La Conferencia Europea del pasado septiembre en Bruselas declaró 2006 como «Año de Acción contra el Amianto». Los datos de un informe presentado por el Senado francés apuntan a una próxima epidemia de muertes de trabajadores, provocadas por la exposición durante décadas al amianto. Se calcula que entre 60.000 a 100.000 franceses morirán de cáncer […]
La Conferencia Europea del pasado septiembre en Bruselas declaró 2006 como «Año de Acción contra el Amianto». Los datos de un informe presentado por el Senado francés apuntan a una próxima epidemia de muertes de trabajadores, provocadas por la exposición durante décadas al amianto. Se calcula que entre 60.000 a 100.000 franceses morirán de cáncer de pleura, broncopulmonar o mesotelioma en los próximos 20 o 25 años. Trabajadores y trabajadoras que se contaminaron con esta fibra asesina décadas atrás, sin ser conscientes en absoluto del riesgo que corrían.
Esta situación afectó a un 28% de los trabajadores en Francia, hasta su prohibición en 1997. El informe confirma que entre 1965 y 1995, murieron mas de 30.000 franceses por esta causa. Estudios similares afirman que en el caso del Estado español la cifrá de fallecidos en el futuro ascenderá a 500.000. Entre 1970 y 1995 se importaron a España, más de dos millones de toneladas de amianto, fibra que continúa presente en la uralita que cubre innumerables tejados de viviendas, industrias, polideportivos, cobertizos de caseríos o huertas, así como en tuberías, depósitos de agua, piezas de baquelita, zapatas de freno, y aislante en barcos, trenes, hornos, mazarotas de fundición, incluso revistiendo salas de televisión o edificios emblemáticos como el BBVA de Bilbao.
La prohibición europea sobre el amianto no evita que esté presente en nuestra vida y entorno laboral. Los trabajadores continúan inhalando esta fibra en la demolición y reparación de edificios, de la red de agua, en el desmantelamiento de viejos trenes, barcos, hornos…, Todo ello, ante la inexistencia de un Inventario del Amianto Instalado, a pesar de la aprobación unánime de la propuesta de CCOO en el Parlamento Vasco en 2002.
Nuestra diferencia con respecto a Francia es la invisibilidad social del problema. No hay ningún informe publico de Osakidetza, Osalan o de las Mutuas, lo que hace suponer la existencia de un pacto de silencio con los empresarios, para ignorar las muertes y eludir la exigencia responsabilidades. El Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco tampoco se inmuta. Cuando varias empresas, incluido Ayuntamientos, incumplen los requerimientos de registro en el RERA, tras detectarse la utilización de amianto y la aparición de enfermos por ello. Su obligatorio registro facilita la reclamación de indemnizaciones por los familiares y enfermos. Sin registro las dificultades son enormes para que se reconozca el carácter rprofesional de la enfermedad. Está es la actitud más solidaria con las víctimas. Las muertes producidas por el amianto no pueden continuar siendo silenciadas. El número es mucho mayor, por ejemplo, que el de accidentes en la construcción. Sanidad no puede continuar culpando exclusivamente al tabaco de estos fallecimientos.
Miles de mecánicos siderúrgicos, del automóvil, industria naval, ferroviaria, empleados en el uso de baquelita, fibrocemento, fundición, construcción…, se sienten ahora amenazados, tras haber inhalado polvo de amianto. Comienzan a enfermar en los años 60, 70, 80 o 90, sin poder respirar, hasta morir en el más absoluto silencio. Tras desbaratar intentos de ocultación en las estadísticas, por primera vez se han recogido la muerte por enfermedad profesional de un fundidor del Goiherri o la enfermedad de un hornero de Calcinor. Muchos otros mueren sin recibir prestación económica ni conocer la causa de la enfermedad. Una vecina de Errenteria contaminada entre los años 1968 y 1971 en PAISA, gracias a la acción de CCOO ha comenzado a cobrar una pensión de 962,69 euros. Es un primer paso para reclamar justicia. Otras de sus compañeras murieron sin conocer el origen de la enfermedad y sin las prestaciones económicas para la familia.
Reconocer a las inocentes víctimas del amianto es una condición para que el Principio de Precaución gane el espacio social ante el REACH y promover así la sustitución de las sustancias cancerígenas. Ya basta de hablar de accidentes como único riesgo en el trabajo. Prohibir la comercialización y uso del amianto en Europa es un logro del Sindicalismo Confederal Europeo y que ahora exige redoblar esfuerzos para: extender la prohibición al ámbito mundial; impedir que Canadá y otros países continúen con este macabro negocio en el Tercer Mundo; exigir a los Municipios un Inventario del Amianto Instalado en viviendas, pabellones industriales, tuberías,… para evitar que ningún trabajador se vea expuesto al polvo asesino, sin unas rigurosas medidas de prevención y personal especializado; controlar mas el registro en el RERA de empresas que han manipulado amianto, ya que resulta inadmisible que algunas lo omitan; que los médicos de Neumología y oncología lo notifiquen a Osalan, al INSS y a las familias el origen de la enfermedad.
Este 2006, pongámonos en marcha. Es necesario remover conciencias con actividades informativas, declaraciones Institucionales, mociones Municipales y movilizaciones en memoria de las víctimas.
* Jesús Uzkudun Illarramendi. Responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Euskadi.