Ecuador prepara la llegada del primer papa latinoamericano en un contexto en el que los movimientos feministas denuncian graves retrocesos en cuanto a los derechos de las mujeres. La declaración de la visita del papa como asunto de «interés nacional» es considerada como inconstitucional en el marco de un estado laico e interpretada como un acto electoralista que dará el espaldarazo a las políticas conservadoras del gobierno de la Revolución Ciudadana.
Seminario de San José, Quito, 7 de la mañana. El presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, aparece rodeado de los miembros de la Conferencia Episcopal para anunciar ante los medios, con gran emoción, la noticia que el gobierno espera desde hace un año: el papa Francisco, el primer papa latinoamericano, confirma su visita al país. La comunicación oficial se está realizando en ese mismo momento desde el Vaticano, donde también se informa que el máximo representante de la iglesia católica iniciará el 5 de julio una gira de seis días que le llevará a visitar Ecuador, Bolivia y Paraguay.
El mandatario ecuatoriano, que de forma habitual manifiesta su devoción religiosa en actos públicos, anuncia con una amplia sonrisa la última confirmación que llega desde Roma: «Felizmente, el santo padre visitará también Guayaquil», la segunda ciudad más importante de Ecuador y lugar de nacimiento del presidente.
Tanto el gobierno como los alcaldes de las ciudades incluidas en la gira (los opositores al oficialismo correísta, Jaime Nebot y Mauricio Rodas) se han volcado en la visita del pontífice y en estos días son habituales sus apariciones en los medios revisando la puesta a punto de los lugares fijados en la agenda papal. A nadie se le escapan los gastos a cargo de partidas públicas que arrastra la visita del papa argentino. Sólo el municipio de Quito destinará un millón de dólares para adecuar las avenidas por las que circulará la comitiva y habilitar el parque donde se celebrará la misa multitudinaria que espera congregar a tres millones de personas.
El presidente Correa ordenó que estos costos fueran cubiertos por los presupuestos de los diez ministerios que participan en la logística de las actividades previstas, una medida que choca con las últimas decisiones económicas para equilibrar el gasto público. A pesar de ser un estado laico, la visita del papa Francisco ha sido declarada por decreto «de interés nacional» y todavía se estudia la concesión de días feriados durante el tiempo que el sumo pontífice se encuentre en territorio ecuatoriano. El primer mandatario justifica semejante despliegue recordando que «el santo padre es jefe de Estado» y, en consecuencia, «también se le darán todas las atenciones que se corresponden a este cargo», aunque la Conferencia Episcopal aclara que se trata de una visita pastoral del líder de la iglesia a la ciudadanía que profesa la religión católica.
El hecho de que el 80 por ciento de la población ecuatoriana se declare católica supone un respaldo para un gobierno que está tomando el protagonismo en la visita papal, lo que ha llevado a la Conferencia Episcopal a recordar públicamente que ésta no es una visita política y que la agenda del papa estará en manos del alto clero, y no en la presidencia del país. A dos años de la celebración de elecciones, parece que la popularidad del papa Francisco (con veinte millones de seguidores en las redes) es una poderosa atracción que se puede rentabilizar en términos políticos de cara a los electores. En su intervención ante los medios, Correa definió al pontífice como «un viento fresco para la Iglesia» y en varias ocasiones ha recordado que el mensaje de paz y solidaridad que promulga el sumo pontífice coincide con las metas del ejecutivo y con los valores defendidos en este momento en el Ecuador.
El despliegue realizado por las instituciones del gobierno para recibir al papa se ha convertido en un nuevo argumento, con evidente peso, para las organizaciones que desde hace años denuncian la presencia de la doctrina de la iglesia católica en los asuntos públicos de un estado laico que lo es desde la Revolución Liberal, hace más de un siglo.
El boicot llevado a cabo por el presidente contra las asambleístas de su mismo partido para debatir acerca de la penalización del aborto, o el nombramiento de una funcionaria abiertamente conservadora como directora del plan para disminuir los embarazos en adolescentes, son algunos de los temas de mayor relevancia, en los que ha quedado en evidencia cómo los preceptos de la moral católica han terminado por imponerse en los asuntos públicos.
El papa Francisco llega al Ecuador después de anunciar el perdón generalizado a las mujeres que han abortado, una acción sin precedentes en la Iglesia, pero que no cambia en absoluto la «calificación» de un pecado que conlleva la excomunión. En un país en el que una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia sexual y donde se penaliza la interrupción del embarazo incluso en los casos de violación, hablar de aborto requiere hablar de violencia machista, pobreza y falta de oportunidades, temas que no se mencionan en el discurso oficial ni del Vaticano ni del primer mandatario del Ecuador. Para los movimientos feministas (blanco habitual de las críticas del presidente), la visita del papa supone la legitimación y el respaldo a las políticas conservadoras del gobierno de la Revolución Ciudadana que han supuesto un claro retroceso respecto a los derechos sexuales y reproductivos.
Desde posiciones feministas
Clara Merino, miembro de la organización Luna Creciente y activista en el movimiento de mujeres, define como «inconstitucional» el decreto promulgado para declarar el interés nacional de la visita del jefe de una de las iglesias, en tanto que es contrario al carácter laico del estado ecuatoriano. Pero, además, recuerda que, detrás de la pérdida de muchos de los logros alcanzados después de años de luchas, se encuentra la ideología ultraconservadora y católica de algunos sectores del gobierno: la sustitución del Consejo Nacional de Mujeres, la integración de la ley contra la violencia en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), o lo que ella califica como la «entrega» de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA) a personas relacionadas con el Opus Dei, son algunos de ellos. Además de todo, y a pesar de que el presidente impidió cualquier modificación de la norma que penaliza la interrupción del embarazo (incluso en casos de violencia sexual), es la primera vez que se dan en el Ecuador casos de mujeres enjuiciadas y encarceladas por delitos relacionados con el aborto.
Para esta defensora de los derechos de las mujeres, la fe católica de algunos sectores conservadores del gobierno «se ha trasladado como política pública en todo lo que significa derechos sexuales y reproductivos». Para Merino, «la no emancipación, la negación de las decisiones sobre el propio cuerpo y la sumisión están de acuerdo a los dogmas religiosos y católicos», y la visita del papa, «viene a dar un espaldarazo a políticas que están enmarcadas en una visión de imposición de dogmas y de valores moralistas para recomponer y readecuar el proceso de explotación capitalista y patriarcal que vivimos en el Ecuador».
Ana Cristina Vera forma parte del Frente de Derechos Sexuales y Reproductivos y es fundadora de Surkune, un centro de apoyo y protección de los Derechos Humanos con sede en Quito. En relación con la postura del gobierno respecto a las políticas que afectan de manera especial a las mujeres ecuatorianas, Ana Cristina se pregunta «cómo es que en un estado laico se puede justificar que las creencias del presidente sean más importantes que las políticas públicas que aquí se han luchado durante años», en referencia a los logros alcanzados por la movilización de las organizaciones sociales e iniciadas desde mucho antes de que Correa llegara a la presidencia.
Ana Cristina no duda en que la visita va a ser bien rentabilizada para el mantenimiento de una «legitimidad moral» que impone «el control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres y que reproduce estereotipos e imaginarios que han sido perjudiciales para ellas». Este imaginario se identifica en un modelo de familia, en singular, habitualmente referenciado en el discurso oficial y que obvia una de las conquistas del movimiento plasmada en la Constitución de 2008: la referencia a «las familias», en plural, como forma de reconocimiento de las diversidades, en el marco de un estado intercultural.
La sustitución del nombre del plan de prevención de embarazos adolescentes por «Plan Familia» da cuenta del carácter que se le ha dado desde la presidencia a un programa en el que, según ha reiterado Rafael Correa, había personas «infiltradas» que imponían una ideología contraria al sentimiento del pueblo ecuatoriano. En este modelo de familia heterosexual es clave el rol tradicional de la mujer, una mujer sobre la que cae toda la responsabilidad para evitar el embarazo no deseado y a las que se recomienda, como hizo públicamente el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, «a que retrasen su vida sexual y que retrasen la concepción para que puedan terminar una carrera».
A escasas semanas de la llegada del papa Francisco a Ecuador, ¿a quién beneficia y a quién perjudica su visita? Según Clara Merino, la presencia del sumo pontífice se convierte en un acto de propaganda en un contexto de menor bonanza y en el que existe un rechazo de diversos sectores sociales a las medidas económicas impuestas por el gobierno. En el lado opuesto de la balanza, no hay lugar a dudas. Para Ana Cristina Vera, «las grandes perdedoras de la venida del papa son las mujeres, por todo el retroceso de derechos que se ha dado en este periodo y que va seguir dándose».
Mª Cruz Tornay forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate. Actualmente reside en Quito (Ecuador).