A finales de 2016, con más de una década de siglo XXI a nuestras espaldas, seguimos topándonos con la insoslayable presencia del dictador en cada uno de los pasos que damos para lograr justicia, verdad y reparación de las víctimas de la represión franquista. El hecho de ser el segundo país en número de desaparecidos […]
A finales de 2016, con más de una década de siglo XXI a nuestras espaldas, seguimos topándonos con la insoslayable presencia del dictador en cada uno de los pasos que damos para lograr justicia, verdad y reparación de las víctimas de la represión franquista. El hecho de ser el segundo país en número de desaparecidos forzosos después de Camboya -con al menos 143.353 según la investigación de la Audiencia Nacional en 2008-, parece no ser un problema suficientemente grave para quienes desde sus ámbitos de poder institucional siguen apoyando la impunidad franquista por encima de la legislación internacional que persigue e investiga los crímenes de lesa humanidad.
Seguimos siendo una anomalía democrática, un Estado que no reconoce a las víctimas del «holocausto español», como lo denomina el historiador Paul Preston, a diferencia del resto de países de su entorno como Alemania y Polonia que resguardan los lugares de la memoria del exterminio para educar en valores democráticos. Aquí, en cambio, guardamos como lugar de culto el mausoleo del dictador y ni siquiera una placa in situ explica el calvario de miles de presos que trabajaron en condiciones de esclavitud para erigir esta tremenda infamia. El relator de Naciones Unidas ya nos alertó acerca de los incumplimientos reiterados de nuestro gobierno en materia de derechos humanos. Se llevó las manos a la cabeza cuando comprobó, desde una perspectiva global, la espeluznante imagen de la desmemoria sobre la que estamos construyendo nuestro futuro.
En noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas emitió un informe que expresaba su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e instaba al Estado español a cumplir con la obligación de buscar a los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Recomendó así a las diferentes administraciones públicas españolas que asignaran los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para ello. Amnistía Internacional también denunció en otro informe que, mientras «el tiempo pasa, la impunidad permanece», es decir, que la ausencia de investigación de los crímenes de la guerra civil y del franquismo constituye un incumplimiento por parte de España del deber de perseguir los crímenes de lesa humanidad mientras los supervivientes de todo aquello entran en edades tan avanzadas que quizá no puedan recibir en vida una mínima reparación siquiera simbólica de lo sufrido.
El penúltimo capítulo de esta triste historia arranca con la injerencia estos días de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, para impedir que la ‘Querella Argentina’ siga su proceso. Para ello emitió una instrucción el pasado 30 de septiembre en la que pedía a los fiscales que informasen en contra de la cumplimentación de las comisiones rogatorias, es decir, de las peticiones a la justicia española por parte de la jueza argentina Servini, un derecho que le asiste merced a los acuerdos que sobre colaboración judicial hay entre ambos países. Entre otras acciones, se solicitaba tomar declaración a víctimas de la represión franquista que por causas de salud no pueden desplazarse hasta Argentina, como ha sido el caso de Gerardo Iglesias. Así nos enterábamos de esta operación política para garantizar la impunidad, a partir de la suspensión de la declaración al que fuera secretario general del PCE y coordinador de IU que fue duramente torturado durante la dictadura. Algo «inédito» en palabras de la abogada de la querella argentina, Ana Messuti, con quien tuve el placer de informarme acerca de lo ocurrido. Porque, efectivamente, ya hay decenas de declaraciones tomadas, otras comisiones rogatorias aceptadas y cumplidas, que sitúan esta postura absolutamente politizada de la Fiscal general en una grave incoherencia. Es asombroso que, en un caso como este, Madrigal pida que se quede sin aplicación un exhorto enviado por la justicia argentina en virtud del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal concertado entre Argentina y España, a pesar de reconocer su vigencia en la propia Instrucción emitida. Esta misma dice así literalmente: «Si bien el art. 28.2 […] reseñado permite que se preste asistencia aunque el hecho no sea punible según las leyes de la parte requerida es necesario que se haga en interés de la Justicia. Difícilmente puede mantenerse que existe un interés de la Justicia dadas las circunstancias».
Y las circunstancias se refieren al interés por seguir garantizando la impunidad franquista sobre la base del manido argumento de la Ley de Amnistía, a pesar de reconocer que se trata de crímenes de lesa humanidad -imprescriptibles- en el propio informe: «Los hechos estarían claramente prescritos. Es sólo en fecha mucho más avanzada cuando se establece la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y lesa humanidad». La fiscal «entiende» que los Tratados Internacionales, al haber sido ratificados por España en 2004, no pueden aplicarse retroactivamente.
De hecho, en la primera consideración, la magistrada habla de que «los hechos que desde Argentina se trata de investigar son hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles, por lo que serían competencia de la jurisdicción española y no de la argentina». Parece aquí obviar Madrigal el principio de justicia universal que, afortunadamente, está vigente allí a diferencia de en nuestro país, donde la ley fue reformada en 2014 para que sólo se pudieran investigar y enjuiciar en España delitos graves cometidos fuera del territorio nacional, como los de genocidio y lesa humanidad, cuando la causa se dirigiera contra españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española. Una restricción que en la práctica supuso el abandono de causas como la del crimen de guerra contra el periodista José Couso en Irak. Casualmente fue en ese mismo año, y por parte del mismo gobierno del PP, cuando se nombró a Consuelo Madrigal como Fiscal General del Estado, conocida por su perfil conservador y sus posturas antiabortistas.
Tampoco es casual que se haya emitido esta Instrucción, que abarca todas las comisiones rogatorias remitidas por la justicia argentina, precisamente cuando se encuentran en varios juzgados españoles las solicitudes oficiales para tomar declaración indagatoria, en presencia de la jueza Servini, a 17 imputados en esta causa cuyos pedidos de extradición habían sido denegados. Clara demostración de la intención de seguir garantizando la impunidad.
Con carácter general, con esta decisión, de nuevo se pone de manifiesto la vinculación entre la Fiscalía y el poder político, así como el largo y resistente legado franquista aún enquistado en el régimen del 78. A nadie se le escapa que en este procedimiento todas las decisiones y argumentos de gobierno y Fiscalía coinciden. Es insostenible en un sistema constitucional que se dice democrático esta dependencia.
Además, tal y como reconoce la Fiscal en el propio informe, los manidos argumentos de la Ley de Amnistía y de la prescripción de los hechos no pueden servir para evitar una declaración de un testigo, como en este caso. Que los hechos sean amnistiables o estén prescritos es algo que tendrá que decidir un juez, a la vista de las investigaciones y actuaciones pertinentes (como por ejemplo la declaración de testigos), pero no puede ser utilizado de antemano por la Fiscalía para precisamente impedir la investigación. La amnistía y la prescripción se declaran al final del proceso, no en su inicio.
Por tanto, la actuación de la Fiscal es muy grave por dos razones. En primer lugar, porque la Fiscalía es garante de los derechos fundamentales, y aquí está actuando como todo lo contrario: niega la posibilidad de que víctimas e imputados ejerzan sus derechos en el marco de un proceso judicial. Y en segundo lugar, porque está obstruyendo una investigación judicial llevada a cabo en el marco de los tratados internacionales. Su actitud obstruccionista puede situar al Estado español en una posición vulneradora de tales acuerdos.
Esta instrucción es una declaración de intenciones, una constatación de que la alargada sombra del franquismo y su impunidad siguen controlando los resortes del poder político y judicial en una suerte de ambivalencia intolerable desde todo punto de vista. Con este texto se pretende amedrentar a los jueces que, en última instancia, son quienes tienen que decidir si cumplir con las comisiones rogatorias o aceptar la presión a la que les somete este informe de claro origen gubernamental.
No obstante, son ellos, los jueces, quienes tienen en su mano la última palabra. Nos queda la esperanza de que alguno o alguna de ellas autorice tomar las declaraciones rogadas por la jueza Servini o, en última instancia -y sólo para las declaraciones testimoniales-, tendremos que hacer una llamada a la solidaridad para fletar un avión (o varios) y hacer cruzar el charco a las decenas de víctimas que esperan para poder contar de viva voz todo el daño sufrido por un régimen que, aún hoy, tiene firmes defensores en las más altas esferas del poder de un Estado que se dice democrático y constitucional.
Esther López Barceló es responsable de Memoria Democrática de IU.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/tribuna/2016/10/13/boicot-la-querella-argentina-historia-una-infamia/9157