Asamblea 18/98 Kursaal, 19.02.05 Gracias por haber aceptado la invitación del 18/98+ lan taldea, un grupo de personas que entendimos que era preciso reaccionar ante la realidad que se nos echaba encima con la vista oral de estos macrosumarios en la Audiencia Nacional. En esta sociedad mediática, las buenas causas además de serlo han de […]
Asamblea 18/98
Kursaal, 19.02.05
Gracias por haber aceptado la invitación del 18/98+ lan taldea, un grupo de personas que entendimos que era preciso reaccionar ante la realidad que se nos echaba encima con la vista oral de estos macrosumarios en la Audiencia Nacional.
En esta sociedad mediática, las buenas causas además de serlo han de parecerlo. Sabemos que nuestra causa es buena, porque es la causa de los derechos humanos de todas las personas. Pero, con los pies en la tierra, hemos podido constatar que hay muchos que dudan. Vuestra presencia nos conforta: porque estáis aquí, tenemos hoy esta foto amplia y plural para hacer ver a toda la sociedad través de los medios de comunicación, que además de ser una buena causa, es también una causa entendida, compartida y apoyada.
Decía Jeremy Bentham que la publicidad es el alma de la justicia. Me permitirá el filósofo y jurisconsulto inglés, fundador del utilitarismo allá por el siglo XVIII, que me haga eco de sus palabras en otro sentido.
Os hemos convocado porque necesitamos publicitar la no-justicia. No es justicia la forma en que se han instruido estos sumarios y tememos, por lo que estamos viendo, que tampoco lo sea el juicio oral.
No necesito extenderme tras la exposición del abogado, pero insistiré: no es justicia
– el abuso instrumental de legislación «ad hoc», con destinatario definido;
– la interpretación elástica, expansiva, y difusa de los tipos penales;
– la relajación de las garantías jurídicas de los procesados;
– las condiciones de detención que han motivado reiteradas y creíbles denuncias de malos tratos y torturas.
Ante esta realidad afirmamos dos cosas:
– Los derechos humanos fundamentales, nos guste o no, son patrimonio de todas las personas. De las buenas y de las menos buenas. De las inocentes y de las culpables. Las personas imputadas en estos sumarios son sujeto de los derechos que reclamamos para ellos, y lo seguirían siendo aunque fueran responsables de los delitos que se les atribuye en estos sumarios.
– Los hechos que se enjuician en estos procedimientos no son los definidos en el código penal como típicamente terroristas, tampoco se juzgan actos materiales de cooperación a la ejecución de tales hechos, como pasar información, facilitar infraestructura. Conceptuada ETA como organización que va más allá de la lucha armada, se incrimina toda actividad política, social o cultural que los informes policiales ubican en la esfera de influencia de ETA; actuaciones públicas, habituales en nuestra sociedad y legítimas en cualquier democracia, se interpretan, con la ayuda de una legislación elaborada con ese objetivo, y sin pruebas fehaciente individualizadas, como actos terroristas.
A veces, cuando explicamos esto, advertimos un toque de incredulidad. ¿Cómo aceptar que en un estado europeo avanzado, en el siglo XXI, haya que denunciar procesos judiciales en los que se vulneran derechos fundamentales de los imputados y las garantías de un Estado de derecho?
En este mundo pasan muchas cosas que son difíciles de aceptar, pero pasan. No debe causar sorpresa que hablemos de acusaciones sin pruebas, de interpretaciones interesadas de los hechos con un objetivo político, después de lo que hemos visto en Irak. Escuchen lo que ha escrito Scott Ritter, Inspector de armamento de la ONU, en Irak entre 1991 y 1998, y verán que no es disparatada la analogía entre lo que dice Scott Ridder respecto de aquella guerra preventiva y las armas de destrucción masiva, y lo que decimos en el grupo de trabajo 18/98+ respecto de la justicia preventiva y detenciones masivas aquí. Dice así Scott Ridder:
– Afirmaron impunemente que tenían pruebas y que eran una amenaza para el mundo entero;
– Políticos y medios aceptaron imputaciones sin pruebas ni discusión preparando el terreno para la guerra ilegal.
– No se buscaba la verdad sino llevar adelante un plan político. Fui personalmente testigo de cómo eliminaban de los informes todo lo que no suscribiera su conclusión prevista.
Las afirmaciones de Scott Ridder sobre Irak están hoy establecidas sin discusión posible. Esos manejos políticos han sido desvelados Pero aquí hablamos también de procesos judiciales. ¿Cómo aceptar que la Audiencia Nacional sea, por continuar el símil, una «zona cero» de la justicia?
Vayamos por partes.
¿Cuesta aceptar que la política condicione las decisiones judiciales? Pues escuchen lo que escribió escrito Pedro J. Ramírez al día siguiente de que Batasuna sorprendiera con sus tres votos favorables al llamado Plan Ibarretexe:
– a Zapatero no se le pasó por la cabeza que tal cosa pudiera ocurrir, porque de haber imaginado que el nuevo estatuto iba a salir adelante en el Parlamento vasco, estoy seguro de que los socialistas hubieran desplegado sus influencias para invertir ese 7-5 con el que el TC rechazó el intento de Aznar de impedir su tramitación.
Se lo voy a repetir. Está seguro de que el Gobierno hubiera influido en el Tribunal Constitucional para que cambiara su decisión por otra. Esto está escrito el dos de enero de este año. Nadie ha presentado querella, que yo sepa.
Denunciaba Scott Ritter el papel jugado por los medios de comunicación al aceptar acríticamente la tesis de la Casa Blanca. Escuchen la denuncia que un magistrado con fama de honesto, tal vez para hacer honor a su nombre, Perfecto Ibáñez, hacía el 31 de enero de este año en «El País»:
– el uso poco riguroso y frívolo de las funciones de informar y de formar opinión, la utilización instrumental de los media, se ha convertido en un problema para la independencia e imparcialidad de los jueces.
Cita casos concretos de reacciones mediáticas próximas al linchamiento de jueces (Elisabeth Huerta, Ruth Alonso), y concluye que tomar decisiones ajustadas a derecho (un beneficio penitenciario legal, una absolución razonada y fundada) pero que no se ajustan a lo que los medios consideran políticamente correcto puede convertirse para un juez en una actividad de riesgo
Que no habla por hablar quedó demostrado en el oscuro episodio que quitó de en medio a sala IV de la Audiencia Nacional, la única que desautorizaba las fabulaciones de Garzón. El expediente abierto a los tres magistrados de esa Sala y su posterior suspensión y sustitución por otros, fue un aviso a navegantes para los demás.
Hablamos también de falta de pruebas. Decimos que en estos sumarios se parte de una tesis preestablecida: que actividades políticas y sociales legítimas en democracia son, cuando las llevan a cabo personas de una determinada caracterización ideológica, perseguidos como hechos de complicidad, colaboración o pertenencia a ETA. Y para sustentar dicha tesis, que no pasa de hipótesis, se fuerza la interpretación de documentos meramente indiciarios (en su mayor parte informes policiales, no periciales) de nulo o vago valor probatorio.
¡Qué oportuno el relato que hacía «Berria» del diálogo entre Marcel Etxehandi, el benedictino de Belloq y quienes le interrogaban tras su reciente detención!
Le decían:
– si tu nombre está en esos papeles de Antza, eres colaborador de ETA.
El respondía:
– zuen arraoinamendua itzulikatzen da, baina ez da sekula lurrean finkatzen. Ero baten arrazoinamendua ikaragarri zuzena da, baina ez da errealitatean finkatzen
– vuestro razonamiento da vuelta y vueltas pero no se sustenta en la realidad; es como el de un loco que puede parecer perfectamente lógico pero no se ajusta a los hechos, a la realidad de las cosas.
Suena fuerte decir que se acusa a decenas y decenas de personas de delitos de terrorismo con penas gravísimas, en virtud de una supuesta subordinación a ETA que no se establece de modo preciso y concluyente. Pues escuchen, no ya lo que dice el sospechoso benedictino de Belloq sino lo que ha escrito este seis de febrero en «El Mundo» Victoria Prego, la de «a por ellos», sobre el principal juez instructor de estos sumarios, el juez Baltasar Garzón:
– Todos le han utilizado y todos le temen. Ha resultado políticamente muy útil cuando se ha atrevido a hacer a los partidos y a los sucesivos Gobiernos el trabajo feo que los gobernantes y legisladores no se atreven a hacer… un hombre valiente que no ha tenido miedo de bordear la ley, incluso saltársela en la lucha contra el terrorismo.
Y no es algo que se le escapó sin darse cuenta de lo que escribía, porque líneas más abajo
remata:
– Garzon es un mal juez. No hay nadie en el mundo de la justicia que diga lo contrario. Es un juez valiente pero no es un juez solvente.
Con todo esto a la vista, comprenderán que sonriamos ante el escándalo farisaico de políticos y medios cuando 18/98+ lan taldea ha ido a Lakua a exponer estas preocupaciones, o el Consejero de Justicia envía observadores a la vista oral de la Audiencia Nacional. Alegan que eso es desconfiar de la Justicia. Pero, ¿en qué se fundamenta la arquitectura democrática de separación de poderes sino en la desconfianza?. A los ciudadanos nada nos obliga, ni nos aconseja, confiar en que las autoridades harán lo que nos conviene si no les vigilamos. Hacienda no se fía de que declaremos todo lo que ganamos y nos inspecciona las cuentas. El Consejero de Justicia entiende que el contexto que rodea estos sumarios y la vista oral no facilita una justicia imparcial e independiente, y envía observadores.
Se escandalizan, e interviene el Consejo General del Poder Judicial para decir que ponemos bajo sospecha el funcionamiento y la independencia de los tribunales. Pues no, no ponemos a los tribunales bajo sospecha. Hace tiempo que lo están, a juzgar por los testimonios que acaban de escuchar. ¡Pero si Felipe González acaba de decir al ingresar Rafael Vera en la cárcel que está en prisión injustamente! Y nosotros hablamos de imputados, no de condenados con sentencia firme ratificada en el Tribunal Supremo.
Tenemos motivos sobrados para estar preocupados por la calidad de la justicia que se imparte en la Audiencia Nacional; para denunciar el impulso político en virtud del cual la obligación judicial de perseguir el delito deriva en procesos que criminalizan iniciativas y actividades legítimas. No estamos dispuestos a guardar silencio ante más de 200 personas en peligro de recibir gravísimas penas y una multitud de organizaciones ilegalizadas, empresas suspendidas, medios de comunicación clausurados con pérdidas económicas enormes, tras un proceso que no ha respetado sus derechos fundamentales y en el que se han denunciado reiteradamente graves desviaciones de lo que se debería considerar normal funcionamiento de la justicia.
Las detenciones han dado pie, además, a reiteradas y creíbles denuncias de malos tratos y torturas como instrumento para obtener las pruebas de que carecen. Y permítanme que, periodista jubilado, pero periodista, lamente la doble vara de medir de los medios ante este hecho.
Editorial del «El País» del 9 de enero. El recién nombrado fiscal general de Estados Unidos, Albert González, ha dicho que no va a tolerar la tortura. A «El País» le parece poco y le exige al fiscal de Estados Unidos
– el levantamiento total del régimen de aislamiento e indefensión en que se hallan los prisioneros sospechosos de terrorismo… una carga insoportable para una democracia que se precie
Soy consciente de que necesitamos a los medios para transmitir nuestro mensaje. Mis colegas, o ex colegas, comprenderán que no nos interesa en absoluto enemistarles con nosotros. Pero ¿quién ha podido leer en la prensa española, aplicado a lo que pasa aquí, que «el régimen de aislamiento e indefensión de los sospechosos de terrorismo es una carga insoportable para la democracia»? Y decimos «aplicado a lo que aquí pasa» porque el mismísimo Garzón proponía, aún no hace dos años, el 27 de junio de 2003, reducir el plazo de incomunicación a tres días porque, cito al pie de la letra,
– todo lo que sobrepase ese plazo reduce los derechos de los detenidos.
De esto hablamos aquí, no de impunidad sino de derechos. Derechos que asisten a todas las personas, también a las imputadas. Conscientes de que defendiéndoles nos defendemos a nosotros mismos (a no ser condenado sin pruebas). No defendemos la impunidad de nadie, pero tampoco estamos dispuestos a dejar vía libre a la persecución penal de actividades sociales y políticas legítimas como si fueran delitos terroristas por atribuírseles una sintonía ideológica, además no probada, con ETA. No estamos dispuestos a aceptar como si no pasara nada que el derecho penal se aplique de manera arbitraria, indiscriminada y desproporcionada al servicio de una estrategia política que pretende expulsar de la legalidad española a un amplio espacio social y político vasco.
He dicho de manera arbitraria, indiscriminada y desproporcionada. Sé que suena fuerte, pero es que tengo aquí una información de «El País», y verán que me estoy limitando a medios fuera de toda sospecha, que dice, todavía no hace un año, 26.03.04, que cien juristas, no un puñado de voluntariosos miembros del 18/98+, cien juristas del Grupo de Estudios de Política criminal, en su gran mayoría catedráticos, y el resto juristas critican con contundencia las reformas de la legislación penal por dura, no justificada, y porque no respeta los principios constitucionales en que debe inspirarse la política criminal.
Cuando les pedimos que participen en esta iniciativa no les pedimos que compartan los planteamientos políticos o sociales de nadie. De hecho, es obvio que aquí todos no pensamos lo mismo. No estamos aquí para defender las ideas de los procesados en estos sumarios, pero sí para defender su derecho, y el nuestro, a tenerlas, defenderlas, desarrollarlas democráticamente y a no ser criminalizados porque a otros no les gusten.
Y lo decimos así, que defendemos a estas personas, no porque compartamos sus ideas, sino porque creemos en la pluralidad como riqueza de esta sociedad y no creemos que la superioridad ética se demuestre suprimiendo la libertad ajena, sino más bien defendiendo los derechos civiles y políticos de quienes pueden no pensar como nosotros; siempre entendido, y lo digo sin ánimo de incomodar a nadie, pero bien alto y claro, y con la misma libertad con la que antes me he dirigido a mis colegas periodistas, que defendemos esos derechos en tanto que se ejerzan en el respeto de la libertad y los derechos de todas las personas, tanto de quienes estáis aquí como de quienes aquí no vendrían nunca.
Gracias por haberlo entendido así y haber venido aquí a compartirlo. Ahora necesitamos que esta voz se oiga fuera. Aquí, entre nosotros, está la mayor parte de las personas imputadas. Para muchos serán simplemente eso, imputadas, y en consecuencia sospechosas, cuando no directamente culpables de los delitos de los que se les acusa. Pero vuestra presencia aquí demuestra que, de la misma manera que nuestro grupo de trabajo se llama 18/98+, para vosotros son imputadas, sí, pero también más. Si estáis aquí es porque sabéis de estas personas mucho más de lo que el fiscal ha escrito en su acusación.
Miro y veo personas de las que no puedo dudar. No conozco a todas, por supuesto. Pero unos conocen a unas, otros a otras. Personas estimadas en su entorno, reconocidas por su trabajo, que cuentan con el apoyo de una pluralidad de sectores de esta sociedad. No sé si la suma alcanza a todos los imputados, pero sí sé que, hasta demostración en contrario, todos merecen ser considerados inocentes. Para que así sea necesitamos activar ese entorno social diverso, no sujeto a parcelaciones políticas, basado en el conocimiento personal y en el afecto, en defensa de los derechos civiles y políticos que les asisten -de libertad ideológica, expresión, reunión, asociación y disidencia- y por supuesto a un juicio con todas las garantías.
No pedimos otra cosa, pero lo pedimos para todos. Porque también aquí hay víctimas ante las que no cabe mirar para otro lado; porque queremos que se les devuelva la dignidad y la libertad para llevar adelante su proyecto de vida, y porque este país necesita que así sea. Pedimos seguridad jurídica para perseguir legítimos proyectos políticos, culturales y sociales, porque sin ella no hay autonomía personal, ni por tanto dignidad humana que valga, ni democracia.
Lo pedimos para todos, y en particular para aquellos que puedan tener por diversas razones más difícil la solidaridad social. Todos tienen el mismo derecho a un juicio con garantías. Y si no nos movilizamos, ese derecho peligra. Hablad de esto; que vuestra palabra llene el próximo sábado las calles de Bilbao.
Muchas gracias.