Una quincena de organizaciones sociales, vecinales y colectivos en defensa del territorio han dado un paso al frente en defensa de l’Horta productiva de la zona sur de la ciudad de Valencia (distrito Pobles del Sud) y en concreto por la recuperación de l’Horta de La Punta. Tras las jornadas celebradas en el barrio de […]
Una quincena de organizaciones sociales, vecinales y colectivos en defensa del territorio han dado un paso al frente en defensa de l’Horta productiva de la zona sur de la ciudad de Valencia (distrito Pobles del Sud) y en concreto por la recuperación de l’Horta de La Punta. Tras las jornadas celebradas en el barrio de Castellar L’Oliveral los días 12 y 13 de mayo, las organizaciones y la plataforma Per l’Horta han suscrito un manifiesto en el que rechazan la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) impulsada por la Autoridad Portuaria de Valencia. La zona sur se convirtió durante seis décadas en «el vertedero de la ciudad», señalaron en una nota informativa; «allí fueron a parar todos los proyectos que no encajaban en otro espacio urbano, como la ZAL, la depuradora de la pedanía de Pinedo o el Plan Sur (construcción del nuevo cauce del río Turia durante el franquismo)». Los activistas también manifestaron su oposición al último proyecto anunciado en la zona, un recinto para la celebración de festivales musicales.
Un significativo número de movimientos sociales y vecinales cuestiona el modelo territorial vigente y reivindican l’Horta «verde», «viva» y «productiva». Se trata de la plataforma Per l’Horta, las Associacions de Veïns i Veïnes de L’Unificadora de La Punta; Castellar-L’Oliveral; Font d’En Corts; y Natzaret; la Coordinadora d’Agricultors i Ramaders de la Comunitat Valenciana (COAGCV), Foro Agrario de Mujeres de la Comunidad Valenciana, Plataforma Litoral per al Poble, col.lectiu Soterranya, la Associació Macarella (Bonrepós i Mirambell), la Associació Bòbila (Alfara del Patriarca), Amún (Montcada) y la Fundació Assut.
Los orígenes de la sangría urbanística se iniciaron en parte con el Plan Sur, macroproyecto que trataba de impedir nuevos desbordamientos del río Túria en Valencia tras las inundaciones de 1957, que se saldaron con 81 muertos. El nuevo trazado fluvial, inaugurado por un ministro franquista -Federico Silva Muñoz- en 1969, se construyó a costa de la huerta. Frente a esta mole de 12 kilómetros de longitud y entre 230 y 260 metros de ancho, y frente a los proyectos que la sucedieron, las organizaciones populares reaccionan: «Queremos ser pueblos de l’Horta, pero nos quieren convertir en ‘nudos’ de infraestructuras de transporte». Porque los vecinos se han visto estrangulados en su modo de vida por la V-30 (autovía de circunvalación de la ciudad de Valencia), la V-31 (autovía de acceso a Valencia por el sur), la carretera CV-500, el centro agroalimentario comercial y logístico Mercavalencia, la subestación eléctrica de Iberdrola o el acceso ferroviario al puerto o las expropiaciones para erigir la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Pero «la herida más sangrante se produjo en l’Horta de La Punta», señalan las organizaciones en el manifiesto. «Resultó condenada por su proximidad al Puerto de Valencia». Allí las élites políticas y económicas decidieron que debía implantarse una gran área de carga, descarga, transporte y almacenamiento de mercancías, la ZAL. Han pasado 23 años de que se iniciaran los trámites del megaproyecto y éste continúa sin desplegarse, pese al destrozo de unas 70 hectáreas de huerta productiva de gran valor, alquerías históricas, casas de huerta (algunas de 400-500 metros cuadrados), viviendas y barracas. Además, cerca de 150 familias fueron deportadas para convertir la tierra hortícola de gran valor en un enorme solar urbanizable.
La Autoridad Portuaria ofrece en su página Web los fríos números de la ZAL: una superficie total de 683.000 metros cuadrados, de los que 309.865 corresponden a suelo destinado a actividades logísticas. En esta zona, que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia había declarado «suelo no urbanizable de especial protección agrícola» en 1988, se vivió una batalla casi cuerpo a cuerpo en casas y alquerías para evitar los desalojos, con el punto álgido en los años 2002 y 2003. Se echaron a perder acequias, árboles, animales… «Se llevaron la tierra en camiones», lamentan vecinos de La Punta. «Fue una situación tan dura y anormal que cuando no veíamos a la Policía Nacional, imaginábamos que algo estaba ocurriendo». Muchos de los afectados por las expropiaciones de casas y tierras eran personas mayores, cuya salud empeoró. Algunos de ellos murieron poco después debido al desarraigo.
Con el tiempo diferentes sentencias judiciales han avalado las acciones de resistencia. En marzo de 2013 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana anuló el Plan Especial que modificaba el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (PGOU) para el desarrollo de la ZAL. La segunda victoria de los afectados se produjo en el verano de 2015, cuando el Tribunal Supremo confirmó el anterior fallo del TSJ. En marzo de 2017 la Agencia Efe informó que el Tribunal Supremo reconocía el derecho de reversión a los propietarios de dos fincas expropiadas para la implantación de la ZAL, pero dado que no era posible la restitución del suelo -al ser transformado en un solar por la acción de las máquinas- el alto tribunal ordenaba a la Generalitat Valenciana que abriera un expediente para establecer una indemnización sustitutoria.
La Autoridad Portuaria de Valencia y su actual presidente, Aurelio Martínez, siempre han considerado esta infraestructura «irrenunciable». Y esta consideración no resulta baladí, ya que el puerto es uno de los poderes «fácticos» de la ciudad. Por ejemplo en octubre de 2015 Martínez pidió el apoyo de todos los partidos políticos valencianos y manifestó sentir «envidia sana» por el respaldo unánime a la ZAL de Barcelona. Una de las grandes cuestiones es si al puerto de Valencia le resulta tan imprescindible la ZAL, sobre todo si se atiende a los balances antes de su implantación. Así, la importación y exportación de contenedores en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Valencia (puertos de Valencia, Sagunto y Gandía) aumentó en abril de 2017 un 10% respecto al mismo mes del año anterior. Valenciaport -empresa pública que gestiona los tres puertos citados- terminó 2015 como principal puerto de España y del Mediterráneo en tráfico de contenedores, y además batiendo su anterior récord.
El movimiento social y vecinal realiza una evaluación positiva de los cambios que, tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, se produjeron en el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. En ambas instituciones se terminó con décadas de hegemonía del PP, que fueron sustituidas por ejecutivos progresistas (Compromís, el PSPV-PSOE y València en Comú en el consistorio; y PSPV-PSOE en coalición con Compromís y el apoyo parlamentario de Podemos en las Cortes Valencianas). «Han apartado unos aires nuevos a nuestro país», reconocen los activistas, como ponen de manifiesto los Planes de Acción Territorial de L’Horta (PATH) y del Litoral o la Llei de l’Horta promovidos por el actual Consell. En el lado de las sombras no sólo la ZAL, también planea la ampliación de la V-30 en detrimento de L’Horta, la Estación Intermodal de la Font de Sant Lluís (para el tráfico de mercancías vinculado al Corredor Mediterráneo) y las carencias en las zonas d’En Corts y La Punta, «actualmente aisladas y sin servicios, pero que deberían recuperar su papel tradicional de conexión entre la ciudad y el Parc Natural de L’Albufera». Otra infraestructura criticada por los vecinos es la autovía CV-500, «que en su diseño actual nos ‘segrega’ para penetrar en el ámbito de L’Albufera».
En síntesis, se demanda participación ciudadana en el diseño del modelo territorial, así como poner fin a los abusos del puerto de Valencia y a la construcción de autovías que atraviesen las barriadas y pedanías del sur. Además, al igual que las instituciones pretenden compensar la «deuda histórica» de la ciudad con el barrio marítimo de Natzaret, mediante nuevas zonas verdes y dotaciones, Per l’Horta y los movimientos sociales reivindican, en el caso de La Punta, que se repare la violencia desplegada en su día con las familias deportadas. Uno de los destacados triunfos de los movimientos sociales fue la paralización, en mayo de 2015, del Plan General de Valencia promovido por Rita Barberà y el PP, que proponía la urbanización de 415 hectáreas de tierra de huerta, donde estaban previstas 17.000 nuevas viviendas, áreas industriales, zonas de ocio, industriales, comerciales y carreteras.
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