El viernes 16 de marzo se reportó que entraba en funcionamiento el primer mercado mayorista de alimentos para el sector no estatal, concretamente para las cooperativas que gestionan restaurantes que anteriormente pertenecían a empresas estatales. Se dijo que en la medida en que las condiciones lo permitan, se extendería esta posibilidad a los trabajadores por […]
El viernes 16 de marzo se reportó que entraba en funcionamiento el primer mercado mayorista de alimentos para el sector no estatal, concretamente para las cooperativas que gestionan restaurantes que anteriormente pertenecían a empresas estatales.
Se dijo que en la medida en que las condiciones lo permitan, se extendería esta posibilidad a los trabajadores por cuenta propia que arriendan locales estatales. El hecho en sí se limita a La Habana, aunque se ampliará a otras provincias cuando se demuestre que es una experiencia válida.
Este mercado (Mercabal) ubicado en el municipio Plaza, ofrecerá un descuento del 20% sobre el precio minorista de un grupo seleccionado de productos de alta demanda en estos establecimientos como bebidas, cigarros, frijoles, azúcar, sal, hamburguesas y pollo; para este último el descuento llegará al 30%. Una buena parte de estos son bienes de importación. Este nuevo paso, a falta de un tiempo prudencial para evaluar sus resultados, deja sin respuesta varios asuntos de capital importancia, a la vez que introduce complejidades adicionales en el manejo económico.
Los precios padecen de varias distorsiones en Cuba. Tanto el sistema monetario-cambiario vigente, la planificación central, como las deformaciones que exhiben las relaciones entre agentes económicos constituyen factores que explican esa distorsión. Cualquier transformación que aspire a propiciar el desarrollo de las fuerzas productivas debería caminar en el sentido de reducir estas distorsiones, y premiar a los productores más eficientes. El párrafo 50 de la Conceptualización afirma: «La sostenibilidad del socialismo está asociada al desarrollo, y requiere ritmos y estructuras de crecimiento de la economía que aseguren la prosperidad con justicia social…».
Mercabal solo tendrá como clientes a una parte minoritaria de los concurrentes en la actividad gastronómica, y existen pocos argumentos para sostener que extiende una ventaja a los productores más eficientes, la mayoría de los cuales no estará representado entre los «seleccionados».
Asimismo, se crea un sistema paralelo al comercio mayorista existente en dos ámbitos fundamentales. Por una parte, ya existen empresas que cumplen esa función. Estas mismas podrían haberse encargado de hacer esto. Una opción que estaba prevista en resoluciones de 2016, pero que dejó insatisfecha a sus clientes debido a los altos precios, la insuficiente calidad, y la escasez de productos. Las mismas empresas usan unos precios para el sector público, mientras venden el mismo producto a otro precio para el sector no estatal (en realidad una parte de este). Con esto, en lugar de reducirse las distorsiones de precios, se incrementan.
En el apartado 239 de la Conceptualización se escribió: «Los precios mayoristas -incluidos los de acopio- y los minoristas, se forman considerando el mercado interno y externo. Configuran un sistema integral coherentemente interconectado, de modo que cumplen la función de medir los hechos económicos, y estimular la eficiencia».
Otro punto cuestionable es el criterio para determinar el acceso a esta «ventaja», que tiene poco que ver con nivelar el campo de juego para incentivar ganancias de eficiencia. A lo que sí nos ayuda es a despejar la interpretación vigente de que la empresa privada (de la cual apenas se habla, aunque está consagrada en documentos largamente discutidos) y los cuentapropistas (los verdaderos autoempleados) serán formas subsidiarias de la empresa estatal. La diferenciación sobre la base de la forma de propiedad no es lo deseable, en tanto es un argumento esencialmente político.
Con este proceder se anuncia que la condición de «subsidiariedad» no tiene que ver solamente con el tipo de sector, también con el tipo de propiedad per se. Dentro de la misma industria, podrán coexistir diferentes tipos de empresas, cuyas condiciones de acceso a insumos y otros serán un reflejo de su lugar en la escala de prioridad de la política pública, que al parecer se moverá desde la empresa estatal, las cooperativas hasta la empresa privada. Además de ser una fórmula ya utilizada y fracasada en Cuba y en otros muchos contextos, representa una contradicción insalvable a los efectos del objetivo declarado de mejorar el desempeño económico mediante, entre otros medios, el aumento de la eficiencia económica.
En el apartado 246 se lee: «Proporcionar a los productores de diferentes formas de propiedad y gestión condiciones similares de acceso a los mercados…». Si estos constituyen las metas a lograr, este cambio nos aleja de esas metas. Ahora también sabemos que «similares» no quiere decir en igualdad de condiciones.
Por otra parte, no parece que puede hacer una contribución sustancial a aliviar la presión que suponen los concurrentes de estos establecimientos para la población que compra en la red minorista. Dada la baja capacidad de importación actual y la escasa capacidad de reacción de los productores domésticos, elementos que limitan el aumento de la oferta, las cantidades totales disponibles no deben variar sensiblemente.
Los consumidores seguirán compitiendo con estos establecimientos, solo que ahora no serán tan conscientes de ello. La parte que va a cada destino se decide en otro segmento de la cadena. Además, dado que el número de beneficiarios es una parte menor del universo de concurrentes, la competencia del resto de las entidades privadas se mantendrá.
Es casi seguro que aparecerán muy buenas razones y muchas más mejores intenciones detrás de la medida, pero tiene todo lo necesario para parecer un intento de último momento para reflotar a muchas cooperativas no agropecuarias que provienen de empresas estatales, después de repetir hasta la saciedad que son una alternativa compatible con el socialismo, por su carácter social.
A pesar de ello, esta forma de gestión no salió muy bien parada en los últimos cambios anunciados como parte de la «nueva política hacia el trabajo por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias». Se anunciaron límites externos a los diferenciales de pagos entre socios y no podrán vender bienes o servicios fuera del territorio donde tiene residencia legal. Una de cal y otra de arena…
A fin de cuentas, se ha explicado que se trata de un «experimento» aunque de duración variable. Todo es tan efímero…
Fuente: http://progresosemanal.us/20180405/mercado-mayorista-cooperativas-y-trabajo-por-cuenta-propia/