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Hacia la conquista del derecho a la vivienda a través del empoderamiento

Fuentes: Rizoma freireano

«A nivel político no te puedes plantear cambios macro, sin estos cambios micro de transformación de la subjetividad que provocan este tipo de encuentros y que además culminan con victoria» Ernest Marco 1. Introducción En este artículo pretendemos realizar una fotografía sobre el derecho a la vivienda en el Estado Español, cómo se ha accedido […]

«A nivel político no te puedes plantear cambios macro, sin estos cambios micro de transformación de la subjetividad que provocan este tipo de encuentros y que además culminan con victoria»

Ernest Marco

1. Introducción

En este artículo pretendemos realizar una fotografía sobre el derecho a la vivienda en el Estado Español, cómo se ha accedido a este derecho por parte de la ciudadanía, la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos y administraciones. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como respuesta de la ciudadanía organizada, cómo se decide abordar la problemática de las afectadas por la hipoteca, haciendo un especial énfasis en el proceso de empoderamiento, el asesoramiento colectivo y los procesos de autotutela del derecho a la vivienda. Finalmente, trazamos unas líneas para el año que iniciamos, los retos y las metas a conseguir.

2. Contexto de la emergencia habitacional

El artículo 47 de la Constitución española afirma que «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos». El Estado Español también ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25.1 dice «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestir, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tienen así mismo derecho a los seguros en caso de paro, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».

Estos no son los únicos mecanismos jurídicos que ha firmado el Estado Español. También es signatario de pactos internacionales necesarios para garantizar el derecho a la vivienda, como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art.11) y las Observaciones Generales del Comité DESC de Naciones Unidas (nº 3: obligaciones de los estados miembros, nº 4: derecho a la vivienda, nº 7: prevención de los desahucios forzosos).

Estos son los compromisos que el Estado Español tiene con su población, pero la cruda realidad es que vivimos en un estado de emergencia habitacional y empobrecimiento de la ciudadanía alarmante. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta el 3. er trimestre de 2014, acumulamos más de 570.000 ejecuciones hipotecarias y más de 360.000 desahucios, tendencia que aumenta trimestre tras trimestre. Detrás de estos números hay menores, adultos y ancianos que acumulan un gran sufrimiento, personas que han sido abandonadas por la Administración Pública y condenadas a la exclusión social de por vida. Los desahucios no son un hecho aislado, más del 70% [1] de las afectadas incurrieron en el impago de las cuotas hipotecarias por estar en paro, un paro que a día de hoy supone un 23,67% [2] de la población activa en el Estado Español. Los datos confirman que estos últimos años estamos inmersas en un proceso de empobrecimiento de la ciudadanía, con un 20,4% de la población en riesgo de pobreza, pero cuando hablamos de menores de 16 años las cifras resultan todavía más alarmantes llegando al 26,7% [3]. Lo que se inició como una crisis económica ha derivado en una crisis institucional y política, y así lo demuestran las estadísticas sobre la crisis de confianza de las ciudadanas en las instituciones del Estado [4], especialmente en los partidos políticos y sus representantes, hasta el punto de confiar más en movimientos sociales [5] como la PAH.

Así pues, si el Estado Español está obligado a garantizar el derecho a la vivienda, ¿cómo hemos llegado a esta situación?

Pues bien, acumulamos centenares de miles de desahucios y de deudas de por vida porque tenemos una ley anómala en el marco europeo, la ley de ejecución hipotecaria. Una ley injusta, que no prevé mecanismos de segunda oportunidad. Una ley que acumula dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarándola contraria a la normativa europea e ilegal [6]. Sin embargo, como veremos, éste no es el único factor.

En Europa Occidental las políticas públicas de vivienda estaban dirigidas a cubrir una necesidad y a buscar un bienestar, mientras que en España las políticas de vivienda tenían un doble objetivo, el de satisfacer la demanda social existente y objetivos económicos de desarrollo ajenos a la política de vivienda. Estas políticas fueron transformando profundamente la estructura del parque de viviendas y definieron la situación actual:

  • Se fomentó el acceso a la vivienda en propiedad, frente a los modelos europeos que diversificaron las formas de acceso, al menos en sus inicios.
  • No se planteó la creación de un parque de vivienda social gestionado por la administración pública o por entidades sin ánimo de lucro, como en Europa, sino que se pasó a la construcción y venta de las viviendas protegidas, a las cuales se accedía a través del crédito hipotecario. El resultado es que en el Estado Español hay menos de 1% de parque público de vivienda social, frente a la media europea del 18%.

Las diferentes políticas públicas de vivienda de los diferentes gobiernos, desde el tardofranquismo hasta nuestros días, han situado la vivienda como un objeto de inversión y acumulación, en detrimento de su valor de uso o valor social.

En los 80 se privatiza la banca, ésta busca un mayor rendimiento en el menor tiempo, y así deposita miles de millones de euros ahorrados por millones de depositarios en el sector inmobiliario. Se desregulariza el mercado financiero y la prolongación de la vida útil de los préstamos, determinantes para inflar los precios. Al mismo tiempo, España ingresa en la Unión Europea y eso se traduce en una avalancha de crédito (procedente de capitales internacionales que necesitan nuevos mercados) que llega a las casas de todo el país en forma de hipoteca. Las políticas fiscales de desgravación por compra de vivienda, incluso a segundas y terceras residencias, o la desgravación de los ahorros depositados en cuentas vivienda o reducciones del IVA en la compraventa de inmuebles van dirigidas a fomentar la compra en detrimento del alquiler. Alquiler castigado, precarizado con cada reforma de la Ley de Arrendamientos.

Todo eso acompañado de la creación de un imaginario colectivo, como dicen Ada Colau y Adrià Alemany [7]: «la falacia de la cultura de la propiedad en España». Un mito que los supuestos expertos, políticos de todos los colores, ministros de Economía, Vivienda, Industria, Trabajo, gobernadores del Banco de España, presidentes de bancos y cajas y medios de comunicación han ido tejiendo con mensajes como «el precio de la vivienda no bajará nunca», «comprar es una opción segura, alquilar es tirar el dinero», «por el precio de un alquiler puedes ser propietario». En definitiva, la hipoteca se convierte en un símbolo de estatus, de éxito, de ser un adulto, mientras que el alquiler se estigmatiza como síntoma de inestabilidad, fracaso e inferioridad.

Por otro lado, no se nos puede pasar por alto que todo este proyecto propietarista tiene un objetivo: la propiedad actúa como mecanismo de control social [8], porque quien tiene una propiedad tiene alguna cosa que perder, unos intereses concretos que defender y poco tiempo para conspirar. Simultáneamente el endeudamiento generalizado supone un nuevo mecanismo de gobernabilidad social. Si los ciudadanos se hipotecan a cuarenta años, es fácil aceptar imposiciones del mercado laboral, e incluso aceptar la precariedad para poder cumplir con las obligaciones hipotecarias.

Podemos decir que las políticas públicas de vivienda desde el tardofranquismo hasta la actualidad tienen el mismo denominador común, y es que el Estado, que tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, no ha legislado con esta finalidad, sino con la del crecimiento económico, con la construcción de viviendas como motor de la economía.

Es en este contexto que nace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

3. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

No profundizaremos en la historia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero sí creemos importante trazar unas líneas básicas sobre qué es y la relación activistas, afectadas y solidarias.

La PAH fue impulsada por un grupo de activistas vinculados por su procedencia de diferentes movimientos/grupos que denunciaban y luchaban por el derecho a la vivienda. La PAH se constituye como un sujeto político con clara consciencia colectiva y manifiestamente apartidista. Surge para dar respuesta a la situación que viven miles de familias ante una ley injusta que sobreprotege a las entidades financieras en detrimento de la parte más débil e indefensa, las afectadas por la hipoteca. La PAH se funda en Barcelona en el 2009 en un contexto de desmovilización ciudadana y con el estallido de la burbuja inmobiliaria de telón de fondo. La PAH hizo una lectura política con la que se avanzó, vieron las hipotecadas como el sujeto político emergente. Las activistas se anticiparon al cambio de escenario y a la nueva correlación de fuerzas, ya que el 90% de la población había accedido al derecho a la vivienda a través de la hipoteca. Así se podría continuar reivindicando el derecho a la vivienda, pero con una mayoría social.

Desde sus inicios, la PAH ha denunciado la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos y administraciones, la injusta legislación, la falta de control público y las políticas públicas de vivienda. Ha estado proponiendo diferentes soluciones al problema, incluso llevando a cabo una Iniciativa Legislativa Popular con casi un millón y medio de firmas. No sólo ha denunciado y hecho propuestas, sino que ha actuado desde el inicio dando respuesta inmediata a necesidades urgentes, parando desahucios, arrancando daciones, condonaciones y alquileres sociales a las entidades financieras, y recuperando pisos vacíos en manos de entidades financieras para realojar personas o familias desahuciadas a las que la Administración ha abandonado.

La PAH, que nació en Barcelona en 2009, cuenta hoy en día con más de 230 núcleos en todo el Estado Español, y casi seis años después acumula muchas pequeñas grandes victorias como: la campaña Stop Desahucios con miles de desahucios parados, la Obra Social que ha realojado casi 1.200 personas o las acciones con los bancos, que han conseguido arrancar miles de daciones, condonaciones y alquileres sociales.

4. Del empoderamiento a la autotutela de derechos

La pregunta es: ¿cómo hemos conseguido movilizar a las afectadas por la hipoteca? ¿Cómo hemos conseguido que se vinculen a las diferentes campañas, especialmente las que suponen poner en práctica la desobediencia civil no violenta?

Las activistas impulsoras de la PAH tenían una concepción muy clara sobre la potencialidad de la desobediencia civil para transformar la realidad. Así lo expresa Ernest Marco, activista impulsor, que asegura: «había una reflexión previa sobre el hecho que, a nivel histórico, para cambiar leyes injustas, grupos de gente habían incumplido las leyes vigentes, creando un estado d opinión y movilización social que permitió que se modificaran». Vieron que detener un desahucio era la acción necesaria para dar visibilidad a un problema, invisibilizado, para forzar a las instituciones del Estado a posicionarse y especialmente para dar una solución a un problema urgente, el de quedarse en la calle y perderlo todo, con una deuda de por vida. Las activistas impulsoras son las que diseñan y piensan la campaña de desobediencia civil no violenta Stop Desahucios, pero como explica la activista Ada Colau: «el Stop Desahucios estaba muy pensado pero también se da cuando la propia afectada dijo que quería dar este paso. Nosotras no podíamos, ni queríamos, hacer nada en nombre de las afectadas». Por otro lado, la acción se plantea con un discurso que legitima la desobediencia de la ley, se plantea una confrontación de derechos y se ampara en una legalidad superior, la de los derechos fundamentales y los derechos humanos para ejercer la desobediencia civil. Este planteamiento obliga a que las instituciones del Estado y el gobierno se posicionen, no pueden continuar con el silencio cuando se plantea una confrontación de derechos y legitimidades. También resulta determinante la forma en que se plantea, es decir, la desobediencia civil no violenta y colectiva, tanto en el discurso, como en la práctica. El hecho de grabar y hacerlo circular por la red, consiguen que el acto de desobediencia civil sea replicable, un objetivo a cumplir imprescindible. Existe un factor clave para entender la generalización de la práctica de la desobediencia civil, Stop Desahucios, la irrupción del 15M a nivel estatal, con asambleas en todas las localidades y la sintonía que se produce entre el 15M y la PAH. El 15M, junto con el movimiento vecinal, que ha sido un aliado desde los inicios, son claves para la generalización de la campaña.

Les activistas impulsoras de la PAH tenían muy claro en la teoría la necesidad de la campaña Stop Desahucios, pero ya desde el principio anticiparon una batalla larga y difícil, ya que se enfrentaban a los bancos. Pero lo que las sorprendió, según Ada Colau, fue que: «el primer obstáculo no eran los bancos, sino la cultura general, el enemigo interior del individualismo, la soledad, la culpabilización, la vergüenza. El modelo económico de los últimos años no ha sido sólo económico, sino cultural, emocional, psicológico, con valores de individualismo, competitividad, consumismo. Cuando eso explota nos encontramos con que la gente se siente sola, avergonzada y todo lo contrario a lo que es un sujeto político con ganas de movilizarse, gente destrozada que no puede ni hablar, que explota a llorar en la asamblea». Así pues, nos encontramos con casos en los que hay una gran necesidad, pero el hecho de decir públicamente «lo he perdido todo y necesito ayuda» está mal visto en nuestra sociedad, es un estigma de la pobreza, y el desahucio es el momento de la visibilización máxima, de la precarización absoluta. Matías, que fue uno de los primeros en dar el paso en Barcelona, afirma que era muy difícil decir públicamente cuál era su situación, que lo iba a perder todo, que tenía orden de desahucio: «Me llegó el primer desahucio y un amigo me habló de la PAH. Me caía el mundo encima. Y yo decía, ¿cómo luchará David contra Goliat? Llegué temblando, con miedo. Empecé a escuchar a los otros y vi que todo el mundo estaba como yo o peor. En el segundo desahucio pedí apoyo al 15M en mi barrio, en una reunión que tenían a la Asociación de vecinos me invitaron a asistir y explicarlo. El cura nos dejó hacer la reunión en la iglesia. Empezó a entrar gente, y yo estaba nervioso, era la primera vez que hablaba en público y encima, ¡con mis vecinos! Eso es lo que le pasa a la gente, que no quiere hablar de su caso, por eso hay muchos casos que no salen a la luz, muchos casos. En Sant Andreu, con lo grande que es, solo he salido yo, eso es imposible, o es que es un barrio muy privilegiado o es que están acojonados. No quieren salir a la luz, prefieren decir a sus vecinos que cambian de barrio, se marchan a otro piso y al banco le entregan las llaves y que pase lo que tenga que pasar. No quieren decir que serán desahuciados, la gente tiene miedo de decirlo, eso me pasó a mí». Debemos tener en cuenta que cuando una afectada llega a la PAH, llega destrozada, con vergüenza y sentimiento de culpa, no es el perfil del sujeto político dispuesto a movilizarse, a enfrentarse a la comitiva judicial y a la policía para paralizar su propio desahucio.

Así pues, para dar respuesta a este problema se generó el espacio de asesoramiento colectivo, como dice Colau: «por eso se generó primero un espacio colectivo donde la gente tuviera la experiencia de que no era un fracaso personal, sino un problema colectivo, y se llega a convertir en un espacio terapéutico donde, entre todas, abordar el problema e ir pensando las estrategias y mecanismos para conseguir negociaciones con las entidades… de empoderamiento al final, uno de los ejes, por no decir el más importante y clave de la PAH». Por tanto, la asamblea de asesoramiento colectivo se piensa desde la lógica de la dinámica asamblearia, tratando a las afectadas como un sujeto activo, no como una víctima asistida, informándolas del funcionamiento del procedimiento de ejecución hipotecaria, los pasos que pueden dar, es decir, se socializa el conocimiento acumulado y las herramientas generadas. Pero no se trata solo de eso, sino de un espacio de confianza, en el que la gente puede expresar sus dudas y sus preocupaciones. En ese espacio se crea el sentimiento de comunidad y se establecen lazos de solidaridad y compañerismo, como dice Matías: «En mi caso, en cada desahucio asistieron más de 300 personas. Cuando ves eso, piensas, tengo que responder a esto, tengo que ayudar a los demás». Es aquí donde las afectadas entienden que su problema es colectivo, que no es un fracaso personal, y que la solución pasa por la lucha colectiva. Así lo explica Mercedes Castor: «Lo primero que me sorprendió fue que no estaba sola, que había mucha gente afectada. Tú desde tu casa vives tu propio drama, pero cuando llegas a la PAH ves que no estás sola». Las afectadas viven un proceso de desculpabilización, que es un paso previo y requisito indispensable para el empoderamiento más estratégico. Cuando hablamos de empoderamiento, lo dividimos en dos tipos: el empoderamiento emocional, que es el proceso en el cual se dejan atrás los sentimientos de culpa, la vergüenza y los miedos, y un empoderamiento estratégico que surge de la socialización del conocimiento y de las herramientas generadas. Mercedes Castro, que se aproximó a la PAH como afectada, lo resume así: «la PAH tiene una cosa excelente, te devuelve el poder, no te das cuenta de cómo pasas de afectada a activista». A su vez, el asesoramiento colectivo tiene un efecto multiplicador , las persones que se acercaron a la PAH afectadas por la hipoteca, receptoras de asesoramiento, acaban siendo asesoras; es decir, con el tiempo se convierten en sujetos activos transmisores de conocimiento. Muchas Plataformas de Afectados por la Hipoteca han surgido de otras asambleas, es decir, una afectada que asistía a una PAH porque en su localidad no existía, después de un tiempo (ya formada) ha abierto otro núcleo en su población.

Ernest Marco, uno de los activistas impulsores, dice en relación al primer desahucio que se detuvo en noviembre de 2010: «lo vivimos como una pequeña gran victoria y como una muestra del primer ¡Sí se puede!». Esta experiencia se vive en las asambleas de asesoramiento colectivo: se comparten momentos duros, pero también se celebran estas pequeñas grandes victorias, ya sea por el hecho de que se ha para un desahucio, se ha conseguido una dación, una condonación o hemos realojado a una familia a través de la Obra Social. Estas pequeñas grandes victorias son muestras de que si se puede y permiten visualizar el horizonte de esperanza necesario para continuar batallando cada día y en los momentos más bajos, tener la confianza que tarde o temprano podremos cambiar esta situación de vulneración sistemática del derecho a la vivienda y los derechos humanos. Blanca explica lo que sintió cuando se paró su desahucio así: «Cuando lo paralizas, te sientes grande. Cuando estás sola piensas que no eres nadie para el banco, soy alguien insignificante, a mí qué caso me harán. Pero cuando vino la gente a ayudar pensé, yo puedo con el banco, no el banco conmigo. Uno se siente hasta más importante que el banco, tú vas con más fuerza y ya no tienes miedo. Cuando ves que te vienen a ayudar, sientes emoción. Yo veía que en la PAH-Barcelona había 40 personas y pensaba, vendrán 50 y después vino mucha más gente, yo me preguntaba cómo lo sabrían».

Cuando pensamos en el asesoramiento colectivo, es importante tener presente que las afectadas por la hipoteca que participan en la PAH tienen perfiles muy diferentes, desde la que nunca había estado vinculada a ningún colectivo, pasando por la que había sido militante de la CNT en su juventud, por el militante del Partido Popular o por el miembro de la asociación de vecinos de barrio. Antes de vincularse a la PAH percibían la desobediencia civil de diferentes formas, había quien no la conocía o no lo tenía claro, las que tenían miedos y dudas, y las que sabían en qué consistía. En general no tenían experiencia en el activismo ni en la práctica de la desobediencia civil. No se imaginaban que acabarían practicando la desobediencia, la entendían como algo ajeno y «antisistema». Óskar lo decía así: «yo nunca me había planteado la desobediencia civil, ni tan solo por rebeldía. Había cosas con las que no estaba de acuerdo, pero no me afectaban en absoluto». Mª Àngels, lo veía así: «Yo siempre he sido conservadora, para mí era gente que estaba al margen y no quería vivir como lo tenemos establecido. Pensaba que si se había hecho una ley, se tenía que cumplir». Como podemos observar, el empoderamiento es un paso previo e imprescindible para la vinculación de las afectadas en la desobediencia civil y, por tanto, en la autotutela de derechos. Los miedos a participar en acciones colectivas o a practicar la desobediencia civil desaparecen con la información de las asambleas de asesoramiento colectivo, escuchando las experiencias de las compañeras, y con la práctica. Fernando lo explica así: «Me había relacionado con las compañeras y sabía que no les había pasado nada, ¿por qué me tendría que pasar a mí? Yo cuando llega un compañero nuevo, me gusta decirle que esté tranquilo que no le va a pasar nada, que como mucho le pedirán las credenciales».

Este proceso de autotutela de derechos no culmina con detener un desahucio o conseguir la dación en pago. Hay casos en el que el desahucio no se ha podido parar o en el que se consigue la dación sin alquiler. En estos casos, como siempre, se agotan todas las vías: negociar con la entidad financiera y dirigirse a la Administración. Si esto no da resultados, la vulneración del derecho a la vivienda es absoluta y la afectada es abandonada por la Administración, que la condena a vivir en la calle. Fruto de esta necesidad nació la campaña Obra Social de la PAH. Esta consiste en recuperar viviendas vacías propiedad de entidades financieras. Se plantean tres objetivos: recuperar la función social de la vivienda vacía para garantizar el derecho de aquella persona o familia, incrementar la presión sobre las entidades financieras para que acepten el alquiler social y forzar a la Administración Pública a que adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda. Esta es la teoría, pero con la campaña Stop Desahucios, Ada afirma: «lo que hemos hecho bien en la PAH es no forzar las cosas, ni querer convencer de discursos a priori a nadie, se trata de escuchar a las personas y que todas hagan el proceso por sí mismas. La Obra Social empezó cuando se convirtió en una necesidad objetiva. Después de agotar todas las vías». El primer caso fue el de una familia de Montcada i Reixac, después de detener cuatro desahucios, el último se hizo efectivo. El Ayuntamiento no tenía vivienda social para realojar a la familia y lo único que le ofreció fue pagar una pensión dos o tres días. Entonces, la familia dijo que volvía a entrar en su propio piso.

Para poder llevar a cabo esta campaña, el asesoramiento colectivo vuelve a ser clave. Nos enfrentamos a los miedos, la vergüenza y el imaginario colectivo de la ocupación. Es en este espacio donde se resuelven las dudas y los miedos, donde se socializa la información y las herramientas generadas para autotutelar nuestro derecho a través de la recuperación de viviendas vacías. Perder el miedo y tener información es vital para poder llevar a cabo estas campañas, como dice Susana, que se acercó a la PAH como afectada: «Lo hago con naturalidad, sin miedos. Siento que estoy haciendo lo que debo hacer. Miedo, cuando no sabía las consecuencias, pero ahora, ningún miedo, como mucho una multa, y eso lo tendrá que valorar una juez. Es legítimo, porque el gobierno no hacía nada y entonces teníamos que hacerlo, porque es injusto». Igual de vital es la importancia del colectivo , como dice Mercè, una activista de la PAH: «Si quieres tener una vida mejor y hay una ley de educación que te impide estudiar, sabes que nos tenemos que organizar. En la PAH sientes lo colectivo, es una cosa material, que ves, que tocas, que lo tienes en tu cotidianidad, lo vives».

Otro aspecto importante del asesoramiento colectivo, obviamente acompañado de la acción directa , es la transformación y aprendizaje que se da en este proceso de empoderamiento. Ernest Marco lo explica así: «Transforma las personas, gente que ha venido a la PAH que era abiertamente racista y decía que los inmigrantes nos roban, nos quitan el dinero, cuando ha llegado su desahucio, se han encontrado con compañeras inmigrantes que venían a pararlo. Eso genera un catacrac mental. Ha pasado de ser racista a que sus amigos más próximos sean inmigrantes. O el ejemplo del militante del PP, que es activista de la PAH, muy implicado y que está poniendo en jaque a su propio partido». En este proceso se ha conseguido transformar el imaginario colectivo, hemos desactivado el estigma del desahucio y la ocupación, y hemos activado el de la dignidad y la solidaridad, a la par que se ha hecho efectiva la autotutela del derecho a la vivienda. Blanca Piedad lo expresa así: «A mí ahora, si me echan del piso, soy capaz de dar una patada a la puerta y entrar al piso otra vez, antes no lo habría hecho. Por no irme con mi hija a la calle, lo haré». Muchas coinciden en que este proceso les ha dado fuerza, que han recuperado valores como el compañerismo o la solidaridad, que ahora creen que sí se pueden cambiar las cosas y que ya no tienen miedo. Josep Azevedo dice que la PAH le ayudó a abrir los ojos y a despertar: «Te hace pensar. Si no hubiese sido por mi problema hipotecario, ni me habría dado cuenta de lo que pasa, porque la sociedad te va machacando, trabajar, ocio…lo que tú quieras. Pero eso me ha hecho salir un poco de esta carrera, te hace pensar». Muchas coinciden que junto con la pérdida del miedo, han adquirido un compromiso, como dice Susana Ordóñez: «Ahora mi miedo es cero, hago lo que creo que debo hacer. El activismo me engancha, no lo dejaré de hacer. Si no lo hacemos nosotros, ¿quien lo hará?». No sólo hemos conseguido eso, sino que hemos dado una solución a un problema urgente, el de quedarse en la calle. Aunque no ha resuelto el problema de los desahucios, ha permitido mantener la vivienda a la mayoría que ha confiado en el apoyo mutuo y, cada vez más, nos ha permitido realojar a las que han sido desahuciadas.

Visto todo lo anterior, podemos afirmar que la PAH no podría realizar todas las campañas que lleva a cabo si no existiera el asesoramiento colectivo, la PAH no funcionaría.

5. Conclusiones: asesoramiento colectivo, empoderamiento y acción directa como motor de transformación

Cuando una afectada por la hipoteca cruza la puerta de la PAH llega con todo el peso del estigma de la pobreza, en su imaginario está presente la imposibilidad de hacer nada, la soledad del individuo, la vergüenza del fracaso y del «qué dirán», el desamparo y la indefensión ante una situación que la conducía a quedarse en la calle, arrastrar una deuda de por vida y a perderlo todo. A través del asesoramiento colectivo, de compartir experiencias y situaciones con las compañeras, y de hacer, vivir y experimentar la acción directa, ya sea ocupando un banco o desobedeciendo la ley para detener un desahucio, todo cambia. Entienden que no han fracasado, que se trata de un problema colectivo que obedece a razones estructurales, y ya no sienten la soledad del individuo, sino la compañía del colectivo. La afectada pasa a tomar consciencia que sus derechos están siendo vulnerados, y por tanto, tiene que exigirlos. Se identifica a sí misma como un sujeto con capacidad de acción para cambiar las situaciones que le afectan o que afectan a sus compañeras. Pasa del individualismo a la comprensión de encontrarse en una lucha colectiva y se compromete. Pierde el miedo y toma consciencia política, reconoce a los responsables de la vulneración de sus derechos y exige responsabilidades, rendición de cuentas. Practica la desobediencia civil con orgullo, con sentido de hacer lo correcto y justo, hasta como una obligación moral. Así pues, la acción directa, la desobediencia civil, que lleva asociado el empoderamiento previo, transforma el imaginario de las afectadas, que pasan de ser un sujeto pasivo a ser un sujeto activo que actúa para autotutelar sus derechos. Esto ha permitido detener cerca de 1.200 desahucios y realojar más de 1.180 personas a través de la Obra Social de la PAH, conseguir miles de daciones, condonaciones y alquileres sociales, llevar a cabo una ILP estatal con casi un millón y medio de firmas, poner al gobierno contra las cuerdas, practicar el escrache… Quizás todavía no hemos conseguido cambiar la ley, pero en un momento de emergencia habitacional estamos dando soluciones.

La PAH ha sido pionera en la generalización de la práctica de la desobediencia civil no violenta con la campaña Stop Desahucios y la Obra Social de la PAH. Aun estando incumpliendo la ley, y a pesar de los intentos de criminalización, ha conseguido un amplio apoyo social.

Por otro lado, gracias a la implicación de miles de personas a través de las diferentes campañas de la PAH, especialmente la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH, hemos conseguido poner en la agenda política y mediática los desahucios y la emergencia habitacional, que ahora se perciben como un problema social por parte de la ciudadanía del Estado español. Así pues, podemos afirmar que la PAH ha transformado el imaginario colectivo desactivando el estigma del desahucio y activando el de la solidaridad y la dignidad ante éste. Son muchos los colectivos, como los bomberos, los cerrajeros y algunas policías locales, así como sindicatos de policías, que han hecho explícita su disconformidad y se han negado a participar.

Y no sólo eso, sino que las instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial se han posicionado a favor de cambiar la ley. Hemos conseguido que los partidos se hayan posicionado, incluso los dos grandes, PP y PSOE, que se han visto forzados a hacer declaraciones y foros «contra los desahucios». La presión social ha forzado al gobierno a hacer cambios legislativos referidos a los desahucios, cambios insuficientes pero que de otra manera no se habrían producido. Estos cambios, como el Código de buenas prácticas, la Ley 1/2013, el Fondo Social de Viviendas o la falsa moratoria de los desahucios, han sido insuficientes, medidas de cara a la galería, pero a pesar de todo se reconocen en ellas demandas de la PAH como la dación en pago, la moratoria de desahucios y el alquiler social. Estas medidas, insistimos, son totalmente insuficientes, la PAH continúa presionando para cambiar la ley, ley sobre la que ya ha habido dos sentencias del TJUE que la declaran ilegal y contraria a la normativa europea. La PAH continúa autotutelando el derecho a la vivienda, no sólo de las hipotecadas, sino cada vez más del alquiler, que según los datos del Consejo General del Poder Judicial van en aumento, superando ya los desahucios por hipoteca en el 2014.

La PAH, con las diferentes campañas, ha conseguido abrir un proceso de participación, empoderamiento y transparencia. Esta transparencia es una herramienta que permite responsabilizar a los gobiernos, a las diferentes administraciones y a las entidades financieras, es decir, la rendición de cuentas sale fortalecida al identificar los titulares de derecho, personas a las que se las ha vulnerado el derecho a la vivienda reconocido por el Estado, y los titulares de deber u obligación, es decir, el Estado, quien tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda. La PAH no sólo ha conseguido iniciar un proceso de autotutela de derechos, sino que ha puesto en cuestión el sistema económico y la democracia en el Estado español. Así pues podemos concluir que el empoderamiento tiene potencialidad como motor de cambio y transformación social.

6. Continuamos hasta acabar con la emergencia habitacional

Iniciamos 2015 con la certeza de que este año, más fuertes que nunca, la PAH y la sociedad civil organizada continuarán luchando por poner fin a la emergencia habitacional y por hacer efectivo el derecho a la vivienda.

El Gobierno del PP no piensa tomar ninguna medida más que la tímida ampliación de la falsa moratoria de los desahucios. Conscientes de que mientras el PP continúe en el gobierno del Estado no habrá cambios legislativos dirigidos a resolver la emergencia habitacional, hace un año, la PAH inició una campaña dirigida a la administración local. Esta campaña consiste en mociones en los Ayuntamientos para sancionar los pisos vacios en manos de entidades financieras, rescatadas con miles de millones de euros públicos y sin ningún tipo de contrapartida social. Una vez más, la PAH ha ido por delante de las diferentes administraciones y gobiernos, generando herramientas, esta concretamente para movilizar el parque de pisos vacíos en manos de entidades financieras y grandes poseedores de vivienda. Una campaña que en un año, aprobada en más de cien municipios de Catalunya, ya empieza a dar sus frutos.

Por otro lado, nos encontramos inmersas en una campaña que pretende presentar Iniciativas Legislativas Populares en las Comunidades Autónomas para hacer frente a la emergencia habitacional. El caso más avanzado es el de Catalunya, donde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observatori DESC) y la PAH han empezado ya a recoger firmas de la ILP de Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética. ILP que adapta a las competencias autonómicas las demandas de la ILP estatal e incluye las de pobreza energética y los desahucios de alquiler:

  • Mecanismos que otorguen una segunda oportunidad para las personas sobre-endeudadas y deudores de buena fe. Mediante dos procedimientos (uno extrajudicial y uno judicial) se posibilita que las familias puedan liquidar sus deudas vinculadas a la vivienda habitual para poder comenzar de nuevo.
  • Ningún desahucio para familias en ejecución hipotecaria, estableciendo la obligación a las entidades financieras de conceder un alquiler forzoso a las familias en situación de vulnerabilidad.
  • Alquiler social per familias en régimen de alquiler en riesgo de desahucio, con una importante distinción entre grandes y pequeños poseedores de vivienda. Cuando el propietario del inmueble sea una entidad financiera o un gran poseedor de vivienda éste tendrá que detener el desahucio y ofrecer un alquiler social a la familia. En cambio, cuando éste sea un pequeño poseedor de vivienda será la administración la obligada a conceder ayudas para que el afectado pueda seguir en la vivienda o asegurar un realojo adecuado.
  • Creación de parque público de alquiler estableciendo la obligatoria reconversión temporal de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras y grandes poseedores de vivienda, para poder realojar a todas aquellas familias que ya han sido desahuciadas.
  • Acceso garantizado a suministros básicos de agua, luz y gas en las casas vulnerables.
  • Ningún corte de luz, agua o gas. Se establecerá un protocolo obligado de comunicación e intervención previa de los servicios sociales para aplicar las ayudas necesarias con el fin de evitar el corte de suministro, en el caso que el impago sea por falta de recursos económicos de las familias afectadas.

El Parlament de Catalunya y el Govern de la Generalitat tienen competencias, el texto de la ILP ha sido aprobado por los servicios jurídicos del Parlament y la mesa, compuesta por: ERC, CiU, PSC, ICV y PP y los informes favorables de l ICAB (Col·legi d’ Advocats de Barcelona) i el CICAC (Consell de l’Advocacia de Catalunya). Los recursos existen, sólo tienen que decidir entre limitar privilegios y garantizar derechos o continuar manteniendo los privilegios de unos pocos y limitar el acceso al derecho a la vivienda.

Por otro lado, este año es año electoral, en el que la PAH tendrá que estar presente y continuar presionando para que ningún partido político que se quiera presentar a las elecciones, ya sean municipales, autonómicas o estatales, lo pueda hacer sin incorporar en sus programas las demandas de la PAH.

Mientras tanto, cada día continuaremos autotutelando el derecho a la vivienda, deteniendo desahucios, realojando personas o familias a través de la Obra Social de la PAH, arrancando daciones, condonaciones y alquileres sociales a las entidades financieras y haciendo red con la ciudadanía civil organizada.

Sí se puede!

Nota:

Las citas que aparecen a lo largo del artículo son fruto de 18 entrevistas realizadas a participantes de la PAH-Barcelona.

[1] «Emergencia habitacional en el Estado Español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de Derechos Humanos»[en línea] pág. 107. Observatorio DESC y PAH. Diciembre 2013. Disponible en la web: http://observatoridesc.org/sites/default/files/2013-Emergencia-Habitacional.pdf

[2] «Notas de prensa: Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2014», [en línea] Instituto Nacional de Estadística (INE). Octubre 2014. Disponible en la web: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0314.pdf

[3] «Notas de prensa: Encuesta condiciones de vida. Datos definitivos 2013», [en línea] Instituto Nacional de Estadística (INE). 2013. Disponible en la web: http://www.ine.es/prensa/np844.pdf

[4] «Indicadores de la situación política». Centro de Investigaciones Sociológicas. Octubre 2014. [en línea] Disponible en la web: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/11_barometros/Indicadores_PI/politica.html

[5] «Los españoles confían mucho más en los movimientos sociales que en los políticos». El País http://politica.elpais.com/politica/2013/03/16/actualidad/1363470095_882443.html

[6] «La PAH exige al gobierno que defienda los derechos de sus ciudadanos tras un nuevo varapalo de la UE». 2014. Disponible en la web: http://afectadosporlahipoteca.com/2014/09/09/limite24d/

[7] Alemany Adrià y Colau, Ada. Vides Hipotecades. De la bombolla immobiliària al dret a l’habitatge. pág. 41 Angle Editorial. Barcelona: Marzo 2012.

[8] Alemany Adrià y Colau, Ada. Vides Hipotecades. De la bombolla immobiliària al dret a l’habitatge. pág. 34 Angle Editorial. Barcelona: Marzo 2012.

Carlos Macías, portavoz de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) de Barcelona

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