Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
Las fuerzas egipcias irrumpieron en el hogar de Ayatollah Asraf, de 24 años, y la sacaron a rastras de la cama antes de detenerla
Ayatollah Ashraf, de 24 años, fue arrestada en su hogar, en el gobernorado de Qalyubiyah, El Cairo, el 3 de octubre de 2018. Las fuerzas de seguridad egipcias irrumpieron en el hogar familiar cuando Ashraf dormía, la sacaron a rastras de la cama y no le dieron ni tiempo para que pudiera cambiarse de ropa. Cuando la hermana de Ashraf intentó decirles que esperasen a que se vistiera con ropas de calle, la golpearon en la cara. Aunque las fuerzas de seguridad le dijeron a la familia que sólo pretendían hacerle a Ashraf unas cuantas preguntas y que después la enviarían de vuelta a casa, han pasado cuatro meses y sigue desaparecida.
La madre de Ashraf, Ibtihal Mohammad, cree que su hija es una desaparecida forzosa, un destino que comparten cientos de presos políticos en Egipto. Al hablar con MEMO, Ibtihal describe a su hija como «una muchacha intrépida que ama a su país» y alguien que «desea vivir en un lugar donde se respeten la libertad de expresión y los derechos humanos». Ahsraf había estudiado Periodismo y Medios de Comunicación, aunque trabajaba en una fábrica textil antes de su arresto. «Soñaba con un Egipto desarrollado», recuerda Ibtihal.
Al igual que a muchos presos políticos, se detuvo a Ashraf en base a acusaciones inventadas de «difundir noticias falsas» e «incitar a manifestarse». No supieron nada de su paradero durante bastante tiempo, por ello su familia siguió frenéticamente cualquier pista que pudiera ayudarles a localizarla. «La buscamos y enviamos docenas de mensajes al Fiscal General [de Egipto], al Consejo de Derechos Humanos, al ministro del Interior, al ministro adjunto del Interior para los Derechos Humanos, al director de la Seguridad de Qalyubiyah y a la Presidencia, pero nadie nos respondió», explica Ibtihal.
No fue sino hasta el 27 de enero cuando Ibtihal recibió alguna información sobre el destino de su hija. El abogado de la familia, Mustafa Aldemiri, se puso en contacto con ellos y les dijo que se había visto a Ashraf en la Fiscalía de la Seguridad del Estado y que estaba retenida en la comisaría de Qanatir, un suburbio situado al norte de El Cairo. «Fuimos a la prisión después de que el abogado nos comunicara que se nos había concedido una visita extraordinaria», recuerda Ibtihal, «pero cuando llegamos allí nos impidieron verla», añadió.
El destino de Ashraf no es infrecuente. Según Human Rights Watch (HRW), que cita la campaña egipcia «Poniendo fin las desapariciones forzadas»: «Las autoridades egipcias han hecho desaparecer al menos 230 personas desde agosto de 2017 hasta agosto de 2018, y en los últimos meses esa práctica se está cebando cada vez más con periodistas y activistas de los derechos humanos». En el informe de 2016, Amnistía Internacional declaraba que «la desaparición forzada se ha convertido en un instrumento clave de la política estatal en Egipto. Cualquier persona que se atreva a hablar en público está en peligro», y agregó que, aunque las autoridades egipcias han negado en repetidas ocasiones que se produzcan desapariciones forzadas en el país, «los casos presentados en [el] informe proporcionan pruebas sólidas de todo lo contrario».
A la madre de Ashraf le preocupa también que su hija pueda estar siendo maltratada en la prisión. «Aya estaba muy enferma cuando la arrestaron; padece reumatismo y tiene que tomar una medicación específica para eso», explica. La preocupación de Ibtihal no es infundada, como atestiguan los frecuentes informes de muertes como consecuencia de la negligencia médica. Sólo durante el mes de enero, se supo del fallecimiento de siete presos egipcios a causa de tal negligencia; también a los presos políticos de alto perfil, como el depuesto presidente Mohamed Morsi -el primer presidente elegido democráticamente en Egipto que fue derrocado en 2013 mediante un golpe militar dirigido por el actual líder Abdel Fatah Al-Sisi-, se les viene negando repetidamente el acceso a la medicación que necesitan.
«Ya no me siento segura en Egipto», admite Ibtihal ante MEMO: «No importa quien seas; el arresto de mujeres y muchachas es cada vez más frecuente, lo mismo pasa con los hombres». Y explica: «Muchas de las familias de las mujeres detenidas prefieren ocultar sus casos y no darles publicidad por miedo a que les sobrevengan más daños, o por temor a ser estigmatizadas por la sociedad». Ibtihal afirma que desde que Ashraf fue detenida, la gente nos está «tratando como si fuera una traidora o hubiera cometido algún delito». «Estoy dispuesta a irme del país con mis hijos tan pronto como Aya sea liberada», agrega.
Al preguntarle qué le gustaría que el mundo supiera sobre el caso de su hija, Ibtihal concluye: «Me gustaría que todo el mundo pudiera saber lo que nos está pasando a los egipcios bajo Al-Sisi. Que el mundo conozca el verdadero rostro de su régimen, que según él es legítimo y democrático y respeta los derechos de los egipcios. No tenemos derechos en Egipto; nos tratan como esclavos».
Sentencias de pena de muerte dictadas en septiembre de 2018 por diversos tribunales: 151
Laila Ahmet es una colaboradora de MEMO.
Rebecca Stead tiene un máster en Estudios de Oriente Medio de la Universidad SOAS de Londres. Stead centra sus trabajos en la historia, cultura y política de Israel-Palestina específicamente y en el Levante en general. Ha viajado por la región ha estudiado árabe en Jerusalén y Amman. Trabaja de forma independiente para varias revistas y plataformas de blogs.
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