiler inicial de 900 euros se transforma en uno de 1.100, incluso de 1.600 en algunos meses, saltándose todas las limitaciones de la ley de alquileres y la Ley de Vivienda, que no permiten subidas superiores al 3%.
Organizadas en el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, cerca de 900 familias de diez bloques de Parla, Móstoles, Pinto, Villaverde, Carabanchel y Vallecas comienzan este 7 de junio una “huelga de alquileres” al modo de esta organización de arrendadores. No dejarán de pagar, sino que seguirán pagando el precio indicado en el contrato inicial y las actualizaciones legalmente exigibles. Con esta acción, diez bloques más se suman a la estrategia de este movimiento inquilino conocida como “#NosQuedamos”.
Estas cláusulas abusivas de Azora, el tercer fondo buitre más grande de España en el mercado del alquiler, ya habían sido declaradas ilegales en enero de 2023. Entonces, un juzgado dio la razón al Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) de Catalunya y al Col·lectiu Ronda, y condenaba la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. La sentencia consideró abusivas y fraudulentas nueve de las diez cláusulas denunciadas como vulneradoras de derechos. La sentencia fue calificada por el Sindicat como un “precedente inédito” que abre las puerta “a cambiar el futuro de miles de personas” que tienen a Azora de casero.
Sin embargo, el fondo de inversión ha seguido utilizando esta práctica en la Comunidad de Madrid, según denuncian los vecinos organizados en esta organización de arrendatarios.
La magia de los buitres
El primer bloque en levantar la voz en Madrid fue el de Martín Muñoz de las Posadas, 7, uno de los 42 edificios que posee esta gestora del fondo buitre Azora, antes conocido como Lazora, en la Comunidad de Madrid. Como tanto otros bloques gestionados por Azora, este edificio de Vallecas era de titularidad pública y fue vendido al fondo buitre “a precio de risa”, según denunciaron el centenar de vecinos que comenzó a organizarse con el Sindicato de Inquilinos de Madrid para hacer frente al fondo.
No solo el mantenimiento del edificio era “deplorable”, con “años acumulados de desatención”, con fachadas en mal estado, zonas comunes llenas de escombros y filtraciones de agua, sino que los inquilinos se habían encontrado atrapados por una red de cláusulas abusivas que habían conseguido algo que la ley estatal de alquileres y luego la Ley de Vivienda prohibía, subir la renta en medio del contrato por encima del IPC, según la primera, o por encima del 3% en 2024, según la segunda.
El secreto estaba en las cláusulas abusivas que se activan a mitad de contrato e incorporan a la renta mensual cuotas en concepto de IBI, comunidad y seguro de impago, “gastos que siempre deberían estar a cargo de la entidad propietaria”, alegaron en su momento los vecinos. A los tres años de contrato, Nestar-Azora impone subidas de entre 150 y 200 euros, algo que implica un aumento del precio del alquiler del 20% a través de cláusulas no negociables y que colocan a las inquilinas ante una difícil elección: “O aceptamos la subida de alquiler, o nos marchamos de la casa”.
El objetivo, sostienen, no es otro que expulsar a las familias saltándose la duración de siete años estipulada para los contratos de grandes tenedores, según la ley estatal de alquileres de 2019, y poder subir aún más el precio de los alquileres a los nuevos inquilinos. En marzo de este año, los vecinos de este bloque lo avisaron: o se suprimían las cláusulas abusivas de todos los contratos o irían a una huelga de alquileres en la que “los conceptos de las cláusulas abusivas se dejarán de pagar”.
Ahora cumplen su palabra, pero no lo hacen solos, sino junto con otros nueves bloques de toda la Comunidad de Madrid, en total unos 900 hogares, que se han ido sumando a la campaña impulsada por el Sindicato de Inquilinos contra este fondo buitre. A pesar de que el número de hogares que participan en la protesta se ha multiplicado por nueve, desde este colectivo confían en seguir sumando nuevos hogares afectados entre las más de 8.000 familias que viven en pisos gestionados por este fondo de inversión.
Dos de los bloques afectados en Pinto y Parla son de propiedad pública y deberían gozar en teoría de alquileres protegidos y limitados, pero su gestión ha sido cedida a Azora por sus respectivos ayuntamientos.