En Cantabria existen multitud de canteras para la extracción de piedra caliza e industrias de carácter similar. Una de ellas, en Igollo de Camargo, llamada «Canteras la Verde» (CV) mantiene desde hace años una política empresarial al margen de la ley, con el conocimiento y consentimiento de las sucesivas administraciones públicas. Una de sus últimas […]
En Cantabria existen multitud de canteras para la extracción de piedra caliza e industrias de carácter similar. Una de ellas, en Igollo de Camargo, llamada «Canteras la Verde» (CV) mantiene desde hace años una política empresarial al margen de la ley, con el conocimiento y consentimiento de las sucesivas administraciones públicas.
Una de sus últimas actuaciones hace referencia a la instalación de una planta asfáltica, propiedad del mismo grupo empresarial. Esta planta fue considerada en su día ilegal por el Tribunal Supremo de Cantabria (enero de 2006), ordenando el derribo de la misma. En la sentencia se especificaba que la propia empresa debía proceder a su derribo en el plazo de cinco días, facultando a la propia administración (Ayuntamiento de Camargo) a proceder a realizarlo si la empresa se negaba.
Como era de esperar, CV hizo caso omiso de la resolución judicial y el Ayuntamiento de Camargo (PSOE) también. Sólo la presión popular ayudó a que las cosas se movieran tímidamente. Un grupo de vecinos, organizados en la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia (http://avsantaeulalia.iespana.es/), en colaboración con Ecologistas en Acción de Cantabria denunciaron esta situación ante el juez, quien dictó una providencia (el 14 de febrero) para que el Ayuntamiento «informe a este Juzgado en el plazo de TRES DÍAS sobre las medidas adoptadas para llevar a cabo la resolución de la Alcaldía de fecha 9 de enero de 2006, apercibiéndole que de no proceder a la clausura inmediata de la planta asfáltica o precinto de la misma, se procederá a la imposición de las multas coercitivas previstas en el artículo 112 de la L.J.C.A.»
Nueve días después, la policía local se presentó en las instalaciones ilegales para proceder a su precinto, pero ante la negativa de su gerente, Luis Miguel Alejo Bocanegra, los agentes se volvieron por donde habían venido. Si se compara esta situación con otras similares, resulta cuando menos curioso ver cómo, en función de quien sea el delincuente y cual el delito, las fuerzas del orden público actúan con más o menos diligencia y contundencia para hacer cumplir una resolución judicial. Cuatro días después (el 27 de febrero), Maria Jesús Calva Ruiz, Alcaldesa de Camargo, solicita al juzgado una autorización para poder acceder a los terrenos de la Planta Asfáltica y poder con ello ejecutar la sentencia.
Dos meses después, la situación se encuentra en el mismo punto, según denuncia la Asociación vecinal. Con el agravante de que los periódicos de la región (Alerta y Diario Montañés, controlados por el PSOE y PP respectivamente) se han negado a publicar más artículos de la citada Asociación, aunque siguen haciéndose eco de las ruedas de prensa del PP o de las cartas de un falso «Comité de trabajadores» del grupo empresarial, y desde las que se ataca personalmente a los miembros de la asociación. De hecho José Tomás Fernández Martínez, empresario de CV y cuarta fortuna de Cantabria, se jacta de sus buenas relaciones con el PP y el PSOE.
Quizá por ello, el PSOE de Cantabria pudo adquirir un inmueble a un precio ridículo, que ningún tasador de de la región está dispuesto a valorar por miedo a posibles represalias. La Asociación, que cuenta con los documentos que probarían este hecho, está tratando de conseguir una reunión con el Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ante la negativa de Dolores Gorostiaga, presidenta regional del PSOE, que se niega a ello.
Por desgracia las amenazas, e incluso agresiones físicas, contra miembros de la Asociación proliferan. Sirva como ejemplo el hecho sucedido tras la publicación de uno de los comunicados de la empresa: cuando uno de los activistas atacados fue a pedir explicaciones personalmente a Fernández Martínez, éste le respondió que «cualquier día iba a coger una escopeta y a cargarse a alguien».
En Cantabria existe un entramado bastante turbio en el que además de empresarios se encuentran involucrados los dos principales partidos políticos de la región y sus medios de comunicación. Frente a ellos, el movimiento vecinal trata de conseguir que la justicia actúe y, además, de que sus denuncias se conozcan a nivel estatal «sacando del amparo mediático a este grupo auténticamente mafioso». Pero no son los únicos casos de la provincia -aseguran-, algo muy similar ocurre en la Cantera de El Cubo, sin que por el momento trascienda informativamente.