El presidente cubano Miguel Díaz-Canel enfrenta en 2019 nuevos retos internacionales que podrían obstaculizar sus esfuerzos por superar las urgencias económicas del país y avanzar en el aún inconcluso programa de reformas. Con una economía marcada por tensiones financieras e índices de crecimiento muy inferiores a los requeridos para su desarrollo, la decisión de Washington […]
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel enfrenta en 2019 nuevos retos internacionales que podrían obstaculizar sus esfuerzos por superar las urgencias económicas del país y avanzar en el aún inconcluso programa de reformas.
Con una economía marcada por tensiones financieras e índices de crecimiento muy inferiores a los requeridos para su desarrollo, la decisión de Washington de mantener por solo 45 días la suspensión de la aplicación del Título III de la ley Helms-Burton, que en 1996 codificó en una sola norma el embargo contra Cuba, encierra un riesgo adicional para el país.
De otra parte, el entorno regional se enrareció para La Habana tras el atentado con explosivos del 17 de este mes en la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, que causó la muerte de una veintena de cadetes.
El gobierno colombiano dio por concluido el diálogo de paz en la Habana con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que reconoció en Bogotá la autoría del ataque, y demandó al gobierno cubano la extradición de los negociadores de esa guerrilla.
«No podemos estar seguros de los riesgos que todavía tengamos que correr, pero, sin embargo, nosotros estamos seguros de una cosa: que cualquiera que sea ese futuro, fácil o duro, la victoria será de nuestro pueblo…», afirmó Díaz-Canel el domingo 20 en su cuenta de Twitter, sin especificar el origen ni naturaleza de esos peligros.
Más claro fue el expresidente Raúl Castro (2008-abril de 2018), cuando el 1 de enero fustigó la política adversa de Estados Unidos hacia Venezuela y Nicaragua y afirmó que la «región se asemeja a una gran pradera en tiempos de sequía. Una chispa pudiera generar un incontrolable incendio que dañaría los intereses nacionales de todos».
Este lunes 21, Pablo Beltrán, uno de los principales negociadores del ELN en el diálogo con el gobierno colombiano que se desarrollaba en La Habana, desmarcó a la delegación guerrillera del ataque con autobomba, en declaraciones a la agencia cubana Prensa Latina.
«La tarea nuestra en Cuba es sacar adelante la agenda de conversaciones, los hechos que ocurren en Colombia ni los conocemos ni tenemos injerencia o algo que ver con ellos», afirmó el jefe guerrillero. Las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano reanudaron en La Habana el 10 de mayo de 2018, luego que Ecuador desistió de albergarlas.
En sus declaraciones, Beltrán insistió en que al llegar entonces a La Habana, el gobierno cubano ofreció su ayuda como garante y sede de la mesa de diálogo, pero a la vez pidió al grupo negociador del ELN limitarse exclusivamente a los diálogos de paz. «Nosotros hemos cumplido al pie de la letra eso», afirmó.
A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, reiteró nuevamente, también a través de Twiter, que Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado para la organización de acto terroristas con otros Estados y ha cumplido estrictamente con su papel como garante y sede de la mesa de diálogo entre el gobierno de Colombia y el ELN.
A la exigencia a La Habana del presidente colombiano, Iván Duque, de que los negociadores del ELN sean extraditados a su país, Rodríguez insistió en otro tuit que Cuba actuará con estricto respeto de los protocolos de paz. de esos protocolos, rubricado también por los otros dos garantes del diálogo, Chile y Noruega, establece que en caso de interrupción del diálogo, Colombia debe garantizar el regreso a su territorio de los negociadores rebeldes.
Al respecto, el alto comisionado colombiano para La Paz, Miguel Ceballos, dijo en Bogotá que desde que comenzó su mandato en agosto, Duque no reactivó el diálogo con el ELN, que las políticas públicas de paz son del gobierno y no del Estado, por lo que los acuerdos previos no son vinculantes para el gobierno.
Añadió que los protocolos «de ninguna manera fueron asumidos ni reconocidos» por el gobierno actual. En un comunicado hecho llegar IPS en La Habana desde su oficina, agregó que la cooperación judicial entre Cuba y Colombia incluye la extradición como una vía «para llevar a la justicia a los responsables de este crimen».
En las redes sociales, algunos foristas expresaron preocupación de que esta situación sirva al gobierno estadounidense de Donald Trump para aplicar nuevas medidas contra Cuba.
La anterior administración de Barack Obama (2009-2017) retiró en mayo de 2015 a Cuba de la lista estadounidense de patrocinadores de terrorismo.
«Tengamos o no razón en no entregar a estas personas (negociadores del ELN), dirán que estamos protegiendo terroristas», comentó el usuario Leandro en el medio digital Cubadebate. «(Esto) nos va a traer graves consecuencias en un momento político muy desfavorable en Latinoamérica para Cuba», agregó otro.
La amenaza de que Washington pueda aplicar el Título III de la ley Helms Burton podría desestimular las inversiones extranjeras que Cuba necesita para su crecimiento y desarrollo.
Desde que esa norma entró en vigor, todas las administraciones estadounidenses, incluida la de Trump, en 2017 y 2018, suspendían esa cláusula que se revisa cada seis meses y autoriza a ciudadanos estadounidenses a demandar desde su país a todo extranjero que negocie con propiedades de Estados Unidos nacionalizadas en Cuba.
En una declaración, el canciller Rodríguez calificó como una de las «aberraciones más significativas» la extensión de esa autorización a propietarios que no eran ciudadanos de Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones y cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado.
Durante el gobierno de Obama y luego del restablecimiento en 2015 de las relaciones diplomáticas La Habana-Washington, se realizaron tres reuniones bilaterales para buscar solución al tema de las compensaciones por las empresas nacionalizadas en la década de 1960.
Unas 6.000 personas y empresas estadounidenses tienen reclamos registrados por expropiaciones en esa época.
Investigadores consultados por IPS coincidieron en que la aplicación de esta cláusula podría generar tensiones en las inversiones extranjeras en Cuba. «Tratan sin duda de crear una sensación de riesgo en potenciales inversionistas», dijo el economista Luis René Fernández.
«Aunque la mayor parte de las inversiones extranjeras se han construido en lugares nuevos, o en el caso del turismo, que son en zonas nuevas de la costa norte del país», señaló el especialista Omar Everleny Pérez Villanueva.
El gobierno cubano lleva a cabo una fuerte ofensiva para promover negocios en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, inaugurada en 2014. Hasta el momento ha captado 2. 130 millones de dólares en inversión extranjera y cuenta con 17 proyectos ya en operación.
«Algunos inversionistas internacionales quizás consideren sus planes para ver qué hace Washington en los próximos meses. Querrán saber si esto es meramente retórica o un cambio real en la política de los Estados Unidos», indicó John A. Gronbeck-Tedesco, profesor de Ramapo College, una institución educativa privada de ese país, desde la ciudad de New Jersey.
En opinión de este académico, existe incertidumbre acerca de cómo se aplicaría realmente el Título III, en caso de que la administración trate de hacerlo.
«Esto podría ser una apuesta que el presidente Trump no querría seguir porque podría consumir mucho tiempo y ser políticamente costosa, con poco beneficio al final», señaló.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2019/01/cuba-encara-complejo-preocupante-frente-externo/