El día jueves 30 de junio se inició el juicio contra Alberto Da Silva Nascemento y sus empleados por parte de la Comunicad de Trinchera y el Estado boliviano por la tala ilegal de madera en territorio de esta comunidad, ubicada en la frontera con Brasil en el departamento de Pando. El juicio, designado como […]
El día jueves 30 de junio se inició el juicio contra Alberto Da Silva Nascemento y sus empleados por parte de la Comunicad de Trinchera y el Estado boliviano por la tala ilegal de madera en territorio de esta comunidad, ubicada en la frontera con Brasil en el departamento de Pando. El juicio, designado como Caso 479/2004 de la Fiscalía Distrital de Pando fue puesto en conocimiento de los ministerios de Desarrollo Sostenible, de Relaciones Exteriores y la ex Oficina del Delegado Anticorrupción en septiembre del 2004.
La importancia de este juicio radica en que el ciudadano brasilero Alberto Da Silva Nascemento es el principal contratista de trabajos de desmonte en Pando, en muchos casos, de manera ilegal o aprobados en contra del Plan de Uso del Suelo de Pando, pues es de todos conocida la vocación forestal del departamento, donde se concentra más del 70% de la producción de castaña del planeta, árbol que no puede prescindir del bosque para producir. Los servicios de Da Silva son utilizados por autoridades, ex autoridades, senadores, diputados y conocidos latifundistas para talar grandes extensiones de bosque amazónico, por lo que goza de la
protección de las personalidades locales.
La Comunidad de Trinchera es una de las comunidades miembro de la Cooperativa Extrativista Campesinos de Pando, una organización productiva que, merced a los esfuerzos de sus miembros, ha logrado ingresar al mercado solidario de Italia, por tercer año consecutivo, logrando la certificación orgánica y de comercio justo por la calidad de su producto castaña y por la equidad en la distribución de sus beneficios.
En estas circunstancias, el juicio pondrá en evidencia el funcionamiento del sistema judicial en el departamento de Pando. En caso de que fuera llevado a cabo en el marco del derecho vigente y con imparcialidad, los resultados del proceso permitirían sentar jurisprudencia para una gran cantidad de casos similares que ocurren a lo largo y al interior de las fronteras nacionales, pero que no son denunciados por la parcialización del sistema judicial con los sectores de poder y sus «palos blancos». De esta manera, la balanza deberá inclinarse por el tráfico de influencias y la corrupción o por los esfuerzos de las comunidades amazónicas por defender el bosque.
A continuación se detallan los principales aspectos del proceso.
· En inspección realizada el día 5 de septiembre, los representantes de la Comunidad fronteriza de Trinchera verificaron que ciudadanos brasileros se encontraban talando árboles de cedro, almendrillo, palo amarillo, paquiol para transportarlos al Brasil.
a.. Presentada la denuncia en la Fiscalía de Distrito en Cobija, el 06 de septiembre el Fiscal con dos policías y representantes de la comunidad, se trasladó al lugar, verificando los hechos denunciados. La autoridad procedió al decomiso de maquinaria e implementos y al arresto de tres personas indocumentadas de origen brasilero, por encontrarse realizando actividades ilegales en territorio boliviano, sin autorización y por encargo del ciudadano brasilero Alberto Da Silva Nascemento, dueño de un aserradero en Brasil.
a.. El Fiscal verificó el hito fronterizo Km.19.2 entre Bolivia y Brasil constatando la invasión y tala ilegal de especies maderables en territorio boliviano.
a.. La Comunidad de Trinchera es miembro de la Cooperativa Integral Agroextractivista Campesinos de Pando, la que convocó a asamblea el día 7 de septiembre a diferentes instituciones y organizaciones del municipio para informar lo sucedido. En esta reunión se presentó el maderero brasileño Alberto Da Silva Nascemento para «arreglar» con los dirigentes de la Comunidad de Trinchera el levantamiento del proceso, lo cuál fue rechazado por los representantes presentes, quienes consideraron que los daños ambientales efectuados debían ser reparados y sancionados. Habiéndose hecho presente el fiscal en la reunión, procedió al arresto preventivo de Da Silva.
a.. Los delitos cometidos por Da Silva y sus empleados están tipificados en la Ley de Medio Ambiente Art. 106 y 109, Ley Forestal – Art. 42 parágrafos IV y V y Código Penal – Art. 223 y además atentan contra lo descrito en el Art. 137 de la Constitución Política del Estado, sobre bienes del Estado.
a.. En atención a la denuncia presentada, la Superintendencia Forestal efectuó, tres días más tarde, una inspección a partir de la cuál elaboró el informe de fecha 13 de Septiembre 2004, por el cuál constata la tala de especies maderables por parte de los ciudadanos brasileros, pero esta instancia no se constituyó en parte civil del proceso de acuerdo a sus atribuciones y competencias.
a.. A pesar de la amplitud de las pruebas presentadas, la inspección oficial que encontró a los culpables «in fraganti», el decomiso, la presentación del responsable directo en asamblea de la población del Porvenir para llegar a un «arreglo», su arresto, la filmación efectuada, las fotos, el informe de la Superintendencia, el 8 de Septiembre, el juez dictaminó libertad condicional para Da Silva, mientras que los tres empleados quedaron detenidos hasta una nueva Audiencia en Cobija. Asimismo, determinó que los bienes decomisados sean resguardados en instalaciones de la Policía de Porvenir, pasando a la Comunidad los gastos para el traslado de la maquinaria.
a.. Habiendo sido presentado el recurso de apelación por la Fiscalía y la Defensa de la Comunidad de Trinchera, el 13 de septiembre el Fiscal de Distrito removió al fiscal asignado al caso, sustituyéndolo por una nueva autoridad quien, desechó lo avanzado por su antecesor, determinando nuevas inspecciones, todo ello con recursos y medios de la Comunidad, obviando los informes del fiscal anterior, de la Superintendencia Forestal, las actas de decomiso y todas las pruebas entregadas. Las irregularidades cometidas por la fiscal Da Costa incluyen la desaparición del expediente, luego de lo cual se vio obligada a renunciar, siendo nuevamente sustituida, generando susceptibilidad y desconfianza sobre el desarrollo el proceso.
a.. Resultan evidentes las acciones dilatorias para cansar a los comunarios, quienes han sido objeto de amenazas, por parte de Da Silva y sus enviados, sin lograr garantías por parte de la Prefectura.
Por las razones mencionadas el apoyo a la Comunidad de Trinchera es de vital importancia para lograr que la atención sobre Cobija ayude al éxito de los esfuerzos de los pobladores pandinos por defender su territorio, en el bosque amazónico de Bolivia. ecoportal.net
Adhesiones y notas:
COINACAPA [email protected]
Fiscalía del Distrito de Pando. Dr. Gonzalo Flores. Teléfono Fax 591-3-8422336
COBIJA-PANDO-BOLIVIA
Enviado por
FOBOMADE
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo
http://www.fobomade.org.bo