Los costes que afrontan las multinacionales para cerrar en el Estado español, aún siendo de los más bajos de Europa, son motivo de queja patronal. Braun desembolsará, según sus propios cálculos, entre 65 y 70 millones de euros para despedir a 760 trabajadores. Cifra que se intenta mostrar como excesiva, pero dividiéndola entre los trabajadores […]
Los costes que afrontan las multinacionales para cerrar en el Estado español, aún siendo de los más bajos de Europa, son motivo de queja patronal. Braun desembolsará, según sus propios cálculos, entre 65 y 70 millones de euros para despedir a 760 trabajadores. Cifra que se intenta mostrar como excesiva, pero dividiéndola entre los trabajadores afectados viene a salir en alrededor de 100.000 euros por persona. Sin contar los 2 mil y pico empleos indirectos que desaparecerán: esos salen gratis, que si no…
La revista Expansión entrevista a varios expertos patronales en derecho laboral, que denuncian que los costes para cerrar una planta en el Estado español ya no son tan escandalosamente bajos, y advierten del efecto disuasorio para la atracción de inversiones extranjeras de alto valor añadido
Los expertos patronales, en su permanente defensa de la mano que les da de comer, también alertan del «abuso de las prejubilaciones a edades muy tempranas, en detrimento de planes sociales más serios, que garanticen el mantenimiento en el mercado laboral del colectivo de los trabajadores de cincuenta años». Seguramente, al estar tan ocupados, olvidaron mirar las estadísticas del INEM, que muestran las excelentes posibilidades de volver a encontrar trabajo que tiene un despedido de 50 años. Y en todo caso, el gasto mayor de la prejubilación corre por cuenta del Estado, no de las empresas, lo que hace más falso el argumento.
Eufemismos y mentiras
Salvador del Rey, socio director del Área Laboral de Cuatrecasas, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, conjuga en su persona dos de los aspectos escenciales del capitalismo, según Marx: empresa y escuela. Sólo le faltaba ser cura y militar para completar. Este virtuoso asegura que lo que está en juego es la atracción de inversiones en alta tecnología. «Si seguimos por este camino, la I+D que se podría hacer aquí se hará en India dentro de cinco años», sostiene. El argumento realmente tampoco se sostiene, ya que Braun está cerrando ahora mismo (no dentro de cinco años) para fabricar en India u otro país de mano de obra aún más barata.
En un extremo de celo profesional, el socio director del Área Laboral de Garrigues, Rafael Ortiz, ya no acude ni siquiera a los eufemismos: directamente miente. Dice que «España es el único país europeo en el que se requiere una autorización administrativa para cerrar una fábrica», cuando al menos Holanda también la requiere.
Ortiz continúa lamentándose: «El marco legal permite pagar 20 días por año trabajado, pero en la práctica siempre se busca un acuerdo entre las partes y esto genera una inflación de los costes». En castellano esto significa que la ley laboral permite pagar entre 20 y 45 días por año trabajado, en la suposición de que se pagará la banda baja a los despedidos más jóvenes, que deberían tener más facilidad para volver a encontrar trabajo. Dado que la seguridad social en el Estado español sólo cubre, como máximo, lo dos primeros años de desempleo, estas cifras siguen siendo muy baratas.
Los períodos de preaviso también son mayores en Alemania y Escandinavia. En resumen se puede decir, contradiciendo a los expertos, que el despido es más caro en los países con más tradición de estado de bienestar, a pesar de que en esos países también ha empeorado la situación de los trabajadores. (Ver «Företagsnedläggningar i EU: Arbetsgivares ansvar varierar stort«, de Jonas Lindblad).
Un informe de UGT aclara las cosas: «…Datos facilitados por el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) despejan el falso mito de que en el Estado español… son altos los costes del despido de los trabajadores fijos. La OCDE confirma que España ocupa el lugar 17 de un total de 28 países analizados pero afirma que nuestro país es el que más ha reducido los costes del despido desde 1988.
El Banco Mundial afirma que de una escala del 1 al 0, donde el 1 fuera el mayor grado de protección al empleo fijo y el cero protección nula, el Estado español tendría como indicador el 0,32. Así, nuestro país es, tras Estados Unidos el Reino Unido y Canadá, donde menor es la protección legal al empleo fijo y de los nuevos países miembros de la Unión Europea sólo tiene un menor grado de protección que Eslovaquia, la República Checa y Hungría. Incluso India y China, se sitúan por encima de España en cuanto a los niveles de protección a sus trabajadores fijos.»
Dejando fuera a los patrones
El director del Área Laboral de Uría Menéndez en Barcelona, Mario Ibáñez, reconoce que los planes sociales están más regulados fuera de España. «Cada vez hay más consenso en que lo importante no es pagar dinero, sino procurar minimizar el impacto social de los afectados por los despidos», sostiene. El «reto es avanzar hacia un modelo capaz de articular planes sociales eficaces con costes más moderados».
Apelamos nuevamente al traductor: los costes más moderados a que se refiere Ibáñez son los que pagaría la patronal cuando echa al personal. Los planes sociales eficaces son los que se deben hacer con cargo al Estado. En resumen, transferir cada vez más costes de explotación de las empresas al Estado.
Siguiendo el razonamiento de Hernán Scandizzo en su artículo sobre Benetton («Los colores de la mentira«), aquí también el experto reconoce entidad al reclamo del despedido, lo enmarca en un contexto social, y enfrente pone al Estado. Esos son los únicos contendientes, el Capital es ajeno al conflicto, es una víctima inocente, resalta su ajenidad aceptando pagar (aunque lo menos posible) y promoviendo el diálogo entre ‘esas’ partes.
El sueño de estos empresarios sería llegar a la situación de Suecia: El despido es absolutamente gratis. La empresa informa al sindicato y baja la persiana. Ustedes se preguntarán porqué los obreros suecos aceptan esto: porque los planes sociales son, comparativamente, muy eficaces (aún a pesar de las políticas neoliberales), y la protección social dura todo el tiempo que la persona esté desempleada. Claro que para lograr esto las empresas tienen que pagar muchos más impuestos, cosa que seguramente a nuestros expertos no le hace ninguna gracia.
Resumiendo
Los empresarios quieren poder cerrar sus empresas y expulsar al personal aunque no tengan pérdidas, para poder instalar sus fábricas en países de mano de obra aún más barata, o sea: para aumentar su beneficio. En consonancia, sus expertos, bien pagados, lamentan que esas expulsiones cuesten dinero al empresario.
Para dar un sentido más humanitario al capital, Braun se ha «comprometido a recolocar un mínimo del 80% de la plantilla» de Esplugues (Barcelona) que cerrará en enero de 2009. Así lo expresa el preacuerdo firmado, que estipula la selección de una empresa especializada que será la encargada de encontrar un nuevo empleo para la gran mayoría de los 761 afectados por el cierre.
Por experiencias anteriores (ver «Siempre puedo refinanciar«, de Alberto Noguera), sabemos que «la gran mayoría» no volverá a encontrar empleo. O bien se verá obligada a trabajar en negro o en ETT’s. La «empresa especializada» alegará que la responsabilidad es compartida, que el trabajador no pone suficiente empeño en buscar trabajo, que no acepta empleos a 100 km de su domicilio, o que no acepta puestos de mucha menor categoría o especialización a la que tenía en Braun, o que no agacha la cabeza en las entrevistas, o que no acepta que le bajen su sueldo a la mitad o un tercio.
Y también sabemos que las indemnizaciones, aunque ahora parezcan altas, luego la inflación, las inversiones apresuradas y la falta de costumbre a no tener un ingreso mensual se las comen (Ver «Los lunes al sol», de Fernando León de Aranoa).
Por lo tanto, no sólo debería ser más caro el despido, si no que lxs trabajadorxs deberían plantearse seriamente -como única solución a largo plazo- la posibilidad de tomar las fábricas y ponerlas a producir bajo control obrero, tal como hacen nuestrxs compañerxs latinoamericanxs.