La directora de la ONG Leasur, organización que desde 2014 trabaja por los derechos de las personas privadas de libertad, conversó con El Desconcierto sobre ser mujer, madre y prisionera en Chile.
Solo el 8% de toda la población penal de Chile son mujeres. De esa cifra, el 42% están recluidas por micro-tráfico. Asimismo, un 86,4% de ellas tiene al menos un hijo, según Gendarmería. Los hijos de las internas viven la reclusión dentro de los penales junto a sus madres; y los que no, que son los mayores, son, en muchas ocasiones, enviados al Sename, porque la mamá ya no está en casa, porque a la mamá le dieron 10 años por vender marihuana.
Desde 2014 que la ONG Leasur busca poner el tema en discusión, a través de la demanda de una Ley de Ejecución Penal que garantice los derechos de las personas privadas de libertad; que, por ejemplo en este caso, permitiría dar una perspectiva de género a los reglamentos internos de las cárceles que, hoy por hoy, rigen con las mismas normas a hombres y mujeres.
Alicia Alonso Merino es abogada y directora de Leasur. Habla con suavidad y firmeza. Sobre el derecho penal, maneja datos, estadísticas, experiencias, números, cifras, libros; pero aún así mastica entre sus dientes la mezcla de una pena rabiosa, evocando las historias de las reclusas con las que comparte en su trabajo en el CPF, la Cárcel de mujeres de San Joaquín; uno de los lugares en donde Leasur dicta capacitaciones en derechos penitenciarios y presta asesoría jurídica a las internas.
¿Cómo es la realidad de las mujeres en prisión?
– De partida es muy distinta a la de los hombres, porque las mujeres sufren tres condenas: la primera es la condena social, que tiene que ver con que la mujer debe ser una esposa y madre ejemplar, entonces al delinquir, rompe con ese papel, cosa que no pasa con el hombre; la segunda, es la personal, porque la mujer sufre tremendamente lejos de sus hijos, porque siente que los abandona, carga con la culpa, además de perder su rol de protectora, de cuidadora, entonces sufre una crisis de identidad; y la tercera es la penitenciaria, la de estar en la cárcel. Son sistemas cerrados, pensados por hombres y para hombres.
¿Por qué?
– Porque la seguridad y el reglamento penal se aplica de igual manera para hombres y mujeres, siendo que los delitos que cometen las mujeres son en su gran mayoría delitos no violentos. A diferencia de los hombres, las mujeres caen por delitos vinculados al micro-tráfico de drogas, de la Ley 20.000.
¿Cuál es la explicación a que las mujeres incurran en el micro-tráfico?
– Cometer un delito está socialmente vinculado con ser mala madre, pero muchas de las presas pueden ser madres estupendas y, de hecho, seguro que lo son. La gran mayoría no lo hacen porque quieren, sino porque tienen una situación personal que las ha llevado a eso. Precisamente han delinquido para mantener a sus hijos. Y eso te lo dicen mucho, «tuve que pagar la operación de un hijo», «no encontraba trabajo y no me quedaba otra». De hecho, no es menor que apenas el 8% de la población penal en Chile sea mujer; delinquen menos, porque para ellas la cárcel es mucho más dramática que para los hombres. Algunas mujeres nos contaban que lo que más les preocupaba a la salida eran dos cosas: que no iban a poder trabajar por los antecedentes penales y que sus hijos iban a quedar marcados por haber tenido a su mamá en la cárcel.
¿Y de qué manera esto afecta a las familias, directamente?
– En el 80% de los casos, cuando una mujer entra a la cárcel, su pareja la abandona. Es la triste norma. De hecho, no hay más que ir a la puerta de los penales. Tanto en las cárceles de hombres como de mujeres, en las filas hay mayoría de mujeres. En el primer caso, son sus parejas, y en el segundo, son la mamá, la hija mayor, una hermana. Por eso que la familia de una mujer que entra a la cárcel, se destroza. Qué pasa con los hijos, dónde quedan, cuál es el costo de que quede en otras familias, cuál es el costo de que vayan al Sename, si todos sabemos que un niño del Sename tiene más posibilidades de ser delincuente que entrar a la universidad.
¿Qué caso particular recuerdas tú que pueda ejemplificar esto?
– El otro día, durante una asesoría jurídica, una madre se me puso a llorar porque tiene una situación bien dura: tiene a su guagua de un año y lleva dieciocho meses de una condena de diez años por 500 gramos de marihuana, que además no era suya, sino de su mamá porque la mama sí se dedicaba a eso, pero como ella ese día estaba en la casa, se la llevaron igual. Tiene otra hija de cuatro años, que está con la mamá del compañero, quien por supuesto la abandonó cuando ella entró a la cárcel. Y entonces ella me lloraba y me decía «¿qué le digo a mi hija, cómo le voy a decir que estoy aquí?». Son situaciones tan dramáticas y que te dan tanta rabia e impotencia.
¿Qué pasa con los lactantes hijos de mujeres presas, como la guagua de esa mujer?
– Hasta el año y medio pueden vivir en las cárceles con sus madres. Pasan el día en una sala cuna bien arreglada, con pinturas bonitas que buscan dar un espacio un poco más agradable, y en la noche van a dormir con sus mamás, a los módulos donde ellas están presas.
¿De qué manera le afecta a un niño, vivir así sus primeros años?
– Lo primero es que ningún niño ni niña debería estar en la cárcel, por principio. Ellos no han cometido ningún delito, y es inevitable que no les afecte, porque aunque el módulo de sala cuna está a la entrada de la cárcel, igual las rejas son las rejas, los sonidos son los sonidos, el olor a cárcel es el olor a cárcel. Es inevitable.
¿Qué pasa después del año y medio?
– Hay un programa de desapego en que la guagüita va saliendo una vez a la semana con el familiar con quien se va a quedar, sale y entra, sale y entra, como para que se vaya acostumbrando. Hasta que finalmente sale. Hay muchas mujeres que llevan años sin ver a sus hijos, porque muchas veces no tienen quien les lleve a los hijos para que las visiten; y por otro lado están las revisiones que se hacen cuando hay las van a ver, porque son muy invasivas. Hay madres que no quieren que sus hijos o hijas pasen por esa situación, porque es muy traumática. Es tremendamente dramático.
¿Qué experiencias existen como alternativa a esto?
– En países como España hay recintos semi-cerrados, como casas, donde pueden estar las mujeres privadas de libertad con sus hijos, en un ambiente que no parece cárcel.
¿Cómo te explicas que por micro-tráfico la condena sean 10 años de presidio, y por violación muchas veces ni siquiera hay cárcel?
– Lo que existe es una asimetría evidente en la proporción de la punición, y ese es el ejemplo más claro. Cómo el micro-tráfico, que no es un delito violento, está tan penalizado, y otros que sí lo son, no lo están. No quiero decir que tienen que penarse más los otros delitos, pero sí que el Estado no protege a las mujeres, porque no tiene en cuenta una perspectiva de género al poner condenas tan altas a quienes son madres, en un 80% son madres. E incluir la perspectiva de género significa mirar de formas diferentes las situaciones diferentes, como las de una mujer, que tiene necesidades sociales diferentes a las de un hombre, como tener un pediatra o más asistentes sociales dentro de las cárceles.
A parte que, históricamente, los delitos que cometen las mujeres son delitos que tienen que ver con el control de su cuerpo, como la prostitución o el aborto. Entonces sí existen reminiscencias de esa injusticia en la que nos tienen metidas desde hace siglos.
– ¿De qué otras formas se evidencia la precariedad de ser mujer presa en Chile?
– Las mujeres presas viven en su mayoría dentro de cárceles de hombres, entonces el hecho de que sean minoría, las mantiene segregadas, sin acceso a muchos de los servicios que tienen los hombres. Entonces nunca van a tener ni el mismo presupuesto destinado, ni el acceso a los espacios colectivos. Por ejemplo, en la mayoría de los penales a ciertas horas se corta el agua, y ya el hecho de privación de agua es un atentado a la dignidad, pero en el caso de las mujeres es diferente porque cuando estás con la menstruación no es lo mismo tener o no tener agua.
¿Qué hace Leasur ante esta problemática?
– La denuncia pública es lo que estamos intentando por un lado, y por otro es que vamos a las cárceles para hacer talleres, donde les damos a conocer sus derechos penitenciarios, además de asesorías jurídicas gratuitas.
¿Se ve un cambio a partir de estos talleres?
– Sí, les explicamos cómo funciona el reglamento, cómo funcionan los permisos de salida, qué requisitos tienen, los plazos, cuándo pedirlos, etcétera. Y se sienten súper empoderadas al darse cuenta que aprendieron y que ahora saben. El conocimiento genera poder y eso mejora el autoestima; y así, ellas hacen de multiplicadoras, hacen de promotoras de los derechos; lo que han aprendido lo trasladan a las compañeras más cercanas, entonces así se difunden los derechos.
¿Qué soluciones se plantean para cambiar las condiciones de las mujeres y, en general, de precarización y marginalidad dentro de las cárceles?
– Inversión social, educativa, en salud, en vivienda digna. La agenda corta antidelincuencia propone llevar más gente a la cárcel, nosotros pensamos que la cárcel no es la solución, la cárcel es el problema. Hay que ir a la prevención y preguntarse: por qué esta mujer está aquí, por qué tuvo que vender marihuana para sobrevivir. También es necesaria una Ley de Ejecución Penal; que, entre otras cosas, reforme Gendarmería de arriba abajo, con funcionarios civiles con estudios, que estén preparados para trabajar; y que se destine más dinero a programas sociales, porque hoy el 2% del dinero en las cárceles es para la reinserción; entonces, ¿cómo vamos a reinsertar si no nos interesa invertir en ello?