Se ha terminado una etapa en el proceso de cambio social y político en España. Ha concluido el prolongado ciclo electoral de dos años con una nueva configuración de la representación parlamentaria y el sistema de partidos políticos. Las fuerzas políticas del cambio, en torno a Unidos Podemos y las confluencias catalana, gallega y valenciana, […]
Se ha terminado una etapa en el proceso de cambio social y político en España. Ha concluido el prolongado ciclo electoral de dos años con una nueva configuración de la representación parlamentaria y el sistema de partidos políticos. Las fuerzas políticas del cambio, en torno a Unidos Podemos y las confluencias catalana, gallega y valenciana, así como antes con el conjunto de candidaturas municipalistas, han conseguido un gran avance en su representatividad ciudadana, su influencia político-cultural y su capacidad gestora de los asuntos públicos en muchos y significativos ayuntamientos.
El balance global de este corto e intenso periodo es positivo. Sus últimos resultados electorales, en el 26-J, con más de cinco millones de votos y 71 escaños en el Congreso, suponen la plasmación de ese éxito, con la amplia legitimación ciudadana de las fuerzas del cambio y un nuevo equilibrio de fuerzas en el campo institucional. Pero ese avance político tiene sus límites y es insuficiente para garantizar sus objetivos máximos: un gobierno de progreso que imprima un giro social y económico progresista en favor de la mayoría social y un profundo proceso de democratización del sistema político, incluida la salida democrática e integradora para resolver la cuestión catalana y articular la plurinacionalidad; un cambio sustantivo hacia la igualdad social, incluida muy especialmente la de género, y por una democracia social y económica en un marco europeo más integrador y con la reforma institucional de la UE.
La realidad ha dejado un panorama con luces y sombras: de avances relevantes y aspiraciones incumplidas. Particularmente, se ha producido cierta frustración de algunos sectores sociales ante el relativo fracaso de las mejores expectativas de poder tener un papel determinante en un Gobierno de progreso, con un estatus similar al del Partido Socialista (incluso con un adelantamiento en votos), para aplicar ya un cambio sustantivo para la gente y las instituciones. No ha podido ser, aunque se han dado pasos firmes para continuar en el empeño.
Pero esa tendencia subjetiva corre el riesgo de convertirse en pasividad o, lo que es peor, desconcierto y pugna interna por eludir enseñanzas y responsabilidades. Lo grave sería no adecuarse a la nueva realidad con el rediseño de la estrategia de cambio. Así, es conveniente profundizar en las características de la situación actual y las lecciones de la última experiencia para conseguir el máximo de unidad en el diagnóstico y, sobre todo, conformar una nueva orientación y dinámica política. Se trata de un debate amplio, sereno, unitario y constructivo para adecuar, junto con el resto de tejido asociativo, movimientos sociales y gente progresista, el proyecto colectivo de cambio.
Tres hechos se pueden destacar. Primero, la relativa e insuficiente victoria del PP que no le reporta (junto con Ciudadanos y Coalición Canaria) la estabilidad gubernamental (170 diputados); por tanto, comenzamos la legislatura con una gran fragilidad institucional y su falta de legitimidad popular para continuar con sus políticas liberal-conservadoras y autoritarias.
Hemos perdido una oportunidad para imprimir ya, desde las instituciones gubernamentales, un cambio real. No se ha expresado una voluntad popular suficiente para ello. Sin embargo, tampoco el continuismo ha recibido un claro aval mayoritario. Los graves problemas que afectan a la mayoría ciudadana permanecen e incluso se pueden agravar, recayendo en el estancamiento económico y los ajustes presupuestarios y de prestaciones y servicios públicos, así como en la prolongación del inmovilismo político, los déficits democráticos y la corrupción. El descontento popular y la oposición social pueden ir a más y, junto con la oposición parlamentaria y la gestión institucional progresistas en los ámbitos locales, favorecer el cuestionamiento de la legitimidad del nuevo Gobierno conservador. La nueva legislatura, probablemente, puede ser corta. El cierre de la posibilidad del cambio gubernativo es coyuntural y débil; convive con las grietas deslegitimadoras de esa dinámica antisocial.
Segundo, el fiasco de la estrategia del PSOE, la operación Gran Centro, como forma de conseguir incrementar su poder institucional y garantizar un recambio solo de élites y no de políticas. La consecuencia es el refuerzo del continuismo político, económico e institucional y el freno al cambio, al que ha renunciado y cuya determinación permanecía en su mano. Aunque haya quedado electoralmente un poco por delante de Unidos Podemos (y sus aliados), no ha podido evitar la continuación de su declive. Los efectos de su sectaria campaña de aislamiento y desprestigio a las fuerzas del cambio han beneficiado a la derecha. Al final, su slogan del Sí al cambio, parece que se transforma en sí a la gobernabilidad del PP, vía abstención no en la primera investidura pero sí en la última antes del precipicio de nuevas elecciones.
Ante la posible investidura fallida de Rajoy, y si hubiese voluntad política, cabría un nuevo intento de Sánchez, pero con el mismo dilema conocido: un Gobierno centrista con Ciudadanos, con una política socioeconómica similar a la de las derechas y un inmovilismo institucional, nuevamente fallido; o un Gobierno de progreso con Unidos Podemos y sus aliados, con la garantía de echar al PP y sus políticas, a lo que se vuelven a negar. La preocupación estratégica de la dirección socialista, una vez fracasado su plan de recambio de élites gubernamentales, sigue siendo colaborar en la estabilidad y el consenso liberal-conservador y neutralizar la consolidación de las fuerzas del cambio. Su diferenciación del bloque derechista, tan necesaria y deseable para derrotar la austeridad, abordar una reforma institucional progresista en la UE y neutralizar el ascenso xenófobo y disgregador, es mínima. Su deseo de ser el eje de la oposición parlamentaria y su proyecto propio adolecen de simple retórica y no dan respuesta a la problemática de la mayoría ciudadana. Pero su colaboración con la estabilidad de un Gobierno del PP no es sostenible en el tiempo ni refleja la voluntad de sus bases sociales. Está condenada al fracaso si no quiere ser un apéndice de la derecha e incrementar su declive representativo. Aun así, y a la espera de un giro hacia una colaboración leal y de fondo con las fuerzas del cambio, habrá temas y momentos de acuerdo frente a la actuación regresiva y autoritaria del PP, y habrá que afinar la doble relación de colaboración parcial y crítica a su orientación de fondo.
Tercero, el desapego de más de un millón de votantes de Unidos Podemos y confluencias, respecto de la suma de votos obtenidos el 20-D. El hecho es evidente. Y aunque varias encuestas vaticinaban solo un ligero descenso y el probable adelantamiento al PSOE, como decíamos, ha tenido un impacto frustrante en la subjetividad de muchas personas. Y, especialmente, ha bloqueado su dinámica representativa ascendente y la posibilidad (ya difícil) del cambio gubernamental inmediato. Diversos analistas han adelantado hipótesis sobre las características políticas, diversas y contradictorias, de esa tendencia y está pendiente un estudio pormenorizado. En votantes anteriores de IU existen motivos identitarios (comunistas) y de moderación política (mayor acercamiento al PSOE). En votantes de Podemos, las reticencias a la mezcla con un partido tradicional de la vieja izquierda. El distanciamiento se ha centrado en el voto de las grandes ciudades, aunque la gestión en los ayuntamientos del cambio no parece que haya tenido suficiente relevancia, tampoco como motivo para la recuperación de ese sector.
No obstante, se pueden adelantar varios rasgos y factores generales. El compromiso de ese electorado con el proyecto de cambio propuesto o, bien, el convencimiento y la credibilidad de sus argumentos, programa y liderazgo, eran débiles. Habían sido suficientes en diciembre, pero en junio se han ‘despegado’ y han optado por la abstención. La otra cara, es que ningún otro proyecto político o de liderazgo, en particular el del Partido Socialista, ha sido considerado mejor por ellos y no ha habido trasvase de votos, tal como había apostado firmemente el PSOE: ¡quitarle a Podemos un millón y medio de votos¡. No ha sido una impugnación o un desacuerdo total. Es un distanciamiento relativo, una falta de certezas, implicación y motivos sobre el proyecto de cambio propuesto y los medios para alcanzarlo. Por tanto, es posible su recuperación.
A nuestro modo de ver, las tres grandes decisiones políticas adoptadas este tiempo han sido acertadas en lo fundamental: 1) la propuesta de un gobierno de progreso y coalición, con un programa intermedio, compartido o negociado con el PSOE; 2) el acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida -junto con otros grupos menores- para presentarse juntos a las elecciones; 3) la orientación general del programa y la campaña, con un claro perfil social y democrático, precisamente, en torno a la exigencia de democracia social, económica, europea… Los tres temas han sido complejos y difíciles de articular y han estado condicionados por factores externos que dejaban poco margen de maniobra para una maduración sosegada. Se han cometido deficiencias y errores diversos en su implementación y su explicación. Incluso podemos decir que algunos de ellos reflejan insuficiencias analíticas, teóricas, organizativas y discursivas que hay que valorar y corregir. No obstante, de haber decidido lo contrario (la subordinación al pacto PSOE-C’s, la no convergencia entre Podemos e IU y una orientación política más ambigua o más radical), las consecuencias negativas para la gente y el proyecto alternativo, la división interna y la desafección electoral hubieran sido mayores.
Por otra parte, el peso de unos u otros factores es distinto en su impacto territorial. En los tres campos la reflexión autocrítica y la mejora son imprescindibles. Habiéndolos aminorado habrían disminuido los efectos de las distintas campañas de PP, Ciudadanos, PSOE y sus respectivos portavoces mediáticos, con el objetivo común de aislamiento y desprestigio de las fuerzas del cambio, introduciendo miedo ante la supuesta inestabilidad que iban a producir. En ese sentido, no ha habido suficiente capacidad para contrarrestar bien esas campañas y paliar sus efectos en ese electorado más débil. Dicho de otra forma, ha sido insuficiente la calidad y la comunicación del mensaje (o proyecto) y la persuasión (o seducción) para fortalecer la voluntad de cambio de ese sector menos convencido, además de consolidar más y mejor al ya convencido. Aparte está la tarea de atraer o empatizar más con, al menos, otro millón adicional para aspirar a la hegemonía del cambio y poder superar al PP. Ese es el reto cuantitativo mínimo para acercarse al 30% y ser determinante.
Pero hay que distinguir entre las variables principales y las secundarias. Y aquí, con las luces largas, desde el comienzo de este ciclo de protesta y respuestas sociales a la crisis, la austeridad y el autoritarismo de las fuerzas del bipartidismo y el consenso liberal-conservador-socialdemócrata, podemos decir que la conformación del sujeto del cambio, con los mimbres de la nueva élite política emergente, ha llegado hasta donde ha llegado en los dos planos: un electorado partidario de un cambio sustantivo, y una nueva representación política e institucional. Ello refleja también unos límites para enfrentarse, en el marco europeo, a la estrategia de austeridad y estimular al conjunto de fuerzas progresistas, particularmente en el sur. Es el dato de la realidad desde el que recomponer la nueva estrategia del cambio.
La novedad principal atañe a la mutación del contexto, a la necesidad de ampliar los apoyos sociales y a la articulación de la oposición cívica y la actividad parlamentaria e institucional. Las anteriores tres dinámicas sucesivas (la indignación ciudadana por el reparto injusto de los costes de la crisis y el autoritarismo político, la protesta social y cívica progresista y su articulación electoral e institucional), ahora se presentan entrelazadas, y necesitan una nueva articulación de sus prioridades e impactos. Y todo ello con el aprendizaje sobre los errores cometidos y el afianzamiento y la unidad de todo el conglomerado de fuerzas políticas del cambio. Supone un reajuste de la función de un nuevo tipo de formación política (más allá del llamado partido-movimiento) más abierta con la sociedad, más realista, flexible y dinámica, así como una maduración del discurso y los liderazgos colectivos. Una profundización de unas firmes convicciones democráticas y de justicia social, con un perfil claro en defensa de la mayoría social. Y, sobre todo, y depende menos de su responsabilidad directa y más del conjunto de personas críticas y grupos progresistas, de la activación de la gente, las capas populares, por sus intereses y demandas y el refuerzo cívico contra el continuismo y por el cambio.
Antonio Antón. Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
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