Hace meses que el ciclo político cambió en la configuración y reacción del Régimen del 78 español. Si la aparición del 15-M pudo ser parte de una época de variaciones dentro de la Segunda Restauración Borbónica, ese ciclo finalizó y empezó otro, marcado por el trayecto final del proceso constituyente en el Principado de Cataluña […]
Hace meses que el ciclo político cambió en la configuración y reacción del Régimen del 78 español. Si la aparición del 15-M pudo ser parte de una época de variaciones dentro de la Segunda Restauración Borbónica, ese ciclo finalizó y empezó otro, marcado por el trayecto final del proceso constituyente en el Principado de Cataluña y la proclamación de la República Catalana, que ha sacudido los cimientos del Estado español. Frente a una cierta nostalgia quincemayista que todavía se observa en cierto dominio político y frente al izquierdismo español, bien de viejo cuño, bien de nueva inspiración, conviene remarcar ciertas características de este nuevo ciclo, tanto en el caso español como en el catalán.
Para empezar, hay que destacar que el referéndum del 1 de octubre y las semanas previas fueron un ejercicio que desbordó ampliamente lo que había pretendido el 15-M. Ya no se trataba de ocupar las plazas, ni de rodear las sedes parlamentarias, como en la convocatoria madrileña «Rodea el Congreso» de septiembre de 2012 o en la iniciativa catalana «Aturem el Parlament» de junio de 2011. Ahora la cuestión no era decir simplemente que «no nos representan», ni rodear las instituciones, sino horadarlas, arrebatarle al régimen una de sus herramientas más preciadas de su democratismo: el voto, sus urnas. Durante semanas se tuvieron que esconder urnas y papeletas para que el Régimen del 78 no se apropiara de ellas. Esas mismas urnas tuvieron que ser defendidas con los cuerpos de miles de vecinos y vecinas ante la feroz represión del Estado en los colegios electorales. El efecto que provoca que el voto y las urnas pasen por una nueva soberanía popular que decide en referéndum, más allá de la movilización reivindicativa ciudadanista, es algo que resta legitimidad a la legalidad estatal y que el régimen no se puede permitir en su rigidez heredada de los mecanismos de la Transición.
Otra característica en la que el nuevo sujeto constituyente catalán desborda los registros del 15-M es la espacialidad. El 15-M fue mayoritariamente un movimiento de las grandes metrópolis, con un éxito en núcleos como Madrid y Barcelona. Es verdad que también tuvo su expresión en otras ciudades, casi siempre capitales de comunidades autónomas o de provincias, pero difícilmente traspasó el umbral de las grandes urbes o de algunas medianas. El sujeto constituyente catalán, sin embargo, participa también de la territorialidad extra-urbana y se reproduce y afianza en los pueblos, no solo en las capitales. Eso le confiere un valor añadido en su proyección y una resistencia de la que carecen los movimientos urbanitas modernos, atacando uno de los pilares del régimen, pues el bipartidismo español se proyecta con soltura en pequeñas localidades en su mapa territorial estatal. En esto, el caso catalán es diferente.
Una novedad a destacar también de los acontecimientos en el Principado de Catalunya es que han introducido la cuestión de las clases sociales. El 15-M se desentendió del eje de clase. En primer lugar, porque quería distanciarse de la izquierda tradicional. De ahí su lema «No somos ni de izquierda, ni de derecha». En segundo lugar, intentó hablar solo de ciudadanía y evitó el lenguaje de clase y el análisis material de la clase trabajadora. A lo más que se llegó es a usar la crítica a las «élites» o el lenguaje de «los de arriba y los de abajo». Con ello el 15-M no consiguió subsumir la cuestión del trabajo y del valor de cambio del capital. A lo más que se llegó es a reivindicar cosas como «no somos mercancía en manos de políticos y banqueros» y a limitarse a hablar de la corrupción de las élites, con excepción de alguna iniciativa de mayor calado, como puede ser la conexión entre cooperativismo y quincemayismo. Por lo general, cuando el 15-M ha intentado concretar sus medidas en el campo político y económico ha encontrado aquí un problema de fondo: se ha limitado a la micro-escala (municipalismo -en grandes ciudades-) o a la macro-escala (crítica de la Unión Europea y del Banco Central Europeo, por ejemplo), sin articular una respuesta efectiva en las escalas intermedias del territorio y del Estado. En esto el caso catalán también es diferente.
El proceso constituyente del sujeto republicano catalán ha obligado, además, a posicionarse a la clase capitalista. La patronal española y la catalana se posicionaron desde el comienzo en contra del referéndum del 1 de octubre, mientras la gran mayoría sindical se manifestó claramente a favor del mismo. La CEOE, el Círculo de Empresarios, Foment del Treball Nacional, CEPYME y la Cámara de Comercio de Barcelona han declarado en diferentes ocasiones que no aceptaban el referéndum. La CEOE también respalda las medidas posteriores del artículo 155 aprobadas por el partido de la gobernación español. Por el otro lado, CCOO de Catalunya y UGT de Catalunya se posicionaron a favor del referéndum, aunque los secretarios generales de CCOO y UGT a nivel estatal no lo hicieron. Desde Cataluña también apoyaron el referéndum la CGT, la CNT, la Coordinadora Obrera Sindical de los Países Catalanes, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, la Intersindical – Confederació Sindical Catalana (I-CSC) y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Otros sindicatos también lo hicieron: la Intersindical Valenciana, el Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical de les Illes Balears (STEI), la Confederación Intersindical de Castilla, la Confederación Intersindical Galega, la Corriente Sindical de Izquierda de Asturias, la Central Unitaria de Trabajadoras/es de Galiza, el Colectivo Unitario de Trabajadores de Aragón, la Intersindical de Canarias, diversos sindicatos vascos (ELA, LAB; ESK; STEILAS), así como el SAT y la CUT desde Andalucía de manera conjunta. El único sindicato que se posicionó en contra del referéndum, considerándolo ilegal, fue la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Por otro lado, desde Catalunya también hubo un posicionamiento a favor del referéndum que cabe destacar por su significación especial: el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y del Espacio del Inmigrante. Así pues, el proceso constituyente catalán ha incorporado los conflictos de clase a través de las dinámicas sindicales. Esto es algo que desborda también los planteamientos del 15-M y de la nueva política populista que no consiguen conectar con el sindicalismo de clase a gran escala.
Está claro, por tanto, que sostener que el proceso republicano catalán «solo es una cuestión de la burguesía» no solo es incorrecto, sino que es una forma de falsear los posicionamientos de clase que se han producido. Este proceso ha obligado al empresariado y a la banca a manifestarse de manera contraria, lo cual quiere decir que el Estado heredado de la Transición española en su ordenamiento legislativo y judicial actual le es totalmente favorable a la clase capitalista. Como decía el marxismo clásico, el Estado es una herramienta de clase y en el caso del Reino de España esto ha quedado más que demostrado. Por eso mismo, no es suficiente con plantear que el único problema con el Estado español es el partido de la gobernación con su trama corrupta. La forma de acumulación del sistema patrimonial español se sustenta hasta tal punto en ese Estado y sus instituciones que una iniciativa republicana es considerada como una ruptura y una amenaza.
En el contexto actual la posibilidad de una república no es una amenaza para la clase trabajadora. Una necedad que se ha divulgado contra el proceso republicano catalán es que divide a la clase trabajadora por su carácter nacional. En realidad, lo que de verdad divide a la clase trabajadora es no tener conciencia de clase, no organizarse y no colectivizar los medios de producción. Que la clase trabajadora se mantenga unida no quiere decir que renuncie a sus diferentes aspiraciones nacionales. De hecho, para eso se creó la Primera Internacional: para que la clase trabajadora de diferentes naciones y países se reuniera y comunicara, pero sin renunciar explícitamente a cada nacionalidad. Por lo demás, la propia existencia de los sindicatos en diferentes países demuestra que no es preciso renunciar a la nacionalidad para la lucha anticapitalista. Más aún: no tiene sentido que hubiera un solo sindicato para todos los países. En la medida en que hay diferentes legislaciones, diversos desarrollos económicos y distintas singularidades sociales, es necesario que en cada país o Estado la clase trabajadora se agrupe en diversos sindicatos. Otra cosa es, por caso, que ello no deba obstaculizar la unidad sindical de clase, clave para el triunfo de la clase trabajadora. De hecho, en principio tampoco es negativo que dentro de un mismo país haya diferentes organizaciones sindicales, mientras estas sean de clase y no pierdan el horizonte de la lucha contra la clase capitalista. Incluso, si se piensa en medidas como la nacionalización o la colectivización de los medios de producción o de financiación, es lógico que estas se hagan por países o territorios, ya que es inimaginable que se produjera una colectivización de golpe y a la vez en todo el mundo. Si el proceso republicano catalán se organiza finalmente como un Estado efectivo, la propia realidad laboral con su marco legal y las dinámicas del capital habrían de ser analizadas sindical y laboralmente desde esa referencia, sin perder la conexión con la realidad del capital y los sindicatos de otros países y continentes.
En este sentido hay que destacar algunas orientaciones de interés en el proceso republicano catalán. En junio de 2016 la CUP-Crida Constituent presentó una moción para constituir una «banca pública» catalana, que fuera independiente de la banca privada y que estuviera sometida a control democrático. Hace poco Éulalia Reguant también apuntaba la «necesaria socialización de la banca en la construcción de la república» catalana, dado que el modelo de rescate a la banca del Estado español había sido otra forma de expolio y estafa. Según su propuesta, el proceso constituyente había de servir para la socialización de la banca y su integración en los servicios públicos (cf. «La banca de la República, eina indispensable de transformació social», Crític, 20/VII/2017). Con todas las dificultades que la realización de este cambio supone en una Europa sometida al Banco Central Europeo y sus mercados financieros, por lo menos da la oportunidad de volver a pensar el campo de la colectivización de los medios de producción y de financiación. Frente a ello, tenemos a la patronal de la gran banca privada, AEB y CECA, declarando su compromiso con la Constitución y la legalidad española vigente, conservando sus intereses empresariales y las dinámicas del capital (cf. su «Declaración institucional conjunta» del 29 de octubre).
Un par de apuntes sobre republicanismo antes de terminar. El eje «independentismo/unionismo» y el eje «españolidad/catalanidad» tienen su propio fundamento, pero aportan poco. Sin embargo, el eje «monarquía/república» aporta un grado de universalidad que juega en favor del proceso catalán. Por eso fue un gran acierto que el referéndum del 1 de octubre de 2017 expresara claramente en la pregunta de base que la forma de soberanía elegida o rechazada fuera «en forma de república», a diferencia de la consulta del 9 de noviembre de 2014, que no incluía esta especificidad. Al contraponer la posibilidad de un ordenamiento republicano, diferente de la tradición monárquica heredada de la dictadura franquista, se consigue un efecto de ruptura y de democracia que no puede controlar el actual Estado español y que desborda tanto el planteamiento limitado del 15-M como del izquierdismo español, en su versión socialdemócrata o en su versión populista, que ha olvidado el republicanismo, fuera de la nostalgia de las celebraciones anuales del 14 de abril y del folclorismo tricolor.
El Marx tardío, el que ya había escrito El Capital, expresó una posición política relevante en su Crítica al Programa de Gotha. Allí Marx atacaba al Partido Obrero Alemán por limitarse al Estado nacional de la época y no reconocer que la soberanía del pueblo solo cabe en una «república democrática». Como bien ha mostrado Felipe Martínez Marzoa, estas dos facetas del Marx maduro, la crítica a la economía política del capital y el establecimiento de la república democrática como paso previo a la emancipación del Estado por el proletariado, iban unidas en un entorno capitalista. Por eso mismo, que en el mundo de la civilización capitalista aparezca una república democrática no puede ser una mala noticia, sobre todo, si esta república democrática sirve para romper con una monarquía instalada por una dictadura y su sistema patrimonial. Basta que esa república no pierda su horizonte universal. O dicho con los versos de un poema de Miquel Martí i Pol: «El poble és tothom, el poble és ningú».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.