El Departamento de Biotecnología del Servició Fitosanitario del Estado ha sido incapaz de monitorear adecuadamente los cultivos de organismos genéticamente modificados (transgénicos) que se desarrollan actualmente en diversas partes del Costa Rica, por lo cual la bioseguridad nacional enfrenta una situación de caos, que pone en peligro tanto a agricultores como a consumidores. Las plantas […]
El Departamento de Biotecnología del Servició Fitosanitario del Estado ha sido incapaz de monitorear adecuadamente los cultivos de organismos genéticamente modificados (transgénicos) que se desarrollan actualmente en diversas partes del Costa Rica, por lo cual la bioseguridad nacional enfrenta una situación de caos, que pone en peligro tanto a agricultores como a consumidores.
Las plantas transgénicas son variedades vegetales que han sido modificadas genéticamente en laboratorios para hacerlas más resistentes a las plagas o para otorgarles características diferentes a las de su estructura genética natural.
En Costa Rica los grupos ecologistas han solicitado al Gobierno que declare una moratoria para los Organismos Genéticamente Modificados (OGM’s) pues no se ha comprobado con certeza los impactos negativos que podrían tener en la salud y el ambiente.
Ante esta realidad, el Estado ha decidido delegar la responsabilidad en materia de supervisión y control de este tipo de cultivos a la empresa privada, lo cual constituye un sinsentido tomando en cuenta los poderosos intereses de las compañías privadas transnacionales que dominan el mercado de los transgénicos.
En Costa Rica existe una entidad denominada Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNB), la cual estudia las nuevas solicitudes para introducir transgénicos al país.
Esta comisión asesora y da consejo a las autoridades competentes que aprobarían o negarían la introducción de un organismo transgénico.
En la CTNB no sólo participan representantes del Estado y de las empresas privadas sino también miembros de grupos ambientalistas que traen la voz y las preocupaciones de la sociedad civil.
Por esa razón, la compañía Delta and Pine ha presentado una recusación (un tipo de recurso legal) donde le exige al Ministerio de Agricultura no entregar la información presentada para introducir dos nuevas variedades de algodón transgénico a representantes nuestra Red ni a la Federación Costarricense para la conservación del Ambiente (FECON), ambos grupos con representación en la CTNB.
¿Cuáles nuevas variedades de algodón quieren introducir en el país? No se los podremos comentar en este artículo debido a que el Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura del Estado le hace más caso a la corporación de semillas transgénicas Delta and Pine que al mismo Poder Ejecutivo costarricense y mantiene esa información en secreto.
Sin que ninguna autoridad competente en materia jurídica se pronunciara al respecto, sencillamente se nos ha negado la información, a la cual deberíamos tener total acceso debido a que un decreto interministerial del Poder Ejecutivo del Estado así lo establece.
Lamentablemente, para muchos funcionarios públicos la soberanía del Estado en estos tiempos parece ser una abstracción. Ante la menor presión corporativa, dichos funcionarios ceden sin cuestionarse. Nuevamente el interés privado se antepone a los derechos de la sociedad civil.
En estos momentos hemos presentado el asunto en forma de recurso de amparo ante la Sala Constitucional, cuya resolución establecería un precedente de singular importancia en materia de derechos de participación ciudadana.
Mientras tanto, el Comité Cívico de Cañas (región guanacasteca donde se siembran múltiples variedades de algodón transgénico) ha reportado ante la CTNB brotes y fugas del material botánico transgénico ya introducido en el país, el cual presuntamente es ¿controlado? por las compañías y por los departamentos estatales correspondientes.
Las consecuencias de esta falta de control son muchas y muy peligrosas.
Podemos citar, como ejemplo, el hecho de que personas que desconocen el origen transgénico y las restricciones legales alrededor de estas plantas, cosechan de forma inocente semillas de algodón transgénico de las áreas supuestamente ¿restringidas y bajo control?.
Por esa razón, Costa Rica presenta rebrotes de material transgénico incontrolados por aquí y por allá: existen más de 1.400 hectáreas de cultivos transgénicos dispersos por diferentes localidades del país bajo la supervisión de una sola funcionaria del departamento de Biotecnología del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la cual presenta serias limitaciones de recursos para poder monitorear de forma eficaz dichos cultivos.
Ante tal situación, han puesto al lobo a cuidar a las ovejas, es decir, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha decidido trasladar la responsabilidad de realizar los monitoreos de control a la empresa privada, o sea, ¿ingenuamente? coloca en manos de las coorporaciones la bioseguridad nacional.
En el Diario oficial «La Gaceta» del 22 de julio del 2005, número 142, se publicó el reglamento en Auditorías en Bioseguridad Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.
Dicho reglamento establece la creación de empresas que ofrezcan el servicio de monitoreo a las compañías o instituciones que están sembrando organismos transgénicos en el país.
Como bien dice el famoso refrán: Quién paga el baile pone la música.
por lo cual las empresas que mayores restricciones de bioseguridad impongan a
las compañías transgénicas, irán obteniendo cada vez menos contrataciones.
Dichas empresas de ¿bioseguridad? servirán más a los intereses corporativos particulares que a los intereses nacionales en aras de proteger al ambiente y a la gente de los impactos que los cultivos transgénicos presentan.
UNEP – GEF obstruye participación civil
Por su parte, los ejecutores del proyecto «Desarrollo de un Marco Nacional de Bioseguridad para Costa Rica» (UNEP-GEF) preparan una propuesta de ley ante la Asamblea Legislativa que, en caso de ser aprobada, haría desaparecer a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNB) del país.
La CTNB es una plataforma importante donde participan activamente la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), cuyos miembros no representan intereses empresariales sino ambientales.
La participación dentro de la CTNB de estas dos organizaciones sociales ha sido vital para mantener un equilibrio sano en el debate concerniente a la bioseguridad nacional.
Esta participación es uno de los alcances más importantes en materia de incidencia sobre participación y bioseguridad nacional que el movimiento indígena, campesino y ecologista ha alcanzado en Costa Rica.
Como si la exclusión de la sociedad civil fuera poco, dicha propuesta de ley incorporaría al Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en el nuevo ente que sustituiría el papel de la CTNB.
Consideramos que dichos ministerios tienen criterios políticos y económicos prioritarios que obstaculizarían la toma de sanas decisiones en materia de bioseguridad. ¿Cómo el ministerio de Economía puede aportar en la evaluación de impactos adversos de los organismos transgénicos?
Se debe de destacar que el mismo Protocolo de Cartagena (protocolo que da origen a la implantación de proyectos para establecer marcos nacionales de bioseguridad facilitados por UNEP-GEF en nuestra región) establece claramente la participación de la sociedad civil, tomando en cuenta aspectos económicos y culturales de las comunidades indígenas.
Por lo tanto, la exclusión de estos sectores deja en evidencia la absoluta decadencia, no sólo en el producto (Propuesta de Ley de Organismos Vivos Modificados y sus Derivados), sino en el proceso mismo como fue ejecutado el proyecto: UNEP-GEF para establecer un marco de bioseguridad en Costa Rica.
Ante la situación descrita anteriormente cabría preguntarse: ¿Quién representaría a los sectores de la sociedad civil? ¿Quién representaría al sector indígena y campesino?
Principio anti-precautorio
La propuesta de ley en cuestión establecería una definición de precaución realmente débil y por lo tanto peligrosa.
A continuación se expone textualmente dicha definición que el proyecto UNEP – GEF intenta legar a Costa Rica:
Precaución: La falta de conocimientos y estudios científicos o de consenso científico no se interpretará necesariamente como indicadores de un determinado nivel de riesgo o de la existencia de un riesgo aceptable.
No es posible que una definición de «precaución» aporte a la introducción de organismos transgénicos sobre los cuales no exista evidencie científica suficiente en materia de seguridad, sobre todo, cuando estamos hablando de riesgos o impactos que podrían ser irreversibles.
Desde el sector ecologista consideramos que las corporaciones biotecnológicas son las que deben tener la responsabilidad de garantizar la seguridad absoluta sobre sus invenciones.
Si ellas no pueden hacerlo, no deben de convertir nuestras mesas y nuestros campos de cultivo en un experimento a cielo abierto.
Creemos que una legislación objetiva y responsable debe de estipular la carga de la prueba a las corporaciones.
Dicho concepto ha sido implementado en los marcos de bioseguridad de múltiples países en el mundo y en la propuesta de ley en cuestión brilla por su ausencia.
Es inaceptable que el beneficio privado se imponga sobre el bienestar público. Por lo tanto una definición de precaución tal y como se establece la propuesta de ley UNEP-GEF es inaceptable en Costa Rica.
Piña transgénica vs. Comunidades libres
La CTNB recibió recientemente una solicitud para introducir piña transgénica
en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas.
La solicitud será evaluada por dicha comisión, aunque la decisión final está en manos del Servicio Fitosanitario del Estado.
Cabe destacar que hay otras comunidades, como Paraíso de Cartago, la cual es la primera municipalidad libre de organismos transgénicos del país vía oficial por un decreto municipal.
También existen muchos lugares más en Costa Rica que son libres de transgénicos.
En Santa Bárbara de Santa Cruz de Guanacaste un colectivo de personas agrupadas alrededor de en un interesante y visionario proyecto de energía solar, han decidido declarar sus cocinas, sus hogares y sus campos de cultivo territorios libres de transgénicos.
Hacemos un llamado a los demás municipios de la región a cerrar su frontera agrícola a las semillas transgénicas. Estamos llamando a cerrar las puertas de nuestros hogares a las semillas de la dominación corporativa, llamamos a cerrar las puertas a las semillas que alteran el orden de la vida.
Decir no a los transgénicos es un paso más en el sendero de la sustentabilidad de nuestros pueblos, porque la apropiación por medio de patentes sobre la vida es inmoral y atenta contra elementales derechos de nuestros pueblos.
La mejor forma de hacer bioseguridad es cerrar las puertas a los transgénicos, para esto se deben de establecer verdaderos marcos de bioseguridad comunitaria.
La bioseguridad no es solo asunto de un pequeño sector de académicos reunido en comisiones. La bioseguridad es asunto de todos y cada uno de nosotros.
* Ing. Agro. Fabián Pacheco: Representante de Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNB).